Perú es uno de los países de Abya Yala donde el sistema neoliberal, luego de la “derrota” de los grupos guerrilleros (Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), a inicios de la década de los 90 del pasado siglo, se imponía sin mayor resistencia, ni conflictividad social.
En los últimos 30 años, el debilitamiento del Estado criollo se dio en proporción diametral a la “anulación” de los procesos de articulación social de los sectores populares del país. No sólo perdió fuerza el Estado, sino también los sectores populares (muy a pesar de contar con una envidiable acumulación histórica de luchas desde la época de la Colonia española) no logran constituirse en actores sociopolíticos con horizonte nacional.
Lo ocurrido el pasado 9 de noviembre, donde el Congreso de la República, basado en disposiciones constitucionales, destituyó al entonces Presidente del Perú, Martín Vizcarra (también denunciado por actos de corrupción), para que el “desconocido” Manuel Merino (hasta entonces Presidente del Congreso) juramentase como nuevo Presidente, y la simultánea reacción popular de repudio en las calles, expresan incómodas verdades profundas que van más allá del endémico mal de la corrupción que carcome a la institucionalidad pública.
Los congresistas que destituyeron a Vizcarra, aplicando lo establecido en la Constitución Política, fueron recientemente electos, en buena medida, por la ciudadanía que ahora rechaza dicha acción y repudia a Merino, a los congresistas y a partidos políticos. Esto indica que el sistema de la “representación política” está agotado en el Perú. En consecuencia, la “democracia peruana” necesita ser democratizada mediante nuevos mecanismos de participación que no privilegien necesariamente a los partidos políticos.
El hecho que todos los ex gobernantes peruanos, desde inicios de la década de los 90 del pasado siglo, estén encarcelados, procesados penalmente, o se hayan suicidado para evitar la cárcel (como Alan García), es un indicativo que lo que el Perú vive actualmente no es una crisis política, sino una crisis de Estado. El debilitado Estado peruano criollo, aparte de no velar por los intereses de todos los y las peruanas, funciona como un apéndice patrimonial de la oligarquía peruana.
Es insuficiente una nueva elección de gobernantes. Urge un nuevo ordenamiento constitucional
Una crisis estatal no se resuelve con un proceso electoral. Los pueblos y sectores del Perú, para saldar los históricos problemas irresueltos, necesitan propiciar un nuevo conceso sociopolítico, amplio y plural, para crear un nuevo Estado que exprese la voluntad y las aspiraciones de todos y todas.
El actual Estado nación criollo, aparte de ser tremendamente excluyente con las grandes mayorías sociales, expresa, en buena medida, los intereses/caprichos de la élite oligárquica, incapaz de articular/implementar un proyecto de nación en dos siglos de República.
El Perú oficial, en sus dos siglos de República, tuvo 12 asambleas constituyentes, que a su vez, redactaron/aprobaron 12 constituciones políticas. La primera, en 1823. La última, en 1993. La más longeva, fue la de 1933. Ninguna de estas constituciones políticas llevaba, ni lleva, las improntas de los sectores mayoritarios del país. Estuvieron algunos constituyentes con apellidos indígenas, pero políticamente obedecían a los intereses patronales.
La nueva Constitución Política del Perú debe ser consensuada y redactada por una Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos y sectores del país. En dicho proceso deberá participar decisivamente el mayor porcentaje posible de la población, tanto en el debate de los contenidos de la nueva Constitución Política, como en la aprobación del texto constitucional por voto popular.
El asunto no es únicamente contar con una nueva Constitución Política, sino hacer que todos los pueblos y sectores, todas y todos, participen en el proceso constituyente. De tal forma que dicho proceso se constituya en un espacio significativo para el inicio de la construcción de la comunidad política o nación plurinacional del nuevo Perú (o el nombre que lleve el país).
Entre las aspiraciones populares que se oyen o leen entre líneas para los contenidos de la nueva Constitución Política están: Establecer una democracia plural, incluyendo democracia participativa, comunitaria, representativa.
En lo económico, se exige la recuperación de los bienes y servicios privatizados, la inclusión de actores económicos populares junto a las empresas privadas. El Estado debe dejar de ser simple “policía” que vela por los intereses de los privados, y convertirse en el actor central de la economía.
La potestad de destituir gobernantes electos debe ser potestad privativa de la ciudadanía. Ello significa que la nueva Constitución Política debe establecer la revocatoria de mandato para todas las autoridades electas. Se debe suprimir el privilegio de la inmunidad para gobernantes y representantes electos. Se debe poner límites a la voracidad inmoral del empresariado transnacional.
Muchos derechos colectivos e individuales están ausentes en la Constitución Política actual. Ejemplo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, derecho al consentimiento previo, derecho a tierra y territorio… deben formar parte de los contenidos constitucionales. Derecho del acceso a la tierra, el acceso al agua y saneamiento tienen que ser incorporados en la nueva Constitución.
La concepción de la soberanía, la seguridad, las relaciones internacionales…, en la Constitución Política actual, son obsoletas para esta era del internet.
Es evidente que la solución a la crisis sistémica estatal que vive el Perú, no se resolverá con las elecciones próximas del mes de abril. En dichas elecciones se podrá optar por un o una gobernante que posibilite jurídicamente el proceso de una Asamblea Constituyente Plural, pero la realización verdaderamente participativa de dicho proceso constituyente depende del involucramiento responsable de todas las y los peruanos, en las diferentes fases del proceso constituyente.
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