Padre del expresidente Álvaro Uribe era “un reconocido narcotraficante”. Libro “Los Jinetes de la Cocaína” informa sobre el narco-clan Uribe

Los Jinetes de la Cocaína, obra del periodista colombiano Fabio Castillo publicada por la Editorial “Documentos Periodísticos” en enero de 1987
En este libro se informa que Alberto Uribe Sierra, padre del narco-presidente Álvaro Uribe de Colombia, era “un reconocido traficante” de drogas. Uribe Sierra estuvo detenido y a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Pudo eludir a la justicia debido a la intervención de su amigo Jesús Aristizábal Guevara, Secretario de Gobierno de Medellín, quien logró obtener su libertad. A continuación, se transcribe el capítulo tercero del libro Los Jinetes de la Cocaína en el que se menciona al padre narco del exmandatario de Colombia.

LOS JINETES DE LA COCAÍNA

Fabio Castillo

Capítulo III

Nacen las familias

1. La Organización en el Valle del Cauca

En el Valle del Cauca, el colonizador del narcotráfico fue Benjamín Herrera Zuleta, llamado el “Papa Negro de la Cocaína”, un veterano traficante de drogas juzgado en 1974 por comercio de cocaína en Atlanta, Georgia, de donde logró huir al poco tiempo para radicarse en Cali. Allí conformó una red de distribución de la base de coca que introducía al país, para su posterior refinamiento y envío a los Estados Unidos.

Fue capturado en Cali en junio de 1975 con un gigantesco cargamento de cocaína, pero quedó en libertad en marzo del año siguiente. Se radicó entonces en Antioquia, donde ingresó a la organización de Martha María Upegui de Uribe. Abrió rutas para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, pero con base en el sur del continente, a partir de Argentina, país que reclama su extradición.
A. Los Chemas
Sus herederos fueron los integrantes de la Banda de Los Chemas, como se conocía hacia 1970 a la organización delictiva conformada por los hermanos Gilberto José (El Ajedrecista) y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, y José Santacruz Londoño (El Estudiante).
Los Chemas estuvieron comprometidos en por lo menos un secuestro, el de dos ciudadanos suizos, el diplomático Hermann Buff y el estudiante Werner José Straessie.
La actuación de los Rodríguez en la organización de secuestradores dirigida por Luis Fernando Tamayo García era la de simples ejecutores, pues la autoría la endilgaban a Tamayo.
Una noticia de la época (octubre 25 de 1969) así lo describía: “entre las capturas… figuran las de José Sabas Calderón Castro, alias ‘El Negro’, de quien se presume sea el jefe de ‘Los actuantes’, su mujer Celedonia Rodríguez de Calderón, y su yerno, José Rafael Ruiz Villarreal, Gilberto Rodríguez Orejuela, apodado ‘El Chema’, hombre de confianza de Calderón, Miguel Aguilar, administrador de las propiedades de éste, y Alberto Villegas Yepes, apodado ‘El Loco’”.

Mayor importancia daba la prensa de entonces a José Santacruz Londoño, “El Estudiante”, y a sus socios, Juan Nepomuceno Fernández Domínguez y Edelio Pastrana Montoya.

Cinco días más tarde, El Espectador traía la biografía de Santacruz: “Según la versión de su esposa, Santacruz, de 27 años y padre de una niña, cursó hasta el cuarto año de Ingeniería en la Universidad del Valle, hasta 1967. Últimamente había ingresado a la Universidad de Los Andes, de Bogotá. Vivían en esta capital en un edificio de apartamentos del barrio Quinta Paredes”. Y agregaba luego la noticia: “A Santacruz Londoño se le sindica de estar implicado también en los secuestros del universitario Carlos Eduardo Barón Fernández y del economista e industrial Joaquín Lozada, en hechos registrados en la capital de la República”.
También se reveló que Santacruz Londoño había adquirido recientemente en Bogotá tres taxis Zastava, por los cuales pagó la suma de $192.000 de contado.
La descripción de Rodríguez Orejuela, se hizo por sus vínculos con otro de los involucrados en el secuestro, Edelio Pastrana Montoya: “Hasta hace poco Pastrana Montoya vivió en la casa donde funcionó la droguería ‘Monserrate’ en la carrera 13 (de Bogotá), de propiedad de Gilberto Rodríguez Orejuela, alias ‘Chema’, individuo este que se encuentra detenido ya”.
El juez penal militar Jorge Quijano Bustamante les dictó auto de detención a todos los involucrados. No obstante, su suerte al parecer fue la absolución, pues el mismo Gilberto Rodríguez envió copia de su prontuario a El Espectador, donde no le figura antecedente distinto al de narcotráfico por el que sería luego absuelto en 1987.
Las conexiones de Los Chemas se remontan a Pasto, Nariño. En la comisión de otro secuestro, en esta ciudad, las autoridades llegaron a calificar a Gilberto Rodríguez de subversivo, con el alias de “El Chamizo”.
Quienes los conocieron en sus orígenes, afirman que los dos hermanos vivían en un barrio popular de Cali, Belalcázar, donde se hicieron respetar de grupos similares por su alto grado de peligrosidad personal.
En Pereira estuvieron comprometidos en un proceso penal por falsificación de dólares, y quienes tuvieron acceso al sumario, afirman que la juez fue sometida a amenazas que condujeron a la prescripción del proceso.

Los Rodríguez figuran como oriundos del municipio de Mariquita, Tolima.

No se ha podido determinar si tiene relevancia el hecho de que varios de los principales capos del narcotráfico tengan como origen común la ciudad de Cali. Evaristo Porras Ardila nació en el Caquetá pero su juventud la pasó en Cali. Jorge Luis Ochoa Vásquez, como los Rodríguez, también figura criado en esta ciudad.

Según las primeras noticias que se poseen, los hermanos Rodríguez Orejuela empezaron por transportar personalmente al Valle pequeñas cantidades de base de coca procedente del Perú. La combinación de esta actividad con los secuestros, bien pronto les generó recursos para la compra de una avioneta, a bordo de la cual transportaban grandes cantidades de base de coca, que refinaban en los laboratorios de Nariño, Cauca y Valle.

Un informe del 30 de septiembre de 1975, elaborado por el servicio de inteligencia de la Aduana, mencionaba ya a los hermanos Rodríguez: “Valle del Cauca. Composición: 58. Rodríguez Orejuela Gilberto. Narcotraficante. Dirección: Carrera 4a. No. 44E-27. Cali. 62. Rodríguez Miguel. Narcotraficante”. La lista se compone de 113 nombres.

En noviembre de 1975, Gilberto Rodríguez fue capturado con 180 kilos de pasta de coca en el Perú, a bordo de la avioneta de matrícula N271. Su propietario era Tulio Enrique Ayerbe, miembro de una tradicional familia del Valle del Cauca. Las iniciales de su nombre, TEA, sirvieron virtualmente para detectar toda la organización de transporte de cocaína y lavado de dólares del Cartel de Cali.

En una operación similar adelantada en el Perú, en marzo de 1976, se retuvo una aeronave con pasta de coca. Sus ocupantes dijeron trabajar para Víctor Crespo.

José Santacruz Londoño ha utilizado, indistintamente, los alias de Víctor Crespo, Chepe Santacruz (como es más conocido en el Valle), Antonio Velosa, Pedro Pomales, Ramón Palacios, José Ángel Ortiz y José Bolívar Valera. Gilberto Rodríguez Orejuela ha usado los de Fernando Gutiérrez (en realidad no es un alias, sino el nombre del principal testaferro en la mayoría de sus negocios, Fernando Gutiérrez Cancino), Roberto Matarraz y Gilberto González Linares.

Como harían luego los miembros del Clan Ochoa en Medellín, Gilberto Rodríguez, el cerebro de la organización, encargó primero a su compañero de infancia, Hernando Giraldo Soto, la apertura de contactos en los Estados Unidos.

Sólo en el período marzo-octubre de 1978 se asegura que ejecutó operaciones de tráfico de cocaína por valor de US$26 millones.

En julio de 1979 se practicó un allanamiento a un apartamento de Queens, en Nueva York, donde se hallaron 15.857 gramos de cocaína, 1.276 gramos de base de coca y más de 40 armas (incluyendo ametralladoras, pistolas automáticas, revólveres, silenciadores, y un manual de demolición).

Pero más importante aún, un sello de la TEA Manufacturing Co. (la empresa de fachada), depósitos en la cuenta de la sociedad Sandra Ana S. A. (inscrita en Panamá, y que solo era un apartado postal para recibir extractos bancarios). Como único socio figuraba José Santacruz Londoño. Allí se encontraron recibos de consignación del mismo Santacruz en el Manufacturer Hannover Trust; de Gilberto Rodríguez en el Chase Manhattan Bank (US$26.000 en un período de cuatro días en junio de 1979); de Miguel Rodríguez Orejuela en el mismo banco, por US$8.000 en ese mes.

Otros recibos eran órdenes de pago por un total de US$12.500, a favor de Gilberto Rodríguez; US$9.090 pagaderos a su hermano Miguel; US$6.000 para “A. Rosa” (Tulio Enrique Ayerbe) y un giro por US$2.000, a favor de su hijo, Fernando Rodríguez Mondragón.

Durante tres años, Giraldo Soto había conformado una importante red de distribución de cocaína en Nueva York, que iba ampliando con ritmo inusitado hasta cuando fue detectado por el grupo de trabajo creado para perseguir la organización, denominado Centac-4

Rodríguez Orejuela lo relevó entonces por su socio de siempre, José Santacruz Londoño, quien ya solo necesitaba colocar grandes cantidades de cocaína, que transaba en los hoteles a donde llegaba.

Todos los contactos estaban en marcha. Por esta época, Gilberto Rodríguez era propietario, con Jorge Luis Ochoa, de un banco en Panamá, el First Interamericas Bank, hacia el cual canalizaban buena parte de las ganancias obtenidas en los Estados Unidos, introducían a Colombia importantes cantidades de dinero con las filiales de los bancos colombianos en ese mismo país como sucedió en varias ocasiones con el Banco Cafetero, y más de 30 empresas productivas reciclaban el dinero hasta borrar cualquier mancha que pesara sobre ellos.

No obstante, la aparente desgracia para el Cartel de Cali llegó cuando fue detenido en Nueva York uno de sus principales cuadros en el lavado de dólares, el japonés Ishido Kawai, dueño en Colombia de las joyerías del mismo nombre, a quien le encontraron en su poder un maletín con casi tres millones de dólares en efectivo.

Aparentemente Kawai, quien todavía se encuentra preso en Nueva York, dio algunas pistas sobre la estructura de la organización, pues a los pocos días fue allanada una finca en Alabama, el Bar J. Ranch, adquirida por Rodríguez Orejuela, donde habían construido una pista de aterrizaje para las avionetas que transportaban la cocaína.

A Santacruz Londoño no le fue muy bien pese a todo, pues estuvo a punto de ser capturado.

A partir de unas tarjetas de presentación en las que se leía “Jaime Carvajal. Intercontinental Investment Enterprises Inc.” , se llegó a una fábrica de puertas de madera que traía tablones de Colombia, vía Buenaventura. Figuraba como importadora la sociedad The Atlantic Lumber Co., que había alquilado una bodega en Baltimore, Maryland.

Cada tablón medía algo más de tres metros de largo, y 10 centímetros de grueso. En su interior se hallaron bolsas con 2.25 kilos de cocaína cada una.

The Atlantic Lumber figuraba a nombre de Jorge Suárez y Miguel Barbosa, quienes resultaron ser Santacruz Londoño y José Patiño, considerado entonces el mayor distribuidor de cocaína en Nueva York.

El hilo de la madeja condujo a Daniel Ocampo, capturado a finales de enero de 1980 con US$300.000 en efectivo. Los documentos, que se le hallaron permitieron concluir que sus operaciones con cocaína ascendían a US$2 millones mensuales. También pusieron al descubierto a otros dos colombianos comprometidos en la organización, Luis Ibargüen y Manuel Vásquez.

Santacruz Londoño regresó a Cali, y debió salir el propio Gilberto Rodríguez hacia Estados Unidos, para controlar su red de distribución.

En Colombia quedó toda la organización en manos de su hermano, Miguel Ángel, quien para entonces adelantaba una amplia labor de penetración en las altas capas sociales del país. Para lo cual contaba con un aliado insuperable, el periodista Alberto Giraldo, quien es su relacionista público, con personajes de la empresa privada y altos funcionarios del Estado.

En enero de 1980 se dispuso la intercepción del teléfono de Daniel Ocampo. Esta operación detectó, hacia finales del mes, numerosas comunicaciones con el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York.

Al buscar en el registro del hotel se encontró que un Fernando Gutiérrez había alquilado dos habitaciones contiguas. El día en que fue capturado Ocampo, las habitaciones fueron canceladas.

Pero Gutiérrez había cometido un grave error, dejó registrada su dirección en la Florida, el Número 1 de Grove Island. La telefónica de Nueva York poseía el registro de una llamada hecha por Tulio Enrique Ayerbe, desde su apartamento en Brooklyn a esa misma residencia.

El administrador del edificio de Grove Island identificó, por una fotografía a José Santacruz como asiduo visitante de Fernando Gutiérrez.

Frente a una nueva fotografía, el administrador dijo que Gutiérrez era el mismo Gilberto Rodríguez Orejuela. Corría entonces febrero de 1980.

El teléfono de Rodríguez fue interceptado, y se identificaron llamadas a la Intercontinental, y una nueva sociedad, J.M. Enterprises, que figuraba a nombre de Jaime Muñera.

Entre tanto, se había localizado un nuevo apartamento de Tulio Enrique Ayerbe, en Hallendale, Florida. Figuraba a nombre de Lorgio Zambrano.

Su seguimiento permitió la incautación de 125.188 gramos de cocaína, y el descubrimiento de un nuevo contacto: Diego Marulanda.

