Breve recuento histórico:
Aunque ser rector de la Universidad de Magdalena no fue el primer cargo público al que llegó Carlos Eduardo Caicedo Omar, sí fue el primero donde empzaron sus problemas con sectores politiqueros interesados en poner la institución educativa al servicio del clientelismo y la corrupción. Antes de su llegada a esa alta dignidad del sector educativo, Caicedo, surgido del seno de una familia campesina cataquera y samario por adopción, fue líder estudiantil del Liceo Celedón de Santa Marta, liderazgo que trascendió a las aulas del campus de la Universidad Nacional de Colombia donde participó como promotor del Movimiento Estudiantil por la Séptima Papeleta que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente, a la que fue candidato en 1990. Entre 1993 y 1994 fue vocero Nacional de Paz entre un sector del ELN y el gobierno nacional.
Tiempo después se desempeñó como consejero para el desarrollo social y luego como coordinador de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres del Departamento de Magdalena. Tras un concurso de méritos, en 1997 llega a la Universidad del Magdalena como el sexto rector en menos de un año. Sus antecesores habían sido removidos de su cargo o habían decidido irse porque la situación de la universidad era insostenible: En bancarrota y con un pasivo de 26 mil millones de pesos.
De público conocimiento es que Caicedo sacó del fango a ese centro educativo, donde lo habían sumergido anteriores administraciones. De hecho, en el año 2000, el Ministerio de Educación Nacional le hizo reconocimientos por su destacada labor, soportada en haber transformado esa universidad en una de las mejores del país después de haber ocupado por largos años el peor lugar por ineficiencia, según el ICFES y los Ministerios de Hacienda y Educación. En ese lapso y a la par con su cargo como rector, Caicedo se desempeñó como presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Ese mismo año fue reelegido como rector por otro cuatrienio.
Caicedo había logrado superar un déficit de más de 30 mil millones y aumentó el presupuesto de 6 mil a 40 mil millones. Implementó becas, aumentó el número de estudiantes de 1900 a 9000 y abrió casi 20 programas de pregrado. Desde 1997, cuando la recibió como una universidad técnica, pudo transformarla en universidad profesional y posicionarla en los exámenes ECAES como la mejor de la Costa Atlántica. Las instalaciones se asemejaban a las de alguna exclusiva universidad privada y los estudiantes tenían auxilios alimentarios y otros apoyos. La Universidad del Magdalena se convirtió en referente nacional. Caicedo, decían, había logrado arrebatáserla a la politiquería, que ponía y quitaba rectores cada semestre. Una verdadera revolución educativa y un proyecto que mostraba ser arquetipo obligado a replicar en el país.
El éxito de Caicedo aunado a su natural liderazgo lo empezaron a entallar como un posible futuro candidato político. A esto se sumaba su decisión de blindar el presupuesto de la universidad (40 mil millones de pesos) ante la injerencia de los políticos, lo que le costó la enemistad de figuras poderosas en el Magdalena, entre muchos otros, del exgobernador Trino Luna. Fue este quien, en febrero de 2004, le entregó al entonces vicepresidente Francisco Santos (señalado por testimonios de exparamilitares de ser el fundador del Bloque Capital de las AUC) un documento para que investigara las presuntas irregularidades cometidas por Caicedo en la universidad, así como los casos de tres homicidios de personas allegadas a la misma institución. Luna había sido elegido gobernador luego de unas elecciones en las que él fue el único candidato. En ese entonces, la universidad del Magdalena era tal vez la única institución pública con dinero y se convirtió, por consiguiente, en el motivo de una guerra contra Caicedo encabezada por el gobernador. Caicedo había sido el único opositor de la candidatura de Luna. Hizo señalamientos sobre él, que luego se comprobarían en la justicia, como los de que Luna tenía el apoyo de grupos paramilitares y de que el séquito que lo circundaba estaba plagado de aspiraciones clientelares y corruptas.
Luna, en su afán de venganza, acusó a Caicedo de ser autor intelectual de los homicidios de los tres allegados a la UniMagdalena, basado en testimonios endebles como los de las viudas de los occisos que adujeron “líos de faldas”, modismo que, valga decirlo, se ha convertido casi en patrimonio judicial cuando de exculpar responsabilidades estatales o de inculpar inocentes se trata.
