Juan Carlos Posada es un ingeniero industrial, tiene hoy 47 años, casado y con tres hijos, fue gerente de una empresa de petróleo, trabajó en el sector de la ganadería, también estuvo en el sector público en el Instituto de Desarrollo para Antioquia de donde tuvo que renunciar por amenazas, antes ya había realizado un emprendimiento en el sector de la chatarra proyecto que fracaso.
En el 2011, Juan Carlos compra la hacienda Santa Ana en el municipio de Cimitarra Santander, una propiedad de su familia y que adquiere a muy bajo precio tras una serie de dificultades y problemas que sus familiares y dueños de la propiedad estaban manifestando.
Adquiere la propiedad por 1.600 millones de pesos, paga 300 millones en efectivo otra parte en especie y para el resto realiza un crédito en diferentes entidades bancarias, todo con la esperanza que con el fruto del trabajo podría un día pagar la deuda y ser el propietario al 100% de estas tierras donde la ganadería y la siembra de maíz y yuca serian la fortaleza económica para salir adelante.
A finales del 2013 una compañía de petróleo lo visita en su hacienda con el propósito de realizar unas exploraciones sísmicas en sus tierras y así verificar si en ellas existe posibilidades de encontrar el hidrocarburo, esta maniobra le permitiría a Juan Carlos unos dividendos por permitir la realización de las exploraciones lo que a la vez le amortiguaría un poco las deudas que tenía. Las posibilidades de encontrar petróleo en sus tierras es muy alta pues la hacienda se encuentra cerca de múltiples regiones petroleras.
Cimitarra Santander ha sido controlada constantemente por el paramilitarismo, para la época se encontraba allí el grupo de Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón”quien se sometió a Justicia y Paz y quien también es uno de los pocos jefes paramilitares que no fue extraditado, se convirtió en el primer paramilitar en volver a prisión, tras entregarse a las autoridades para responder por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.
En el proceso que llevo ante Justicia y Paz, fue condenado por 395 hechos delictivos, entre ellos 16 relacionados con violencia de género, 70 por reclutamiento ilícito de menores, 95 por desplazamiento forzado, 116 por desaparición forzada y 53 homicidios. Uno de los hechos más atroces que le fueron atribuidos fue la masacre de 14 campesinos, registrada el 13 de abril de 1987.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/arnubio-triana-mahecha-alias-botalon-fue-capturado-73200
En mayo del 2014 en pleno ciclo de vacunación llegan a la hacienda Santa Ana un grupo de 14 hombres armados con fusiles y vestidos de traje militar acompañados de cuatro civiles quienes se identifican como Beatriz Eugenia Rentería, hija del narcotraficante Carlos Alberto Rentería, Luis Mauricio Gómez Hoyos, un señor de Pereira Risaralda, y quien era un reconocido negociante de ganado en Cimitarra, el esposo de Beatriz Rentería un ciudadano extranjero, y el abogado Julio Mauricio Rivera, estos retienen a Juan Carlos durante 35 días dentro de los cuales lo torturan y le obligan a firmar unos documentos donde cede la sociedad dueña de la Hacienda Santa Ana. El 20 de junio del 2014, Juan Carlos es dejado en libertad después de haberlo despojado de las tierras y el ganado.
Se conoció que la finca quedó a nombre de Alejandro Gómez Gálvez, un joven de 19 años y Luis Alfonso Castaño Rodríguez, un político militante del Centro Democrático del departamento de Risaralda. Un asunto que está en indagación por parte de las autoridades, “El día sábado, 9 de noviembre, Zuluaga y Uribe presiden concentraciones en plaza pública en los municipios de Belén de Umbría, a las 11:30 a.m.; en Viterbo –Caldas, a la 1:30 p.m.; en La Virginia, a las 3:30 p.m., y en Santa Rosa de Cabal, a las 6:00 de la tarde. Los anuncios fueron hechos este martes durante la presentación de la lista a la Cámara por Centro Democrático que será cerrada y encabezada por el empresario Alejandro Álvarez Ángel, y le siguen en su orden: el médico Javier Locano; el cafetero Luis Alfonso Castaño, y el empresario Carlos Ariel Jiménez Avellaneda”…] http://www.elblogdelministro.com/2013/10/espuelas_29.html
De paso señala que en el negocio de la hacienda le vendieron los derechos de exploración sísmica a una multinacional petrolera por cerca de 1.000 millones de pesos.
El 5 de julio de 2018 se informó de los hechos al delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González. En la respuesta a la comunicación conocida por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, el funcionario manifestó que su delegada trasladó por competencia el conocimiento del caso a la Dirección Seccional del Magdalena Medio, para que de manera inmediata se convoque a un comité técnico, jurídico de revisión para analizar el proceso y seguir investigando. En la misiva señaló González León que también informó a la Dirección de Protección de la Fiscalía y “este despacho exhortó a la Dirección Seccional del Magdalena Medio a otorgar respuesta”.
“El caso tiene varios ingredientes que parecía ser prioritario para la Fiscalía. Un asesinato, denuncias de desplazamiento, un negocio atractivo de ganado y cultivos, posibilidades de extraer petróleo, la supuesta relación del denominado último capo del cartel del Norte del Valle, su hija y un círculo de abogados así como un ejército privado, pero pasó algo que se considera insólito. La denuncia privada de uno de los investigadores del caso en el ente acusador quien manifestó su pesar por la investigación. al señalar que esta no tenía futuro porque no contaba con los recursos para desplazarse y hacer su trabajo de campo y muy difícil además porque no contaba con el apoyo de sus superiores” tomado de la agencia de periodismo investigativo.
Hoy, Juan Carlos sigue esperando respuestas de los entes de justicia en Colombia, también sigue escondido y escondiendo a su familia por temor a ser asesinado, no tiene empleo y las enfermedades causadas por el estrés y las secuelas de la tortura a la que fue sometido siguen deteriorando su vida, sigue batallándo en redes sociales en busca de ser escuchado, han pasado años desde los hechos, Carlos Alberto Rentería el señalado último narcotraficante del cartel del norte del valle está de regreso en Colombia luego de ser deportado de los Estados Unidos tras cumplir una condena de siete años por narcotráfico, nadie hasta este momento ha querido tocar el caso en el que al parecer él estaría detrás de todo esto, tampoco el Centro Democrático ha dado explicaciones del por qué uno de sus militantes y ex candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Risaralda, aparece como propietario de las tierras que la hija del señalado narcotraficante y los aparentes paramilitares le despojaron a Juan Carlos Posada y a su familia.
En este link podrán encontrar los documentos relacionados con la denuncia, todos aportados por el Señor Juan Carlos Posada. https://drive.google.com/open?id=1XZZWXBj1aMc4ioTCdj0Gto-f8SYnRJm6
Publicamos este articulo con el propósito de dar a conocer esta historia de despojo de tierras en las que existen las pruebas pero no obstante a ello las autoridades no hacen nada para que las investigaciones puedan avanzar.
Hacemos un llamado a los organismos de protección para que protejan la vida de Juan Carlos posada y la de su familia.
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