En el allanamiento al apartamento se encontraron registros de transacciones de cocaína por 490 kilos, distribuidos en Nueva York, Los Angeles y Miami. Ayerbe fue condenado a 12 años de prisión. Marulanda, Muñera y Gilberto Rodríguez alcanzaron a abandonar los Estados Unidos, cuando el autor de una paciente investigación de más de tres años, William Mockier, había logrado que ordenaran su detención.

Todos los capos de Cali habían logrado ser identificados pero, evidentemente, su Cartel no destruido.

No obstante tener su propia organización interna, los miembros del Cartel de Cali utilizaban una casa de cambio para el lavado de dólares de propiedad de Oscar Cuevas.

Cuevas, condenado el 13 de septiembre de 1986 por el lavado de US$25 millones, se encargaba desde transportarlos en Estados Unidos y llevarlos a cuentas abiertas previamente en Suiza y Gran Bretaña, dos países hacia donde los narcotraficantes colombianos desvían últimamente los porcentajes más elevados de sus ganancias. La “lavandería” de Cuevas se descubrió cuando un empleado suyo fue detenido en el aeropuerto de Nueva York con un maletín en cuyo interior se encontraron US$543.000 en efectivo, poco antes de abordar un avión con destino a Zurich.

En el Valle del Cauca operan en torno al narcotráfico muchas personas de apellidos prestigiosos, que nunca han sido tocadas por los investigadores. El coronel Jaime Ramírez Gómez, comandante de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, manifestó, en una declaración rendida el 6 de septiembre de 1984 en la Procuraduría General de la Nación, que en el Valle del Cauca la mafia había penetrado los principales estamentos sociales, hasta hacerse virtualmente invencible:

“A través de mi trabajo en el control de drogas, he podido notar que en el Valle hay grandes traficantes que no han sido tocados en las investigaciones y demás acciones que se han llevado a cabo en otras regiones del país”.

“Podemos decir que allí no se ha atacado a la mafia. Las circunstancias que rodean el tráfico de drogas dentro de esa región del país ha sido pura especulación, aunque tenemos anónimos e informaciones que hacen ver que el problema es bastante delicado”.

“Allí participan (en el tráfico de narcóticos) muchos elementos vinculados al gobierno, a los partidos políticos, a la Policía y al Ejército, así como a la sociedad del Valle”.

“Digamos −agregaba Ramírez Gómez−, que no ha habido decisión para emprender una gran campaña contra esas organizaciones que operan en el Valle del Cauca, tal vez por falta de medios o de tener gente líder en esa zona del país, que afronte las consecuencias de una campaña de esta naturaleza”.

Y abundaba luego en argumentos el coronel: “Cito como caso especial el departamento de Antioquia, donde nadie ha tomado la decisión de atacar este problema. Lo mismo sucede en el Valle. La colectividad se acostumbró a convivir con estas mafias, ya que reciben innumerables beneficios (de ellas)”.

La declaración la rindió el coronel Ramírez en una investigación disciplinaria contra el coronel Gustavo González Puerto, a raíz de la “desaparición” de varios kilos de cocaína que habían sido incautados a Héctor Roldán y varios guardaespaldas suyos. La queja la había formulado el coronel Johnny Rafael Barbosa Oloscohaga, a quien acababan de destituir de la Policía del Valle.

Barbosa se fundamentaba para sus cargos contra González Puerto en una grabación en la que supuestamente se hablaba de narcotráfico. La investigación fue archivada en Bogotá.

Nombres como los de Tulio Enrique Ayerbe, los hermanos Mario y Luis E. Otoya Tobón, Linda Gómez Otoya, Hugo Hernán Valencia, cuya historia aparece en la novela El Divino del escritor caleño Alvarez Gardeazábal, los congresistas Hernando Suárez Burgos, Samuel Alberto Escrucería Delgado y su hijo Samuel Escrucería Manzi, que operan desde Pasto.

José López Chacón, Edmer Tamayo, los Culzart, Carlos Alberto Mejía, José Cervantes V., Jesús Aníbal Zapata, Rigoberto Correa, José Fernando Bernal, la familia Salazar Grajales (varios de ellos ya asesinados) y Carlos Tulio Gómez G.. son muchos de los nombres vinculados con el tráfico de cocaína en el Valle, y que apenas si figuran en la memoria de los investigadores.

Desde finales de 1986 se han empezado a mencionar personas como Tulio Mario Echeverry Uribe, quien era el propietario de un cargamento de 3.000 kilos de cocaína incautado por las autoridades venezolanas, cuando se embarcaba en el buque Mar Lago 1, el 14 de Noviembre de 1986. Su socio sería otro colombiano, Carlos Alcántara, de quien no se posee información. La empresa que utilizan como fachada es Ratan International, de Cali.

Dos meses antes, había caído en Tegucigalpa la avioneta HK3194-W, en cuyo interior se encontraron 1.000 kilos de cocaína. Se señaló como su propietario a Francisco Alfonso Rubiano Orejuela. La aeronave estaba matriculada en Cali a nombre de la sociedad Rubiano Pinzón y Cía.

El 31 de diciembre del mismo año fueron capturados en México, con una avioneta en la que se encontraron 600 kilos de cocaína, los colombianos Leónidas Gómez, Gabriel Vélez, Alberto Bedoya y Gabriel Alvarez. La investigación por este cargamento prosigue, y se afirma que a su conclusión quedará descubierta una “lavandería” de dólares a partir de Cali, que involucra incluso a un banco oficial.

Se trata indudablemente del Cartel de la cocaína con más expansión, pues de manera paulatina vinculan a personas en capacidad de generarles un amplio espectro social de solidaridad, a través del nombramiento de testaferros para la gerencia de sus empresas legales.

La circunstancia de poseer el Cartel una amplia red de control sobre insumos para refinar la cocaína, lo convierte en uno de los más poderosos y autosuficientes. Se ampara en el tradicional leguleyismo colombiano con el fin de obtener incluso la asignación de cuotas para la importación de insumos de la cocaína.

También es el negocio de narcotraficantes menores, como los hermanos Femando, Harold y Henry González Ramos.

2. La Organización en Antioquia

De quien primero se poseen datos por tráfico de cocaína en Medellín es El Padrino Alfredo Gómez López, mote dado por él mismo, quien debió huir a Cartagena luego que un desprevenido agente de la Aduana de Medellín le incautó un circuito cerrado de televisión de contrabando.

Hasta ese momento, el negocio lo manejaba él con su propia organización, conformada en Antioquia por Jesús Emilio Escobar Hernández y Fabio Restrepo Ochoa, familiar del Clan Ochoa.

Esta organización de narcotraficantes operaba en llave con los contrabandistas de esmeraldas de Boyacá, cuyo asiento normal es Bogotá Un hedió que prueba esta afirmación lo constituye la forma como se desarrollo la “cumbre” de la mafia del narcotráfico en esta ciudad, que se llevó a cabo en febrero de l y 7, para trazar una estrategia frente al desmantelamiento que habían logrado las autoridades norteamericanas de su red de distribución en ese país.

La Policía Nacional sólo tuvo conocimiento de la reunión cuando concluía. Se destacó el aeropuerto Eldorado de Bogotá un pelotón al mando de un valiente capitán (hoy con grado de mayor, cuyo nombre mantenemos en reserva). Cuando llegó la Policía, el avión iba a empezar a carretear. Para cubrirles la huida, el anfitrión de la reunión, José Ignacio Aguirre Ardila (El Coronel), se trenzó en una balacera con la autoridad. Murió su guardaespaldas y resultó herido el comandante del operativo. Aguirre fue capturado.

El avión se hizo regresar a Bogotá cuando ya estaba cerca de Medellín, y fueron capturados en su interior los capos Escobar Hernández y Restrepo Ochoa.

Cuando los detenidos eran llevados a la cárcel, la patrulla fue atacada, para tratar de rescatarlos. Pese a la gran exhibición de armas, la Policía controló pronto a los atacantes. El grupo de choque era comandado por los tres hermanos Murcia Fajardo el mayor de los cuales, Héctor, era uno de los hombres más importantes en el contrabando de esmeraldas. Héctor Murcia sería luego asesinado en Miami, durante una de las usuales vendettas entre los esmeralderos.

Un mes después, el 3 de marzo de 1976, los tres capos del narcotráfico y Murcia Fajardo quedaron en libertad.

El Padrino Gómez López debió huir en ese momento, y de manera soterrada primero y luego franca, se inició una lucha por el control de la red.

La destrucción del primer Cartel de narcotraficantes de Medellín se inició en enero de 1976, con la captura y enjuiciamiento en Nueva York de sus principales contactos.

El juez John Cannella condenó a Francisco Adriano Armedo Sarmiento, Edgar Restrepo Botero, León Vélez y los hermanos Libardo y Carmen Gil, quienes trabajaban para esta organización, que las autoridades norteamericanas creían dirigida por Griselda Blanco y los hermanos Carlos y Alberto Bravo. El 15 de junio de 1977 fue asesinado en Nueva York Luis Carlos Gaviria Ochoa, el esposo de Martha Ligia Cardona, quien, como Griselda Blanco, tenía en realidad como función crear los mecanismos para lavar los dólares obtenidos en el tráfico de narcóticos en la red de Gómez López y Jaime Cardona Vargas.

El 14 de octubre de 1977 fue capturado en Cáceres, corregimiento del municipio de Caucasia, a dos horas de Medellín, Jaime Cardona, quien era el segundo hombre en la organización de Medellín. En la finca donde se practicó el allanamiento fueron incautados 530 kilos de cocaína, que acababan de llegar a bordo de una avioneta procedente de San José del Guaviare.

El realinderamiento de fuerzas que se empezaba a producir dentro de la mafia debió despertar sospechas en las autoridades, que poco dejaron trascender a la prensa. Se empezó por asesinar a quienes manejaban las cuentas en dólares en las casas de cambio de Medellín. Fueron múltiples los asesinatos de los lugartenientes, como mecanismo para disuadir a quienes ejercían cargos cercanos a Alfredo Gómez López.

A. Escobar, o el Sino de la Violencia

Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien para entonces era un gatillero, como denominan a los sicarios de la mafia, dio muestras de ser implacable en la lucha por el poder.

La vida de Pablo Escobar, anterior a su ingreso a los círculos de la mafia, había estado vinculada con los bajos fondos delincuenciales antioqueños.

Escobar (quien ha usado alternativamente como sus nombres los de Pablo Carrilla, Emilio Gaviria y Pablito) inició su autobiografía en una indagatoria: “Mi nombre completo es Pablo E. Escobar G., natural de Rionegro, Ant. Hijo de Abel y Herminda, de 26 años de edad (en 1976), estado civil casado, de profesión negociante, residente y cedulado en Envigado, actualmente comerciante en el ramo de comisiones en venta de vehículos particulares; siempre he trabajado independientemente en el ramo de las comisiones de negocios y me he dedicado a la ganadería y agricultura en general, en una finca de mi papá en Rionegro. Pueden testificar de mi conducta Humberto Vargas, quien trabaja en la Gobernación, y Federico Montoya. Poseo un capital de $180.000 a $200000, representados en vehículos, unas 10 vacas y sembrados agrícolas. Yo vendía en Turbo artículos de marmolería y lápidas. Mis ingresos son más o menos $8.000 mensuales”.

Su historia en los anales judiciales es distinta. Se remonta a los primeros años de la década de los 70s, su despegue como narcotraficante. Entonces participó en el secuestro de un conocido industrial, Diego Echavarría Misas. Con este secuestro Escobar ganó dos millones de pesos, pero perdió a uno de sus familiares, en un enfrentamiento con el grupo CAES, creado por el gobierno para frenar la ola de secuestros que se registraba ya en ese momento con características de industria.

Parte del producto del secuestro Escobar lo invirtió en pequeñas compras de cocaína.

En una investigación de la Aduana sobre el contrabando en 1975, ya figuraba su nombre: “9. Escobar Gaviria, Pablo Emilio. Narcotraficante”.

Pero no había dejado su primera actividad: la de “jalador” de carros.

Sus vecinos de barrio en Envigado, lo recuerdan por ser muy organizado, poco despilfarrador y casi nada ostentoso, cualidades de las que carecían sus socios.

El primer problema con la justicia lo tuvo Pablo Escobar el 5 de septiembre de 1974, a raíz de la denuncia formulada por el abogado Guillermo García Salazar, a quien le robaron un vehículo Renault 4, modelo 73, de placas LK8028.

La historia corresponde a un acto de absoluta torpeza para cualquier delincuente: el 9 de septiembre del 74, León Javier Duque Giraldo dejó frente a la residencia de unos amigos su carro Renault 12 color naranja, de placas LX0273. Conscientes de que ese tipo de automóvil es preferido de los jaladores por la facilidad como puede ser cambiada la placa de identificación del motor, tenían una estrecha vigilancia desde la ventana del segundo piso de la residencia donde se encontraban departiendo.

Como un Renault 4 rojo, de placas LW8344, en cuyo vidrio posterior se leía en una calcomanía “soy federalista y que” pasara en repetidas ocasiones frente a su carro, suspicaces y desconfiados como han sido siempre los paisas, decidieron anotar el número de sus placas.

Cuando el R4 rojo volvió a pasar, uno de los ocupantes se bajó y, sin el menor problema, abrió la puerta del R12, lo prendió casi de inmediato y los dos vehículos partieron a toda velocidad.

Duque Giraldo formuló la denuncia, advirtiendo sobre la presencia del R4 rojo, con el número de las placas. A los dos días, este carro fue interceptado por una patrulla de la policía. Lo conducía Pablo Escobar Gaviria, quien alegó que se lo había prestado un amigo. Francisco Hugo Pizano Jiménez, quien lo había rematado como chatarra en la subasta de una compañía de seguros.