Luna, quien efectivamente fue condenado por parapolítica dos años más tarde, y hermano de Juan Carlos Luna Correa, alias ‘El Cóndor’, un jefe paramilitar del sur del Magdalena, también denunció a Caicedo por supuestamente representar el PC4, brazo político de las antiguas FARC, y de supuestamente haber participado en el secuestro de su madre; acusaciones que luego fueron desestimadas por la justicia. La persecución judicial que estos oscuros sectores habían emprendido contra Caicedo era palmaria, innegable y se volvería sostenida a lo largo de dos décadas.
Caicedo alcanzó a renunciar en 2004, pero las manifestaciones de apoyo de los estudiantes lo llevaron a reconsiderar la decisión, y fue reelegido en octubre de ese mismo año.
Luna no pudo terminar su mandato —tuvo que retirarse en el primer semestre de 2007 para pagar una condena por parapolítica— pero logró que la Contraloría departamental investigara a Caicedo por una conciliación que celebró con 47 docentes, a quienes la Universidad adeudaba sus cesantías. No valió para nada que Caicedo hubiese sometido ese acuerdo a revisión de la Procuraduría, o que el Tribunal Contencioso lo aprobara, o que luego, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción ordenara precluir la investigación: en Santa Marta, un fiscal reabrió la investigación y acusó a Caicedo. En agosto de 2006, el entonces fiscal anticorrupción Ramon Gabriel Jaimes dictó orden de captura contra el líder magdalenense. Jaimes es el mismo fiscal que pidió, hace pocos días, la libertad para Álvaro Uribe en el caso de presunta manipulación de testigos, ficha clave de Alejandro Ordoñez, el exprocurador que hizo del ministerio público un órgano inquisidor, y actual embajador en la OEA. En octubre de 2007, un juez condenó a Caicedo a 8 años de cárcel y la apelación durmió durante 18 meses en el Tribunal del Magdalena, hasta que un día apareció un libelo anónimo en el que se decía que Caicedo le había dado plata a cada magistrado para que lo absolviera, y eso obligó a mandar el caso a Bogotá. Ese libelo, que pretendía hundir a Caicedo, terminó siendo su salvación. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de toda culpa luego de una minuciosa y amplia investigación. El entonces contralor Departamental que llevó el proceso de los 47 docentes, Luis Edmundo Sanjuán Perdomo, fue destituido por apropiarse de las cuotas de las auditorías y procesado por el delito de peculado. Además, era conocido en el Magdalena como una de las fichas claves de Trino Luna. Este proceso paralelo, ahora por peculado, pasó a la Fiscalía en 2005 y la investigación fue precluida a favor de Caicedo. Germán Zamudio, el fiscal de la Unidad Anticorrupción que tomó la decisión, aseguró que “estábamos ante una persecución politiquera y rastrera contra el rector que había hecho una gestión transparente y meritoria”.
Carlos Caicedo no solo estuvo bajo detención domiciliaria sin poder trabajar, sino que tuvo que vender su casa para poder pagar abogados y vivir en casa de su madre, Dora Omar, recientemente fallecida. Al final de sus días estuvo tranquila porque la justicia limpió el nombre de su hijo. La gran paradoja del departamento del Magdalena fue que por el saqueo de las empresas de acueducto, de teléfonos, la Beneficencia, la Licorera y la Lotería, todas en liquidación, no hay un solo detenido. Y la Universidad, que era modelo, parece haber dejado atrás sus momentos de gloria.
Los procesos que le eran abiertos se cerraban a su favor, salvo los que han alargado hasta la actualidad sin justificación. Sus enemigos, ni con todo el poder estatal puesto al servicio de sus intereses, podían comprobar sus bulos, lo que sí se comprobaba era una cerril ofensiva desde todos los frentes contra Caicedo, ideada por ellos mismos. A la verdad la han amarrado convenientemente con las sogas de la inoperancia judicial, pero la verdad, tarde o temprano, termina siendo un caballo desbocado que rompe ataduras y tumba a quien se atraviese en su obligado camino. Caicedo afrontó 15 procesos fiscales, 53 disciplinarios y 28 penales que se cerraron todos a su favor, la condena de ocho años y cuatro meses y el pago de más de 1.500 millones de pesos, que no solo afectó su patrimonio económico sino su vida familiar.
