Por: Víctor Gaviria
@Vgaviriadiaz
Dentro de pocos días se realizará otra jornada de elecciones en todo el territorio nacional en donde se definirá los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles (si, en masculino, porque los niveles de participación de mujeres en estos espacios todavía son minoritarios gracias al excluyente y machista sistema político colombiano) para los próximos cuatro años, que no tendrá muchas sorpresas pues a pesar de los importantes avances de la izquierda y los llamados sectores alternativos, ir a elecciones en este país significa enfrentarse a los actores violentos (en muchos casos patrocinados por los “no violentos”) y por otro lado enfrentarse a un Sistema político y electoral supremamente desigual e ineficiente.
Según el último informe de violencia electoral publicado este mes por la Fundación Paz y Reconciliación, en algo más de un año se han registrado 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios, esto es, una víctima de violencia electoral cada 1,5 días. El caso más publicitado es el del asesinato de Karina García, candidata por el partido Liberal en Suarez Cauca en el mes de septiembre luego de continuas denuncias de amenazas y presiones, particularmente de parte de sectores que apoyan a los otros candidatos, la MOE ha reportado que “desde que se cerraron las inscripciones de candidaturas, el pasado 27 de julio, hasta el 15 de septiembre, la Misión de Observación Electoral registró 53 candidatos víctimas de violencia política: 39 han sido amenazados, 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados, y 7 asesinados”.
Pero la violencia no es el único reto a superar por parte de los candidatos y candidatas en el territorio nacional, enfrentar el sistema electoral colombiano es una odisea mucho mas grande que la misma violencia. Este sistema que le permite al colombiano llamarse democrático, está lejos de serlo, sin hablar de casos puntuales como los de Aida Merlano, bastante representativo de las elecciones en la costa caribe, o de los clanes que ya tienen casi listas las alcaldías en los municipios de buena parte del territorio nacional, o la concebida compra y venta de votos, la trashumancia y una gran variedad de “fenómenos” que más que esto, parecen ser la característica fundamental del funcionamiento de las elecciones en nuestro país, podemos diagnosticarlos a través del pronunciamiento que hizo el Consejo de Estado a propósito de las tres curules que recuperó el MIRA a principios del 2018, para comprender como se definen estas dignidades en el país.
El Consejo de Estado al devolver las tres curules ya finalizando la legislatura en el 2018, reveló graves irregularidades en las elecciones del 2014. Destrucción de material electoral poco tiempo después del escrutinio en varios municipios, inconsistencias entre los formularios E14 y E24, sabotaje al software electoral, sumado a la llamada “mancha espejo”, que fue ocasionada por el uso de plumones de tinta que no secaba rápido y generó la anulación de numerosos sufragios, son algunas de las afectaciones encontradas por esta Corte.
El sabotaje al software electoral se evidenció en los “archivos Log” del sistema electoral (donde se registra cada una de las actividades realizadas). Según el fallo, en “algunas comisiones escrutadores municipales, departamentales y zonales se configuraron situaciones de “sabotaje” del software de escrutinio”. Y estamos hablando de un muestreo del proceso electoral, logrado luego de la demanda interpuesta por el MIRA y la capacidad logística de este partido que durante cinco meses movilizaron unas mil personas para revisar mas de 95 mil mesas de votación que sirvieron de sustento para la demanda. Calculen si se lograra hacer una autoría de todo el proceso electoral si en un solo ejercicio de revisión un solo partido logró recuperar tres curules en el Congreso de la República.
Una de las mayores vergüenzas del sistema electoral colombiano es la subcontratación del software electoral , ósea, del conteo y administración de los sufragios, pues buena parte de los mas de setecientos mil millones de pesos que cuesta este proceso electoral irá destinado a la empresas privadas, particularmente Thomas Greg & Sons, y sus filiales responsables en procesos anteriores (como el demandado del 2014) desde la impresión de los tarjetones, el transporte de ellos, la administración de la plataforma tecnológica con la que se hace el pre-conteo y el escrutinio de la votación, hasta la dotación de los plumones con los que se marcan los votos. Si, los mismos plumones que en el 2014 sirvió para anular los votos. Esta subcontratación de casi todo el proceso, pero particularmente del tecnológico impide una real auditoria sobre el software y su código fuente, que como ya lo demostró el Consejo de Estado, puede ser manipulado.
Y estos son solo debilidades en el procedimiento de las elecciones. El sistema adolece de infinidad de problemas desde su misma estructura, es tanto así que la corrupción, tan extendida en el Estado a nivel nacional y territorial, tiene uno de sus orígenes precisamente en la financiación privada de las campañas, en las listas abiertas y en la institucionalidad electoral.