Al ser llamado a declarar, Pizano Jiménez explicó que él sencillamente sirvió de intermediario en el remate, pues Escobar Gaviria no solo le había dado el dinero para adquirirlo, sino que, además, el mismo Escobar contrató una grúa para llevarlo hasta un taller a reparar.

Al ser sometidos a careo Pablo Escobar y Pizano Jiménez, se dedujo claramente la intención de coartada del primero y la absoluta buena fe del segundo. En una revisión técnica hecha a continuación, se comprobó que el R4 rojo en que viajaba Pablo Escobar era el mismo que había sido robado al abogado García Salazar. Es decir, que la compra del vehículo rematado se hizo sólo con el objeto de obtener sus placas para colocárselas al robado.

Al propietario del taller a donde fue llevado el R-4 del remate, José Dolores Gaicano Cadavid, se le vinculó también a la investigación. Pero en su indagatoria explicó que su única relación con Pablo Escobar consistía en que él le llevaba vehículos para reparación, como había sucedido con el R-4 rojo.

También fueron sometidos a careo Galeano Cadavid y Escobar Gaviria. El primero se mantuvo en lo dicho, mientras que el segundo incurrió en notorias contradicciones.

Como los dos testimonios comprometían seriamente a Escobar, éste optó por una solución que muestra su alta peligrosidad. José Dolores Galeano Cadavid, el propietario del taller, apareció muerto el 30 de mayo de 1976 por “laceración encefálica de arma de fuego”, lo que, traducido al buen romance, quiere decir que le pegaron un tiro en la cabeza.

En la misma fecha, pero en un sitio distinto, se encontró el cadáver de Francisco Hugo Pizano Jiménez, el testaferro del remate. La necropsia reveló “destrucción cerebral-fractura de cráneo”, o sea que fue asesinado de un golpe contundente en la cabeza.

Acababan de desaparecer los testigos de cargos contra el jalador de carros. No obstante la cantidad de pruebas en su contra, Pablo Escobar recuperó la libertad, previa consignación de una fianza de $1.500. El Juzgado 20 Penal del Circuito profirió el 25 de febrero de 1977 un auto de sobreseimiento temporal en su favor.

Pese a las características de los delitos, la investigación penal sólo comenzó seis meses después de cometidos.

Aún más: como se trataba de un mismo sindicado por dos robos diferentes (un R-4 y un R-12), que investigaban dos juzgados distintos, durante más de dos años un juez remitía al otro el proceso con la esperanza de su prescripción, la cual finalmente se logró gracias a la punible actuación de los dos jueces. Conducta que no se investigó, como tampoco se hizo con el asesinato de los testigos.

El proceso por el robo de los carros permaneció archivado por años en los anaqueles del juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín.

Como en 1983 el equipo investigativo de El Espectador revelara los antecedentes de Escobar Gaviria en un caso de narcotráfico que se relata a continuación, el 11 de junio de 1983 cinco hombres fuertemente armados llegaron en la madrugada al Palacio Nacional, un vetusto edificio situado al sur de Medellín, donde funcionan los juzgados. Maniataron al vigilante Luis Enrique Álzate Vargas, un anciano de 56 años, se dirigieron a la oficina 114, donde se encontraban los archivos del Juzgado 20 Penal del Circuito, abrieron las gavetas de los archivadores, las rociaron con gasolina, y les prendieron fuego. Casi sobra decir que este hecho tampoco se investigó.

Pablo Escobar fue vinculado a un nuevo proceso penal dos años después del robo de carros. En junio de 1976, cuando ya era gatillero de la mafia, Escobar fue capturado en Itagüi, municipio cercano a Medellín, en compañía de su primo, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero (Piñata), James Maya Espinoza, Hernando de Jesús García Bolívar, Mario Henao Vallejo (su cuñado) y Marco Alonso Hurtado Jaramillo, En su poder se encontraron 18 bolsas de polietileno que contenían 39 kilos de cocaína de alta pureza, US$5,000 y $50.000, en efectivo. Y les retuvieron tres vehículos.

La historia se inició dos meses antes, cuando el director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de Antioquia, Carlos Gustavo Monroy Arenas, recibió informes de que se estaba montando una gran organización de narcotraficantes en Medellín, que era controlada por Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. Según la versión, los dos narcotraficantes recibían la cocaína en Tulcán, Ecuador, la introducían en un camión que aparentaba transportar llantas y la entregaban en Medellín a Pablo Escobar, quien se encargaba de hacerla llegar a Estados Unidos.

Monroy Arenas un veterano oficial del Ejército decidido a limpiar su jurisdicción dispuso un sencillo operativo. Envió a dos de sus agentes en un vehículo similar, que también debía partir de Pasto −la capital colombiana más próxima al Ecuador− con la misión de hacerse amigos de los conductores del camión en que se transportaba la cocaína, para obtener la mayor cantidad de información posible y buscar, ante todo, que la captura no se produjera antes de que aparecieran sus jefes.

La misión se estaba cumpliendo de acuerdo a lo planeado. Los camiones viajaron encaravanados desde Cali hasta Itagüi. Allí, uno de los agentes encubiertos llamo a Monroy Arenas le advirtió sobre la pérdida del contacto, pues luego del desayuno que tomaban en ese momento, los conductores de la cocaína habían anunciado su decisión de despedirse.

Monroy Arenas envió una nueva patrulla de agentes con la consigna de dejarse sobornar, como última carta para salvar el operativo. La patrulla llegó a la cafetería de Itagüi y amenazó con detenerlos.

Los dos conductores. James Maya Espinoza y Hernando de Jesús García Bolívar, ofrecieron a la patrulla un arreglo, si los dejaban hacer una llamada. Pedían a cambio no ser detenidos, y que no les incautaran los 39 kilos de cocaína, camuflados en la llanta de repuesto del camión.

Maya Espinoza hizo varias llamadas y a los 15 minutos aparecieron Pablo Escobar, su primo Gustavo de Jesús Gaviria y dos guardaespaldas. Llevaban en su poder US$5.000 y $50.000 en efectivo, que entregaron a los agentes de seguridad como anticipo de lo que recibirían si dejaban pasar la cocaína y en libertad a los conductores.

En ese momento se presentó Monroy Arenas con más agentes del DAS, y los capturaron por tráfico de cocaína e intento de soborno. Como el país se encontraba bajo estado de sitio y el conocimiento del delito de narcotráfico había sido asignado a la justicia penal militar, Escobar Gavina, Piñata y los otros cuatro capturados fueron puestos a órdenes de un juez militar.

Escobar fue reseñado, detenido y remitido a la cárcel de Medellín. A los pocos días, para suerte de los narcotraficantes, fue levantado el estado de sitio y los sindicados pasaron a la justicia ordinaria.

Pero empezó un calvario para la juez, a cuyo cargo quedó la investigación, por las características violentas de Escobar. Los dos detectives que participaron en el operativo desde el principio, Gildardo Hernández Patiño y Luis Fernando Vasco, fueron asesinados. La juez fue amenazada en múltiples ocasiones, e incluso su auxiliar recibió la información de que en una cafetería se estaba planeando la forma de asesinarla. Oportunamente fue descubierto otro complot para asesinar al director del DAS, Monroy Arenas.

Como el tráfico de narcóticos se iniciaba en Pasto, el apoderado de Escobar Gaviria planteó una colisión de competencias para que fuera un juez de esa ciudad el que conociera del sumario, y no la juez de Itagüi, que ya había dictado auto de detención en su contra.

La colisión de competencias llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero entre tanto el proceso fue remitido a Pasto, donde el juez Fraco Guido Caicedo Jurado, les revocó la detención a Pablo Escobar y a su primo Gustavo Gavina, y ordenó devolver los vehículos incautados durante la operación.

Cuando la Corte ordenó que la investigación prosiguiera en Medellín, ya los dos capos habían quedado en libertad, y nunca más fueron detenidos.

Escobar Gaviria, al igual que su primo, fue sobreseído temporalmente. La investigación fue reabierta. En este estado la conoció el equipo investigativo de El Espectador, cuando su director, don Guillermo Cano, curioseando en el archivo del periódico, encontró la foto de Escobar Gaviria con el respectivo “escapulario” de la reseña del DAS. La información fue hecha pública a las pocas semanas de transmitido un magnífico programa de la cadena norteamericana de televisión ABC donde se revelaron los negocios de narcotráfico de Escobar, quien para entonces ostentaba el cargo de representante a la Cámara por Antioquia, como suplente de Jairo Ortega Ramírez. Los dos estaban vinculados al Movimiento de Renovación Liberal, que dirigía el precandidato presidencial, senador Alberto Santofimio Botero.

La revelación del proceso por tráfico de cocaína acabó con los argumentos de Escobar quien un día antes de que se transmitiera el programa de la ABC, en declaraciones para una cadena radial de Bogotá había anunciado una millonaria demanda contra la cadena de televisión de Estados Unidos, por vincularlo con la mafia.

Al enterarse de los hechos revelados por El Espectador −cuya edición fue comprada en los puestos de venta de Medellín a precios hasta de $1.000−, el juez 11 Superior de la capital antioqueña, Gustavo Zuluaga Serna, dictó auto de detención contra Pablo Escobar y Gustavo Gaviria, como autores intelectuales del homicidio de los dos detectives.

Al día siguiente, cuando la esposa del juez viajaba en el vehículo familiar fue interceptada por un carro de donde se apearon cuatro sujetos armados. La encañonaron, la hicieron bajar de su R4 y echaron a rodar el vehículo por un abismo: “la próxima vez no la dejaremos bajar”, le advirtieron los pistoleros.

El juez Gustavo Zuluaga fue promocionado pocos meses después al cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en un reconocimiento que le hizo la Corte Suprema de Justicia a su independencia y honestidad. El magistrado Zuluaga Sema fue acribillado a las pocas semanas, cuando se desplazaba en su carro particular.

En ese momento, Escobar Gaviria era todo un personaje en Medellín. Sus campañas cívicas habían generado que se le calificara en la revista Semana como el Robin Hood paisa desconociendo su tenebroso prontuario.

En estas actividades cívicas. Escobar contaba con la bendición activa de dos sacerdotes, Elías Lopera Cárdenas y Hernán Cuartas, quienes pronunciaban encendidas homilías en defensa de las campañas de Escobar Gaviria. Durante la época electoral, enormes vallas se colocaron en las calles de Medellín: Jairo Ortega y Pablo Escobar, Renovación Liberal. Y debajo se leían los nombres de los dos sacerdotes. Pese a que en el periódico del narcotraficante se publicaban las fotos de Lopera y Cuartas, el Arzobispo de Medellín, monseñor Alfonso López Trujillo, nunca se opuso a su práctica. No procedió igual, en cambio, cuando el sacerdote Sigifredo López celebró una misa el día del aniversario del cura guerrillero Camilo Torres. El claretiano fue suspendido por López Trujillo.

Vecinos de Pablo Escobar en su barrio de adolescente, La Paz, donde siempre ha vivido y de donde fue concejal, aseguran que Escobar llegó a acumular, desde 1977, una considerable fortuna, representada en casas y terrenos.

Se asegura también que en Estados Unidos es propietario de unos 200 apartamentos en Florida, una línea aérea y un hotel en Venezuela, una línea aérea en Bogotá, y del motel El Bosque (uno de los más caros esparcimientos de fin de jornada laboral en Medellín, con circuito de cine rojo, jacuzzis, saunas, unas 200 habitaciones y todo tipo de servicios adicionales).

La Hacienda Nápoles, donde funciona su zoológico particular cuya utilidad será descrita luego, llegó a tener una nómina de 843 empleados. A su amiga pública, una animadora de televisión, Vallejo, le regaló un estudio de televisión para que filmara sus programas sin necesidad de salir de casa, y una fábrica de medias femeninas.

Pese a que se presuma, no sobra aclarar que los cuatro procesos penales contra Pablo Escobar fueron archivados por prescripción.

B. El Clan Ochoa

En momentos en que Escobar Gaviria libraba su batalla por consolidar un poder dentro de la mafia, en 1976, luego de la caída de los dos primeros capos de Medellín, el familiar de los Ochoa, Fabio Restrepo Ochoa, estuvo a punto de ser capturado en el aeropuerto de Bogotá, en episodio relatado al principio de este capítulo.

Restrepo Ochoa logró la libertad con alguna argucia jurídica un mes más tarde, pero llegó a Medellín para ser destronado. literalmente hablando, a manos de su pariente Jorge luis Ochoa Vásquez.

El Clan de los Ochoa había empezado a estructurar su propio negocio desde un principio. Conformado por el viejo Fabio Ochoa Restrepo, y sus hijos Jorge Luis, Juan David, Fabio, Cristina María. Angela María y Martha Nieves Ochoa Vásquez, el Clan pergeñaba lo que sabían era una importante fuente de ingresos fáciles.

Jorge Luis tras la caída de su pariente , el más osado de todos, asumió el liderazgo, y dispuso la estrategia: empezar a colonizar los mercados de la cocaína en Estados Unidos.

¿Era una organización fuerte entonces? Aparentemente no, pues estaría conformada por la misma familia. Prueba de ello, es que Ángel María Ochoa Vásquez fue arrestada en Miami el

12 de octubre de 1977 en posesión de kilo y medio de cocaína, que transportaba oculto en su sostén.

El viejo Ochoa era ya conocido en Antioquia por su afición a los caballos de paso, hobby que no se podía pagar con el producto de una pequeña finca que poseía en Antioquia, La Loma, Aún conserva este nombre para su criadero, que anuncia en el directorio telefónico con una foto donde el mismo aparece montado en un caballo.

Su hijo, Jorge Luis, vivía hasta entonces de transacciones menores sobre vehículos usados. Son muchos los paisas que alegan haberle vendido carros populares como un Simca o un Renault 4, a este Ochoa que luego se convertiría en uno de los hombres más ricos, pero también más peligrosos, no solo del país sino del mundo.