La persecución judicial fue recia y sostenida:
El reemplazo en la gobernación del parapolítico Trino Luna fue Omar Díazgranados, apoyado por el exsenador Luis Vives Lacouture (condenado por parapolítica), quien dio continuidad al asedio jurídico contra Caicedo. Díazgranados fue destituido por corrupción y tampoco terminó su mandado. Lo reemplazó Luis Miguel Cotes Habeych, uno de los miembros del muy cuestionado Clan Cotes, tristemente célebres por los múltiples hechos de presunta mega-corrupción, relaciones con el paramilitarismo, por sus investigaciones paquidérmicas y por ser uno de los clanes más antiguos y clientelistas de la región Caribe, así como por apoyar a políticos de estofa venal e investigados por varios presuntos delitos, como Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, el Clan Char, el Clan Gnecco, el clan Araujo, etcétera. Caicedo siguió demostrando su inocencia, y esos clanes, así como los políticos tradicionales de esa región y/o a nivel nacional, comprendían y dimensionaban la acogida popular de Caicedo, que amenaza con desbancarlos del poder central.
No cesaron los ataques:
El senador Luis Eduardo Vives, condenado por parapolítica, le montó una fuerte oposición en el Congreso e intentó, sin éxito, desmontar, a través de proyectos de ley, los programas y reformas que implementaba Caicedo. De igual manera, el proceso sobre los tres asesinados que le han sido endilgados calumniosamente, continúa abierto a pesar de que en 2007 el exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias Taladro, reconoció que él y ‘Jorge 40’ (el hijo de este trabaja en gobierno Duque) fueron los autores intelectuales de esos crímenes, así como el clan de los Rojas (paramilitares de la Sierra Nevada), ya que para esos tiempos, en su ofensiva por el control de los centros de poder, las AUC tenían sus ojos puestos en la UniMagdalena. Incluso, estos delincuentes declararon que Caicedo también iba a ser ejecutado por su simpatía con la izquierda, aunque no lograron consumar el hecho. Caicedo y su equipo jurídico han sido persistentes en exigir celeridad en el esclarecimiento de estos crímenes, sin embargo, los procesos no avanzan, pese a no existir elementos probatorios serios para seguir inculpándole y a que dichos exjefes paramilitares han aceptado su responsabilidad en los mismos. Así pues, lo que nuevamente trasluce el campo de lo fáctico es que detrás de las sendas investigaciones que le son abiertas hay un ostensible comportamiento inquisidor y vengativo —y no una esencia judicial o penal— de parte de los órganos jurisdiccionales y de control que son manejados por la conocida politiquería colombiana.
Luego de pasar casi cinco años injustamente condenado, pero con su imagen limpia por la acción de la justicia, Caicedo decide lanzarse a la alcaldía de Santa Marta para el periodo 2012-2015, gana las elecciones con un fuerte respaldo popular, arrebatándoles el poder a los Cotes, a los Díaz Granados y demás clanes, y es allí donde sigue, con más ahínco, la persecución: Desde su periodo como alcalde de Santa Marta, Caicedo, además de impulsar una agenda social sólida y enfrentarse a mafias locales, denunció graves hechos de corrupción, algunos de los cuales involucraron a los exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt (condenado por el cartel de la toga) y Rodrigo Escobar, señalados por la Fiscalía de recibir sobornos por parte de la antigua empresa de Recaudos y Tributos (R&T), filial de la multinacional española INASSA, propietaria de METROAGUA, cuyas concesiones y exfuncionarios también fueron acusados por el entonces alcalde de los samarios. A ello se suma las otras acciones populares que instauró ante la justicia administrativa en aras de devolverle el Mercado Público a los samarios y terminar el contrato ilegal de la Sociedad de Recaudos y Tributos (R&T), encargada de cobrarle los impuestos a los ciudadanos, por lo que pasaron a ser captados por el Distrito, siendo dos importantes triunfos para la ciudadanía y el erario.
