Concertación con las comunidades de los Parques Naturales del AMEM. @vgaviriadiaz
Mientras buena parte del país (urbano) se encuentra atento a las medidas por el COVID-19, se encierra y se abastece (¿¡de papel higiénico!?) el resto, el de las zonas rurales, el que produce los alimentos que nos llegan a los supermercados y tiendas de barrio, se enfrentan a la crisis humanitaria que el gobierno de la guerra no ha podido resolver y contrario a esto, toma medidas para agudizar.
En un anterior artículo “Artemisa, ecocidio y la guerra contra los campesinos” intentaba presentar lo que se escondía detrás de los incendios en La Macarena. Se evidenciaba el grave conflicto socio ambiental que estaba detrás de esta importante zona del país, no solo a causa de los incendios forestales (que el gobierno adjudicó a las “disidencias” y que todavía está influyendo en la polución de ciudades como Bogotá) sino por la Operación militar de nombre Artemisa y la afectación a los derechos humanos de las comunidades, el abandono al campesinado de la región, el conflicto con Parques Nacionales y la presencia de grandes acaparadores de tierras que quieran transformar el territorio para el crecimiento de sus grandes extensiones de monocultivos, explotaciones petroleras y los negocios especulativos al que están acostumbrados por medio del desplazamiento de los campesinos.
Desde el primer momento las comunidades han estado organizadas, y al inicio de las acciones militares de febrero en el marco de “Artemisia”, decidieron concentrar sus voceros en el sector del Tapir, donde estuvieron esperando la presencia de directivos de las entidades del Estado para evidenciar la situación del conflicto y negociar el mejoramiento de sus condiciones como habitantes históricos del territorio.
Luego de varias denuncias, de masivas movilizaciones en las cabeceras municipales de La Macarena en Meta y San Vicente del Caguán, El Doncello y Cartagena del Chairá en el Caquetá, y la inspección de San Juan de Lozada, así como de enfrentar la represión estatal, la captura de varios de sus líderes y la amenaza con la expulsión de sus tierras, al fin han iniciado los acercamientos entre el Gobierno y las Comunidades para instalar la Mesa de Concertación para abordar la “Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular, de Meta, Guaviare y Caquetá”.
La “Agenda Ambiental” es un documento elaborado desde hace cuatro años en el marco de las acciones del AMEM (Área de Manejo Especial de la Macarena) y garantizar con esta el mejoramiento integral de sus condiciones de vida, el respeto por sus tierras y el establecimiento de formas de vida concordes con el papel ambiental de estos territorios.
Para las negociaciones Las comunidades exigen avanzar en 3 mínimos de confianza para dar garantías a la #AgendaAmbiental.
Las comunidades se comprometen en instalar la Mesa de Concertación para la Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular, con acuerdos comunitarios de conservación en el Meta, Guaviare y Caquetá.
Luego de la reunión de acercamiento del día lunes 16 de marzo, en la inspección de San Juan de Lozada, del Municipio de la Macarena (Meta), con la presencia de los gobernadores de Meta, Guaviare y congresistas de la región, y donde no hubo presencia de delegados principales (solo delegados y viceministros) de las entidades nacionales, se llegó a un preacuerdo.
Las comunidades representadas por sus organizaciones, ASOPREPOC, ASCAL-G, ANZOR, ASCAGROM, CORPOAMEN, DHOC, ANZORC, CORPOECUAMEN, ASPROMACARENA, ACATAMUC, AGROCAFRE, AGROGUEJAR, ÁLCARI, COAGROGUAVIARE, ASOREGIONAL, FENSUAGRO, CORDOSAC, luego de doce horas de conversaciones alcanzaron los siguientes puntos:
- Al no contar con la presencia de delegados con capacidad de decidir de las Fuerzas Militares y/o la Fiscalía, los congresistas y gobernadores asistentes firmarán una solicitud al Ministerio de Defensa para que suspenda las acciones militares mientras se realice el proceso de concertación de la mesa y la necesidad de brindar garantías a los campesinos en el retorno a sus lugares de origen.
- Realización de una sesión conjunta de los comités departamentales de Meta, Guaviare y Caquetá a mas tardar el día viernes 20 de marzo de 2020 para analizar las situaciones que se han presentado y generar las recomendaciones a las instituciones que deben revisar o definir y aplicar protocolos de derechos humanos en estas operaciones. Convocarán al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía al Comité por parte de los gobernadores. Así mismo convocará a 11 voceros de las comunidades y 6 personas de equipo técnico de las organizaciones.
- Las comunidades acceden a las solicitudes del gobierno de “levantar las movilizaciones” siempre y cuando se eleve la solicitud al Ministerio de Defensa por parte de los gobiernos territoriales y los congresistas.
- Frente al punto dos relacionado con los procesos sancionatorios (en el marco de la ley 1333 sobre el procedimiento sancionatorio ambiental), se deberá considerar las condiciones de pequeños campesinos que se encuentren en vulnerabilidad, para efectos de graduar de manera justa y razonable las sanciones y priorizar donde se pueda el uso de sanciones de trabajo comunitario. Frente a los procesos judiciales el ministerio público gestionará la vigilancia e intervención especial por parte de sus respectivos agentes en procura de garantizar el debido proceso.
- Frente al punto 3 de procesos disciplinarios a funcionarios, la Defensoría del Pueblo solicitará a la Procuraduría General de la Nación que inicie una investigación con el fin de determinar si fue legítimo el uso de la fuerza en los operativos realizados entre 2018 y 2020. En el caso de que el uso de la fuerza haya sido excesivo o se hayan realizado violaciones a los derechos humanos, que se individualice y sanciones y en la medida de las condiciones se haga el respectivo traslado a la Fiscalía.
- Frente al punto 4 bloqueo económico el ministerio público convocarán una reunión con la Fiscalía, el ICA, Parques Nacionales donde se discuta la razonabilidad de las medidas relacionadas con el boletín 31113 emitido por la Fiscalía. El ICA aclara que no se permite el ingreso de animales a Parques Nacionales, pero se viene garantizando la vacunación de los que ya están adentro.
Con estos puntos y su implementación se considera la instalación formal de la mesa.
Se entiende la importancia de seguir las medidas de cuarentena y reducción al máximo del contacto social, pero no hay que olvidar que mientras esto pasa, en los territorios existe un conflicto social y armado que no para por muchas alertas que se envíen desde el gobierno nacional. Esto es en el gran territorio de los Parques Nacionales del AMEM, pero por ejemplo, en el Putumayo, las movilizaciones llevan más de un mes. Tan solo hace un par de días hubo enfrentamientos entre el ESMAD y las comunidades campesinas, ayer hubo marchas con centenares de asistentes en Puerto Asís y también fueron levantados los bloqueos realizados por las comunidades del territorio Puerto Vega – Teteyé del municipio de Puerto Asís y las comunidades de la inspección Guadualito del municipio de Valle del Guamuéz, como medida de buena voluntad para avanzar en la conversación y quienes llevaban varias semanas movilizadas contra la erradicación forzada y el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo Final de Paz.
Hay que cumplir las medidas de cuidado colectivo contra el virus, pero no hay que olvidar que hay un país resistiendo a la guerra a la que lo tienen enfrentados la dirigencia y sus negocios, empezando con las acciones (virtuales, cacerolazos, etc) en defensa del Páramo de Santurbán que hoy está bajo la amenaza de la explotación minera permitida por el gobierno nacional y las invitaciones de las organizaciones impulsoras del Paro Nacional del 25 de marzo.
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