Por GONZALO GUILLÉN Y JULIÁN F. MARTÍNEZ
#COLOMBIA| Bajo la administración de Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía General de la Nación interceptó al menos un teléfono del entonces presidente Juan Manuel Santos (identificado como “alias Santo”), de acuerdo con documentación judicial y versiones de fuentes cercanas al caso que reposan en poder de La Nueva Prensa.
Las escuchas fueron hechas cuando menos a un suscriptor de Comcel a través de Luz Marina Tapia, Fiscal 03 de la Dirección de Fiscalías Antinarcóticos y Lavado de Activos, con la supuesta autorización del Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías y a instancias de un presunto agente de la DEA americana.
El objeto principal fue el de mezclar de mala fe con el narcotráfico el proceso de paz con las FARC, lo que incluyó la recepción de falsos testimonios para tratar de involucrar al vicepresidente de la época, el general Óscar Naranjo, y al ex ministro Rafael Pardo Rueda, quien para entonces fuera Alto Consejero para el Postconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad.
A Santos, Naranjo y Pardo los intervinieron en el mismo proceso confuso que la fiscalía de Martínez Neira armó con el propósito de entregarlo a la justicia de Estados Unidos para solicitar las extradiciones por narcotráfico de los negociadores de paz de las FARC Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quienes debido a ello abandonaron el proceso de paz y volvieron a las armas en la clandestinidad.
La interceptación a no menos de un teléfono asociado al entonces presidente Santos fue dispuesta el 14 de noviembre de 2017 por Luz Marina Tapia fiscal 03 de la Dirección de Fiscalías Antinarcóticos y Lavado de Activos Especializada.
La intervención del teléfono se hizo bajo el pretexto de contribuir con “una investigación que adelanta la DEA en la ciudad de Nueva York, en contra de una organización trasnacional, dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico”. El expediente de este caso es el número 11001600006201700425.
El pretexto de un supuesto pedido formal de colaboración judicial de la DEA para la interceptación telefónica es igual al que la Fiscalía General utilizó para espiar ilegalmente a Luis Fernando Andrade, ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-. En ese caso sostuvo oficialmente que recibió un pedido de la agencia antidrogas americana la cual, desde su sede en Washington, desmintió por entero que hubiera hecho esa petición de manera formal o informal.
De la misma manera, en el caso del entonces presidente Santos, la Fiscalía hizo las interceptaciones invocando un pedido de la DEA, de acuerdo con este oficio:
Aparte de los teléfonos citados en el facsímil anterior, en una orden emitida dentro del mismo proceso se dispuso intervenir otros 20 celulares, de acuerdo con este facsímil, para un total de 29 abonados celulares intervenidos.
De los 29 teléfonos solamente hay identificados los nombres de 10 titulares de ellos.
Las intervenciones a las actividades de esos números produjeron entre 23 mil y 24 mil audios, de los cuales alrededor de tres mil son inválidos debido a que están en ceros.
El expediente número 11001600006201700425 no incluye transcripciones ni resúmenes de los audios correspondientes a la mayor parte de los teléfonos, incluido “alias Santo”, ni pedidos de investigaciones penales como consecuencia de ellos, lo que en la jerga del derecho se llaman “compulsas de copias”.
“Esto —explicó a La Nueva Prensa un fiscal en servicio activo— es una señal muy clara de que no había una investigación penal en curso sino un plan ilegal de espionaje”.
La totalidad de los audios —dijeron otras fuentes de la Fiscalía— “eran enviados al despacho del Fiscal General de la Nación”.
Una de las fuentes consultadas explicó que “es común que en investigaciones de alto impacto protegidas por el despacho del Fiscal General se incluyan para ser interceptados números que carecen de relación e interés para el expediente mismo”.
Los 23 mil o 24 mil audios se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación y un número no especificado de ellos lo tendría la Corte Suprema de Justicia, tribunal al que le llegaron cuando tuvo en su poder el caso de Santrich por su condición de congresista de las FARC.
Todo ese material supuestamente probatorio debió ser entregado a la Justicia Especial para la Paz (JEP), instancia a la que únicamente llegaron 12 audios y en condiciones irregulares.
El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, emitió un comunicado en el que precisó lo siguiente en uno de sus apartes:
“El Fiscal General de la Nación de la época allegó, de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández. Esa información no contaba con informe de analista de línea, órdenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización de control posterior o control previo”.
¿Qué contienen los cerca de 23 mil audios que la Fiscalía se niega a entregarle a la JEP de manera formal?
La Nueva Prensa estableció en fuentes judiciales diversas, principalmente de la Fiscalía General de la Nación, que abundan comunicaciones telefónicas de su informante protegido Marlon Marín Marín en las que este señala a Rafael Pardo Rueda (Alto Consejero para el Postconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad) de recibir dineros a cambio de entregar beneficios del posconflicto.
“Hay miles y miles de veces que nombran a Pardo”, aseguró una de las fuentes judiciales consultadas.
Por ejemplo, en una conversación Marín Marín sostiene respecto de un supuesto negociado con dineros de la paz en una conversación: “Eso lo cuadro yo con el vicepresidente o con Pardo para no tener que hablar con los ministros”.
En otro audio, Marín Marín le indica a su interlocutor que Naranjo y Pardo les dieron a las FARC participación oculta en el negocio del Túnel de la Línea.
Todas esas conversaciones, que no le han sido entregadas a la JEP, pero sí a la justicia de Estados Unidos, no han sido utilizadas para abrir investigaciones penales en Colombia, como debió ocurrir, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que en ellas se mencionan.
“Nunca van a ser usadas para investigaciones judiciales porque el Fiscal General sabía que son falsedades y mentiras”, explicó un funcionario de la Fiscalía General.
Marín Marín es primo de alias Iván Márquez e informante protegido de la Fiscalía, así como, supuestamente, de la DEA. Es protagonista en todos los montajes de narcotráfico contra los prófugos Santrich e Iván Márquez.
Tales montajes de la Fiscalía General de Colombia fueron analizados y probados por peritos forenses para el reciente debate en el congreso de Colombia, promovido por los senadores Roy Barreras, Gustavo Petro, Iván Cepeda y Antonio Sanguino.
El principal montaje desvirtuado en su totalidad se refiere a un video borroso en el que Marín Marín aparece acompañado de un supuesto agente de la DEA, así como de Santrich y otros. El examen forense muestra que una misma escena se repite ocho veces como elemento de edición para acomodar de mala fe audios externos. Hay momentos en que quienes aparecen en el video gesticulan pero no se oyen sus voces. En cambio, sí se perciben las voces de otros con calidades distintas de sonido, lo que indica que no pertenecen a una misma grabación única y original. El examen de las pruebas expuesto en el debate puede consultarse aquí.
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