“Esa denuncia me valió una investigación en mi contra por parte de la Procuraduría con el fin de frenar el proceso que habíamos adelantado. Inclusive, el excontralor distrital, le pidió al presidente que me retirara del cargo como alcalde porque le preocupaba que fuéramos a fondo contra Inassa. Los políticos del Magdalena también impulsaron dicha investigación en la Fiscalía para que yo fuera detenido porque aquí hay un sistema de corrupción que afecta a las instituciones privadas y públicas”, dijo en su oportunidad Caicedo. Conforme a ello, los senadores y representantes también resaltaron en el oficio las 48 investigaciones penales vigentes contra Caicedo, justo después que éste se postulara como precandidato presidencial en 2015. “Se identificó un aumento significativo de las investigaciones adelantadas en contra del mismo en el último año. El número de procesos penales aumentó en un 37%, lo que corresponde a 13 investigaciones nuevas”.
El mismo fiscal que aumentó exponencialmente las investigaciones contra Caicedo, Vicente Guzmán Herrera, fue nombrado por el ingratamente recordado exfiscal General Néstor Humberto Martínez. Guzmán, al igual que Vargas Lleras, está estrechamente relacionado con Luis Miguel Cotes, enconado enemigo de Carlos Caicedo y recientemente sancionado por la procuraduría, junto a su tía Rosa Cotes, por el desastre de la denominada “Vía de la Prosperidad”. Esos procesos que Guzmán Herrera le abrió a Caicedo, auspiciados por Vargas Lleras, tenían como fin fortalecer al clan Char, al clan Cotes y a Cambio Radical en el Magdalena.
Fuente: denuncia de Luis Carlos Torregrosa, abogado de Carlos Caicedo.
En octubre de 2019, Guzman Herrera fue retirado de su cargo por presunta participación indebida en política, ya que colgaba en sus redes sociales videos de campaña en favor de los adversarios de Caicedo y en contra de este. De ese nivel de transparencia han sido los funcionarios que se han ensañado contra Caicedo. Funcionarios manejados por poderosos titiriteros apostados en los altos estamentos del poder político y económico, muchos de ellos asociados al crimen organizado.
Néstor Humberto Martínez se sumaba al acoso judicial:
Fue este funcionario, ahora candidato a embajador en España designado por Duque, quien reabrió el caso de las tres personas asesinadas asociadas a la UniMagdalena, a pesar que ya sus autores intelectuales habían confesado ante la justicia su responsabilidad (Hernán Giraldo, Jorge 40 y clan de Los Rojas).
Los testigos que se usaron para inculpar a Caicedo admitieron haber sido pagados por el Clan Cotes. El 7 de marzo de 2018, el exparamilitar Adán Rojas Mendoza indicó, en el marco de una de las audiencias de la ley de Justicia y Paz, que los abogados Alex Fernández y Dilia Barón —apoderados de los Cotes y Díazgranados, respectivamente—, le ofrecieron una suma de dinero, a nombre de Álvaro Cotes —padre de Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes— para que testificara que Caicedo era el determinador de los homicidios de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli. Los abogados le entregaron una parte del dinero prometido ($100.000.000) a un pariente de Rojas. Por lo anterior, se instauró denuncia ante la Fiscalía General, por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal en contra de Fernández, Cotes y Barón. Ese mismo año se conoció por parte de la defensa de Caicedo que “en este último episodio, la abogada Barón manifestó algo mucho más grave y con incidencia penal, pues afirmó que Álvaro Cotes y ‘El Mello’ Cotes, le entregarían $ 1.200.000.000 a un Juez, para que en enero o febrero de 2019 dictara medida de aseguramiento en contra del hoy gobernador”. Finalmente, el 31 de octubre de 2019, en una emisora de Santa Marta, Radio Magdalena, Álvaro Cotes calumnió a Caicedo al calificarlo “de asesino, financiado por las Farc (en su carrera política) y que tienen que ‘bajarlo’ como sea”.
Para reseñar la historia de persecusión de Néstor Humberto Martínez al frente de la Fiscalía General de la Nación, no solo contra Caicedo sino contra toda fuerza política renovadora y progresista, se haría necesario una enciclopedia entera: Favorecimientos judiciales a Luis Carlos Sarmiento en sonados casos de corrupción, a Germán Vargas Lleras, a Álvaro Uribe Vélez, a Iván Duque, etc. Sus continuos ataques contra el proceso de paz o contra toda voz disidente de las políticas gubernamentales fueron pan de cada día durante su jefatura en el órgano acusador. Hace pocos días se supo que participó en el presunto entrampamiento al acuerdo de la Habana, por el que un sector importante de firmantes del tratado de paz regresaron a las armas. Necesitan de la guerra para gobernar, necesitan de la persecución judicial para saquear las arcas públicas. Concepciones ideológicas diametralmente opuestas a las esgrimidas por Carlos Caicedo Omar a lo largo de su extensa carrera pública.
