Foto tomada de ElColombiano.com
#RazonesparaMarchar #ParoNacional21N
Por: Víctor Manuel Gaviria Díaz*
Acuartelamiento de primer grado para el Ejército, presencia militar en las calles, múltiples allanamientos a integrantes de organizaciones políticas de izquierda (mas de veinte al momento), cierre de fronteras, aval a las autoridades locales para decretar toques de queda y “otras medidas especiales” ha sido la respuesta del gobierno nacional al llamado a la jornada de protesta de este 21 de noviembre. A tanto han llegado, que una incautación de casi una tonelada de explosivos en Villagarzón, en el departamento de Putumayo al sur del país (fronterizo con Ecuador) llevó a aseverar a un comandante militar de esta región que esto podría ser usado para las movilizaciones del 21 de noviembre, sin ningún tipo de prueba sobre el asunto.
Y es esta respuesta un claro ejemplo, un resumen del gobierno nacional que no se prepara para una protesta social sino para una guerra, del por qué miles de colombianos y colombianas van a marchar este jueves 21, porque el gobierno nacional trata a su pueblo como enemigo. ¿Nos quieren asustar? ¿Nos quieren llevar en medio de esa especie de paranoia esquizoide que ve enemigos en todos lados al Estado de Sitio de los años de Turbay Ayala? O más bien le tienen miedo a la protesta social, expresión de derechos fundamental para cualquier Estado democrático.
En el Cauca, por ejemplo, departamento al suroccidente de Colombia, frente a la masacre de indígenas, que lleva a considerar el asesinato de un integrante de esta comunidad (la mayoría líderes, gobernadoras o integrantes de la guardia indígena) cada setenta y dos horas, el gobierno nacional responde con anuncios como “una nueva fuerza de despliegue rápida va al norte del Cauca” o “miles de soldados será desplazados hasta al Cauca”. Cuando es claro que la presencia militar en este territorio es altísima y muchas veces los asesinatos a líderes sociales o indígenas se ha dado a poca distancia de la presencia militar o en contubernio con ellos, como el caso de la muerte de Flower Zapata (sobre lo que hice una reflexión en “Las Muertes nuestras de cada día»).
Así mismo el tráfico de cocaína que agudiza la guerra en este territorio pasa por las narices de las fuerzas militares, tanto así que fácilmente para salir de estos municipios es necesario atravesar hasta tres o cuatro retenes militares, pero la cocaína y sus insumos siempre se mueven en grandes volúmenes, tanto es esto que para producir un (1) kilo de pasta de coca se necesita al menos 283 litros de gasolina, pues la pasta para su consistencia necesita ser sumergida en este combustible (calcule mentalmente el volumen de 281 litros y multiplique por las cientos de toneladas -mil kilos- que se mueven por estos territorios si solo en el 2018 se incautaron 414.505 kilos de coca a nivel nacional). Hablando de uno solo de los insumos. En cálculos como los que revela The Guardian, un cuarto del combustible colombiano (el 25% de toda la gasolina del país) es consumido en la producción de la base de coca. ¿A cuantos grandes transportadores de gasolina han escuchado ustedes que capture la fuerza pública? ¿Cuántos grandes banqueros han sido investigados por las ingentes cantidades de dinero que se mueven por sus entidades para facilitar estas transacciones?
Pero, desconociendo esta realidad, (para no hablar de los casos de corrupción en las fuerzas militares) para el gobierno nacional todos los problemas del país se resuelven con la militarización del territorio o punitivismo legislativo. Atacando vilmente a las poblaciones mas necesitadas, no solo con infinidad de retenes, controles y registros, sino con asesinatos como el de Dimar Torres, Flower Zapata y tantos otros en proceso de investigación. Y es ahí donde tenemos el caso de los niños asesinados en el Caquetá en un bombardeo en el Municipio de Puerto Rico, o en el de Solita en el mismo departamento, no tan difundido, a pesar de las constantes denuncias de los representantes del ministerio público sobre la presencia en estos campamentos de menores reclutados (que son víctimas no soldados). Y son estos los casos que conocemos, pues no sabemos de tantos otros escondidos por funcionarios “bajo control” que en estos lugares no se pueden mover sin la vigilancia de la fuerza pública.
Hay una crisis humanitaria a nivel nacional y el gobierno nacional y la gente de su partido parece no darse cuenta y en el mejor de los casos defienden las actuaciones: “Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno? como la tristemente famosa “no estarían recogiendo café”. Son cientos de lideres y lideresas asesinadas este año, otros tantos los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz asesinada hasta en los mismos ETCR, la gente vive con miedo en campos y ciudades, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de la policía se volvió la comisión negociadora para cualquier conflicto en los territorios (hasta denunciar la corrupción en Universidades se volvió argumento para el ataque con este Escuadrón de choque) y a pesar de las denuncias, las fuerzas militares sigue siendo incentivadas para que las “bajas” sean consideradas motivos de acenso o de permiso, a la vieja usanza de los “falsos positivos”.
Y esto solo delinea uno de los elementos que causan la protesta. La crisis humanitaria a nivel nacional y con intensificación en los territorios mas abandonados por la presencia (no militar) del Estado.
