Por Víctor Chaves. #ReporteroNomada
COLOMBIA|El Estado, de manera visible, a través de sus organismos de “seguridad” o disfrazado de grupo armado ilegal, de paraco o de capucho, sigue apareciendo como el principal violador de Derechos Humanos en este país. Nariño, es un escenario principal en la macabra tragedia de la violencia colombiana y los campesinos, son los protagonistas que siempre mueren y quienes padecen las peores desgracias de la guerra.
Para los académicos y expertos en los diferentes capítulos del conflicto social y armado colombiano, siempre estuvo suficientemente claro que lo peor que le podía pasar a las víctimas de más de 55 de guerra irregular, pasó: Iván Duque fue elegido como presidente de Colombia.
Hoy, ninguno de ellos podrá decir que estaba equivocado. Por el contrario, muchos se quedaron cortos, pues apenas lanzaron algunas advertencias sobre el modelo neoliberal que aplicaría al manejo financiero a la economía nacional, sobre la fidelidad ideológica con el uribismo y su patriarca, sin dejar en claro hasta dónde podría llegar o que macabros senderos cruzaría el mandatario con tal de mantener contento a su líder y por ese camino a los Estados Unidos y a los gobernantes más retardatarios que hoy acolitan el arraigo de una derecha extrema, mezquina, corrupta y asesina en varios países de América Latina.
Esa visión corta, que no alcanzó a advertir que en muy poco tiempo Duque restituiría la guerra colombiana, con toda su irregularidad y con todas las argucias monstruosas de un conflicto en el que los protagonistas son fuerzas oscuras que cuentan, gran parte de estas, con el apoyo institucional y la plata del narcotráfico y la minería.
En el afán de la politiquería, una gran parte de los denominados líderes regionales y locales, que estaban llamados a promover la defensa de las luchas populares, se perdieron en medio de la demagogia y el ansia de poder. Mientras tanto varias decenas de líderes defensores de Derechos Humanos estaban siendo asesinados en 19 territorios específicos de Colombia, incluyendo a los departamentos de Cauca y Nariño.
Entonces, la sombra negra que hoy cobija a los líderes verdaderamente populares es propiciada y facilitada, no solo por el gobierno de Iván Duque, ser siniestro y cínico, sino también por una dirigencia de oposición que no tiene ni siente verdaderos compromisos humanitarios con las poblaciones más expuestas y vulnerables.
Quién responde por los cerca de 100 homicidios cometidos en Nariño contra los líderes, indígenas, campesinos, colonos y demás habitantes de las zonas en donde se desarrollan álgidos capítulos de un conflicto que por ahora no parece tener fin.
Desde enero a septiembre, la Oficina xde Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha documentado 63 asesinatos de personas defensoras. Estos 63 casos han ocurrido en un total de 19 departamentos del país. Adicionalmente la Oficina sigue en proceso de verificación de 43 asesinatos más donde se presume que la víctima era defensor o defensora de derechos humanos.
Para comenzar a avanzar, aunque sea un poco en esta materia, es necesario que en Nariño, por ejemplo, se reactive la Mesa Territorial de Garantías; se investiguen a los funcionarios y miembros del Ejército y Policía que , se sospecha, han actuado en contra de personas vulnerables y expuestas, violentando sus derechos humanos y se emitan las correspondientes sanciones; se brinden verdaderas garantías para las movilizaciones con fines de protesta popular y sobre todo, que se le quite a las fuerzas militares colombianas, a través del ministerio de Defensa, el control de los Derechos Humanos en el país.
Y ojo, las amenazas a periodistas, son otra prueba fehaciente del temor de los violentos a que se sepa la verdad sobre los más grandes violadores de los Derechos Humanos en Colombia.
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