Ernesto Martínez conocido como “Cajuche” sería el responsable del incendio provocado en el asentamiento indígena de San Rafael Warrojo, además, de amenazar a las comunidades indígenas con llevar otros grupos para desalojarlos.
COLOMBIA| La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, denuncia las nuevas amenazas realizadas por el presunto paramilitar Ernesto Martínez, alias “Cajuche” en contra de los integrantes del asentamiento indígena Iwitsulibo, como, el incendio provocado en el asentamiento indígena de San Rafael Warrojo en Puerto Gaitán, Meta.
El intento de desalojo a la comunidad indígena de la etnia Sikuani de Iwitsulibo, ocurrió el pasado 26 de enero 2021, cuando alias “Cajuche” llegó acompañado con seis hombres, además del teniente Yonier Benavidez del comando de la Policía Nacional y un funcionario de la Personería a solicitar la documentación de la comunidad indígena.
En dicho procedimiento, alias “Cajuche” aprovechó el momento para tumbar dos viviendas (cambuches) donde hacen vida los indígenas desde el pasado 20 de enero.
Benavidez, suspendió el operativo de desalojo al constatar que la comunidad indígena está bajo medidas de protección del decreto 2333 de 2014. Ante esta decisión, alias “Cajuche” sentenció a la comunidad “si no puedo con la policía, pues traeré el Esmad, y si no tocará con otro grupo” retirándose del lugar.
De acuerdo a la Corporación Claretiana, alias “Cajuche” también es señalado del incendio provocado en el asentamiento indígena de San Rafael Warrojo en Puerto Gaitán, Meta.
Ante las constantes amenazas y hostigamientos por alias “Cajueche” esta entidad defensora de los derechos de los pueblos y de los Derechos Humanos, advierte que estos hechos, se suman a otros que pretenden negar el derecho los pueblos ancestrales al territorio, que ponen en grave riesgo la vida.
CONTEXTO
El pasado 16 de diciembre de 2020, paramilitares del “Bloque Meta” amenazaron de muerte a líderes y defensores de Derechos Humanos en varios municipios del departamento, entre ellos, a Puerto Gaitán.
- ANTECEDENTES (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello)
- El día 20 de enero de 2021 las comunidades indígenas de Iwitsulibo retornaron a su territorio ancestral amparados en la medida de protección del territorio del Agencia Nacional de Tierras – ANT.
- El 21 de enero siendo aproximadamente las 10:30 a.m. llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios. La comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT, mediante cual, la misma ANT solicitó por medio de un auto a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios. Ante esta situación el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias “Cajuche” profirió una amenaza contra la comunidad indígena, esto en presencia del sr. Salas intendente de Policía: “si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”.
- El día 18 de agosto de 2020 siendo aproximadamente las 7 p.m. el señor Luis Eliberto Jiménez Flórez representante de la comunidad indígena San Rafael Warrojo, en proceso de retorno a su territorio ancestral, recibió del señor FLORESMINO SALGADO llamada telefónica en la que le manifiesta que, aunque no tiene documento que le acredite propiedad sobre el territorio ancestral de la comunidad, tiene abogados que están adelantando acciones ante la ANT para su titulación; manifiesta además que estos predios son un pago por trabajos realizados al señor VÍCTOR CARRANZA y que va a impedir el ingreso de la comunidad que pretende retornar en los próximos días, haciendo uso de las armas de ser preciso. [1]
El Sr. FLORESMINO SALGADO es conocido con los alias “Floro”, presunto ex administrador de La Cristalina de la familia Carranza, fue capturado por ser el financiador de la estructura Libertadores del Vichada del Grupo Delincuencial Organizado – GDO “Puntilleros”. Alias Floro quien permaneció en la estructura delincuencial por más de 15 años, fue capturado por cuatro delitos: concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones Según indica el Ejército Nacional de Colombia[2].
