LA ESPANTADA DEL REY EMÉRITO
Por Rasmia asamblea aragonesa
Han pasado unos días ya desde que nos desayunamos con la sorpresa de la espantada del rey emérito. Desde aquel día, no son pocos los medios que nos han intentado vender sus excelencias, heroicidades y servicios por la patria que ha prestado desde que nos trajo la democracia, pero no han conseguido tapar lo que la propia estulticia de la corona ha dejado en evidencia: el rey emérito ha huido porque es culpable. Solo falta determinar el alcance de su culpabilidad. De momento sabemos que ha cobrado comisiones ilegales, tanto por no ser ajustadas a derecho como por no haber sido declaradas al fisco. También sabemos que blanqueó capitales depositados en paraísos fiscales y que repartió dinero negro a espuertas a testaferros, amantes y demás bocas a tapar.
Don Juan Carlos de Borbón y Borbón tenía como encargo defender la fe católica, como miembro destacado de la Orden del Toisón de Oro y heredero de la bula que ordenó guardianes de la fe a los Reyes Católicos y sus herederos, obligación que se pasó por el forro al caer una y otra vez en contradicción con el sexto y noveno mandamientos, al saltar de cama en cama, además de contravenir el séptimo y décimo, como ya hemos visto. El rey emérito ha robado, ha estafado y ha puesto los cuernos a su esposa. Esto es lo que sabemos. Mucho más hay que intuimos, pero no sabemos y esperamos saber, aunque eso no es lo que nos atañe aquí y ahora. Estas faltas humanas son consustanciales a su naturaleza humana y regia, a aquel dispuesto a pecar y que encima goza de inmunidad para ello. Pero no, el problema con este rey emérito, y de rebote con el hijo y la nieta es otro.
ILEGITIMIDAD DE SU REINADO
El rey emérito fue un rey ilegítimo. Por tanto, su hijo es ilegítimo y, de llegar a reinar, Leonor será una reina ilegítima.
La primera ilegitimidad la encontramos en la propia idea de la monarquía. Por definición, un rey (o reina) es un ser ungido por la Providencia para liderar a un pueblo. Es alguien especial cuyo poder emana de Dios y su infalibilidad es indiscutible. Quizá en la Edad Media esto fuera un argumento de peso, pero estamos en el siglo XXI. Ahora sabemos que nadie está tocado por manos divinas para liderar nada y no es más que un simple mortal, una persona que lo único especial que tiene es una herencia descomunal que incluye uno o más territorios que considera (y trata como) posesiones suyas. Un rey no puede estar por encima del resto de personas (súbditos), porque no es mejor ni peor. A priori, deben ser sus actos quienes lo definan y estos no se dan hasta muy tarde, pasada ya su coronación (a no ser que seas Carlos de Inglaterra). Por tanto, hemos mencionado tangencialmente la primera violación de uno de los principios básicos de la democracia: la igualdad de todos los ciudadanos. Por lo tanto, una monarquía es incompatible con la democracia.
INVIOLABILIDAD DEL REY
¿Hay más incoherencias que ilegitimen la corona desde el punto de vista democrático? Sí, claro, y muy claro: el artículo 56.3 de la Constitución Española:
La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.
Con este artículo en la mano, nos encontramos con que una persona se está literalmente por encima de la ley. No es que tenga poderes excepcionales en momentos especiales, no. Es que el rey (o reina) es inimputable. De la redacción inespecífica de la Carta Magna se puede desprender que el rey (o reina) sólo es inimputable en el ejercicio de sus funciones, pero todos los letrados del Congreso, cúpula de la judicatura y demás leguleyos, insisten en que la persona y la figura son indistinguibles y, por lo tanto, inviolables en todas sus funciones vitales. ¿Puede una democracia sana tener a alguien por encima de la ley? Vamos a lo práctico antes de responder.
El principio teórico dice que esta inviolabilidad es porque simboliza al Estado, el Estado no se puede juzgar y que en realidad no tiene poder real, bla, bla, bla. La realidad es que el rey emérito ha tenido negocios con testaferros, usado valijas diplomáticas para enviar dinero a Suiza y tapar escándalos, secuestrar revistas y evitar críticas gracias a su inviolabilidad. Esta inviolabilidad, durante casi cuarenta años, se ha extendido a su familia, tanto natural como política.
La excepción y la confirmación vino con NOOS. El yerno fue sacrificado para salvar a la hija que, pese a su gran cualificación, su preparación, su cargo importantísimo, nunca supo (o no recordó) qué pasaba en la empresa que administraba ni por qué los trabajadores de esta eran los mismos del servicio de su palacete que además era sede de dicha empresa.
Nos gusta pensar que todo el mundo hará lo que es debido, pero es difícil pensar que si alguien tiene la inmunidad garantizada no la vaya a usar de forma espuria. Es pensar mal, sí, mucho, pero recordemos que quien nos ocupa ha sido criado con la idea de que está destinado a un fin mayor que es la representación de una gran nación y encarnar todo lo que ella significa. Alguien, en definitiva, cuyo propósito lo sitúa más allá del bien y del mal.
