Por: Víctor Gaviria
Hay muchas cosas que cambiarle al Estado colombiano para que al menos se comprometa con la defensa de sus ciudadanos, con garantizar la vida que es lo mínimo que se espera, pero a estas alturas, luego de doscientos años de “vida republicana” continúa el genocidio y son miles de lideres y lideresas asesinados en todo el territorio, así como cientos los muertos, exguerrilleros firmantes de la paz.
El Estado precario es un tema del que habrá que hablar, pero los “escándalos recientes” que son ya tan comunes, dejaron de serlo, obligan a que volvamos a revisar el funcionamiento del sistema político y electoral colombiano, que, de no ser transformado, seguirá impidiendo cualquier cambio real en nuestro país, al menos por la vía democrática.
Lo último, la apertura de una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral, al senador Gustavo Petro, porque en el 2018 unos profesores le aportaron unos quinientos mil pesos (entre todos) a su campaña. Un “ciudadano preocupado” denunció a Petro porque no podía creer que en Barranquilla este le ganara a Iván Duque y pensó que seguramente había recibido financiación del gobierno venezolano. Esta entidad investigó y no encontró nada, pero como no podían creer que la gente no apoyara al eminente designado por Álvaro Uribe, rebuscó hasta debajo de las piedras para encontrar a aquellos inocentes profesores que no sabían (como la gran mayoría de los colombianos y colombianas) que los servidores públicos no pueden financiar campañas.
Lo paradójico es que llevamos semanas hablando y escuchando grabaciones en donde se expresa claramente el financiamiento y gestión de la campaña de Iván Duque por parte del narcotraficante llamado “ñeñe” Hernandez, la asesora de Uribe Claudia Daza, así como el financiamiento por parte del empresario venezolano Gustavo Cisneros, a través de triquiñuelas contables, de mas de ochocientos millones de pesos y poco se habla de investigaciones o procesos parecidos por parte del Consejo Nacional Electoral. También recordamos a la exsenadora Aida Merlano y su denuncia del del sistema electoral paralelo, que a punta de compra de votos se ha organizado en la costa caribe por la familia Char (de donde viene el actual presidente del Senado), los Gerlein y otras más, así como hablábamos del escándalo de Odebrecht, de altos funcionarios del Estado involucrados y de las mas grandes empresas y bancos involucrados en corrupción, de lo que poco pasó a ser investigado.
Pero el eje del asunto está ahí. El Consejo Nacional Electoral quien adelanta la investigación, es la máxima instancia de vigilancia de las elecciones en Colombia, es la que hace la “suprema inspección y vigilancia de la organización electoral” comodefine la Constitución, está compuesto por nueve magistrados, elegidos por el Congreso de la República en pleno. Esto significa que los responsables de hacer los escrutinios oficiales, vigilar e inspeccionar las elecciones, así como de imponer sanciones sobre las irregularidades en el proceso electoral, son elegidos por los mismos congresistas en cantidades determinadas por el número de miembros que los partidos políticos tengan en esta instancia, esto es, los partidos mayoritarios ponen mas magistrados en el CNE. Por eso no es tan difícil que un magistrado designado por el Centro Democrático impulse una investigación y a futuro una posible sanción contra Gustavo Petro por uno cuantos miles de pesos de profesores y no contra Iván Duque por el ingreso de cientos de miles de millones de pesos de fuentes no tan legales.
Y esto es solo la punta del Iceberg de un sistema político y electoral a todas luces desigual y corrupto que permite este y muchas otras arbitrariedades.
Otro elemento central en este sistema es el de la financiación de las campañas; una sola cifra es muy diciente de lo que significa la quiebra de este: seis mil millones de pesos ($6000.000.000) es lo que puede costar una de las campañas para acceder a uno de los 108 escaños del Senado de la República, uno sola. Para hacerse una idea, esto es lo que cuestan unos 70 respiradores mecánicos para UCI (a los altos costos que Colombia los adquirió) o unos doscientos cuarenta mil (240.000) tapabocas N95, vitales para la integridad del personal de salud.
