FRANCIA| El Parlamento europeo y francés denuncian ante la comunidad internacional la pérdida del Estado de Derecho en Colombia ante la sistematicidad de asesinatos de lideres sociales, defensores de derechos humanos y opositores del gobierno.
La denuncia la realizaron mediante una carta firmada con 22 organizaciones, expresando su preocupación por la profunda violencia en el país. Al tiempo, rechazan el asesinato de lideres sociales, activistas políticos, defensores de derechos humanos.
«Cada 48 horas un defensor de los derechos humanos o un líder comunitario o político es asesinado».
En el documento, analizan que, la guerra se expresa ahora en el corazón de las principales ciudades en manos de la fuerza de seguridad del Estado como por parte de los grupos paramilitares.
Asimismo, le recuerda al Gobierno colombiano que a principios del siglo XXI, la mayoría de las naciones consideran la «persecución política» como un crimen contra la humanidad.
«Según reportes de varias ONG colombianas, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, más de 1000 líderes sociales, ambientales y políticos han sido asesinados allí», menciona el documento.
Además, recordaron los nombres de los líderes políticos de Colombia Humana asesinados en los últimos dos meses, como el del profesor Campo Elías Galindo, Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial 2018, Eduardo Alarcón Córdoba, líder campesino y miembro del movimiento Humana-UP.
Ante la pérdida del Estado de Derecho, los diputados solicitaron al público y a la comunidad internacional permanecer vigilantes respecto a la evolución de estos hechos violentos en el país suramericano.
Finalmente, los diputados le pidieron al gobierno de Iván Duque garantizar la seguridad de los ciudadanos, y particularmente de los miembros de la oposición.
CARTA
CARTA ABIERTA SOBRE LA SITUACIÓN EN COLOMBIA Y LA PERSECUCIÓN DE OPOSITORES POLÍTICOS
París, 21 de octubre de 2020
La Comunidad Internacional y la Unión Europea han apoyado la aplicación del Acuerdo de Paz en Colombia. Este apoyo fue ratificado en una resolución aprobada por unanimidad en enero de 2016 en el Parlamento Europeo, y fue reiterado por el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores durante un debate en el mismo Parlamento en enero de 2018.
Sin embargo, en Colombia, la situación humanitaria y política sobre sigue deteriorándose. Cada 48 horas un defensor de los derechos humanos o un líder comunitario o político es asesinado. Un informe de la ONU del 4 de marzo de 2020, afirma que Colombia es el país donde más defensores de los derechos humanos son asesinados en América Latina. Según reportes de varias ONG colombianas, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, más de 1000 líderes sociales, ambientales y políticos han sido asesinados allí.
La violencia alcanzó una nueva etapa cuando el 9 de septiembre la policía de Bogotá disparó contra los manifestantes que denunciaban la violencia policial tras la muerte del abogado Javier Ordoñez a manos de la institución. Esta represión dejó 13 personas muertas en lo que ya se conoce como la «Masacre de Bogotá». Un total de 68 masacres han tenido lugar en el país desde principios de 2020.
Este nivel de represión es indicativo de una actitud inconstitucional, y en algunos aspectos incluso sediciosa por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Después de estos acontecimientos, numerosos allanamientos a miembros de la oposición tuvieron lugar. Estos son din duda síntomas de lo que parece ser una verdadera persecución política.
El 24 de abril, Alejandro Llinas, un ecologista y miembro de Colombia Humana-UP fue asesinado. Alejandro Llinás dedicó su vida a proteger la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Tayrona de la voracidad de la industria turística nacional. Alejandro Llinás había sido designado «objetivo militar» por los paramilitares precisamente porque se oponía a los intereses de la industria turística.
El 20 de octubre de 2020, Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial 2018 de Colombia Humana-UP en el departamento del Cauca, fue asesinado. El día anterior, en el departamento de Huila, Eduardo Alarcón Córdoba, líder campesino y miembro del movimiento Humana-UP de Colombia también fue asesinado. El 2 de octubre de 2020, en Medellín esta vez, Campo Elías Galindo, historiador, profesor universitario y miembro del movimiento político Colombia Humana-UP fue asesinado, encontrándose su cuerpo con un libro quemado en el pecho.
Por consiguiente, la guerra, que muchos creían superada, se expresa ahora en el corazón de las principales ciudades de Colombia, esta va dirigida especialmente contra los opositores políticos. Tanto por parte de las fuerzas de seguridad del Estado como por parte de los grupos paramilitares.
Creado en 2018 y habiendo sido una de las dos formaciones políticas presentes en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Colombia, el movimiento político Colombia Humana-UP cuenta ahora con al menos 10 de sus miembros asesinados. Las estadísticas muestran que principalmente los miembros de Colombia Humana-UP y del nuevo partido de las FARC son perseguidos, amenazados y asesinados por sus participación en política.
A principios del siglo XXI, la mayoría de las naciones consideran la «persecución política» como un crimen contra la humanidad. Lamentablemente, Colombia ya ha experimentado esa persecución política en el pasado con el asesinato de miles de partidarios de la Unión Patriótica; persecución en la que el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado.
Con esta carta queremos expresar nuestra más profunda preocupación por el resurgimiento de la violencia política en Colombia y el dramático debilitamiento del estado de derecho. Deseamos llamar la atención de la comunidad internacional y del público sobre la necesidad de permanecer vigilantes con respecto a la evolución de esta situación en el país.
No tenemos ninguna duda de que la situación en Colombia tiene implicaciones mucho más allá de sus fronteras, lo que la convierte en un asunto de preocupación internacional. Por último, pedimos al gobierno colombiano que garantice la seguridad de sus ciudadanos y en particular de los miembros de la oposición política.
FIRMAS :
Parlamento Europeo
Benoit BITEAU – Député européen Europe Écologie Les Verts – Groupe Verts/ALE
Manuel BOMPARD – Député européen La France Insoumise – GUE/NGL
Leïla CHAIBI – Députée européenne La France Insoumise – GUE/NGL
David Cormand – Député européen Europe Écologie Les Verts – Verts/ALE
Tilly METZ – Députée européenne Groupe des Verts/Alliance libre européenne – Verts/ALE
Anne-Sophie PELLETIER – Députée européenne La France Insoumise -GUE/NGL
Marie TOUSSAINT – Députée européenne Europe Écologie Les Verts – Verts/ALE
Ernets URTASUN – Député européen Initiative pour la Catalogne – Groupe Verts/ALE
Parlamento francés
Clémentine AUTAIN – Député France insoumise
Ugo BERNALICIS – Député France insoumise
Eric COQUEREL – Député France insoumise
Alexis CORBIÈRE – Député France insoumise
Caroline FIAT – Député France insoumise
Bastien LACHAUD – Député France insoumise
Michel LARIVE – Député France insoumise
Jean-Luc MELENCHON – Député France insoumise
Danièle OBONO – Député France insoumise
Mathilde PANOT- Député France insoumise
Loïc PRUD’HOMME – Député France insoumise
Adrien QUATENNENS – Député France insoumise
Muriel RESSIGUIER – Député France insoumise
Sabine RUBIN – Député France insoumise
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