El estado de conmoción interior buscaría afectar la independencia judicial, limitar la protesta social e intentar amordazar a la oposición política.
@Rosa_Alcarajo
COLOMBIA| El senador Iván Cepeda, denunció este martes que el gobierno del presidente Iván Duque busca decretar una conmoción interior, con el fin de afectar la independencia del poder judicial.
La denuncia de Cepeda se conoció tras radicar una constancia en la plenaria, donde le pregunta al Gobierno si está considerando decretar la conmoción interior como salida, ante los hechos que demuestra violaciones sistemáticas de derechos humanos y actitudes dictatoriales del poder ejecutivo en Colombia.
Cepeda, asegura tener muy buena fuente, de que en el Palacio de Nariño se está estudiando decretar una conmoción interior con el fin de tomar medidas que pueden afectar la independencia judicial, limitar la protesta social e intentar amordazar a la oposición política.
De acuerdo a la CONSTANCIA, el recurrente desacato del Gobierno a las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, no solo desafía el poder judicial y al Estado Social de Derecho, sino que pasaron a ser tolerantes y cómplices de los terribles crímenes que se han cometido en el país.
Cepeda explica que, ante esta situación, varios congresistas, concejales de Bogotá (capital de Colombia) y organizaciones de derechos humanos han dirigido a la Corte Penal Interamericana para informar de estos graves hechos.
El senador asegura que el presidente y su partido gobierno están equivocados si creen que no van a encontrar resistencia civil por parte de la oposición y la ciudadanía para proteger el estado social de derecho y la Constitución.
“Acudiremos a todas las instancias a las que haya lugar y a la movilización pacífica para frenar cualquier intento de formalizar una dictadura a través del estado de excepción y la conmoción interior”
CONSTANCIA
En Colombia estamos enfrentando un régimen cada vez más autoritario y militarista, en el cual el Presidente de la República viene adoptando formas propias de gobiernos dictatoriales, pretendiendo controlar o destruir el poder judicial para garantizar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, e impedir un ejercicio esencial en la sociedad democrática: la protesta social.
A esta clase de conductas despóticas, que tanto se ufana de criticar el propio Presidente de la República, podría corresponder una posible declaratoria de estado de conmoción interior. He recibido información de una fuente creíble que asegura que el Gobierno Nacional está estudiando la declaratoria de un estado de conmoción interior con la que buscaría limitar la protesta social, silenciar los reclamos de la ciudadanía que exige justicia, verdad y reforma de la policía; agredir y socavar la independencia del Poder Judicial, y amordazar a la oposición política. De llegar a esta situación estaríamos ante un verdadero quiebre institucional.
La reciente actitud del presidente Iván Duque y su ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, ante los fallos judiciales, es el desconocimiento de facto del principio de respeto de la independencia de los poderes públicos. El desacato del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que prohibía reanudar las actividades de la Brigada militar de Estado Unidos hasta tanto el Senado de la República no debatiera la legalidad de esa presencia extranjera, se suma al reciente desconocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó al Gobierno no sólo presentar disculpas por los excesos de la Policía, sino tomar un conjunto de medidas para acabar con sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte de esa institución.
Con ello no solo ha desafiado al poder judicial y al Estado Social de Derecho, sino que pasaron de ser tolerantes a cómplices de los terribles crímenes que se han cometido en el país. Su discurso es un aliciente que invita a la fuerza pública a quebrantar la ley sin temor a la justicia o a la sanción política, es un llamado aberrante a la impunidad garantizada de crímenes de lesa humanidad. Por eso congresistas, concejales de Bogotá y organizaciones de derechos humanos nos hemos dirigido hoy a la Corte Penal Internacional para informar de estos grave hechos.
Está equivocado el presidente Duque y el partido de gobierno si creen que no van a encontrar resistencia civil por parte de la oposición y la ciudadanía para proteger el estado social de derecho y la Constitución. Acudiremos a todas las instancias a las que haya lugar y a la movilización pacífica para frenar cualquier intento de formalizar una dictadura a través del estado de excepción y la conmoción interior.
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