Por: Guillermo Rico Reyes @guillermoricore
Hace varios años, realicé una investigación sobre la masacre de Trujillo en el norte del departamento del Cauca en donde entre 1984 y 1996 fueron asesinados más de 340 campesinos y el sacerdote del pueblo Tiberio Fernández Mafla, a manos de militares, paramilitares, narcotraficantes y miembros de la policía nacional. Entonces me encontré con una figura jurídica que inicialmente dejó en libertad a los acusados del crimen anulando el proceso y dejándolos como NO CULPABLES.
El 10 de marzo de 2009, el juez penal del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca, Néstor Ramos, dejó en libertad a los militares sindicados argumentando que los cargos imputados por la fiscalía eran de HOMICIDIO CON FINES TERRORISTAS, pero para el juez, la imputación ha debido ser HOMICIDIO AGRAVADO por lo que decretó su inmediata libertad y el proceso pasó a ser COSA JUZGADA.
La democracia garantiza que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, así que los responsables comenzaron a disfrutar de la impunidad de una barbaridad que aún viven los habitantes del pueblo de Trujillo. Fue la Hermana Maritze Trigos, con la valentía de las más grandes luchadoras, y la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz que, en contra incluso de las muchas amenazas, levantaron su voz contra la impunidad hasta la Corte Penal Internacional a la que y entregaron las pruebas de lo sucedido.
Presionados por la acción internacional, el 10 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia declara la masacre como crimen de lesa humanidad y un mes después, el 11 de octubre del mismo año fueron condenados los militares responsables de cegar la vida de más de 340 labriegos y el sacerdote. Fue así como el coronel Alirio Urueña fue condenado a 44 años de cárcel.
Cabe resaltar el respaldo que el Ejército Nacional dio al militar, ya que, en el momento de los crímenes el sindicado tenía el grado de Mayor, pero muy prontamente la institución castrense lo ascendió a coronel, como una forma de enrostrarle a la comunidad el poder que ahora este hombre tenía, sin embargo, la acción de la justicia logró la condena que hoy paga.
La misma metodología.
En el reciente crimen contra la niña indígena Embera Chamí, el proceso contra los 7 soldados violadores parece seguir el mismo camino: la Fiscalía General de la Nación presentó la acusación a los depravados, como un caso de ACCESO SEXSUAL ABUSIVO, y no como ACCESO CARNAL VIOLENTO, en el primero, está implícito que la menor accedió a tener relaciones con los militares, lo cual es inadmisible, pues una menor de 12 años no está en condiciones para negarse, y por lo tanto tampoco para consentir, una “relación sexual” con 7 hombres armados. Contra los menores, todo acceso carnal es un acto de violencia.
Pero las cosas fueron aún peores: el viernes 26 de junio en rueda de prensa el Fiscal General defendió la forma como sus funcionarios presentaron el proceso y aunque las condenas pueden ser iguales, en el segundo caso el juez tiene la potestad de aumentarla hasta por un veinticinco por ciento más, por tratarse de una menor, pero con la actual acusación esta posibilidad se pierde. Lo más grave no es eso, el gran problema es que el juez que adelante el proceso puede declarar, como lo sucedido en el caso Trujillo, que la fiscalía presentó mal los pliegos acusatorios y el proceso podría ser anulado y pasando a ser COSA JUZGADA, lo que llevaría a la impunidad de los actos de estos bárbaros. Sin duda la peor burla a los colombianos que exigimos justicia.
Este obstáculo representa, en mi opinión, los palos que la Fiscalía le pone a las ruedas de la justicia, pero no es el único, ya que casi instantáneamente los integrantes del gobierno de Iván Duque salieron a pronunciarse:
El presidente anunciaba que con estos militares se estrenaría la ley de cadena perpetua, es aquí cuando Duque demuestra que su paso por la universidad fue en vano, ya que para aplicar una nueva ley , esta tiene que ser sancionada, mejor dicho, firmada por el presidente… y él no lo ha hecho.
La escudera del Centro Democrático Fernanda Cabal, en sus ya acostumbrados trinos donde pareciera que en lugar de neuronas tiene amebas, calificó la violación de la niña de 12 años, como un montaje al que llamó alegremente “falso positivo”, igual que los asesinatos de miles de jóvenes que se iniciaron en le gobierno del jefe de su partido, Álvaro Uribe V. Recordemos que la señora Cabal ha sostenido que el ejército debe ser una fuerza letal de combate que debe arrasar con el enemigo, habrá que preguntarle si para ella una indígena de 12 años es enemiga.
