Por Martha Ortega
La historia colombiana reciente debemos entenderla a partir del auge de la mega industria mundial del narcotráfico que cabalga sobre el conflicto armado más largo de la historia contemporánea, y que con frecuencia es puesto en segundo plano. Esto ocurre, entre otras cosas, para evitar explicar sus causas y evidenciar las debilidades estructurales de la institucionalidad del estado colombiano en su conjunto.
Es una realidad inobjetable: el narcotráfico es el motor que mueve la política colombiana y su estrecha relación con Estados Unidos ha sido determinada por la importancia que este factor de primer orden tiene en la agenda política.
Ha dado origen al Plan Colombia con ingentes recursos a fuerzas militares y policiales para “el combate contra el narcotráfico y la lucha contrainsurgente” que en gran medida se transforma en compra de equipos y armas.
Tras bastidores, la cocaína es su principal producto de exportación cuyo destino es Estados Unidos.
Estados Unidos delega en Colombia el trabajo sucio
Desde la llegada de Iván Duque al poder el 7 de agosto de 2018, la élite colombiana ha intentado por todas las vías lavarse la cara criminalizando al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Resalta que durante la toma de posesión del jefe de Nariño, el discurso de Ernesto Macías, presidente del Congreso para ese entonces, se planteara la supuesta preocupación por el aumento del narcotráfico y se ratificara la importancia de contar con el apoyo de EEUU para combatirlo.
“Hoy recibe usted un país que tiene el deshonroso récord de ser el primer productor de cocaína del mundo, más de 210 mil hectáreas sembradas, 921 mil toneladas métricas de cocaína (…) Colombia no puede quedarse con la disculpa que recientemente planteó el ex presidente Santos a un medio de comunicación, culpando a los EEUU del aumento de los cultivos ilícitos porque los nuevos consumidores de cocaína se incrementaron en ese país. Por el contrario, debemos asumir con decisión la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, eso sí con el apoyo de ese gran aliado de Colombia, Estados Unidos”.
Un mes después de la toma de posesión, The Inter-American Dialogue (tanque de pensamiento norteamericano dirigido a posicionar las percepciones estadounidenses sobre temas en América Latina) organizó un evento con el canciller designado por Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, donde tambiénparticiparon Francisco Carrión, embajador de Ecuador en Estados Unidos; Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias; y Pedro Burelli, ex director externo de PDVSA.
El evento estuvo centrado en la consolidación del relato de cómo “la crisis de Venezuela afecta a la región” y las acciones políticas que debían emprenderse en conjunto.
Más allá de la conocida repetición de la narrativa antivenezolana, este conversatorio resultó ser una especie de oficialización de la entrada en escena del gobierno de Iván Duque en su rol de armador político de Estados Unidos y su plan de intervención contra Venezuela.
Durante el conversatorio, el moderador Michael Schifter (quien también fue director del programa latinoamericano de la National Endowment for Democracy) señaló que el recién electo presidente Duque tomaba su mandato con preocupación por la “renarcotización” de las relaciones colombo-estadounidenses, y preguntó a Holmes Trujillo sobre la “preocupante” posibilidad de que, nuevamente, el tema de la droga fuese la prioridad de las relaciones bilaterales, en desmedro del abordaje de otros asuntos, en clara referencia al conflicto venezolano.
Por otra parte, el embajador ecuatoriano Francisco Carrión afirmó que su país ha sido generoso con Colombia al acoger a 300 mil colombianos víctimas de la violencia, y que debido a esta situación a Ecuador le resultaba casi imposible recibir a los migrantes venezolanos.
La respuesta del canciller Holmes Trujillo fue que estaban dispuestos a discutir con Ecuador las mejores salidas a estas inquietudes, pero dio por concluida la discusión señalando que “este tipo de desacuerdos podría afectar la cohesión política necesaria entre sus países para coordinar ataques de distinta índole contra Venezuela”.
Claramente el canciller colombiano dejaba saber que la finalidad de dicho evento era pensar una coalición de países contra Venezuela. Los “otros asuntos” a los que se refería Schifter.
El infaltable momento “sorpresa” del evento ocurrió cuando un participante anónimo que se identificó como “habitante colombiano del Chocó” se comunicó vía telefónica para denunciar que su región “sirve de corredor para el paso de cubanos y venezolanos que lo usan como puente para el narcotráfico hacia Centroamérica y EEUU, lo cual ha generado en esta zona un foco de violencia”.
