Por Arturo Gallegos
“AMLO debería convocar personalmente una consulta ciudadana para que el pueblo de Baja California decida soberanamente sobre este proyecto neoliberal ecocida”
En 2015 el gobierno del Estado de Baja California en México firmó un convenio confidencial con la compañía transnacional norteamericana llamada “Constellation Brands”, para construir y operar una fábrica cervecera en la capital del Estado, Mexicali. Este permiso permite a la empresa consumir 20 millones de metros cúbicos de agua anuales. En otras palabras lo necesario para irrigar 1,979 hectáreas, el consumo de 200,000 personas al año o 10 veces más que el consumo anual de las 7 empresas más grandes de la región juntas, que por cierto generarían 10 veces más empleo que la cervecería.
Estos datos duros fueron mañosamente ignorados por los tres órdenes de Gobierno, que en contubernio hicieron posible la entrega de los permisos necesarios para la construcción y operación de la cervecería. En aquel momento el Gobierno municipal y estatal se encontraban en las manos del partido de la derecha, el PAN (Partido Acción Nacional) a cargo del gobernador Kiko Vega y el federal en manos del PRI (Partido Revolucionario Institucional) a cargo del ex presidente Enrique Peña Nieto. Pero también el nuevo Gobierno “de izquierda” elegido democráticamente en las últimas elecciones encabezado por el gobernador Jaime Bonilla (bajo las siglas del partido del presidente, MORENA) ha dado su aprobación al proyecto y ha seguido ignorando el reclamo popular.
Aún más, al pueblo organizado se le ha negado la lucha jurídica en contra de la cervecera, puesto que los organismos electorales locales y federales han rechazado la solicitud interpuesta en arreglo a todos los requisitos legales para llevar a cabo un plebiscito previsto en la Ley de Participación Ciudadana de Baja California; argumentando que la instalación de esta cervecería y su consumo de agua no representa “un hecho trascendental y de impacto en la vida pública de la región”.
Paradójicamente la utilización de las herramientas de la democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular han sido una de las banderas más representativas de la política del Presidente López Obrador como métodos de resolución de conflictos, como en el caso de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía en ciudad de México y el Tren Maya en el sur del país. Declarándose el mismo presidente como un anti-neoliberal y teniendo la facultad de realizar una consulta ciudadana sobre el tema, debería ser el mismo entonces quien convocase a la misma para que el pueblo decida soberanamente de una vez por todas y muy seguramente enterrar este proyecto neoliberal ecocida.
Sin embargo muy mal han hecho quedar al presidente tanto el gobernador de su mismo partido Jaime Bonilla como el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Victor Manuel Toledo Manzur. El primero exhibiéndose cuando su primer acto de gobierno fue tratar de pasar una reforma constitucional para extender su mandato de dos a seis años; y avalando el proyecto depredador de la transnacional norteamericana. El segundo cuando en una reciente visita a Mexicali participó en un foro que tuvo como sede una elitista universidad privada de la ciudad. En este recinto el Secretario federal parecía trapecista en la cuerda floja, malabareando con el lenguaje para no comprometerse a nada, pero al final fue tanta la presión que acabo avalando el proyecto declarando erróneamente que en la región hay agua suficiente para la cervecera.
No es menester de este artículo adentrarse en los tecnicismos, medidas, estimaciones y matemáticas que múltiples estudios serios y científicos han hecho con los cuales se ha demostrado la inviabilidad y el peligro que representa la instalación de esta planta cervecera. La intención es alzar la voz fuera de las fronteras para llamar la atención y sobre todo para pedir la solidaridad internacional y advertir del destino común que pueden sufrir los pueblos de no organizarse. Proyectos depredadores de esta índole son impuestos a las comunidades a lo largo y ancho del continente, escondiendo su naturaleza bajo el velo de “la creación de empleos”; cuando en realidad son empresas altamente automatizadas, como en el caso de la Constellation Brands, que se jacta en su publicidad internacional de contar con solo un mínimo de empleados gracias a la alta robotización de su línea de producción.
Así pues a cinco años de iniciar la lucha, el pueblo de Baja California y en especial de la ciudad de Mexicali sigue mostrándose resoluto a expulsar al monopolio norteamericano de sus tierras para asegurar los recursos acuíferos para las futuras generaciones. Ni el espaldarazo que en el plano local ha dado el partido del presidente al pueblo lo ha detenido para salir a manifestarse en contra del proyecto. Poniendo en claro que si bien Andrés Manuel López Obrador cuenta con la gran mayoría del apoyo popular, este no es incondicional y que los errores de su administración no serán pasados por alto ni mucho serán toleradas las traiciones a la voluntad popular.
Perfil
Doctorante y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Friedrich-Schiller en Jena, Alemania. Especialista en derecho constitucional, controles parlamentarios y temas de democracia directa en diferentes medios internacionales.
Sobre el autor