ORIGEN DE LA SEGUNDA RESTAURACIÓN BORBÓNICA
¿Pero, de dónde viene esta idea? ¿Quién puso esta idea en su cabeza? La primera opción es su padre. Alguien que en 1936 vio a su padre financiar al ejército golpista con la esperanza de recuperar el trono legítimamente perdido en 1931. Don Juan de Borbón y Battenberg nunca perdió la esperanza de ser rey, porque creía que era su derecho y que él era uno de esos especímenes especiales destinados a brillar con luz propia y esa idea permeó en sus hijos como en tantos otros hijos de la aristocracia que se creen superiores por anteponer un marqués, conde o vizconde al nombre familiar.
Pero no es de Juan de Borbón de quien emana esta ilegitimidad que ahora nos ocupa. Esta segunda ilegitimidad del emérito parte de su propio nombramiento como heredero con título de príncipe en 1969 de la mano del ínclito Francisco Franco Bahamonde. Este general de voz aflautada ostentaba desde 1937 el título de Jefe del Estado (español) gracias a una guerra iniciada, tras fracasar el golpe de estado del dieciocho de julio de 1936.
Huelga decir que, acceder a cualquier puesto de la administración gracias al resultado de una guerra es, cuando menos, poco democrático, legal o respetuoso con ninguna legalidad. Por tanto, podemos considerar a Francisco Franco Bahamonde como un usurpador del gobierno legítimo y cualquier legislación, decisión o mandato oficial surgida de su materia gris es ilegítima, ilegal y arbitraria por naturaleza, por tanto, y siguiendo el mismo orden lógico, la sucesión de su Jefatura de Estado en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón no tiene carta de legitimidad.
Recordemos que Juan Carlos juró los principios del movimiento, esos que retrotrajeron una España moderna a un cortijo decimonónico, y sus leyes ilegítimas, repetimos. Llegado 1975 y muerto el dictador, Juan Carlos, con otros, transita a la democracia sin despeinarse ni cambiar de casaca. Sí que decidió dejar de lado el poder absoluto que ostentaba su predecesor en favor de un simbolismo que le liberó de una carga de trabajo ingente, pero mantuvo la intocabilidad heredada.
Esto ya entraría dentro de la rumorología de la que queremos huir, pero se dice que el emérito es poco más que un vago hedonista que se sabe con suerte, lo cual casa con el “sacrificio” de quitar responsabilidades a la Corona y, por tanto, obligaciones. Pero volvamos a los hechos. Juan Carlos, que había jurado los principios del movimiento seis años antes, no abjura de los mismos y, un par de años más tarde, jura la Constitución sin un quítame allá esta dictadura.
Con esta parrafada definimos la segunda ilegitimidad de la Corona borbónica española: la restaura un dictador cuyo régimen era de todas todas ya ilegítimo y sin potestad para hacerlo.
Y la cronología nos lleva a la tercera pata de nuestro taburete de ilegitimidades: el pueblo nunca ha refrendado el sistema político actual.
Es famoso el vídeo de Adolfo Suárez confesando a Victoria Prego que la monarquía no gozaba de apoyo suficiente en la calle, por lo que se metió en el grueso de la Constitución. Así, no se contestaba y, con la excusa de “Constitución o barbarie”, se aprobó un texto empaquetado, con escaso debate entre una ciudadanía deseosa de pasar página y tragar con el rey, entre otras cosas, pensando que más adelante ya veríamos si eso.
El reinado de Juan Carlos es ilegítimo porque pudiendo ser refrendado por la ciudadanía no lo fue por el miedo a que esta no le brindara el apoyo que le era necesario.
CONCLUSIÓN
Con esto hemos tejido tres argumentos que son tres puntales a la ilegitimidad de la Corona. Verá el lector que no hemos citado en ningún momento tropelías, travesuras, elefantes o Mitrofanes que nos hagan considerar al rey emérito como indigno del cargo. Y no es que no lo sea, o que no existan estos argumentos. El comportamiento conocido del rey es vergonzoso y digno de vergüenza propia y ajena. Sabemos de amantes, negocios, desfalcos y posibles asesinatos (ejem, Sandra Mozarowsky, ejem) o crímenes encubiertos (su hermano Alfonso), casos que por sí mismos hacen del tipo un ser que no merece ninguna consideración y mucho menos ostentar un cargo público. Pero no, no los citaremos ahora, nos reservamos la posibilidad de hacerlo más adelante, para glosar la bajeza moral del emérito. Son accesorios para nuestra tesis y nuestra tesis es que un rey es ilegítimo (¡cuántas veces lo hemos dicho ya!) y un peligro para la democracia, por sus constantes desafíos a la misma.
La conclusión necesaria es que el debate sobre si monarquía o república es innecesario y tramposo. Un sistema produce monstruos, el otro procedimientos y reglamentos que garantizan que todo el mundo es igual ante la ley y debe pasar reválida cada vez que quiera ser elegido para un cargo cualquiera.
Podríamos incluso argumentar que la propia dinastía borbónica se establece en Aragón por una guerra perdida, pero ¿no se establecen así casi todas las dinastías? En este caso, lo importante es que los Borbones subyugan a Aragón a las leyes de Castilla, adoptan su ordinalidad y queman hasta los cimientos sus instituciones. Pero esto, es otro artículo.
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