Gabriel Marrugo es un activista indígena colombiano. Vive en Valencia desde hace meses, apadrinado por las organizaciones que forman parte del Programa de Protección Integral de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, entre las cuales está la Intersindical Valenciana. Lucha para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del departamento del Chocó, en la costa del Pacífico. Un compromiso que puede pagarse con la vida.
Gabriel Marrugo nació hace 30 años en el seno de una familia mestiza. Su padre era de Barranquilla, donde se estableció la familia, mientras que su madre era del pueblo de los Embera Dóbida, que en su lengua significa ‘los que viven junto al río’. Una lengua que, a menudo, era motivo de discriminación. «No habléis ese idioma del diablo», les decían. A los 17 años, después de finalizar los estudios de Admistración de Empresas en la Universidad de Medellín, hizo el viaje inverso que había llevado a su madre a la ciudad. Gabriel volvió al departamento del Chocó, al municipio de Riosucio. «Quería descubrir los orígenes de mi familia, la manera en que vivían, el territorio…»
La primera impresión fue un auténtico shock. Gabriel encontró un territorio con muchas necesidades, abandonado a su suerte por los diferentes gobiernos locales y estatales. «Yo venía de la ciudad dónde para ser feliz tenías que tener un carro de último modelo, una casa grande y un celular. Allá no tenían de nada, pero, en cambio, sabían disfrutar de la vida.» Entonces, decidió quedarse para ayudarlos y, así, poder aplicar aquello que había aprendido en la universidad. Después de ganarse la confianza del consejo de sabios de la comunidad, entró en la Asociación de Cabildos Indígenas del Bajo Astrato, que lucha por los derechos de las 17 comunidades indígenas de la región.
La plata importa más que las personas
El departamento del Chocó es un territorio paradisíaco con multitud de recursos naturales.
Esto, lógicamente, atrae a multitud de empresas sedientas de beneficios que no muestran demasiados escrúpulos en la hora de talar ilegalmente la selva o de explotar los yacimientos de oro o de platino. Las poblaciones indígenas viven sometidas a grandes presiones y sufren las consecuencias de una explotación sin límites: les contaminan los ríos, les roban las tierras donde habían vivido durante miles de años… «A los gobiernos de turno no les importamos. Sólo los interesa la plata», asegura Marrugo cabizbajo.
Por este motivo, a pesar de las riquezas de la zona, la población vive en la más absoluta de las miserias. «La gente no tiene una vivienda digna. Tampoco tenemos ni red de agua potable, ni centro de salud. Y nuestro sistema educativo es el peor de Colombia.» La falta de oportunidades aboca a un alto porcentaje de la gente joven a unirse al narcotráfico. «El Chocó, por la abundancia de selvas y por la proximidad con Panamá, es la vía natural que emplean los narcos para transportar la droga a los EEUU.» Razón por la cual, la violencia es otro de los males endémicos de la zona.
El terror de las balas y la guerra sucia
La firma del proceso de paz con las FARC, a finales de 2016, abría el camino de la esperanza para las comunidades indígenas, las cuales habían sufrido en carne propia el conflicto armado entre la guerrilla, el ejército y los grupos paramilitares. Pero el sueño duró muy poco. Grupos armados vinculados al narcotráfico y a la guerra sucia contra las reivindicaciones indígenas llegaron para dominar el territorio. Pistolas, rifles de asalto y minas antipersona. Presiones para que se plante coca y balas para quienes levanten la cabeza. «30 de nuestros líderes estaban amenazados. Algunos jóvenes habían resultado heridos al pisar minas antipersona y otros habían muerto. En noviembre de 2018 dijimos basta.»
Llevaron la protesta en las calles de Bogotá. La capital de Colombia fue el escenario de esta movilización. 500 representantes del colectivo denunciaron ante el ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) la situación que sufrían en el Chocó. Se negoció durante 8 días con el gobierno y se firmaron unos acuerdos que incluían medidas de emergencia para proteger a los líderes indígenas. Acuerdos que, desgraciadamente, quedaron en papel mojado. Unos meses más tarde, Aquileo Mecheche, uno de los principales activistas indígenas del departamento, fue asesinado. «Aquileo estaba sentenciado. Pero decidió no esconderse y continuar trabajando para el pueblo. Si el gobierno no hace lo que le corresponde, nosotros estamos a merced de estos grupos armados.» El propio Marrugo habría sufrido la misma suerte que su amigo, si un grupo de compañeros indígenas no se hubiera interpuesto entre él y los dos sicarios que habían recibido la orden de asesinarlo.
‘Manos a la obra por la paz del departamento del Chocó’
Gabriel llegó a València a principios de año de la mano del Programa Valenciano de Protección Integral de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos. Un programa que, además de protegerlo, también tiene el objetivo de ayudarlo a sensibilizar a la población valenciana alrededor de la problemática que sufren las comunidades indígenas. «Tenemos una lengua, una cultura y un territorio. Solo pedimos poder vivir dignamente, como nuestros antepasados.» Por desgracia, el gobierno colombiano mira hacia otro lado. Y ahora, con la crisis del coronavirus, la situación en el Chocó se agrava. «Los grupos armados están aprovechando la COVID-19 para someternos todavía más.»
Por esta razón, Marrugo y sus compañeros han puesto en marcha la campaña ‘Manos a la obra por la paz del departamento del Chocó’. «Necesitamos la colaboración de todos para que lleguen productos de primera necesidad, de aseo personal y medicinas para las familias más vulnerables de nuestras comunidades.»
Gabriel volverá al Chocó en verano para continuar con la lucha. Dentro de la maleta seguro que se llevará gran parte del aprecio y de la solidaridad que ha sentido en el tiempo que ha convivido entre nosotros. «Aquí soy muy feliz, pero echo de menos la selva por donde camino, el río donde me baño y a mi gente. Mua quiranduaema hipade (No los olvidaré nunca).»
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