Otra escudera, Salud Hernández también afiló su lápiz y aseguró que eran manzanas podridas dentro de una institución orgullo de los colombianos.
Recordemos que las fuerzas militares y de policía son “educadas” con teorías de guerra donde no se tienen en cuenta los derechos humanos ni el derecho de gentes: la doctrina de la seguridad nacional y la teoría del enemigo interno donde a los militares se les lava el cerebro para argumentar que todo lo que sea oposición, es enemigo y hay que eliminarlo (léase matarlo). Es aquí donde las teorías retorcidas del fascismo hitleriano hacen parte de la “educación” de los uniformados colombianos, entre ellas se destaca la más terrible: cuerpo de mujer, campo de batalla, se trata de ver a las mujeres y los niños como objetivos de la guerra, porque cualquier agresión contra ellos, golpeará el corazón y la dignidad a las comunidades.
El siguiente es un corto y tal vez incompleto resumen de algunos de los delitos que han quedado en la retina de los colombianos cometidos por las fuerzas militares contra las mujeres de mi país, en hechos que hasta las Naciones Unidas han denunciado y llamado la atención al Gobierno de Iván Duque, sin que nada pasara.
El subteniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz Linares fue condenado por el asesinato de una niña y sus dos hermanitos. Además de la violación a la misma menor y a otra niña en Tame (Arauca) en octubre de 2010.
En octubre de 2019 la capitana del Ejército, Maritza Soto, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al coronel Hernando Garzón Rey por el presunto delito de acoso laboral, sexual y extralimitación de funciones, al parecer, valiéndose de su jerarquía y línea de mando, al tiempo que aseguro que se sentía abandonada por parte del comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, e indicó que «maneja un doble discurso para estos casos», ya que tras conocer la denuncia la envió al municipio de Argelia, Cauca, zona de conflicto, siendo ella personal administrativo y no de armas.
El portal alcarajo.org denunció el secuestro de con fines de esclavitud sexual de cinco niñas de 15 años de la comunidad indígena Nukac Makú, en el Guaviare http://www.alcarajo.mintme.host/cinco-ninas-habrian-sufrido-esclavitud-sexual-por-el-ejercito-nacional-en-guaviare/
El 3 de septiembre de 2019 El general Mauricio Zabala Cardona del Ejército NCIONAL, fue señalado por acoso sexual y laboral. La denuncia fue hecha por W Radio, que en su espacio matutino señaló que en contra del oficial hay denuncias “por acoso sistemático a varias uniformadas y funcionarias”: entre las denunciantes se encuentran médicas rurales, una auxiliar de enfermería, una archivista, una capitán del Ejército y una estudiante…
El 28 de febrero de 2020 El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, aseguró que se encontraron tres casos de violencia sexual en los que estarían involucrados uniformados del Ejército. Los casos perpetrados por miembros del Ejército ocurrieron en Arauca, Guaviare y Meta», indicó. Al mismo tiempo, el vocero añadió que por los tres hechos se iniciaron investigaciones en la Fiscalía General de la Nación.
La brigada La Popa fue denunciada por la violación de dos mujeres.
En 2019, un soldado perteneciente a la octava división del ejército en Arauquita violó a una mujer con discapacidad. Una bebé de cuatro meses fue abusada sexualmente por un soldado del Batallón de Infantería en Meta el 2017.
53 niñas menores de 13 años fueron violadas en Melgar Tolima, por tropas norteamericanas que se encontraban acantonadas en la base militar de Tolemaida, las menores eran drogadas, al quedar inconscientes eran agredidas de formas terribles por los militares que grababan lo que les hacían y los videos los vendían a las redes de pornografía infantil, todo esto sucedió en el marco del convenio de las 7 bases militares pactadas en el gobierno Uribe, no hubo procesados, pese al gran esfuerzo de la Fiscalía del departamento de Tolima porque todos los implicados tenían visa diplomática.
Frente a las declaraciones de que se trata de “manzanas podridas” quiero decir que cuando son muchas las manzanas que están podridas, el problema no son las frutas, es el árbol el que exige reformar.
Bibliografía:
Portal alcarajo.org http://www.alcarajo.mintme.host/
Portal sentiido.com, En Medio de la Guerra, capitulo 4: La peor de todas: Trujillo y el Padre Tiberio.
Los Niños en Colombia: El Futuro Abandonado, capitulo 7 los libros citados los pueden conseguir en redes sociales, con mi nombre Guillermo Rico Reyes.
Estos temas serán tratados en el canal Red Libre de YouTube mañana jueves 2 de julio a las dos de la tarde. https://www.youtube.com/channel/UCDoJlL-xknrMwcW2Ktu1_VA
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