Por Iván Oliver Rugeles
Importante material que es muy interesante leerlo para que nos enteremos de la baja condición moral y ética de uno de los tres sujetos que suscriben el falso informe que fue elaborado por un grupo de 13 personas residenciadas en Panamá, de identidad e idoneidad absolutamente desconocidas, que supieron bailar al ritmo que les tocaron debido, sin duda alguna, al abultado presupuesto de 2,7 millones dólares que aprobó para esa tarea el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tómese nota que ninguno de los integrantes del trío designado por el Consejo, así como tampoco, ninguna de esas 13 personas de la Zona del Canal, para cuya selección nada tuvo que ver el Consejo y aun cuando parezca increíble, vinieron a conocer in situ la realidad de Venezuela sobre tan delicado tema y a confesión de estos últimos, sus fuentes fueron las redes sociales, especialmente, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube…*
“¿Quién es Francisco Cox Vial?
Se presenta como «experto en Derechos Humanos», pero su carrera, como en otros tantos casos similares, da cuenta de otras cosas. Algunos datos: Cox Vial trabajó en el «Programa de Justicia Internacional» de la ONG Human Rights Watch, presentada como «de Derechos Humanos», pero con notorios lazos con las derechas y el aparato gubernamental de Estados Unidos, tal como lo señalamos en una nota anterior («Las falsas «ONGs de Derechos Humanos» como arma imperial. El caso de «Human Rights Watch»»).
Además, Cox defendió al ex parlamentario Jovino Novoa (quien cumplió funciones en el aparato de seguridad de la dictadura de Pinochet) y a la senadora Ena von Baer (ambos de la UDI, partido político de la derecha chilena, fundado para darle apoyo a Pinochet), en el marco de las indagatorias relativas al escandaloso caso de corrupción política-empresarial vinculada al Grupo Penta, y fue defensor de la cadena de farmacias Salcobrand en el caso de colusión de las Farmacias (Fuente: El Mercurio).
Más recientemente, Cox Vial fue defensor de la Ministra de Educación del Gobierno de Piñera, Marcela Cubillos, ante la Acusación Constitucional presentada en el Congreso Nacional en septiembre del 2019 (además, esposa de quien es desde julio de este año Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand). Todo esto fue señalado expresamente en una carta firmada por varios abogados de Derechos Humanos en Chile, emplazando a Bachelet por su designación para evaluar la situación en Venezuela («Abogados en DD.HH. emplazan a Bachelet por rol de COX»).
Y lo que resulta más elocuente: El 25 de octubre pasado, mientras el país se encontraba en medio del Estado de Excepción de Emergencia, el Toque de Queda, y múltiples y graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, Francisco Cox Vial apareció en una entrevista al diario La Tercera donde entre otras declaraciones, salió defendiendo al Gobierno de Piñera, negando la posibilidad de que se hayan estado incurriendo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, y afirmando que las instituciones, y «el Estado han funcionado». El asunto fue también polémica entre la destacada abogada de Derechos Humanos y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, y Javiera Parada, esta última, conocida por sus posiciones favorables al Gobierno de Piñera (Ver «El cruce entre Carmen Hertz y Javiera Parada por declaraciones de Francisco Cox»).
En los pasajes más controvertibles de la entrevista a La Tercera, Cox Vial señala que «Chile tiene una institucionalidad que dentro de todo ha estado funcionando», que «te demuestra un Estado de derecho que está funcionando», y que «no creo que esto genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile»; «en mi opinión, no son crímenes de lesa humanidad al no cumplir el elemento del contexto o umbral, no hay un ataque a población civil, debe ser una política de Estado.» «No estás cumpliendo con el requisito de que sea una política de Estado o de la organización», «Acá el Estado ha funcionado.» «No (..) creo que el Presidente Sebastián Piñera tenga responsabilidad penal internacional (..) Una sola violación a los derechos humanos es grave, sí, pero no cualquier violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad. Acá (en Chile) el Estado ha funcionado. Acá no se va a meter la Corte Penal Internacional.»
Esas afirmaciones contrastan fuertemente con el trato dado a la situación venezolana. Según se lee en el Informe, sin más pruebas que las propias afirmaciones contenidas en el Informe de Bachelet del año pasado (Ver «¿Y los Derechos Humanos de las y los Chavistas y del Pueblo de Venezuela? Acerca del Informe Bachelet y la acción de actores no estatales y de otros Estados»), se dice «El estudio identifica “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y añade que “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad” (…) Los responsables del análisis indicaron que las autoridades estatales de alto rango “tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones”, señalándose que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.
Pero veamos el trágico balance que para el 20 de diciembre de 2019 hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), de la represión de Carabineros solamente en la capital chilena a los manifestantes desde el 18 de octubre de 2019, el cual pareciera ser desconocido por este señor Cox:
Al menos 35 muertos, 3.400 personas han resultado heridas, incluidos cerca de 300 niños y adolescentes, además de casi 360 pacientes con heridas oculares, entre los cuales 20 sufrieron estallido o pérdida total de un ojo y 4 de los dos ojos, debiéndose observar que no resulta para nada extraño que el disparo de balines a la cara de los manifestantes fueron actos previamente calculados, balines esos que se comprobó eran de goma con agregados de metal, incluido el plomo. Además, se contabilizaron cerca de 1500 denunciadas varias, de las cuales más de 200 por violencia sexual, 392 por torturas y «otros tratos crueles» y más 800 por uso excesivo de la fuerza durante la detención. Más de más de mil personas son representadas por el organismo en procesos legales por violaciones a sus derechos.
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