Por Víctor Chaves Reportero Nómada
No es la primera vez, ni tampoco será la última, que a un gobernante nacional le importe un soberano pito lo que suceda en nuestras montañas y campos, especialmente de lo que pueda acontecer en las regiones en donde el delito es pan de cada día.
También está claro que el centralismo informativo y su dependencia de la agenda nacional institucional también ha motivado una ausencia, un silencio abrumador, en realidad, de los medios masivos de comunicación.
Apenas algunos periodistas y medios alternativos e independientes se atreven a hacer registros, informes y documentos sobre lo que está pasando.
Y lo que está pasando es grave, triste, terrible. Centenares de personas que habitan zonas rurales de municipios como Cumbitara, Policarpa, Magüí y en general todos los territorios que son bañados por el río Patía y los afluentes a partir de la cordillera que une a Cauca y Nariño, y de allí hasta la costa pacífica, están saliendo de sus territorios debido a la difícil situación de convivencia por disputas entre bandas y organizaciones armadas.
A las cabeceras e inclusive a Pasto, Popayán y Cali, están viajando en estos momentos decenas de familias, que han sido obligadas a dejar lo poco que tenían por allá, algunas por el temor de quedar en medio del cruce de fuego y otras porque han sido directamente obligadas por los comandantes de los grupos que hacen presencia en esa vasta región, propiciando un drama social de gran tamaño, al cual no le han puesto atención, hasta el momento de escribir esta nota, prácticamente de las instituciones oficiales que normalmente se encargan de atender a los damnificados del conflicto armado.
En este momento es difícil saber a ciencia cierta las razones que han llevado a este choque de actores armados en la cuenca del Patía. Las versiones que llegan desde allá son muy contradictorias. Lo que se sabe es que está en disputa el control territorial y que allí aparecen guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, bandas residuales, disidencias de las Farc, grupos paramilitares, además de la presencia del ejército colombiano.
Las cifras de muertes también son especulativas. Pero de los 7 muertos que se habló a comienzos de esta semana, se pasó a mencionar cifras que hacen referencia a varias decenas de muertos, muchos de los cuales habrían sido “picados” a machete y luego lanzados sus restos a las aguas del Patía.
Hasta el lunes, en la tarde, solo un cuerpo había sido trasladado hasta el despacho de Medicina Legal en Pasto, para la correspondiente necropsia, pero aún había mucho hermetismo en esa oficina.
Se sabe también que personas que tienen seguridad o sospechan que sus familiares pudieron haber caído en los hechos ya están en Pasto y Popayán tratando de averiguar entre los despachos oficiales, sobre la forma en que podrán acceder a los restos de sus allegados. Una misión que por ahora se ve muy compleja de cumplir.
Nadie da razón de las personas desaparecidas
Nariño, está de nuevo en guerra. Es una guerra más irregular y cruenta que las anteriores. Los actores son diversos y de muy diferentes condiciones. Hay patrullaje del Ejército, pero el Estado aún no quiere ni siquiera reconocer la dimensión de lo que está sucediendo allá.
Es un silencio abrumador. Sobre todo para las víctimas que sienten que solo son visibles para los fusiles de los violentos. Y mientras los muertos y los desterrados aumentan, los medios siguen esperando la versión oficial.
La triste realidad.
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