Los líderes sociales, indígenas, afrodescendientes y comunidades negras y defensores de derechos humanos de Colombia están en constante peligro; en promedio cada tres días asesinan a un indígena en este país sudamericano; más que una tendencia del momento en las redes sociales, su grito desesperado es: “No están matando”.
El asesinato de los líderes sociales, indígenas, afrodescendientes y comunidades negras y defensores de derechos humanos de Colombia es continuo.
Los líderes sociales de Colombia están siendo vilmente masacrados de incesante modo; un exterminio los acorrala. El cerco es trágico.
La cifra de indígenas asesinados se ha elevado a 135 en 14 meses de gobierno del presidente colombiano, Iván Duque.
En promedio cada tres días asesinan a un indígena en Colombia.
Durante lo que va corrido del 2019 han sido asesinados 31 indígenas en el departamento del Cauca, suroeste de Colombia, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El asesinato de los líderes sociales pone en riesgo el acuerdo de paz de Colombia; lo está haciendo trizas. El constante asesinato de los líderes sociales es un exterminio de los tejedores de paz, de gente pacífica, de los constructores del tejido social.
Para ellos no habido paz; no han tenido un solo un momento de paz, pese al más reciente pacto de paz.
Acaso la única paz que los verdugos quieren para los líderes sociales de Colombia es la paz de los sepulcros.
Cada día que pasa se preguntan a quién le toca hoy, quién será la siguiente víctima, de qué pueblo o ciudad.
El día 29 de octubre del año en curso se registró una masacre en el Cauca; entre las víctimas se encontraban Cristina Bautista, autoridad de la comunidad Nasa, y varios miembros de la Guardia Indígena.
Aun cuando el Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el exterminio de los líderes sociales indígenas, el asesinato de los defensores de derechos humanos es un fantasma que recorre Colombia entera, sus cuatro esquinas: desde La Guajira hasta el Amazonas, y desde el Guainía hasta el Chocó.
El 13 de septiembre pasado, el líder de la etnia wayúu Manuel Pana fue asesinado en el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia. Pana era miembro del órgano administrador de justicia y de resolución de conflictos de la comunidad indígena, Junta Autónoma Mayor de Palabreros por los Derechos Humanos.
Ese mismo día fue asesinado otro indígena, pero en el Cauca, al otro lado del país, suroeste de Colombia; se trata de Henry Cayuy; el crimen fue cometido en presencia de su mujer e hijos.
Los continuos hechos macabros cometidos en contra de los líderes sociales hablan por sí solos: dicen que los defensores de derechos humanos en Colombia están extrajudicialmente condenados al aniquilamiento, condenados por una violencia omnipresente y omnipoderosa; los persigue adonde vayan, y ya poco importa que cuenten con esquema de seguridad, con guardaespaldas.
El 17 de octubre de este año, la lideresa de la etnia wayúu Oneida Epiayú fue asesinada a plena luz del día en Riohacha, La Guajira. Tenía un esquema de seguridad; había denunciado la corrupción en el programa de alimentación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Iván Duque ha declarado a la Agencia Efe que en Colombia hay 7 millones de líderes sociales. Uno se pregunta de dónde sacó el mandatario colombiano esa cifra. Sin embargo, lo más doloroso es que diga que es difícil proteger la vida de los defensores de derechos humanos. Así, pues, el destino de los líderes sociales en Colombia es tenebroso.
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