En su alcaldía tampoco dieron tregua:
En su exitoso paso por la alcaldía de la capital de Magdalena, los afanes de sus enemigos políticos por minimizar sus obras y por atribuírselas al gobierno central, fueron vehementes. Procesos (incontables, la verdad) que le fueron abiertos en ese periodo han sido clausurados en su favor. Una campaña de desprestigio muy similar a la vertida sobre Gustavo Petro cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá. Los mismos métodos contra dos personajes unidos por un objetivo común: Mostrar que sin corrupción ni el apoyo de los poderes económicos dominantes, se puede hacer una política eficiente y de progreso, pensada y sostenida a futuro, contraria a la efectuada por esos sectores que sumieron en el atraso y la pobreza a los pueblos y regiones de Colombia. Así quedó demostrado cuando la sociedad samaria volvió a elegir el proyecto político de Caicedo en cabeza de Rafael Martínez, quien, como cosa rara, no se libraría de la persecución de esos sectores corruptos enemigos de Caicedo, ya que lograron una orden de detención por supuestos anomalías en contratos para la demolición y construcción de centros de salud, las cuales han terminado en el embargo tanto de de sus bienes como de los de Caicedo.
A Martínez le fue dictada medida de aseguramiento domiciliario por supuesta corrupción en esos proyectos. Cuatro meses después, la medida fue revocada por un juez, advirtiendo que “la Fiscalía presentó elementos materiales carentes de probabilidad y determinó que Martínez no presentaba un peligro para la sociedad samaria”. El proceso, plagado de irregularidades y de funcionarios judiciales relacionados con los enemigos de Caicedo, sigue en curso. En su reemplazo, el gobierno de Duque había nombrado irregularmente a Andrés Rugeles, quien era secretario de transparencia de la Presidencia. Con funcionarios recomendados por los clanes del Magdalena, Rugeles reemplazó a gran parte de la planta de personal de la administración de Martínez. Muchos protestaron incluso con huelgas de hambre, y el designado de Duque quiso borrar de tajo toda obra realizada por el socio político de Caicedo en la capital. Solo dejó a dos secretarios de Martínez. El fugaz periodo de Rugeles como burgomaestre, dejó “patas arriba” la administración. De eso dan fe los mismos samarios.
Martínez fue suspendido por tres meses por supuestamente haber participado indebidamente en política, ya que en esos tiempos, Caicedo era precandidato presidencial, cuando fue apoyado por más de medio millón de personas. Fue al inicio de esa campaña, cuando, nuevamente de forma irregular e indisimulada, fue capturado en el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, cuando se disponía a viajar a Bogotá a inscribir su aspiración presidencial, respaldada por más de 2 millones de firmas. La fiscalía alegó presuntas irregularidades en la contratación de obras de infraestructura en su periodo de alcalde. Sin ningún atisbo de pudor, ese mismo día fue capturado Martínez. Todas estas acciones fueron dirigidas, desde luego, por el entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez, adscrito a cambio radical de Vargas Lleras, socio y fuerte aliado e impulsor de los Cotes y los Char.
Como era de esperarse, Virna Johnson, continuadora del proyecto progresista de Caicedo en Santa Marta, no ha escapado de la persecución:
A la par de que el nombre de Virna Johnson sonaba como aspirante a la alcaldía de la capital de Magdalena, se le empzaba a fraguar un raquítico proceso en la fiscalía por supuesto peculado cuando era gerente del SETP. El proceso sigue vigente y hasta ahora la fiscalía no ha sido capaz de sustentar con pruebas sus acusaciones. Virna ha sido la primera mujer alcaldesa de la ciudad elegida por voto popular, con un 64 por ciento de la votación, la más alta en la historia samaria. Su inmediato contrincante, avalado por el uribismo y demás cuestionados grupos políticos, solo logró un 16%. Una victoria contundente del movimiento Fuerza Ciudadana.