- En varias oportunidades las comunidades indígenas han intentado ingresar al territorio ancestral, pero lo han impedido por los ex-administradores o personas que manifiestan tener títulos y procesos de adjudicación ante la ANT, a pesar que las comunidades indígenas de San Rafael Warrojo, Iwitsulibo, Tsawilonia Weewelianai y San Rafael hicieron solicitud de protección al territorio en el marco del decreto 2333 de 2014 a la ANT abriéndose expedientes por parte de esta para cada comunidad, en los que mediante Auto de la misma ANT en el año 2018 dirigido al alcalde de Puerto Gaitán, se le conmina al alcalde, que con ocasión del trámite de protección territorial ancestral deben suspenderse todos los procesos policivos que cursen, y no tramitar aquellos que se presentaren .
- Las comunidades indígenas tienen adelantada la solicitud de restitución de tierras en calidad de víctimas de la violencia ante la Unidad de Restitución de Tierras – URT.
- Tenemos conocimiento de manera oficial que, al parecer esta semana, se llevó a cabo un consejo de seguridad, en el que la posición de la alcaldía y de la misma personería municipal, fue la de desalojar a las comunidades indígenas, yendo en contra de las mismas directrices de la Agencia nacional de Tierras, de no llevar a cabo procesos policivos, mostrando con ello, una actitud racista que contrarían la defensa de la vida, así como demás derechos colectivos de las comunidades indígenas como bienes constitucionalmente protegidos.
- SOLICITAMOS
- A la Policía Nacional de la región y al Ejercito Nacional (Ministerio de defensa) para que en el marco de sus funciones garanticen de forma integral los derechos fundamentales al territorio, a la vida y a la protección de las comunidades indígenas.
- Al Ministerio del Interior para que actúe en la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y se eviten más amenazas y hechos graves que lamentar, llevando a cabo el registro de las comunidades mencionadas, víctimas de la violencia.
- A la Agencia Nacional de Tierras – ANT, y para este caso a la Subdirección de Asuntos Étnicos, para que agilicen el trámite del proceso de protección y constitución de resguardos, así como pronunciarse sobre el proceso que cursa en su despacho dejando claro a las autoridades territoriales, sobre la improcedencia de los procesos policivos que permitan conservar la vida e integridad de las comunidades indígenas en mención, así como garantizar la seguridad jurídica en el menor tiempo posible.
- A la Fiscalía General de la Nación, Derechos humanos para que, se adelanten las investigaciones pertinentes por las amenazas contra las comunidades y por el incendio provocado en la sabana contra la comunidad de San Rafael Warrojo y que tales investigaciones se lleven a buen término, sin dilaciones y con los resultados esperados de castigo a los responsables.
- A la Defensoría del Pueblo, para que, en marco de sus funciones, velen y garanticen los derechos fundamentales de las comunidades indígenas mencionadas, exigiendo de las autoridades de policía y ejército, a la administración municipal de Puerto Gaitán, mayor control y seguridad para las comunidades. Así mismo exigir a la ANT agilizar el proceso de constitución para darle seguridad jurídica a las comunidades indígenas en mención y pronunciarse sobre el trámite que llevan a solicitud de las mimas comunidades.
- A la Alcaldía Local de Puerto Gaitán – Meta para que, como primera autoridad civil y de policía, acatar las directrices dadas por la ANT, de no proseguir con los procesos policivos en contra de las comunidades indígenas, que brinde las medidas de protección adecuadas a las comunidades indígenas mencionadas y se cumpla inmediatamente con las ordenes de la ANT de suspensión de todos los procesos policivos contra estas comunidades.
- A la Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos y Procuraduría sexta judicial II ambiental y agraria para que en el marco de sus funciones como cabeza del Ministerio Público hagan seguimiento a la labor de los funcionarios públicos de Puerto Gaitán, especialmente a la Personera e inspección de policía que tienen el deber de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en mención, como las medidas de protección territorial emanadas de la ANT.
- A la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas – Regional Meta, para que le puedan hacer seguimiento a la grave situación de vulneración de derechos territoriales y de Derechos Humanos de las comunidades indígenas en Puerto Gaitán.
- A la Personería de Puerto Gaitán, para que, en el marco de sus funciones como defensores de los derechos de las comunidades étnicas, sin tomar parte como defensores de los usurpadores del territorio ancestral, garanticen el cumplimiento de las medidas de protección emanadas de la ANT, y no promuevan acciones en contra de las comunidades indígenas.
- A la UNP Unidad Nacional de Protección, para que adelante las gestiones pertinentes para la protección colectiva de las comunidades amenazadas en los hechos denunciados.
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