En un período que se localiza entre el 24 de agosto y el 24 de noviembre de 1978, Jorge Ochoa ordenó a su hermano Fabio que se trasladara a Miami, donde debía iniciar los contactos para la distribución de la droga. Su enlace sería desde de ese momento Rafael Cardona Salazar quien, pese a ser colombiano, no posee registros en el país.

Alquilaron un apartamento en el distrito sur de la Florida, situado en el 9320 S.W. de la 16th Street.

Desde su residencia, Ochoa y Cardona distribuyeron 101 kilogramos de cocaína, según registros de la UFA.

Por problemas surgidos con ese cargamento, Cardona Salazar está acusado de haber asesinado, el 25 de diciembre de 1978, a Antonio Arles Vargas (El Chino) en el Condado de Dade, Florida.

Jolin Doe el estadounidense que llegaría ser el contador del Cartel, en compañía de Jorge Ochoa montó también su propia red de distribución de cocaína en el mismo Condado.

Los dueños del negocio en realidad los negocios, porque cada uno actuaba por separado empezaban a ser desde entonces los Ochoa y Pablo Escobar.

Por sus antecedentes en Antioquia, se debería mencionar ahora a los hermanos Javier, Rodolfo y Mariano Ospina Baraya. En este departamento invierten su dinero, pero la cocaína se afirma la sacan en las cajas de flores de la finca de la ex senadora Bertha Hernández de Ospina Pérez cuya inocencia se proclama a mil voces, pese a que en alguna ocasión escribió uno de sus Tábanos doliéndose por la suerte de los animales del zoológico de Pablo Escobar

Mariano Ospina Baraya fue detenido en Miami el 6 de septiembre de 1984, cuando se realizó la operación Green Back, para localizar lavadores de dólares.

Entre mayo y junio del 84, Ospina y Mauricio Lehrer entregaron a un agente encubierto. León Guin. US$1.5 millones en efectivo para que los lavara en una empresa de fachada. mantenida por la Aduana de E. U.

Al ser detenido en Miami. Ospina invocó en su favor ser nieto del ex presidente colombiano Mariano Ospina Pérez.

Rodolfo Ospina Baraya fue condenado a 33 meses de prisión por un juez de Aduanas de Medellín, en 1985, por la introducción de contrabando de 9 vehículos Mercedes Benz. Cursan ocho procesos más por delitos similares.

Los carros, pese a ser de contrabando, fueron matriculados en Envigado.

La importación de vehículos a Colombia, es una de las formas usuales de ingresar dinero de la mafia al país.

En Medellín, también opera Héctor Meza, quien era empleado del Banco Cafetero, cargo del que renunció a raíz de un desfalco que se encontró en su agencia.

De repente, apareció con una capacidad económica inusitada, que bien pronto le permitió convertirse en el mayor accionista del equipo de fútbol Deportivo Independiente Medellín, a través del cual se apoderó de los pases de varios jugadores.

Mesa también es propietario de una fábrica de pinturas. Mundocolor. una floristería, un grill, una distribuidora de sudaderas deportivas, y de una elegante casa de banquetes, donde alquila desde las sillas hasta los meseros.

José “Pelusa” Ocampo. era un taxista de Medellín que empezó a viajar a los Estados Unidos y de repente compró el estadero Las Lomas, en la carretera Las Palmas cerca al Hotel Intercontinental de Medellín. Lo convirtió en la discoteca Kevin’s, a la que promociona como “una de las mejores del país”, por tener varias pistas de baile y un ostentoso juego de luces. Para su inauguración contrató a dos cantantes de fama internacional, el español Raphael y el brasileño Roberto Carlos.

Ocampo, conocido en los bajos fondos como “Caliche”, le regaló en un aniversario de matrimonio a su esposa, la taberna y restaurante Natarlima, en el centro comercial Oviedo de Medellín. También es dueño del supermercado Seppy, su medio habitual para lavar dinero.

El infortunio le llegó a Ocampo cuando su esposa fue capturada en los Estados Unidos con un cargamento de cocaína que le ameritó una fianza de un millón de dólares.

Posee en Necoclí una gigantesca hacienda llamada Virgen del Cobre y otra, mas modesta. Villa Milena.

“La Fiesta del Coco no seria nada sin el apoyo de don José”. dijo el párroco de Necoclí. Luis Ángel Gutiérrez, en declaraciones al periódico Heraldo de Urabá: “Las gentes han fijado la mirada en este hombre (Pelusa) que como obra de Dios llegó a Necoclí para ayudar en torno a las obras de desarrollo”, precisaba con irreverente desparpajo el sacerdote.

José “Pelusa” Ocampo condujo vehículos de carreras en los autódromos de Bogotá y México con Pablo Escobar y su primo, Gustavo Gaviria Su vehículo era patrocinado por dos empresas de mafiosos. Pilotos Ejecutivos y Servirepuestos de Medellín.

Darío Ocampo (quien no es familiar de otros narcotraficantes como Santiago Ocampo Zuluaga, el dueño de la Rinconada, ni de Pelusa Ocampo, (el de Kevin’s), es propietario de la finca Villa Salsa, donde posee la réplica de cinco tipos de discoteca: Aquarios, de música moderna. Recuerdos, de música vieja Pachanguera, de salsa. El Relajo, de música guasca, y Stardust. con música disco.

En 1983 trajo a su finca la Sonora Matancera, para despertar del letargo de un fin de semana aburrido. Se afirma que un amigo le ofreció $600 millones por Villa Salsa, pero Ocampo rechazó la oferta por carecer de interés en venderla.

Ocampo se convirtió en el mecenas del Deportivo Independiente Medellín luego de la quiebra de Meza. Este equipo termino controlado por Pablo Correa.

Los hermanos Correa Arroyave. Pablo (de la Banda de los Pablos). (arlos, Arturo y Rigoberto, desaparecieron ya del mundo del narcotráfico, con excepción del segundo.

Ellos le adquirieron el ex embajador J. Emilio Valderrama su finca Las Catas, en Copacabana. Son dueños de la firma Conasfaltos, importante contratista de obras públicas en Antioquia. y especialmente en Bello y Copacabana.

Pablo Correa fue asesinado luego del secuestro de un cuñado de los Ochoa, en el marco de una guerra que se relata más adelante. Rigoberto y Arturo fueron capturados meses más tarde, el 9 de agosto de 1986, en Pennsilvania. Fueron acusados y condenados por la introducción de 7.5 toneladas de cocaína a ese Estado, y del lavado de US$25 millones. Utilizaron para su negocio una empresa de transporte aéreo de Estados Unidos, la American Inc.

Últimamente se tuvo conocimiento de las actividades de los esposos Felipe Eljach y Esperanza Ruiz de Eljach, quienes con el narcotraficante Gustavo Hernán Ordóñez le pidieron un préstamo a Pablo Escobar en mayo de 1986, para la adquisición de unos predios en torno a Cartagena, y controlar la futura expansión de la ciudad.

Escobar les prestó el dinero, a unos plazos e intereses mutuamente convenidos. Ordóñez, quien era el primer garante de la deuda, no pudo pagar oportunamente. Fue invitado a Medellín para acordar una prórroga y apareció asesinado.

Felipe Eljach, preocupado, llamó para anunciar que asumía la deuda, con todas sus consecuencias, pero que pedia un plazo. Lo invitaron a Medellín para que expusiera su plan, y también fue asesinado.

La esposa de Eljach. Esperanza Ruiz, quien figuraba como propietaria de una Joyería Felipe de Cartagena, decidió esconderse mientras le aconsejaban qué hacer. Conocedores de su afición por el juego, la esperaron durante varios dias a la salida del Casino del Caribe de Cartagena.

El sábado primero de agosto de 1987, cuando salía del Centro Comercial Pierino Gallo, de esa misma ciudad, fue acribillada.

A su nombre sólo se encontraba la Hacienda La Fe, el Aserrío Montecarmelo, y la casa campestre “Villa Esperanza” a la salida de Cartagena.

La joyería era fachada de los hermanos Murillo de Medellín, los mayores lavadores de dólares de esa ciudad.

Hay otra versión sobre estos asesinatos: el Cartel de Medellín, en vista de que sus hombres en Estados Unidos empezaban a ser fácilmente localizados por el departamento de procedencia, Antioquia, empezaron a relevar contactos con amigos de la Costa Atlántica.

Los Eljach y Ordóñez habrían intentado apoderarse de las utilidades de un cargamento. Pablo Escobar habría decidido su muerte como advertencia para quienes pretendieron empezar a trabajar con ellos.

Un episodio de violencia similar se vivió luego de la captura del narcotraficante hondureño José Ramón Matta Ballesteros, Frank Gutiérrez y los hermanos Ospina Baraya le advirtieron a la esposa de Matta sobre supuestos peligros de expropiación de tierras en el evento de que Matta fuera extraditado a su país, y propusieron comprarle varias de sus fincas. Ella aceptó, y se las pagaron a precios ínfimos.

Cuando Matta Ballesteros logró escapar de una cárcel de Bogotá (“Dios me abrió las puertas”, fue su explicación), se enteró de la forma como Gutiérrez y los Ospina Baraya se habían aprovechado de la ingenuidad de su esposa. Los llamó y fijó un plazo perentorio para que le pagaran.

En demostración de que hablaba en serio, Matta Ballesteros mandó asesinar, uno a uno, a los familiares de Frank Gutiérrez. Como no diera resultado la estrategia, asesinó al propio Gutiérrez, a quien dispararon hombres disfrazados de agentes de la Policía, en la clínica El Rosario de Medellín. Estaba internado en el hospital, recuperándose de un atentado anterior.

Su esposa viajó a Bogotá con un excomandante de la Policía de Antioquia. Los dos aparecieron baleados y sus cuerpos incinerados, en febrero de 1987, en una vía a la salida de Bogotá.

Sólo queda un Gutiérrez vivo, de 16 años.

En junio de 1987 el narcotraficante hondureño propuso entonces una reunión con los Ospina Baraya, Javier y Rodolfo, en la que estuvieron presentes Bertha Hernández de Ospina Pérez, el tío de aquellos, Fernando Ospina Hernández y su hija Bertha Olga Ospina Duque, cónsul de Colombia en Boston.

Cuando se le expuso la única forma de arreglo, Rodolfo sacó una subametralladora, y empezó a disparar al aire. Se trenzaron en una balacera que concluyó con una sentencia: “cumplan sus tratos”.

El disgusto se generó porque los negociadores de Matta Ballesteros sabían que Rodolfo Ospina acababa de comprar una finca en el corregimiento de La Pintada, municipio de Santa Bárbara, por $1.200 millones, de los cuales pagó $n()0. y como garante en el pago del remanente se comprometió a Mariano Ospina Hernández. La finca fue de propiedad de un exgerente el Fondo Ganadero de Antioquia. En esas circunstancias, Ospina no podía alegar que afrontaba una escasez de dinero.

Luego del atentado los Ospina Baraya abandonaron el país.

También es oriundo de Antioquia el senador Alvaro Uribe Velez, cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante, quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil.

Uribe estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizabal Guevara, entonces secretario de Gobierno de Medellín, logró que lo pusieran en libertad.

Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquia, asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioquena. en medio de veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína.

Hay en Medellín otros traficantes muy peligrosos, como WiIliam Halahy y los hermanos Miguel Ángel, Jaime y Joaquín Builes. que no lo piensan dos veces para mandar matar, si con ello solucionan un problema.

Curiosamente ellos terminaron vinculados a un diario de Medellín. También era socio de ese periódico, un Vélez, que fue contador de los Ochoa, y de quien se asegura es testaferro de sus dineros. Llegó incluso a presidir la Cámara de Comercio de Medellín.

El primero, Halaby, fue obligado a vender sus acciones en el periódico por el gobierno Barco ante las denuncias en el Foro por la Vida Guillermo Cano. El intermediario de la orden fue Gustavo Vasco. Halaby vendió su participación a fundaciones sin ánimo de lucro o de pulcro, que encabeza el senador Bernardo Guerra Serna, uno de los grandes caciques de la política colombiana. Entre los diputados de Guerra en Antioquía, se encuentra el abogado Feiser Humberto Buitrago Mustafá, quien en sociedad con su padre maneja los negocios de Pablo Escobar Gaviria. También un concejal suyo de Medellín, Luis Javier Castaño Ochoa, fue detenido en los Estados Unidos portando varios kilos de cocaína.

Guerra Sema propuso, el 7 de octubre de 1987, que el gobierno entrara a dialogar con los narcotraficantes.

El segundo, Builes, comprometió al diario con el otorgamiento de un crédito $300 millones, y que los utilizó para presionarlo a fin de que mantuviera su oposición a la reapertura del aeropuerto Olaya Herrera, situado en el centro de Medellín, donde adquirió los terrenos vecinos para construir condominios.

A través de este aeropuerto, antes hangar de los centenares de avionetas de la mafia antioqueña, sale buena parte de la cocaína, aprovechando que luego de su cierre, apenas se dejó una patrulla menor de la Policía Antinarcóticos, que se coloca en el extremo opuesto al sitio por donde despegan las aeronaves.

La explicación para este hecho, consiste en que la pista que antes utilizaban para el tráfico de cocaína, la de Santa Fe de Antioquía, se convirtió en punto de mira de los grupos guerrilleros, que cobran una alta tarifa por cada despegue. (impuesto al gramaje lo llaman indistintamente).

Los hermanos Builes negociaron, en octubre de 1987, los hoteles más grandes de la Isla de San Andrés, El Gran Hotel, Mariú y Palace, imitando al narcotraficante Evaristo Porras, quien dos años atrás había hecho lo mismo con el Hotel Bahía Marina de San Andrés.

