«José Ángel Bernal tiene leucemia y tiene medidas cautelares por la Comisión Derechos Humanos por su delicado estado de salud«. Arledys Bolaños Anaya
COLOMBIA| Familiares de los presos políticos denuncian que los internos de la cárcel La Picota y de otras cárceles fueron trasladados para la cárcel La Picaleña de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima, donde tiene graves problemas de hacinamiento, falta de agua potable, esto agrava el estado delicado de salud de algunos presos.
Los reclusos trasladados fueron Oscar Rodríguez Sánchez, José Moisés Quintero Moreno, Luis Fernando Franco Reyes, Oscar Otto Morales Sogamoso, Robert Sánchez Aguirre, Jhon León y José Ángel Parra Bernal presos políticos del Partido de las Farc-ep.
Las mujeres trasladadas de la cárcel el Buen Pastor, están Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Lizeth Johana Rodríguez Zarate y Alejandra Méndez Lozano.
En el caso del preso político de las Farc José Ángel Parra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgo las medidas cautelares por la condición de salud, quien padece cáncer Mieloide crónica, así lo informó su esposa Arledys Bolaño Anaya.
La misma denuncia la realizó el partido Farc exponiendo la condición de salud, a su vez, solicitando la libertad de los prisioneros políticos al recordándole al Gobierno Nacional, “que los miembros de su partido debieron quedar en libertad tras la firma del Acuerdo de Paz”.
Arledys Bolaños Anaya, explicó para Al Carajo, que su esposo José Ángel Parra debe tener una celda donde tenga baño privado y vivir solo por lo que implica padecer esta enfermedad crónica. Le preocupa su estado de salud porque debe compartir celda, hacer sus necesidades fisiológicas dentro de la misma, y esta cárcel no cuenta con las condiciones básicas de salubridad.
Para el abogado Juan David Bolaños Quintero, estas personas fueron recluidos en una celda de aislamiento que son dispuestas para personas con problemas psiquiátricos y ninguno de ellos padecen esa condición mental. Enfatiza que están viviendo en cloacas, es decir, en condiciones deplorables “esto es una tortura, no es deshacinamiento”.
Para el congresista Carlos Antonio Lozada mediante su cuenta en la red social Twitter, son tratos inhumanos que están recibiendo los prisioneros trasladados.
Apropósito de esta medida de traslado por parte del INPEC institución que decreto la Emergencia Carcelaria como medida para evitar el contagio del Covid-19 en las cárceles del país e ir minimizando el hacinamiento carcelario, Bonilla, señala que todas las cárceles tiene hacinamiento, que por eso la mejor medida es, atender las solicitudes realizadas desde las distintas organizaciones sociales en dejar en libertad condicional a algunos presos, ya sea por la mayoría edad, su condición de salud, condenas bajas, entre otros.
Otro de los reclusos con condiciones delicados de salud es Oscar Hernández Rodríguez Sánchez, quien es un paciente asmático, con migraña crónica, diabetes, y tiene pendiente un procedimiento quirúrgico, información brindada por su esposa Julie Mendoza Rodríguez.
Los mismos reclusos de la cárcel La Picaleña, con camisas tapandosen la cara, dicen ellos medio que tienen para protegerse del contagio del Covid-19, días antes habían denunciado a este medio, sus preocupaciones por poder contagiasen, y denunciaban la precariedad que viven en esta cárcel.
El 24 de mayo del 2019, el personero Camilo Ernesto Ossa, informó a medios nacionales que durante su recorrido por la cárcel La Picaleña se evidenció el hacinamiento, dificultad en el suministro de agua potable y problemas de salubridad
“A la población privada de la libertad se le otorgan condiciones mínimas de habitabilidad y persisten problemas de todo tipo como salubridad y escasez en el suministro de agua, la cual se realiza por espacios de tiempo limitados de una hora en la mañana y otra hora en la tarde”, manifestó el jefe del Ministerio Público”.
Oscar Ramírez integrante del Comité de Solidaridad con los Presos políticos en Colombia, señala que las cárceles de mayor hacinamiento del país son: Rioacha con 362%, le sigue Santa Marta con 333,3% y la judicial de Valledupar con 286%. Lo anterior según cifras oficiales del Inpec a 31 de enero de 2020.
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