Un conveniente testimonio a la medida de las intenciones antivenezolanas de Holmes Trujillo y el Inter-American Dialogue.
Control de daños pensado desde Washington
El fracaso de la Operación Gedeón llevada a cabo a principios de mayo dejó en clara evidencia el rol de Colombia y su papel de vanguardia de la “coalición multilateral” contra Venezuela.
Iván Duque y su mentor Álvaro Uribe han aceptado su rol como armadores de la estrategia de Estados Unidos, dejando al desnudo la debilidad institucional de todo el estado colombiano cuando su gobierno, por un lado, asegura no tener nada que ver con la fallida operación mercenaria, y por otro, denuncia públicamente la fuga de información desde sus aparatos de seguridad que terminaron confirmando su participación directa en la incursión fallida por las costas venezolanas.
Pero la baja más importante de esta operación es la legitimidad del interinato imaginario de Juan Guaidó. ¿Cómo negar sus vínculos con el narcotráfico?
No obstante, los intentos por resucitar la estrategia Guaidó continúan desde el think tank The Inter-American Dialogue.
El 18 de mayo dicha institución nuevamente organizó un evento de corte antivenezolano denominado “Conversaciones con Juan Guaidó”,en el cual de nuevo Michael Schifter trazó la línea discursiva al afirmar que “buscar la manera de poner fin a la pesadilla que están viviendo los venezolanos ha sido y sigue siendo la más urgente prioridad de diálogo interamericano”.
El foro organizado por Schifter tuvo la participación especial de la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, cuyas primeras palabras expresaron “el gran honor que muy pocos jefes de estado han podido tener”en referencia al recibimiento que le hiciera Donald Trump a Juan Guaidó en la Casa Blanca a principios de febrero.
Imposibilitada para evadir el tema de la fallida Operación Gedeón, Chinchilla se refirió a lo sucedido el 3 de mayo como “una situación a la que el régimen ha logrado sacar provecho”, sugiriendo a Juan Guaidó que este incidente lo llevaba “necesariamente a replantear o reconsiderar el uso de la fuerza como uno de los escenarios para resolver la situación en Venezuela”.
Chinchilla no tuvo reparos en repetir el desgastado mantra de “la culpa es de Maduro” al referirse a la situación nacional, participando como una pieza menor en el andamiaje de control de daños llevado adelante por la mal llamada “comunidad internacional” después del fracaso de la operación.
El último capítulo de la ya mencionada maniobra de control de daños para tapar la contundencia del fracaso de la Operación Gedeón tuvo lugar con la organización de la llamada “Conferencia de Donantes”, que se realizó con el supuesto objetivo de recabar 2 mil 800 millones de dólares para los migrantes venezolanos en países latinoamericanos.
En el evento, en ningún momento se consideró a los miles de venezolanos que están regresando al país, huyendo del colapso provocado por el Covid-19 en estos países, así como de la marginación, la xenofobia y la estigmatización.
El retorno de los venezolanos a su país desmota un esfuerzo discursivo de varios años, perfectamente fabricado desde estos tanques de pensamiento con sede en Washington.
Vale la pena preguntarnos, después de Gedeón, ¿cómo se articula de nuevo a la llamada “comunidad internacional”? La respuesta es clara: organizando una conferencia de donantes donde cada país exige su parte de dicho dinero para formar parte de la “cohesión multilateral contra el régimen”.
Sin sorpresa alguna durante la conferencia, Iván Duque señaló que:
“…si bien esta es una reunión donde estamos hablando esencialmente de la atención a los refugiados, esta tiene que ser una oportunidad para manifestar con contundencia que si no termina rápidamente esa dictadura en Venezuela, esa situación se va agravar”, sentenciando también que debía “cesar la usurpación, hacer una transición amplia, elecciones libres y reconstrucción”.
Queda en evidencia que si algo tienen en común Guaidó y Duque es que rinden honores a los mismos padres fundadores, los mismos que acaban de mandar un contingente de más de 800 efectivos militares para la supuesta lucha antidrogas en el Catatumbo colombiano.
No hace falta aclarar las intenciones reales de este movimiento.
La migración venezolana de ida o de vuelta, la supuesta crisis humanitaria y “la dictadura de Maduro” seguirán siendo las excusas perfectas de la oligarquía colombiana para no verse el ombligo, para que otros no vean su debilidad institucional, su guerra y su industria del narcotráfico desplegado por la región.
Después de todo, hasta las lanchas que se desamarran allá terminan aquí en la tierra de Bolívar.
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