Es casi desconocida en Colombia la historia de una mujer, a quien se señala como dueña de todo un emporio del tráfico de cocaína: Martha María üpegui de Uribe. Es propietaria de una finca en Jurado, en cercanías al municipio de Curiche, donde tiene una pista de 2.000 metros, con permiso de la Aerocivil. A ella llegan las avionetas que controla, identificadas con las matrículas HK544, HK1922, HK2225, HK2283; HK1758; HK1210, HK1661 y HK2046, que figuran a nombre de su preferido, Fernando Correa.

Marta María Upegui se identifica con las cédulas de ciudadanía números 21’299.901 y 21’287.599. En la primera aparece con el nombre de María Upegui, y en la segunda como Marta Ospina de Gómez. Pero la película de microfilmación con la cédula correspondiente a su verdadero nombre fue destruida en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y desapareció la tarjeta de identificación dactiloscópica.

La Upegui, quien figura como residente en Medellín, es prófuga de la justicia norteamericana, donde tiene pendientes más de 50 investigaciones por narcotráfico, incluyendo una que se inició por su arresto en Nueva York. Es propietaria de una finca en San Juan de La Estrella y saca a la cocaína hacia Estados Unidos por Bahía Solano, Florencia y Mitú. Opera con dos empresas de pantalla. Alterar del Pacífico Ltda. e Incupar Ltda. Su abogado habitual es José Arturo Gaviria, quien también ha representado intereses de Pablo Escobar y de Gustavo Gaviria, de donde se infieren estrechos vínculos entre las dos organizaciones.

Sus principales socios son Femando Correa Gómez, Benjamín Herrera Zuleta, apodado en sus inicios en Cali como el “Papa Negro de la cocaína”, pues afirmaba ser cabeza de su propia mafia de narcotráfico, Darío Moreno, Germán Arango, Gabriel Jaime Botero, Gregorio Ramírez Henao, Jorge León (El Mico), Víctor Rodríguez, María Luz Gaviria, El Padrino Jaime Cardona Vargas. Jaime Cárdenas, Giovani Bordé y Diego Gómez Delgado.

Hay otra organización casi desconocida en el país, dedicada por igual, al tráfico de narcóticos, y al lavado de dólares, conformada por Julio César Triviño Peláez, Luis Carlos Correa. Luis Carlos Molina Yepes, Gerson Suárez, Joaquín Jorge Solano y Manuel Antonio Caicedo Y . quienes trabajaban como lugartenientes de una organización no plenamente identificada de narcotraficantes del Brasil, que tuvo mucha importancia en 1979.

Posteriormente se independizarían, y Triviño Peláez entró en sociedad con Luis Echeverry. quienes a bordo de las aeronaves HK1977-W y HK2282-P. terminaron vinculados al tráfico de 300 kilos de cocaína procedente de Bolivia, que introdujeron a Colombia

En Antioquia también opera el Clan Lopera Vallejo, en una de cuyas fincas caería en febrero de 1987 Carlos Lehder Rivas, y uno de cuyos más importantes hombres es Héctor Cárdenas Eusse.

A partir de 1979, Antioquia se convirtió en el paraíso de los narcos. La mayor venta de éter para la cocaína se hizo a través de Hernán Botero Moreno y sus representaciones Nutibara.

Por problemas originados en la inscripción de aeronaves ya había sido asesinado Osiris de J. Maldonado, alto funcionario de la Aeronáutica Civil, enfrentado con los hermanos Bordé, uno de los cuales fue mencionado antes como integrante de la organización de Martha Upegui de Uribe.

Medellín es llamado El Santuario porque los narcos están protegidos en esa capital y son llamados Los Monjes, pues aparentan no ser capaces de hacer daño a nadie

Los coqueros buscaron la solidaridad social a través de programas que aparentaban tener un sentido cívico, como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Alvaro Oribe Velez, y que consistió; según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques.

Vale la pena recordar que. siendo Rodrigo Lara, Ministro de Justicia, ordenó paralizar 30 aeronaves a los Ochoa, 10 a Pablo Escobar, 10 a Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro a Carlos Lehder Rivas. Y sin embargo dijo que sólo se había inmovilizado una pequeña parte de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín.

3. La Organización en Bogotá

En Bogotá, el negocio del narcotráfico fue explotado en sus inicios por delincuentes provenientes de actividades como el secuestro, y el contrabando de esmeraldas.

Primero se conoció la organización dirigida desde Medellín. y que controlaba en Bogotá Aguirre Ardila (El Coronel), con una inmensa capacidad de armamento y de hombres.

En abril de 1975 fue capturado Ivan Darío Carvalho, un brasileño con papeles de colombiano, que combinaba la falsificación y la estafa con el narcotráfico. En la casa donde fue detenido, se encontró cocaína por valor de $150 millones, más de un centenar de pasaportes y sellos de caucho para imprimir visas. Figuraba como “químico farmacéutico”. oriundo de Medellín A los pocos días de detenido, fue allanada su finca en el municipio de San Antonio de Tena, que disfrazaba como una distribuidora de huevos. “Avícola Alcántara” Quedó virtualmente destruido pese a que se aseguró que poseía nexos con la “reina de la coca”, Verónica Rivera de Vargas.

La historia de esta reina en los anales judiciales colombianos hay más de cinco mujeres que adoptaron, el mismo mote se conoció en medio de una guerra de singular violencia. que se prolongó hasta los Estados Unidos. A raíz de este episodio, los narcotraficantes colombianos empezaron a ser llamados “los jinetes de la cocaína”, en referencia a los tiempos del Far West, cuando toda diferencia personal se resolvía a plomo, sin temor por principio alguno. Porque, por ejemplo, una de las reglas de oro de la mafia ítalo-norteamericana, es el respeto a la familia de su asociado. Los narcotraficantes colombianos, por el contrario, empiezan casi siempre por asesinar a los familiares de su rival, y sólo si no logran amedrentarlo, concluyen asesinándolo a él.

A. La Guerra del 78

La guerra trascendió a la prensa en la noche del 28 de diciembre de 1976, cuando fue secuestrada Bersey Espinoza de Gil. una bella dama antioquena, que conmovió a los periodistas por las tiernas cartas que escribía, de su puño y letra, su pequeña hija de 5 anos. “Mami, nosotros te queremos mucho. Pídele a esos señores que no te maten, porque mi papito Mario y yo quedaríamos sufriendo para toda la vida”, decía una de esas notas. Que en principio se creyó habían surtido efecto, pues el 8 de enero siguiente fue dejada en libertad.

La prensa se volcó a cubrir el feliz encuentro de madre e hija, pero le esperaban muchas sorpresas.

La versión del secuestro, según Bersey Espinoza, incluía a más de una veintena de hombres fuertemente armados y vestidos de agentes de la Policía, que la mantuvieron en una casa de familia. La cena de navidad que le brindaron sus captores se inició con un suculento pavo, al que le agregaron numerosas botellas de champaña.

Varios de los habitantes de su casa, como el padre de Bersey, Conrado Espinoza, pedían no ser fotografiados, y cuando un desprevenido reportero le tomó una foto a aquel, le protestó primero y luego trató de comprarle la película.

Pero ante todo, hizo dudar la radiante jovialidad de Bersey Espinoza de Gil, quien a las pocas horas de liberada, hablaba en todas partes, bailaba y tomaba aguardiente, lo que ella justificaba con su ancestro paisa.

Bien pronto los hechos empezarían a dar la razón a los suspicaces periodistas bogotanos. El 15 de enero de 1977 fue descubierta, por una llamada anónima, una finca, Casa Vieja, en el Municipio de Cogua, Cundinamarca, de propiedad de Verónica Rivera de Vargas. Allí se encontró un moderno laboratorio para el procesamiento de cocaína y varias libras del alcaloide. Fueron detenidos el peruano Guillermo Cárdenas, y dos familiares de Verónica: su hermana, nacionalizada en Venezuela, Esther Rivera de Sosa, y el esposo de la “reina” Julio César Vargas Torres. Los dos quedaron en libertad a los pocos días, pues alegaron que estaban de visita en la finca.

El 7 de marzo siguiente. Vargas Torres se encontraba escuchando mariachis en un grill de Bogotá, Los Doce Césares, cuando repentinamente se fue la luz. Dos mesas atrás se encontraba Mario Gil, el esposo de Bersey Espinoza. Tranquilamente se levantó y le hizo cinco disparos por la espalda a Vargas Torres.

Doce días más tarde, Conrado Espinoza –quien una semana antes había contratado para su casa los servicio de una agencia privada de seguridad–, estaban en su vehículo junto con su esposa Marleni Grajales, esperando a uno de sus hijos. Un hombre bajó de un vehículo que se estacionó metros adelante, e hizo 10 disparos al parabrisas. Fue la primera vez en que la crónica roja bogotana habló de balas dum-dum o blindadas, con las que se hizo el atentado. Espinoza apenas recibió una lesión menor en el brazo derecho, pero su esposa pereció.

El 28 de marzo, los dos hijos del mismo narcotraficante, Conrado y Alvaro Espinoza Grajales, fueron objeto de un nuevo atentado, del que salieron ilesos.

La guerra, cuyos motivos reales se imputan al desconocimiento de porcentajes en el reparto de las utilidades de un cargamento de cocaína, prosiguió el 17 de julio de ese año, cuando Mario Gil Ramírez y su esposa, Bersey Espinoza se encontraban escuchando mariachis en un grill de Bogotá, El Canecao. Gil observó que tres hombres y una mujer llevaban más de una hora parados frente a la puerta del establecimiento. Pidió entonces a su mujer que sacara su vehículo de un parqueadero cercano y lo colocara en frente, con la puerta trasera abierta y que mantuviera prendido el motor. Bersey Espinoza lo hizo, pero cuando su esposo salió a la puerta para lanzarse dentro del vehículo, le hicieron quince disparos.

Un mes más tarde apareció incinerado en un parque de Bogotá el supuesto autor de los disparos, José Nicasio Tangarife.

Empezó la lucha por la consolidación del poder. Era la guerra de Miami y Nueva York.

En La Florida su protagonista fue Gonzalo Jiménez Panesso, asesinado el 23 de abril de 1978 desde un carro blindado con camuflaje de una empresa de reparto de productos alimenticios y dotado con un arsenal cuyo valor estimaron las autoridades en US$14.000. Muchos otros hombres importantes en el tráfico de cocaína fueron asesinados entonces: Rubén Echeverría, Julio Gaona, Jorge Luis de Campo, Osear Penagos Ríos, Gerardo Araque, Manuel Delgado, José Ramón Ruiz. Fueron más de 28 colombianos asesinados en solo 1978.

“Español es el idioma, dinero el motivo y la cocaína el rey”, fueron los términos en que resumió un investigador norteamericano la guerra del 78.

En ese momento empezó a conocerse un nuevo nombre, José Hader Alvarez Moreno, quien figuraba como un empresario, que incluso, vendió lanchas de fibra de vidrio a la Policía Nacional, a través de su sociedad, Mafivi Ltda. Se preciaba de ser amigo del expresidente Belisario Betancur, y para demostrarlo exhibía a quien se lo solicitara una foto a color donde aparecían brindando con champaña.

El hermano del expresidente, Juvenal Betancur Cuartas, resulto involucrado en la Operación Pez Espada, adelantada por la DEA en la Florida para identificar las cuentas de narcotraficantes colombianos en Miami. Su familia explicaría luego que se trataba de un préstamo de US$12.000 que le hizo algún amigo para atender los gastos clínicos de su hijo, a quien le habían pasado las llantas de un camión sobre sus piernas. El dinero provenía de una de las cuentas congeladas a Háder Alvarez.

Su red cayó cuando se incautaron, en 1982, 700 kilos de cocaína en Bogotá, en Villa Zamora (Suba).

Detectado su nombre en la Operación Pez Espada, Alvarez Moreno decidió colocar sus bienes a nombre de su amante, Marina Murillo Moreno a quien de todas maneras el Consejo de Estupefacientes le negó permisos para la compra de aeronaves, porque “se tiene sospechas” de sus vínculos con el narcotráfico.

Tres pequeños hijos de Háder Alvarez fueron secuestrados por una célula del M-19, al parecer dirigida por los hermanos Joya. La investigación por el secuestro la inició el F-2, y diversas fuentes aseguran que a bordo de una patrulla de la Policía fueron “desaparecidos” los supuestos plagiarios. Este episodio es conocido como la historia de un Mercedes Benz rojo, a bordo del cual los detectives se movilizaron para seguir a los presuntos secuestradores, algunos de los cuales aparecieron asesinados en una finca de los Llanos Orientales.

El proceso penal que se inició en un juzgado de Bogotá para tratar de determinar responsabilidades en los asesinatos, no condujo a ninguna pista. Lo único evidente, era la forma como el F-2 laboraba horas extras, que Alvarez Moreno pagaba con muy buenos honorarios.

En el tráfico de cocaína, Háder Alvarez trabajó en sociedad con Víctor Manuel Barreto Coll, quien aprovechando su virtual anonimato, utilizó a su hermano Carlos para la adquisición de dos avionetas, identificadas con las matrículas HK2499-P y HK2751-P. Con ellas iniciaron una de las redes de transporte de cocaína más importante de Bogotá.

En sus últimos años de narcotraficante, antes de ser extraditado a los Estados Unidos, Háder Alvarez terminó estrechamente vinculado a Pablo Escobar. En la empresa Servicios Aeroejecutivos, eran propietarios comunes de las avionetas HK2482, HK1862, HK2658, HK2550 y HK2722.

Contemporáneo suyo es otro narcotraficante de Zipaquirá, municipio cercano a Bogotá, Severo Escobar Ortega, quien hasta 1962 figuró como un mando medio de la Oficina de Tránsito de Cundinamarca.