Caicedo ha sido constantemente amenazado por grupos paramilitares, denigrado e incluso agredido físicamente por los Cotes, recientemente sancionados y suspendidos por la procuraduría por las millonarias obras inconclusas de la “Vía de la Prosperidad”. Organismos defensores de Derechos Humanos, especialmente internacionales, exhortaron al gobierno colombiano a proteger la vida e integridad del líder Magdalenense, sin que eso haya generado un interés en Duque y sus funcionarios por atender esos llamados. Caicedo y sus compañeros de lucha política se han convertido en un dolor de cabeza para el uribismo y sus socios. Ahora, en su actual gobernación, los ataques se refuerzan día a día, pero se robustece también el respaldo popular que los Taironas le brindan con firmeza. Así lo demuestran las encuestas, donde, junto a Johnson, los ubican entre los mejores mandatarios regionales y entre los mejor calificados en el manejo de la pandemia.
Caicedo con su movimiento Fuerza Ciudadana no solo derrotó a los Cotes, derrotó al Uribismo y a todos los partidos tradicionales que con su poderosa maquinaria se jugaron todas las cartas en el Magdalena con el sobrino de la exgobernadora, con quién seguramente habían adelantado pactos para repartirse carteras, hospitales, corporaciones y territorios, como el tan anhelado Parque Tayrona, al cual Uribe viene acechando hace varios años. Recientemente se denunció el Pacto de Ciénaga, donde al menos 25 alcaldes departamentales, opositores del gobernador, acordaron junto al gobierno nacional, la exclusión de Caicedo en la toma de decisiones y el manejo directo, especialmente, en lo que respecta a las regalías para el Magdalena (320 mil millones), que le serían otorgados sin intermediación de la gobernación. Un verdadero bocatto di Cardenale para los corruptos. Ese pacto, liderado por el corrupto senador Pulgar, recientemente capturado, también tiene por cometido el saboteo del plan de desarrollo de «Magdalena Renace», bajo el timón de Caicedo. No le aprueban nada, sin reparar en la población que es, en últimas, la perjudicada; lo realmente importante para ellos es sabotear sus proyectos y programas para hacer ver a la gobernación de Caicedo como un fiasco.
Hace apenas una semana, la fiscalía volvió a archivar otros procesos contra el gobernador Caicedo por carencia de peso judicial. Procesos que le habían entablado los mismos de siempre.
También le ganó el pulso judicial a ElectriCaribe, cuando esta empresa, reconocida por prestar uno de los peores servicios de energía en la región Caribe, quiso alzarle las tarifas a los habitantes de Magdalena, pero Caicedo interpuso acciones judiciales, logrando un fallo que lo impidió.
Que un líder provinciano sea históricamente destacado a nivel nacional sobre aquellos viejos políticos acostumbrados a no tener competencia ni a estar por debajo de nadie, seguramente debe doler en lo profundo al centralismo, que ven a departamentos como el Magdalena, como una caja menor a la que saquean año tras año y que solo visitan en elecciones para ver cuántos votos compran. Lo que hizo Carlos Caicedo en el Magdalena no tiene precedentes, cambió la forma de hacer política, puso a la gente a opinar, a reclamar derechos, a no dejarse meter el dedo en la boca y por si fuera poco, puso a los gamonales y clanes políticos a recorrer los pueblos para ganarse el cariño de la gente, porque se dieron cuenta que ya no los podían seducir con dádivas, sino con ideas.
Bibliografía:
Sobre el autor
[…] lo que el gobernador y la bancada de oposición en el Congreso han denunciado: La existencia de una feroz persecución política en contra suya y su circulo político, la cual ha sido ininterrumpida desde que llegó, por concurso de méritos, a la rectoría de la […]
[…] Con fallo del 20 de Noviembre de 2020, y seis años después, el ente investigador de los servidores públicos, declara archivado definitivamente el proceso. Otra victoria que las actuaciones transparentes de Caicedo obtienen a pesar de la ostensible persecución judicial a la que se ha visto sometido desde hace dos décadas, como se demuestra en esta reseña histórica. […]
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[…] lugares de aprobación en las encuestas. Ya las ideas de Caicedo, cristalizadas en la realidad, han servido como modelo a replicar en distintas latitudes del país, como es el caso de la revolución educativa que impulsó durante su rectoría de la Universidad […]
[…] actual gobernador progresista del Magdalena, dentro de la ya conocida y feroz persecución político-judicial a la que le han sometido desde que fue rector de la UniMagdalena en 1997, se le acusó, […]
[…] Feroz persecución político-judicial contra Carlos Caicedo […]