Por estos días la opinión pública colombiana se encuentra agitada, en unos casos consternada y en otros en medio de celebraciones. Los sorprendidos porque la “corrupta” Corte Suprema ordenó una medida de aseguramiento contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero la verdadera historia detrás de este acontecimiento que tiene a Uribe y a su abogado hoy con medida de aseguramiento es una que el mismo expresidente intentó generar hace unos ocho años.
El proceso que tiene hoy recluido al senador Uribe en su hacienda de un poco mas de mil hectáreas (es posible que ya tenga un ataque de claustrofobia en ese espacio que es mas grande que todas las cárceles del país juntas) inició con una denuncia que este realizó contra Iván Cepeda. En medio de un debate en el Congreso de la República en el 2014 sobre paramilitarismo en Antioquia, Cepeda presentó el testimonio de algunos exparamilitares presos que afirmaron conocer de la participación de Uribe en el origen y conformación del grupo paramilitar llamado “Bloque metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. “Indignado” el senador Uribe se salió del debate a denunciar a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por los señalamientos (aduciendo la existencia de falsos testigos), el proceso a partir de esta denuncia contra Iván Cepeda duró hasta el año 2018, cuando esta corte declaró que no tenía elementos para abrir una investigación (se declaró inhibida) y por el contrario encontró suficientes pruebas para abrirle un proceso a Uribe y a su abogado Cadena por manipulación de testigos y fraude procesal.
Entonces si hay algún responsable por esta “hacienda por cárcel” al “gran colombiano” es el mismo Uribe Velez por su intento de manipular la justicia para sus intereses políticos.
Este proceso hasta ahora inicia, porque la detención domiciliaria como forma de “medida de aseguramiento” se hace en la primera parte del proceso, cuando no ha iniciado el juzgamiento, luego de la resolución de la Sala de Instrucción (la sala que acusa). Esta es una medida preventiva, (no sancionatoria todavía) pues los magistrados encuentran que hay suficientes elementos (pruebas claras, inequívocas y concluyentes dice la decisión) para pensar que el investigado (el expresidente) podría interferir en la investigación (como lo ha hecho durante los últimos ocho años intentando ofrecer dadivas económicas y jurídicas a más de 20 testigos del proceso). Con esta medida de aseguramiento de Uribe y su abogado empieza el proceso de juzgamiento que durará al menos un año hasta poder conocer el fallo de la Corte Suprema de este proceso. Uno de los diecisiete procesos en su contra en esta alta Corte.
Bueno, a estas consideraciones tampoco hay que olvidar que ya es costumbre que el uribismo cuando se ve procesado por la justicia tiene una extraña tendencia a “volarse”. No hay que olvidar a Andres Felipe Arias, a la exdirectora del DAS Maria del Pilar Hurtado, al Ex comisionado para la paz (Dr.Ternura), el periodista (Áulico y columnista de Carlos Castaño) Ernesto Yamhure y pensaría uno que hasta la UTL de Uribe, Claudia Daza, que por estos turbulentos días prefirió irse de paseo a los Estados Unidos. Porque cuando se ven juzgados empiezan a agitar una supuesta “persecución política”, en vez de responder ante los tribunales, si fuera tan inocente su causa.
Y es que las respuestas del uribismo, a pesar de llevar casi veinte años en el poder es el de hacerse las víctimas y seguir agitando una persecución de la izquierda y una confabulación comunista internacional (castrochavista y neochavista según la situación); ya les falta poco para volver a hablar del basilisco del que hablaba Laureano y de un macabro plan de la logia masónica internacional.
Ahora Álvaro Uribe Velez, el tipo que ha puesto los dos últimos presidentes del país, pasa a ser una “víctima”. Es claro que el expresidente sabía que no estaba haciendo las cosas bien cuando hasta en los diálogos de la Habana y en las discusiones del Congreso de este Acuerdo, se estableció como una condición inamovible que la Jurisdicción Especial de Paz no pudiera investigar o sancionar expresidentes. Y bueno, cuando se contrata un abogado (aboganster) de mafiosos como su apoderado en un caso de falsos testigos, no es algo diferente lo que se puede esperar.
Se escuchan en los pasillos de algunas casas de familia, que “pobre abuelito” para estar preso y ahora con un Covid-19, y toda su familia diagnosticada en menos de un par de horas (mágico), y ahora uno de sus principales fans con puesto en la Cámara impulsando “una vaca para pagar la multa” de algo menos de 100 millones de pesos que le impuso la Corte Suprema de Justicia. La fortuna de los Uribe es inmensa (que inició con las propiedades de su padre, quien estuvo a punto de ser extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico) con una familia propietaria de haciendas, de grandes proyectos de construcción, hatos ganaderos, centros comerciales, proyectos aduaneros que facturan miles de millones de pesos al año. ¿En serio se necesita una vaca cuando solo uno de sus toros o caballos pueden costar mucho más de lo que cuesta esa multa?
Victimización es lo que buscan quienes desde el partido de gobierno y el presidente de bolsillo que pusieron, impulsan la eliminación de las tres altas Cortes, creando una pequeña y única Corte que funcione bajo sus órdenes. Y como víctimas y perseguidos quieren mostrarse en los dos años de gobierno que les queda, con su soñada constituyente, para sobrevivir como partido a una próxima campaña electoral.
Las víctimas de esta historia, la de Colombia, no es ese delincuente de guerra y sus áulicos, las víctimas son las familias de Hector Abad Gomez; los asesinados en las masacres del Aro y la Granja y la familia de héroes que se atrevieron a denunciar como Jesús Maria valle y de tantas otras que sufrieron durante el ascenso del paramilitarismo de las ACCU y las AUC, los indígenas desplazados y asesinados por proyectos como los de la represa de Urra, las miles de madres, padres e hijos de los jóvenes engañados y asesinados en los llamados Falsos positivos, por parte de quienes buscaban dar resultados militares y permisos.
Víctimas de las chuzadas, persecuciones y montajes fruto de la guerra sucia, a manos del DAS y ahora de la Fiscalía, que caracterizó la “seguridad democrática”, los desaparecidos que yacen bajo las aguas de Hidroituango y las fosas del Copey en el Cesar, la Macarena en el Meta y tantas que hoy todavía se desconocen, víctimas los más de ocho millones de desplazados; victimas las familias de mis amigos desaparecidos y muertos en las universidades donde me formé y los que perdieron años de sus vidas en las cárceles del Estado por los falsos positivos judiciales; las víctimas que no han dejado de derramar lagrimas reales por los seres queridos que perecieron en la guerra que el partido de gobierno no ha permitido superar.
Este proceso hasta ahora empieza, pero debe servir para comprender la historia verdadera, no la que nos han vendido los que han gobernado los últimos años (y administran los únicos canales nacionales de televisión) y más durante la larga noche en la que nos quiso envolver el uribismo con su embrujo autoritario. El encierro de Uribe debe servir para empezar a hablar de quienes se beneficiaron política y económicamente del gobierno del miedo.
Por eso no es tan descabellada la idea de que Uribe debe presentarse a la JEP para que le cuente al país la realidad del conflicto colombiano. Al final de cuentas Uribe es un determinador, uno de las más importantes determinantes en el rompecabezas del poder en Colombia y saber la verdad de la guerra es el camino mas seguro para alcanzar la verdadera paz en nuestro país.
Sobre el autor
