No tenían peso judicial
Dos denuncias en contra del Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, fueron archivadas en las últimas horas por la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, porque los hechos denunciados no son jurídicamente relevantes en materia penal.
Una de las denuncias fue la que interpusieron los diputados Claudia Aaron Viloria, Elizabeth Molina, Julio David Alzamora, César Pacheco, Carlos Díaz Granados, Jair Mejía y Gustavo Durán, por la supuesta falta de traslado oportuno de recursos al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta.
Según los denunciantes, en este caso se dejaron de girar de manera oportuna recursos que ascendían a los tres mil millones de pesos y habrían puesto en riesgo la continuidad de los servicios en medio de la pandemia de COVID-19. “La conducta que se le endilgaba (…) presuntamente fue cometida a título de culpa grave” porque presuntamente no remitió de forma oportuna los recursos que por ley le correspondían al hospital universitario.
Pese a que el gobernador Carlos Caicedo desembolsó a principios de abril recursos por más de 8.000 millones de pesos, para fortalecer el sistema de salud departamental, fue denunciado penalmente por supuestamente haberlos retrasado sin justificación, en especial los 3.000 millones de pesos que le correspondían al hospital por la Estampilla Pro-Hospitales que según los denunciantes debían llegar por ley en enero, pero fueron girados en abril.
En esa oportunidad el gobernador dijo que ese accionar se trata de una represalia judicial porque él mismo había pedido que se investigara la posible malversación de fondos en ese hospital, cuando el gerente era Tomás Diazgranados.
“La gobernación de Magdalena le giró en el año 2019 la suma de mil millones de pesos, con destinación específica al pago de pasivos (deudas), relacionados con impuestos con la Dian, de lo cual solo cumplió con el pago de 97 millones, desconociéndose el destino final de los restantes 902.991 millones de pesos”, dijo Caicedo al confirmar que eso motivó una denuncia contra Diazgranados.
La otra denuncia archivada por el mismo judicial fue la que interpuso el abogado Miguel Ignacio Martínez Molano, intentaba que castigaran al mandatario departamental porque no tenía el tapabocas puesto, cuando discutía con el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel, durante los hechos relacionados con la intervención del Hospital Julio Méndez Barreneche, ocurridos el 12 de abril del año en curso.
La Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema manifestó que: «dispuso el archivo de la actuación por atipicidad de la conducta».
El abogado mencionado, en su denuncia, dijo que el mandatario de los magdalenenses había «incurrido en el delito de violación de medidas sanitarias por haberse quitado el tapaboca».
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[…] Por Juan Felipe Cadavid […]