@Rosa_Alcarajo
Habitantes del Putumayo responsabilizan al presidente Duque y a la Fuerza Pública, de las posibles pérdidas humanas o desapariciones en manifestaciones a realizar.
COLOMBIA| Comunidades del departamento del Putumayo se declaran en asamblea permanente, movilizaciones y protestas pacíficas en zona rural y urbana, debido a la fuerte militarización con los grupos de erradicadores en las zonas cocaleras.
Para las organizaciones sociales del municipio San Miguel, las comunidades tienen voluntad de sustituir los cultivos de coca, por ello, gran parte de ellas, se acogieron al programa de PNIS para las trasformaciones económicas licitas, pero que estas se ven sesgadas por la falta de seguridad presupuestaria que vienen del gobierno.
A esto se suma, el paupérrimo estado de las vías terrestres tanto en lo urbano como en lo rural; el déficit de puentes, servicios básicos, energía, salud en general; como la sistemática violación de derechos humanos a las comunidades campesinas y sus dirigentes que reclaman los derechos constitucionales de forma pacífica, quienes son perseguidos, estigmatizados, maltratados y revictimisados.
Ante estos hechos, las organizaciones sociales rechazan todo acto de violencia dirigida y planeada desde el estado, para reprimir a nuestras familias que se encuentran en movilización y protesta pacífica en el territorio defendiendo la vida, la paz y los derechos humanos.
Al tiempo, responsabilizan al presidente DUQUE, Y LA FUERZA PÚBLICA, de las posibles pérdidas humanas, lesiones y desapariciones, y todo lo que suscite dentro de las movilizaciones pacíficas.
¿Qué es el PNIS?
El PNIS es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, nacido del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño; y establecido en el punto 4.1 el cual, estaba bajo la dirección de la presidencia de la República para coordinar con las autoridades territoriales y con la participación de las comunidades.
Todos los puntos del PNIS son importantes, pero resaltamos este compromiso que adquirió el Estado Colombiano con las familias cultivadoras de coca establecidos en los puntos 4 y 5; y que, por el incumplimiento, en la actualidad tiene movilizados en asambleas permanentes a las comunidades cocaleras.
4. Respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana: La transformación de los territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito implica la aplicación y el respeto por parte de las instituciones y de la ciudadanía de los principios y las normas del Estado social de derecho, el fortalecimiento de los valores democráticos, la convivencia ciudadana, y la observancia de los derechos humanos.
5. Sustitución voluntaria: La decisión y compromiso voluntario de los cultivadores de abandonar los cultivos de uso ilícito, es un principio fundamental del Programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respectivos territorios.
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Lo mejor que hizo la corte en los ultimos dias Dios siga dirigiendo los mahistrados para que haya un orden en todas las leyes