De allí salió para dirigir el Comité Pro-rehabilitación de la zona de Rionegro, en Cundinamarca, afectada por una cruda ola invernal. De este cargo fue relevado, cuando se descubrió que alquilaba las camionetas para asistencia de los campesinos, a los finqueros que necesitaban transportar su carga a Bogotá.

Pero Escobar Ortega era un combativo dirigente conservador, inclinado por el grupo ospinista, de la exsenadora Bertha Hernández de Ospina Pérez, y fue nombrado en un cargo directivo de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

Poco después sus entronques políticos le permitieron ganar un contrato para el suministro de alimentos en todos los parques de Bogotá. Este favor lo pagó a su partido con el montaje de un lujoso restaurante privado, que funcionaba en la sede del Directorio Nacional Conservador, entonces ubicado en el Palacio Echeverry, al que llamó “El Mesón Azul”.

Severo Escobar fue diputado a la Asamblea y representante a la Cámara, suplente, por Cundinamarca por ese movimiento luego de ofrecer aportes por $10 millones para la lista oficial. Entre 1978 y 1982 ocupó el cargo de secretario de Agricultura de Cundinamarca. La designación fue hecha por el gobernador, el senador conservador Miguel Santamaría Dávila. Este controvertido político aparece registrado en archivos de la Unidad Antinarcóticos de la Policía, como visitante de los hermanos Rivera González (narcotraficantes) en Leticia, junto con otro senador, Zamir Silva Amín, el sobrino de Julio Roberto Silva.

Escobar Ortega, con dineros de la Secretaría de Agricultura, construyó una lujosa piscina en el municipio de Medina, a pocos kilómetros de donde se hallaría más tarde el gigantesco laboratorio de refinamiento de cocaína de su propiedad.

En una placa de bronce colocada a la entrada de la vieja sede del Directorio Conservador, donde hoy funciona el Ministerio de Gobierno, aparecía el nombre de Severo Escobar al lado de los próceres de su partido.

En las actividades de narcotráfico trabajó con Víctor Eduardo Mera Mosquera y los nietos de su jefe político, Rodolfo y Javier Ospina Baraya. Se afirma que la cocaína la exportaban mimetizada en las cajas de flores de la finca La Clarita, de Bertha de Ospina, en cercanías de Bogotá.

Severo Escobar es dueño de una finca en Santa Marta, el motel Snoopy, de Melgar, las discotecas Pecados y Travesuras, en Bogotá, y varios restaurantes y panaderías en Zipaquirá.

Escobar Ortega brindó apoyo económico a los candidatos conservadores a la Presidencia de la República, incluido Belisario Betancur, a quien le correspondería años más tarde firmar su extradición.

Su esposa, Evidaliny Garzón de Escobar participó en la red de distribución de cocaína en Nueva York. Hoy es administradora de los restaurantes de propiedad de su cónyuge, el más conocido de los cuales es la pescadería El Pargo Rojo.

La organización de Escobar Ortega en Nueva York fue puesta al descubierto por una dolida madre, Martha Torres, cuyo hijo fue enviciado a la cocaína. Ella se involucró con Mera, a quien le pidió le dejara ser su distribuidora. La madre entró en contacto con la DEA, que le señaló la estrategia a seguir, hasta lograr la captura de Escobar y Mera. Un “descuidado” policía de Nueva York los dejó en libertad, al colocar un sello “equivocado” en su expediente.

El presidente Barco y uno de sus efímeros ministros de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa, revocaron la orden de extraditar a Evidaliny Garzón de Escobar, como antes habían hecho con otra veintena de narcotraficantes.

B. Coca y Mariachis

En Cundinamarca opera uno de los miembros del Cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, el más folclórico y despiadado de los narcos del interior, conocido como El Mejicano.

En ningún archivo oficial le figura cédula de ciudadanía, libreta militar o pase de conducción. Se podría decir que jurídicamente Rodríguez Gacha no existe para el Estado. Pero él mismo se ha encargado de demostrar que si, con sus múltiples excentricidades.

A sus propiedades las bautiza con nombres relacionados con Méjico: discoteca Chihuahua, Bar Mi Tenampa, Rancho Hermosillo, ele.

Las circunstancias lo colocaron como aliado de los conservadores y se autoproclamó benefactor de primera línea en la campaña presidencial de Betancur. Le gusta ser llamado El Intocable, luego de haber contraído compromisos de apoyo con lo militares contra la guerrilla, lo que le otorgó implícitamente una “patente de corso” para movilizarse por el país. Rodríguez Gacha nació en Pacho, Cundinamarca, en mayo de 1947. Según los archivos oficiales sus vínculos con el narcotráfico se remontan a 1976.

Su imperio económico lo controla desde la sociedad Rodríguez G. & Compañía, S. en C.S., cuyo logotipo, la silueta de la cabeza de un caballo, adorna la entrada a la casa principal de Rodríguez Gacha en Pacho. La sociedad la integran el mejicano, su esposa, Gladys Alvarez Pimentel, y sus hijos, Douglas Gonzalo, José Fabián, y Justo David.

A partir de esta firma, el narcotraficante controla su empresa agroindustrial, Inverganaderas, con la que surte de ganado a sus haciendas Cuernavaca, Mazatlán, Jalisco, Santa Rosa, Quinta La Chihuahua y Rancho Hermosillo. También financia su criadero de caballos Chihuahua, donde exhibe con particular petulancia los caballos La Electra, Brujita, Platino, y hasta l987 a Tupac Amarú.

En Bogotá figuran a su nombre ocho apartamentos, y un centro recreacional en cercanías al aeropuerto de Guaymaral, por donde sale la cocaína de Cundinamarca. En esta pista tiene asignado su propio hangar, Aeroganaderas, con varias aeronaves.

En Medellín posee una casa-finca y varios predios en el Magdalena Medio y los Llanos Orientales.

En 1986 celebró su cumpleaños con una gran fiesta en el municipio de La Dorada. Gracias al capitán Yesid Parra Vera, Rodríguez Gacha estuvo protegido por agentes de la Policía Nacional tanto como los otros capos que invitó, entre los cuales se encontraban Pablo Escobar, Fabio Ochoa, Francisco Barbosa, Jairo Correa, Flaminio Ortiz, Gabriel Matiz y Gilberto Molina.

Rodríguez Gacha colocó la mayoría de sus propiedades a nombre de su hermano, Justo Pastor — sin ser lo uno ni lo otro –, y de su primo Ramón Rodríguez Muñoz.

Siendo ministro de Justicia, Rodrigo Lara paralizó las avionetas registradas a nombre de algunos de los tres, de matrículas HK2896-P, HK2874-P, HK2235-P, HK2688-P, HK2674-P, y los helicópteros HK2775-P y HK2488-P.

Señalado como uno de los hombres más peligrosos de la mafia, terminó aliado con el Cartel de Medellín. En una entrevista concedida al periodista Germán Castro Caycedo para un programa de televisión. Rodríguez Gacha reconoció públicamente sus actividades de narcotraficante, exhibió ostentosamente las propiedades que posee en el municipio de Pacho, y lanzó una virulenta diatriba contra quienes censuran el narcotráfico, a pesar de lo cual el Gobierno de Betancur no tomó medida alguna para evitar la emisión del programa.

Es propietario de las mejores tierras en Pacho, a cuya entrada hay una humilde cancha de tejo que se llama “el coquero pobre”.

El párroco del municipio organizó una protesta ciudadana contra Rodríguez Gacha, frente a una de las lujosas discotecas que posee allí, el mayor centro de distribución de basuco.

Para congraciarse con la comunidad, ofreció arreglar la Iglesia, a lo que se opuso abiertamente el sacerdote. Poco tiempo después el templo se desplomó, y los habitantes casi expulsan al párroco del pueblo.

Otro reconocido narcotraficante de Bogotá es el propietario del Castillo Marroquín, en las afueras de la ciudad. Su nombre es Camilo Zapata Vásquez. En los predios del castillo hay grandes caballerizas, donde pacen finos ejemplares donados a un exembajador en España y a un excanciller conservador.

Zatapa Vásquez estuvo sindicado por el robo al Banco de la República de Cartagena, de donde salió absuelto. Está involucrado en una investigación por oscuras transacciones de dólares negros en Panamá.

En Bogotá se intentó crear una aerolínea para el narcotráfico, Aerolíneas Especiales de Colombia, pero no lograron el certificado de carencia de antecedentes, porque el padre de quienes figuraban como solicitantes, Luis Eduardo Guarnizo, era propietario de dos aeronaves que cayeron en Estados unidos con cocaína.

Guarnizo tiene librada una orden de captura, a raíz de la incautación de 630 libras de cocaína en Turbo, en hechos registrados el 22 de febrero de 1979. Vale la pena mencionar lo sucedido en 1976 en Bucaramanga, ciudad caracterizada por lo reservada.

En febrero de ese año fue secuestrada la menor Claudia Juliana Serrano. Del delito, se responsabilizó al socio de su padre, Hernando Cristancho Guevara, cuyos antecedentes como narcotraficante serían hechos públicos más tarde.

La niña Claudia Juliana apareció asesinada el 24 de febrero del 76, ante la determinación de su padre de no negociar los términos de un convenio sobre el tránsito de cocaína hacia Venezuela.

Cristancho fue denunciado ante el Ejército, que en ese momento conocía de los delitos de secuestro, por hallarse el país bajo el régimen del estado de sitio.

El Ejército lo detuvo y lo sometió a un espectacular Consejo de Guerra Verbal. El calificativo de espectacular se justifica en este caso, porque los dos bandos en conflictos representaban la alta sociedad santandereana que, si bien es de origen campesino, defiende la posición que genera el dinero como pocas otras en el país.

A los pocos días se descubrió que en la finca donde Hernando Cristancho tenía secuestrada a la menor Claudia Juliana, en La Mesa de Ruitoque, funcionaba un laboratorio para el procesamiento de cocaína, en el que fueron incautados 10 kilos del alcaloide.

Una semana más tarde fue allanada otra finca en Santander, Santa Teresa, donde también se hallaron grandes cantidades de cocaína, cuyo valor y peso nunca fueron relevados a la prensa.

¿Se trataba de aventureros metidos en el tráfico de cocaína, que distribuían directamente o a través de la discoteca de su propiedad, Skorpios, en Bucaramanga, o pertenecían a una red de mayor envergadura? La versión más difundida los vincula con la organización que montó José Háder Alvarez, oriundo de ese departamento, pero la prensa ni las autoridades volvieron a hablar de este caso.

Las familias Cristancho y Serrano siguen ocupando un alto sitial en la sociedad santandereana, que ve crecer su fortuna de manera inusitada, pese a que sólo está representada en almacenes de importación de juguetes y de productos de ferretería.

4. La Organización Armenia-Pereira A. Armenia llegó

A Armenia llegó en 1978 un loquito cargado de dinero, Carlos Enrique Lehder Rivas, el hombre de mundo de los narcotraficantes colombianos. Su historia empezó a figurar en los anales judiciales en 1959, cuando su madre, la exreina caldense Helena Rivas Gutiérrez, presentó demanda de separación de cuerpos de su esposo, el alemán, Guillermo Lehder, a quien acusó de trato ultrajante. El, por su lado, replicó con una demanda similar, que invocaba como causal el adulterio de su esposa.

Se habían casado el 25 de mayo de 1944, y de su unión quedaron cuatro hijos, Federico, Guillermo, Elizabeth y Carlos Enrique Lehder Rivas.

El 3 de julio de 1961 la Corte Suprema de Justicia decretó la separación de bienes y de cuerpos. Carlos Lehder, entonces de 11 años, vivió poco tiempo con su padre, a quien mortificaba con un santuario personal — bajo el descanso de una escalera –, con una veintena de fotos de Adolfo Hitler, a quien alumbraba con la misma veneración que tendría luego por los dólares y la marihuana.

En algún momento viajó a Estados Unidos donde fue capturado, en septiembre de 1973, por varios cargos relacionados con tráfico de marihuana.

El 18 de enero de 1974, el mismo Lehder fue detenido por transportarse en un vehículo que había robado.

Lo que ocurrió durante los cuatro años siguientes es un misterio. Son muchas las versiones, una de las cuales fue alimentada por el mismo Lehder en una entrevista concedida a la radio el 28 de junio de 1983: “Yo nunca he transportado droga. Lo que pasa es que soy propietario de unos terrenos, unas islas, que se encuentran a 200 millas de los Estados Unidos. Allí daba la oportunidad a los colombianos, a quienes atrapaban como moscas con malencas, con cajitas, de que entraran por otro sistema, por otra plataforma”.

Según esa versión, Lehder adquirió una isla en Las Bahamas, el Cayo Norman, 60 kilómetros al sur de Nassau. Le compró por US$150.000 — que sacó en efectivo de un maletín que le llevaba uno de sus amigos –, a Charles Beckwith un hotel que poseía allí, varios lotes y lo más importante, una pista aérea. Montó su propia compañía, la Internacional Holandesa de Recursos Ltda., que era la fachada para la que habría sido su verdadera actividad: arrendar hangares y vender combustible a los colombianos que transportaban cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Por US$10.000, alquilaba avionetas para el transporte de droga, y el mismo se ofrecía a conseguir los pilotos.

Lehder afirmaba que pagó entre US$300.000 y US$800.000 a Lynden Pinding, primer ministro de Las Bahamas, para no ser molestado.

Pero semejantes ingresos no le podían ser reportados por una actividad tan marginal. La cocaína debió ser su real fuente de ingresos.

El 31 de septiembre de 1981 la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida le dictó el auto de acusación número 81-82-CR-J-M, en el que se le formulan. 12 cargos por comercialización y transporte de 3.800 kilos de cocaína desde Cayo Norman, entre enero de 1979 y abril de 1980. Su centro de distribución era Astor Park, Florida.