Si se hace cuentas en el aire, un senador puede ganar en salarios por los cuatro años un aproximado a mil doscientos millones de pesos ($1200.000.000) ni siquiera con todo lo que ganan los congresistas, sin gastar en nada más, pueden subsanar los gastos de la campaña, lo que lleva a feriar su curul, buscando inversionistas a sus campañas y claro, encontrará asociados en el mundo legal por medio de contratos de grandes obras a futuro y puestos en diferentes cargos y por otro lado, con puertas abiertas para el lavado de dinero por medio de las mismas campañas.
Claro, no es la única manera, hay congresistas que logran sus escaños con campañas austeras que ni siquiera alcanzan el límite legal de gastos para las campañas que en el 2018 algo más de ochocientos millones de pesos ($800.000.000), son congresistas que dan la pelea democrática y generalmente están ubicados en las bancadas de oposición y los partidos alternativos.
Pero si lo vemos de esta manera, el ejercicio se puede repetir en la Cámara de Representantes, en las Asambleas Departamentales, en los Concejos Municipales (o distritales) y hasta en las Juntas Administradoras Locales, las campañas electorales se convierten en el origen de la corrupción estatal, pues es ahí donde terminan endosándose los espacios de representación popular a los mejores postores para las campañas. En un país con tantas deficiencias en infraestructura y tanta pobreza pluridimensional, es un despropósito el gasto exagerado en las campañas electorales.
Estos son solo dos elementos que nos indican la necesidad de que en el Congreso deje de gastarse el tiempo en discusiones tan trascendentales como las del “carriel como patrimonio nacional” o los festivales de cuanto pueblo existe en el país, o de como impedir derechos colectivos, o de poner a decidir a los violadores sobre el aborto en el cuerpo de las víctimas, o a limitar la voz a la oposición (como pasó en la cámara en el semestre anterior) y se concentren en temas como la reforma política y electoral, si no quieren seguir aportando en la deslegitimación popular de las instancias de representación ciudadana definida en la Constitución Política.
Hay que obligar un sistema de voto electrónico (con respaldo físico) y un sistema de conteo que sea público que hoy es privado y no se puede auditar. Ya hasta el mismo Consejo de Estado emitió una muy diciente sentencia que le devolvió en el 2018 unas curules al MIRA, en donde enumeró las formas de fraude de las elecciones, que va desde la alteración de los archivos Log, hasta el tachoneo de los cartones electorales cambiando los números.
En esta nueva legislatura que comienza hay varias iniciativas que vale la pena revisar y dar impulso, una de ellas del partido FARC, que recoge los más urgentes aportes de la Misión Electoral Especial y otra propuesta del partido Liberal, un poco más reducida, pero con un espíritu similar. Pero lo fundamental para una reforma política y electoral es la necesidad del financiamiento estatal pleno de las campañas (pues a pesar de que cueste un poco mas al presupuesto público, es una opción de que luego no nos cobren por diez en corrupción lo que “invirtieron” los privados en las campañas), la autonomía, objetividad y pluralismo en los organismos electorales como el CNE; la necesidad de que las listas sean cerradas y se obligue la paridad de genero y los mecanismos democráticos de elección de candidatos (elecciones primarias se llaman en otros lares), la votación electrónica con control y auditoria y el voto obligatorio que generará la reducción de la compra de votos, pues en un país en el que hay hasta 60% de abstención, que voten todos, permitirá que el negocio de la compra y venta de votos en los barrios y juntas de acción comunal se acabe o tienda a desaparecer.
Estos son solo elementos generales, habrá que hablar con más juicio sobre el tema, que de pronto no suenan de tanto interés para el Colombiano y la colombiana de a pie, pero si lo miramos bien es la única manera que garantizará por la vía democrática avanzar en la transformación del Estado colombiano, para que de una vez por todas esté dirigido y representado por hombres y mujeres que realmente puedan ser la vocería de las comunidades (si no los matan) de todos los territorios y no de los pocos clanes que nos dirigen como en la época feudal y que no representan a nadie mas que a sus propios intereses y el de sus inversionistas.
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