El mal manejo de la economía en manos del Ministro Alberto Carrasquilla, famoso por el desfalco de los presupuestos municipales (con los famosos bonos de agua) ha llevado a que la economía nacional tenga la deuda externa mas alta de la historia, el precio del dólar por las nubes, la inflación subiendo (y por tanto el costo real de los bienes de consumo) el desempleo de mas de dos dígitos (aunque este es un sofisma del manejo de cifras porque las cifras de desempleo real son mucho mas altas) la informalidad laboral (y por tanto la ausencia de garantías para los trabajadores) en más del 50% a nivel nacional, solo son brochazos del mal gobierno al que nos enfrentamos. Para no hablar de la insistencia de la reforma tributaria, que con el nombre de “ley de financiamiento” (tumbada por la Corte Constitucional) busca al modo inverso de Robin Hood, quitarles más plata a los pobres para dársela a los ricos, a modo de exenciones. La cuestión es tan escandalosa que la OCDE (Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –¿club de ricos?) una organización que cumple una función similar al FMI, ha dicho sobre Colombia que:
«(…) las políticas sociales podrían ser más eficaces en la reducción de la desigualdad», pues es «la más alta» entre los 36 países que ya son miembros plenos de la organización. En el índice Gini, que mide la desigualdad, el país registra un coeficiente de 0,476, donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima. Según el informe, «las transferencias monetarias a la población más desfavorecida son escasas», gran parte de los subsidios «van a parar a la población más rica», el sistema tributario «apenas reduce la desigualdad» y el acceso a la educación, salud y pensiones es desigual. Citado en Portafolio.co.
La gasolina tiene uno de los precios mas caros del mundo para ser un país productor y por tanto el transporte de los alimentos por las maltrechas ( en muchos casos inexistentes) vías nacionales es muy costos (saliendo más barato importarlo), las “grandes vías” no han sido terminadas durante décadas, como el tristemente famosos Túnel de la Línea, la vía al Llano por donde entran los principales productos agrícolas a la capital del país, con los peajes más caros del país, se derrumba cada que cae una llovizna y se caen los puentes sin terminar, la llamada Ruta del Sol, que une el centro con el Caribe ha venido aplazando su culminación con cada escándalo de corrupción y ni siquiera se ha sido capaz de dragar de forma eficiente la salida del Rio Magdalena al Mar Caribe obligando al bloque de los barcos de gran calado al ingreso al puerto de Barranquilla.
Para no hablar de la crisis ambiental a nivel nacional, particularmente en las ciudades capitales que como en Bogotá, han llevado a que la administración local apague los lectores para que no se denote la desastrosa situación que respiramos y que ha llevado a el aumento de las enfermedades respiratorias. La tala de bosques (y de concentración de arboles en Bogotá para proyectos urbanísticos) en la Amazonia y de grandes extensiones en Caquetá, Casanare con el objetivo de megaproyectos para monocultivos como el de la Palma, y ganadería extensiva, la vuelta a las fumigaciones aéreas de glifosato, pedidos de fracturación hidráulica (fracking) para la extracción del petróleo, legalización de la mutilación y consecuente asesinato de los tiburones, y otras tantas medidas demuestran el “valor” que el gobierno le da a nuestra riqueza y reservas naturales.
Funcionarios muy cuestionables como el responsable de la Memoria Histórica, que desconocen la existencia del Conflicto social y armado, director del Sena (principal institución de educación técnica y tecnológica del País) racista y misógino que considera que una mujer afro bonita solo sirve para prepago, Ministros responsables de carteras que fueron sus propios negocios, política internacional de risa (como el oso en la ONU) arrodillada a los mandatos presidente norteamericano y una agenda legislativa que se contrario a buscar soluciones a las demandas de la comunidad, se ha dedicado a buscar la manera de “hacer trizas” lo firmado en el Acuerdo de Paz, deslegitimando la Jurisdicción Especial de Paz (ya es conocido el año perdido en el Congreso gracias a las famosas objeciones a la estatutaria de la JEP), buscando la impunidad militar y de terceros civiles responsables en el conflicto, es la característica del perfil del funcionariado de este gobierno. Sobre lo cual el presidente solo reacciona defendiendo sus actuaciones, negando lo visiblemente indefendible como la reforma pensional y laboral en discusión y gastándose el presupuesto público en publicidad y programas sin ninguna creatividad (copiado en buena parte de los vecinos venezolanos), para difundir lo poco hecho.
La lista sigue, la situación social empeora, las EPS en quiebra (luego de saquear los recursos de sus usuarios) llevan a la cada vez más ausente posibilidad de acceder al derecho a la salud y cientas las tutelas para poder acceder a procedimientos mínimos, el aumento exorbitante de los ingresos del sistema financiero que viven a costas de hacer negocios con los recursos de los ahorros y pensiones de sus usuarios, sistemas masivos de transporte caros, ineficientes y contaminantes; privatización de bienes estratégicos como ISA, creación del Holding Estatal de Servicios Financieros como vía fácil para privatizar las empresas estatales con servicios financieros, investigación y formación cada más ausente de la educación pública, inexistencia de un proyecto de país más allá que enriquecer a los ricos de siempre con los mandatos del FMI y la OCDE y la lista es mucho más larga … y vuelve la pregunta, en serio, ¿Hay motivos para no marchar el 21 de noviembre?
El 21, como en la altísima votación por un candidato de izquierda de la última elección presidencial, como los millones de votos anticorrupción, como los nuevos aires en la votación de autoridades territoriales en varias de las ciudades principales del país, como los nuevos liderazgos en los Concejos elegidos, como la victoria electoral de un cantante exguerrillero como alcalde local, como en la articulación de artistas y reinas de belleza a la movilización; será una demostración más, un avance histórico del cansancio de la gente por la dirigencia política y económica nacional y el deseo de la construcción de la nueva Colombia que todas y todos queremos.
*En Twitter: @vgaviriadiaz
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