Los recursos de las campañas son vigilados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que en cada proceso emite una resolución sobre los topes permitidos, que por ejemplo en las presidenciales del 2014 pudieron ser hasta triplicados gracias a las “maromas” y la “triangulación” de los recursos. Esto es, por ejemplo, el pago de afiches o publicidad por parte de privados no vinculados con las campañas de los candidatos favorecidos como fue el sonado caso de una empresa de publicidad con asiento en Panamá por donde ingresaron mas de mil (1000) millones de pesos a la campaña Santos de 2014. De la campaña de Oscar Iván Zuluaga no sabemos mucho mas allá del papel del señor ‘Duda’ Mendonça, porque la investigación fue suspendida (engavetada, pospuesta, etc) o caducó gracias a la gestión del que fuera en su momento el presidente del CNE que próximamente será el nuevo Registrador Nacional del Estado Civil, responsable de organizar las elecciones. Y esa es la dinámica desde el nivel nacional hasta el nivel territorial.
El CNE, que vigila estos recursos está dirigido por nueves (9) Magistrados elegidos por el Congreso de la Republica mediante Cifra Repartidora, lo que garantiza que los partidos políticos con mayor representación en el legislativo sean quienes tengan mayor representación en este Consejo. Ósea, el CNE con hegemonía de los partidos mayoritarios, revisan las cuentas de todos los partidos y movimientos políticos.
Así mismo, al hacer parte de la Organización Electoral, el CNE depende administrativamente de la Registraduría, eso significa que no pueden comprar una hoja sin su autorización y son tantas sus limitaciones de funcionamiento que hoy siguen revisando cuentas que vienen desde las elecciones del 2011.
Por otro lado, el voto preferente o las listas abiertas que son la mayoría (pues la norma permite que los partidos pueden definir irse en listas cerradas o abiertas), hacen qué de facto, cada candidato funcione como un partido con sus propias finanzas, pues los candidatos de estas listas terminan compitiendo entre si y para poder ganar, los partidos terminan siendo solo fábricas de avales y no garantía de identidad programática y los candidatos terminan haciendo acuerdos con financiadores legales y no tan legales en sus circunscripciones.
Tan es así, que por ejemplo, los cálculos del 2011 realizados por el Portal “La Silla Vacía” para elecciones territoriales en departamentos como Casanare, el tope para la gobernación era de 659’000.000 y para la Alcaldía de Yopal de 330’000.000 pero el valor real era entre 5 mil y 10 mil millones a la Gobernación y entre 5 mil y 8 mil millones a varios de los municipios del departamento. Así mismo y según cifras estimadas por la Revista Semana, en la última campaña al Congreso de la República los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al Senado serian hasta los 884 millones, mientras que los de la Cámara deberían estar entre 690 y 1.280 millones, pero las estimaciones de una campaña al Congreso pueden alcanzar 24.000 millones de pesos, que es lo que cuesta una campaña presidencial. ¿De dónde saldrán luego los recursos invertidos por los financiadores de estas costosísimas campañas?
Y así como se violan los topes, se violan los tiempos de campaña, pues para no cumplir con estas, se generan procesos de “recolección de firmas”, previas a los tiempos estipulados, lo que les permite sacar publicidad, recoger fondos, usar medios de comunicación y en general hacer campañas como si estuvieran en los tiempos destinados para este fin. En un reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) se indicaba que “para las regionales de 2011 se inscribieron 213 grupos significativos de ciudadanos (GSC), 199 presentaron firmas y 181 fueron aprobados por la Registraduría. Para 2015, la cifra de inscritos fue de 810, es decir, aumentó en 280 %, solo 307 presentaron las firmas y 194 fueron aprobados. Para las elecciones de octubre, hay 1.253 grupos inscritos”.
Otra denuncia sobre el funcionamiento electoral es sobre el uso de falsas listas de trabajadores de las empresas para escoger jurados de votación (responsables directos de los sufragios) afines a algunos candidatos. Sobre esto en mayo del 2018 denunciaba el senador Armando Benedetti la existencia de mas de cuatro mil (4000) jurados irregulares solo en Barranquilla para el certamen electoral de marzo de ese año.
Así mismo es necesario revisar la sobre representación legislativa de algunos departamentos y por consiguiente una subrepresentación de algunos departamentos en donde precisamente se concentran la violencia y las economías ilegales. Con este sistema tan cerrado no es raro la gran oposición de buena parte del legislativo para la aprobación de las Circunscripción Transitorias Especiales de Paz acordadas en la Habana.
En este panorama, votar en las elecciones colombianas, más que una decisión consciente es un acto de fe, pero ser candidato o candidata de la izquierda en Colombia requiere básicamente tener espíritu de mártir. En este escenario tan negativo para la participación política, es necesario revisar la propuesta de Reforma Política y electoral que el partido FARC radicó este semestre en el Congreso. Contiene importantes medidas para el inicio de la transformación de este cerrado y corrupto sistema político, como las listas cerradas, la paridad de género, la financiación estatal, la transformación de la institucionalidad electoral, el incentivo a la participación de jóvenes y mujeres y otras medidas interesantes para el debate nacional de los sectores alternativas que piensan que Colombia debe dar un paso adelante en la idea de un Estado que realmente represente a sus comunidades
Perfil
Víctor Manuel Gaviria Díaz, Politólogo de la Universidad Nacional y especialista en gobierno y gestión pública Territorial de la Universidad Javeriana. Con experiencia en el sector público y en el trabajo con organizaciones sociales. Sus temas de interés e investigación son los de construcción del Estado, seguridad ciudadana y movilidad urbana.
Sobre el autor