Un profesor de buceo norteamericano, Richard Novak, vecino de Lehder en Cayo Norman, llevó el registro de todas las aeronaves que aterrizaron en la isla, tomó fotografías de sus habituales visitantes y registró sus principales actividades, hasta cuando el administrador de Lehder, Tony Leicester, lo conminó a abandonar la isla, a cambio de su vida.

La Dea ya tenía suficiente información de las actividades de Lehder, y éste también sabía que lo perseguían. Desde el 20 de noviembre de 1978, el narcotraficante le había enviado una nota al entonces gobernador del departamento donde había nacido, el Quindío, Mario Gómez Ramírez, para anunciarle, como presidente de la compañía Air Montes Co. Ltda., de Nassau, que su junta directiva había dispuesto donarle a la gobernación una avioneta blanca Piper Navajo, modelo 1968 serial 31-196 matriculada en Estados Unidos como N50RK. La aeronave había sido adquirida seis meses antes por Aerospace Producís Inc. de California.

Lehder buscaba la forma de llegar a Colombia, sin que pasara inadvertido y sobre todo, que fuera tomado en cuenta por los altos funcionarios del Estado.

El primero de septiembre de 1979 se organizó una operación conjunta de la DEA y la policía de Nassau, para detener a Lehder, quien entonces vivía con una alemana, Margit Meie-Linnekogel.

El superintendente jefe encargado de la operación, Howard Smith, logró que el operativo fuera retrasado 15 días, mientras Lehder preparaba su regreso a Armenia.

Entre tanto, el anuncio de la donación había causado todo tipo de problemas en el Quindío, un pequeño departamento colombiano que solo tiene un aeropuerto, el de la capital, Armenia, y doce cercanos municipios, a los que no se puede trasladar por vía aérea. El expresidente Carlos Lleras, denunció el sospechoso regalo de la avioneta. En realidad, Lehder tenía preparada una jugada: el mismo le compraría la avioneta al Qüindio, ahora con matrícula oficial, y por lo tanto fuera de toda sospecha judicial.

Cuando llegó a Armenia, Lehder logró que uno de sus hombres de confianza le propusiera al nuevo gobernador del departamento, Jesús Antonio Niño Diez, la compra de la avioneta, por $7 millones, que estaba dispuesto a pagar de contado.

La jugada no sólo la consumó, sino que introdujo de contrabando otras tres aeronaves similares, a las que colocó la misma matrícula.

Lehder tenía un primo Eduardo Rivas Ángel, que trabajaba en el Consejo Nacional de Estupefacientes, el organismo encargado de trazar las directrices en la lucha contra el narcotráfico, conceder los certificados de carencia de antecedentes por el mismo delito para la compra de aeronaves, la expedición de licencias de pilotaje y la construcción de aeropuertos.

Sus pilotos de confianza eran Germán Enrique Buenaventura, quien comandaba la avioneta HK-2490–P, y Bernardo Arango Vélez, en la avioneta HK2582-P.

Cuando llegó a Armenia, empezó por adquirir las mejores fincas del Quindío, un departamento cafetero con elevados ingresos promedios. La primera hacienda que compro fue Pisamal, en una hoya rodeada de montañas, que garantizaba las máximas medidas de seguridad.

La compró en $50 millones, el doble de su valor real, y la pagó en efectivo, parte en dólares y parte en pesos colombianos.

Quienes presenciaron la llegada del exótico personaje, recuerdan que una caravana de por lo menos seis camperos con 15 guardaespaldas lo precedían. Lehder iba a bordo de una gran camioneta negra, de donde salieron dos jóvenes torsidesnudas, que se lanzaron a la piscina de la finca mientras Lehder cerraba la negociación.

Constituyó una sociedad matriz de sus operaciones, Cebú Quindio S.C.A., a través de la cual compró otras cuatro fincas, el terreno de lo que vendría a ser la Posada Alemana, y entró en operaciones con los cafeteros de su departamento.

La Posada Alemana era un hotel con un inmenso parque, en cercanías al municipio de Salento. La primera piedra del complejo turístico fue bendecida por un obispo.

La Posada tenía una discoteca, a cuya entrada había una estatua de tamaño natural de John Lennon, desnudo, elaborada. por el maestro Rodrigo Arenas Betancur. Los periodistas quindianos que recibieron una donación suya, inauguraron en su homenaje el “Salón Bahamas”.

Cuando huyó de una orden de captura para extraditarlo, Lehder trató de vender la Posada Alemana a la firma Hoteles de Vacaciones, que le dio un anticipo de $150 millones, pero se desconoce por qué no pudo consumar la operación. El gerente de la compañía adquirente era Alvaro Dugand Donado.

Para lavar su dinero, constituyó una agencia importadora de vehículos desde Estados Unidos, Lehderautos. A través de esta agencia introdujo los dos Mercedes Benz blancos y un BMW plateado, que le ocasionarían la formulación de una denuncia por contrabando.

Sus incursiones en la política, se iniciaron cuando creó el Movimiento Latino Nacional, una organización proselitista con la cual buscaba canalizar el respaldo contra la extradición.

Ya en la demencia “senil” a que lo llevaron la droga y el círculo de áulicos que lo rodeaba, Lehder lo transformó en el Movimiento Latino Socialista. Sus nuevas banderas, aparte de luchar contra la extradición, las describió así en una carta enviada a los candidatos presidenciales: “socialización de las economías latinoamericanas, el peso latino, el banco latino, las naciones unidas latinoamericanas, nacionalización de la banca latinoamericana, dar por cancelada la deuda externa, y contra “el conservador-marxista, Belisario Betancur”.

Y medio en letra de ranchera y medio filosofía (en una de sus tantas cartas públicas, hablaba del filósofo Gabo), Lehder se describía así en la carta: “Yo hace varios años me jubilé en el extranjero y me dediqué a la hotelería. Yo no tengo ambiciones personales de publicidad ni de aplausos, pero aquí hay un gran pueblo que aunque es pobre es valiente y joven, invulnerable (sic) y ventiados como potros que acosan día y noche unos clamando justicia, otros clamando revancha”.

Y explicaba así su entendimiento de la extradición: “La paz de Colombia libre empieza por la boca de la soberanía, sigue por el estómago y llega al corazón de los hombres, y así en la lucha por la soberanía nacional hasta el más cobarde se llena de valor”.

Para atraer la atención hacia la extradición, Lehder publicó decenas de páginas pagadas en los principales diarios y revistas colombianos, convocando a un movimiento de Los Secuestrables, en defensa contra la guerrilla. Luego se transformaría en Los Extraditables, donde puso al descubierto su condición de narcotraficante, pese a lo cual los avisos se siguieron publicando en varios medios.

Visto en perspectiva, se puede afirmar que Carlos Lehder vino a Colombia solo a gastar sus dólares, convencido de que nunca sería juzgado. Cuando evidenció que no sería esa su suerte, inició una soterrada lucha, donde quedaron varios asesinados por el camino.

Terminó siendo el “cocinero” del Cartel de Medellín, en sus principales laboratorios de procesamiento de coca.

En mayo de 1985, el coronel Jaime Ramírez Gómez estuvo a punto de lograr la detención de Carlos Lehder, cuando se encontraba en la finca Airapúa, en los Llanos Orientales. La operación se frustró por un aviso que recibió antes. Pero Lehder dejó abandonados US$1.6 millones en efectivo, que luego reclamaría en una carta pública, como su “caja menor”.

B. La Sociedad Cerrada

De la organización del narcotráfico en Pereira es bien poco lo que se sabe, pues los risaraldenses son reservados frente a este tipo de delincuentes, y optan por acomodarse a la explosión de dinero fácil que se vive allí.

En esta ciudad opera Martín Elias Piedrahita, un reconocido narcotraficante que se ha escudado siempre tras otros más publicitados, los hermanos Octavio, Orlando (Cocaino), Mario y Javier Alonso Piedrahita. Como es casi constante, ellos eran taxistas hasta inicios de la década de los 70s. Vivían en el populoso barrio de Villahermosa en Medellín.

Con el nombre de Carlos Octavio Piedrahita Tabares, estuvo vinculado (también por una investigación de Carlos Monroy Arenas, como jefe del DAS), en un proceso penal por la circulación de falsas órdenes de pago en dólares (Juzgado 38 de Instrucción Criminal de Bogotá), y en otro donde se le imputaban los delitos de falsedad y estafa contra el Banco del Comercio de Medellín.

Una de las hermanas Piedrahita, Amparo, los puso al descubierto como narcotraficantes durante una pelea de celos, cuando exhibió ostentosamente joyas que le había traído uno de sus hermanos luego de un embarque de cocaína entregado en los Estados Unidos. Estuvo a punto de ser asesinada.

Los hermanos adquirieron el estadero La Macarena, frente a la plaza de toros de Medellín que lleva el mismo nombre. También compraron un moderno almacén para la venta de repuestos para vehículos Mercedes Benz y BMW, a través del cual lavan su dinero. A este almacén le han colocado bombas en tres ocasiones, durante sus frecuentes luchas.

Se convirtieron en los mayores accionistas de los clubes de fútbol Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Octavio, el más osado y peligroso de todos, compró los pases de los jugadores. varios de ellos al empresario Gabriel Camargo, dueño de una industria avícola, que controló el Deportes Tolima.

En cercanías a Cerritos, Octavio Piedrahita compró los balnearios Acapulco y Camino Real, que sirven de sede social al Club Deportivo Pereira.

En alguna ocasión, ofreció $900 millones a la ciudad de Pereira para comprarle el estadio de fútbol.

En abril de 1983 adquirió en $140 millones los 250 parqueaderos del edificio “El Parqueadero”, situado en la avenida Carabobo de Medellín. Posee una inmensa finca en San Antonio de Prado, donde acostumbra llevar a los mariachis, la debilidad de casi todos los narcotraficantes.

Es dueño de otra finca en Copacabana, su residencia particular en el exclusivo sector de El Poblado y una casa-finca en Castropol, zona de seguridad por residir allí varios de los más importantes industriales de Antioquia, que actualmente sirve de sede al equipo Atlético Nacional.

Su sitio habitual de esparcimiento es un bar tan lujoso como peligroso, Grill Lucky 77, de propiedad de otro narcotraficante, Gerardo Arango, conocido también como El Primo. Se moviliza en un Porsche, en el que lleva un guardaespaldas cuando va acompañado, o dos si va solo.

Mario Piedrahita es propietario del Club Maracaibo, de billares y ajedrez. La operación de los hermanos Piedrahita que más ha trascendido fue la del cargamento de casi mil kilos de cocaína decomisado a principios de 1982 en un vuelo de Tampa (fue por pescado al Perú, salió con pantalones de Medellín, y llegó con cocaína a Miami), y al cual se afirma estaban vinculados otros importantes personajes como un exbanquero que se encuentra en la cárcel; a raíz de la quiebra de su grupo financiero en Antioquia. La incautación de ese cargamento, implicó el inicio de la caída de su organización empresarial.

La empresa Tampa, en varias ocasiones afectada con el tráfico de drogas, cuenta entre sus socios a Mario Espinoza, hijo de Conrado Espinoza, según se afirma en archivos oficiales.

La última adquisición conocida de los Piedrahita es La Rinconada, inmenso estadero y coliseo de ferias de exposición equina, con plaza de toros, situada en el municipio de Girardota, Antioquia, que compraron por $600 millones a Santiago Ocampo Zuluaga, otro conocido mafioso, muy apreciado por sus obras caritativas en Santuario y el Valle del Cauca.

La condición de alta peligrosidad de los hermanos Piedrahita ha sido antes que un bien, un factor en su contra. Ya han sido asesinados dos de ellos, Mario y Javier. Octavio salió herido en un atentado que se le hizo luego del secuestro de un yerno del Capo Ochoa, Alfonso Cárdenas Arizmendi.

En julio de 1987 fue secuestrado y liberado sano y salvo a los pocos días. Al parecer se trató de una simple advertencia para que abandonara sus tácticas violentas.

Pereira es uno de los centros más importantes del mundo en el procesamiento de las cualudes o metacualona, cuyo polvo es importado de Alemania y Holanda por Barranquilla, desde donde es transportado, casi siempre por tierra, a Pereira, para ser transformado, en pastillas “jumbo”. Una de las organizaciones dedicadas a este tráfico es la dirigida por Domingo Rivera, uno de cuyos hombres, Amín Malkún Tafache, fue arrestado el 11 de marzo de 1980 en Barranquilla con un cargamento de Metacualona, Malkún Tafache vive actualmente en Panamá, donde sirve de importante nexo con los narcotraficantes. Fue acusado de una gigantesca estafa contra la Nación, con un subsidio que se pagaba en 1976 a las exportaciones menores colombianas.

Nombres vinculados a la alta dirigencia de Risaralda y al narcotráfico se escuchan en todo Pereira: Guillermo Vélez, Alcides Arévalo, Carlos A. Ángel, Badih, José Vallejo L, Fernando Marulanda, Rodolfo Ángel, Alvaro Echeverry, son algunos de los más citados.

Se afirma también que en Pereira los narcotraficantes consiguen el dinero y se retiran pronto, como sería el caso del oculto propietario de uno de los periódicos de Pereira, cuyo director fue un alto funcionario oficial.

5. La Organización en Leticia

Esta exótica ciudad erigida en la mitad de la selva, en la frontera con el Perú y el Brasil, es desde hace más de diez años el centro principal de almacenamiento y transporte de cocaína hacia Bogotá y Medellín.

Los nombres más tradicionales vinculados con la región son los de los hermanos Camilo y Wilson Rivera, al parecer familiares de la Reina de la Coca, Verónica Rivera de Vargas.

Su origen se confunde con Bolivia, y en varios documentos son mencionados como naturales de ese país. Uno de ellos, Camilo, fue condenado en el Brasil por tráfico de cocaína.

Cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes estudió una solicitud para la compra de una aeronave por parte de la sociedad Ganadería Primavera del Amazonas Ltda., se informó que uno de sus socios era Vicente Wilson Rivera González, reconocido narcotraficante que tiene adecuadas pistas en sus fincas La Primavera y Tucuchima, en el Amazonas, para el tráfico de cocaína entre Perú y Colombia.

Su hermano, Camilo, fue capturado en Bogotá en agosto de 1979 con varios kilos del alcaloide.

Camilo Rivera murió el 9 de agosto de 1986 en un accidente de aviación sobre el Guainía, luego de protagonizar un escándalo político, causado por haber obtenido apoyo militar para transportar un laboratorio de procesamiento de cocaína de su propiedad, en la Serranía de Chiribiquete.

Su muerte siempre ha sido puesta en duda, pues dos meses antes solicitó en varias agencias de Bogotá un seguro de vida, por $100 millones. Un estudio de seguridad de una de esas firmas, le negó el seguro por considerar evidentes sus vínculos con el narcotráfico.

En el estudio figuran varios edificios de Bogotá como de su propiedad. En el cementerio Jardines del Recuerdo, hay una lápida con su nombre.

Su hermano, Vicente Wilson Rivera González, había desaparecido de Colombia desde entonces. La DEA lo localizó en Panamá en enero de 1987. Conservaba su mismo nombre, pero se había nacionalizado en ese país, donde se identifica con la cédula número E-8-45.722.

Su localización se produjo a raíz del seguimiento hecho al colombiano Héctor Fabio Ocampo Arango, quien le llevaba Money Orders (la nueva forma de transportar el dinero del narcotráfico), expedidos por el Banco de Occidente de Cali por valor de US$1.209.717.19.

A los narcotraficantes de esta región se les frustró la creación de su propia compañía aérea para el tráfico de cocaína, la sociedad Aerolíneas de la Orinoquía y la Amazonia Ltda, AOA Ltda., porque su piloto principal, Abel Marín Bastidas Velasco, apareció involucrado en transporte del alcaloide, como miembro de la organización de José Manuel Aguirre.

Sin embargo, el hombre más localizado en esta región es Evaristo Porras Ardila, un empleado del Cartel de Medellín.

Porras es dueño de la concesionaria de la Suzuki en Amazonas y Antioquia, Dismacol Leticia y Dismacol Medellín Ltda., y de la pescadería Amazonas en Bogotá.

A él se le imputa el asesinato del corresponsal de El Espectador, en Leticia, Roberto Camacho Prada, quien en varias ocasiones hizo públicas sus actividades ilícitas, e impidió francamente que el narcotraficante tomara el control de la Cámara de Comercio de esa capital. Camacho era su director ejecutivo.

Porras, quien dijo que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en el exterior, fue concejal de Leticia, a nombre de su propia organización política, la Casa Liberal del Amazonas.

Su fortuna la justifica legalmente con tres premios de lotería que sostiene se ganó en un mismo diciembre: la Extraordinaria de Navidad, con $80 millones, la Cruz Roja de Medellín, y la Lotería del Huila.

Cuando hizo esta afirmación en una entrevista radial, se popularizó en Bogotá un dicho sarcástico: “tu si tienes la suerte del tal Porras”.

A raíz del asesinato de Rodrigo Lara fue detenido en un apartamento de Medellín, y se le incautaron varias armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Pese a ser condenado, “recobré la libertad por la ley de Gaitán Mahecha, bajo una fianza de 100 salarios mínimos y actualmente me encuentro presentándome en Medellín”, fue su propia explicación al semanario “Desarrollo Interamazónico” de Leticia, financiado con publicidad de las empresas de Porras.

Frente a su residencia en Leticia, hay un letrero en el que se advierte: “Prohibido tomar fotografías”. Una decena de guardaespaldas se encarga de hacer cumplir la orden.

Al poco tiempo de liberado Porras, fue designado un nuevo comandante de la Policía en el Amazonas, quien empezó una severa investigación sobre las denuncias existentes contra aquel, por tráfico de narcóticos. Días más tarde le llegó un marconigrarna aparentemente dirigido por la entonces ministra de Justicia Nazly Lozano de Eijure, en el que le prohibía seguir “hostigando” a Porras. Como su apellido de casada no correspondía, el oficial llamó a Bogotá y constató que el telegrama era apócrifo. El gerente de la regional de Telecom en el Amazonas, Nelson Baquero, fue destituido.

Importantes transacciones de lavado de dólares fueron detectadas en el Banco Ganadero de Leticia por el visitador José Cuervo. El gerente de la sucursal, Luis Eduardo Ramírez Noreña, figuraba en la lista del grupo político de Porras como aspirante al Consejo Comisarial del Amazonas.

Uno de los hermanos de Evaristo Porras, Henry, es propietario en Leticia de las Bodegas El Triunfo, que ofrece servicios de transporte aéreo de carga. Su otro hermano, Alvaro, gerencia el Hotel Bahía Marina, de la Isla de San Andrés.

En el Amazonas también operan los hermanos Barbosa, empleados, como Porras, del Cartel de Medellín. Son identificados como Francisco y Jaime Barbosa y Tomás Cárdenas (hijos de distinto padre). Al igual que los Rivera, son dueños de predios en Medellín, La Dorada y Leticia.

A raíz del asesinato de don Guillermo Cano, Francisco Barbosa estuvo preso en un operativo policial, pero fue libertado casi de inmediato, pese a que un agente de esa institución resultó herido en su finca, La Suiza, en Titiribí, Antioquia.

Todos los narcotraficantes de Leticia confluyen en negocios con la sociedad La Primavera, que es una finca y varias empresas identificadas con nombre similar.

Porras mimetiza la cocaína entre gigantescos pescados del río Amazonas, que envía a su distribuidora en Bogotá.

Desde su liberación por un juez militar, en febrero de 1987, vive en Haití, lo que ha hecho sospechar en la existencia real de vínculos con la llamada Conexión Duvalier, la que ha sido planteada en varias ocasiones sin mayores pruebas aparentes.

Los Rivera transportan el alcaloide en la madera que explotan en un aserrío de su propiedad, en plena selva amazónica.

Los Rivera poseen en La Dorada, el Agrocentro La Primavera, donde venden a los campesinos fertilizantes y productos ; agrícolas similares con descuentos del 15% sobre el costo de distribución, para buscar su apoyo y solidaridad.

6. La Organización en la Costa Atlántica

A partir de la organización que tenían estructurada para el tráfico de marihuana, los clanes de guajiros y barranquilleros, principalmente, empezaron a inclinarse por el de la cocaína.

Entre ellos, se tiene noticias de Emiro de Jesús Mejía Romero, en la Guajira, quien montó un verdadero imperio, impune, con los hermanos Gómez Van Grieken, uno de los cuales, Jorge Darío (Pocholo), fue representante a la Cámara, suplente de Román Gómez Ovalle. El otro, Lucas, permaneció detenido varios meses en Bogotá. Belisario Betancur negó su extradición a los Estados Unidos.

Jorge Darío Gómez Van Griecken fue capturado, siendo congresista, el 21 de febrero de 1983 en la finca Rosa Nour, de Galapa, cerca a Barranquilla. Allí se encontraron 25 kilos de cocaína. Gómez Van Griecken resultó herido en una pierna cuando se enfrentó a bala con la Policía.

Los Gómez Van Griecken son propietarios de los hoteles Royal Labela y ApartaHotel El Golf, de Barranquilla.

También existe la organización de los samartos narcotraficantes, que se inicia con José Rafael Abello Silva (el Mono Abello), quien es considerado uno de los mayores contrabandistas de marihuana y cocaína de la región.

Sus intereses se confunden por la diversidad de negocios, como se afirma sucede en el caso de Miguel Pinedo Barros. Un hijo suyo es congresista suplente en la lista de Román Gómez Ovalle, como antes lo fuera Gómez Van Griecken.

En enero de 1987, Pinedo Barros invocó ser agente oficioso del Mono Abello, para buscar su libertad. El narcotraficante fue detenido en los operativos cumplidos luego de asesinato del director de El Espectador, don Guillermo Cano.

El hijo de Pinedo Barros, Miguel Pinedo Vidal, también es congresista por el Magdalena. Ya en 1975 figuraba en una investigación del servicio de inteligencia de la Aduana (R-2), como contrabandista con el nombre genérico de Miguelito. Fue denunciado en un informe de la Unidad Investigativa de El Tiempo entre la lista de congresistas que obtuvo incapacidades médicas falsas para que sus suplentes ingresaran a ocupar la curul, a fin de poder cobrar dobles dietas. Un hermano suyo fue magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta, cargo en el que no fue reelegido por la Corte Suprema de Justicia: en todos los postes de Santa Marta apareció un cheque inexplicado, girado a nombre suyo.

En este mismo departamento residen los hermanos Antonio María y Enrique Caballero Adúen, el último de los cuales fue representante a la Cámara. A éste le fue paralizada una avioneta, por indicios de narcotráfico.

Con base en el municipio de Ciénaga, Magdalena, opera el Clan de los Dangond, Julio y Víctor Dangond Noguera (representante a la Cámara), y sus primos Orlando y Rafael Noguera. De ellos se afirma son los poseedores de la mayor fortuna proveniente del narcotráfico en la Costa Atlántica.

Su centro de actividad es una finca de Ciénaga, donde queda la pista conocida como La Ye. Esta aparece a nombre de la Sociedad Inversiones Agropecuarias del Litoral Ltda., cuyos socios son Julio, Víctor, Orlando (diputado a la asamblea del Magdalena), Dolly, María, Armando y Carlos Dangond Noguera.

Desde ese punto embarcan la cocaína del Clan Ochoa hacia los Estados Unidos. Se asegura en fuentes oficiales que de la pista La Ye salió el comandante guerrillero del M-19, Jaime Bateman Cayón, con el congresista conservador y narcotraficante Antonio Escobar Bravo, el día del accidente en que perecieron.

En el mismo municipio residen los hermanos Alvaro y Rafael Donado Alvarez, solicitados en extradición por narcotráfico.

Por alguna circunstancia no conocida aún, buena parte de los narcotraficantes que huyen de la justicia, se refugian en fincas de este municipio.

José Ignacio, Nacho, Vives Echeverría, veterano senador, fue condenado por otro delito. Su hijo, Juan Carlos Vives Menotti, figuró en las listas de los Dangond. Nacho Vives utilizó su curul de senador para hacer fogosos debates contra la extradición, y hacer lobby a los ministros, con el objeto de averiguar los cargos contra grandes narcotraficantes solicitados en extradición. A un hermano suyo le encontraron más de US$100.000 en efectivo, durante un allanamiento.

En Córdoba se encuentra el Clan de los Náder, uno de los cuales, Carlos Náder, siendo congresista, fue detenido y condenado en Nueva York, cuando intentaba venderle 10 kilos de cocaína a agentes encubiertos de la DEA. El capo en el departamento es César Cura.

En el César operan los hermanos Jorge y Hugo Genecco Cerchar, traficantes de cocaína y señalados también como asesinos. Uno de ellos estuvo involucrado en un proceso penal por el homicidio de un muchacho que se le atravesó a su carro en las calles de Valledupar. No obstante, se afirma que el gran capo del departamento es Jacobo Lacouture.

En Bolívar se encuentran las casas donde se esconde Pablo Escobar en las esporádicas ocasiones en que las autoridades se deciden a perseguirlo.

Humberto Rodríguez Puentes, exgobernador del departamento, tiene un hermano, Tico, capturado en posesión de 450 kilos de cocaína. El gobierno lo acaba de contratar para reconstruir las murallas de Cartagena.

El Golfo de Urabá y Acandí son los puertos de embarque de la cocaína en esta zona. Desde la Compañía Nacional de Inversiones Ltda., los hermanos Juan Bautista y Fernando Millón Palacio fueron involucrados en el transporte de un cargamento de cocaína hacia los Estados Unidos. Como copropietarios de dos aerolíneas de la Costa, utilizan las aeronaves con ese objeto, según los archivos oficiales.

No obstante, y como consecuencia del legalismo que impera en Colombia, se le otorgó licencia a Millón Cantillo, padre de Fernando y Juan Bautista, para la compra del avión HK1127, por carecer él de antecedentes de narcotráfico. En similar situación se encuentra la compañía Viarco Ltda., cuyos socios son Gilberto Gálvez y Giraldo Millón, por lo que se les negó el certificado de carencia de antecedentes de narcotráfico, Gilberto Gálvez, su gerente, era propietario de una avioneta que cayó en el municipio de Villa Garzón, Huila, en septiembre de 1979, en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Como miembros de su organización son señalados Luis Carlos Quintero, Hernando Buitrago, Mario Salazar y Ernesto Mejía Maya, propietario de la fábrica de baterías MAC.

También solicitó autorización para montar su propia compañía aérea Francisco de Parías Carbó, cuyo hermano. Julio, fue capturado en La Florida el 22 de noviembre de 1980 cuando intentaba comercializar 310 libras de cocaína.

Al enterarse del concepto adverso del Consejo de Estupefacientes, Francisco de Parías envió una enérgica nota, en la que le advertía que “he sido víctima en cuatro ocasiones de atentados criminales y milagrosamente he sobrevivido”, y precisaba que “mis otras denuncias han sido silenciadas con el dinero del narcotraficante y asesino Gustavo Rey Santos, dinero manchado de sangre y drogas”.

También se menciona en esta región del país a Alberto Otero Castellanos, de Cartagena, en cuya finca fue capturado el cubano René Benítez, quien asesinó el 9 de febrero de 1982 a los agentes de la DEA Charles Martínez y Kelly Mckflonc, que llegaron a buscar antecedentes de Tico Rodríguez Puentes. Los hermanos René y Armando Benítez, nacionalizados en Estados Unidos, montaron una tenebrosa organización en la Costa Atlántica, con el apoyo del Cartel de Medellín.

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Gene Usuga

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