Por GONZALO GUILLÉN Y JULIÁN F. MARTÍNEZ
El agente especial de la DEA Ken Saunders se curó en salud el 9 de abril de 2018 al declarar, ante el juez federal Robert W. Lehrbrurger, del Distrito Sur de Nueva York, que ningún miembro de ese organismo de inteligencia de los Estados Unidos recaudó pruebas de narcotráfico y lavado de activos que fueron usadas después en Colombia contra los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC.
La declaración de Saunders deja sin piso las reiteradas declaraciones del entonces Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que la DEA fue la que recogió las pruebas y testimonios –que a la postre resultaron ser falsos– con los que atacó la integridad de la Justicia Especial para la Paz –JEP– mediante entrampamientos y montajes.
La declaración del agente especial de la DEA Ken Saunders está expuesta a lo largo de una acusación contra el ciudadano estadounidense Vincent Schifano, de 65 años de edad, a quien señaló de negociar 10 toneladas de cocaína de las FARC que no existieron y recibir de un agente provocador cinco millones de dólares falsos que tomó junto con un carro que los llevaba en el baúl. El caso tuvo lugar en Doral, cerca de Miami.
Vicent Schifano fue arrestado unas calles adelante del lugar donde recibió el automóvil con los billetes falsos. Enseguida fue acusado de lavado de activos de narcotráfico, aceptó los cargos y recibió una condena de nueve años de prisión que le impuso el 27 de marzo de 2019 la jueza federal Valerie Caproni.
La condena de Schifano se debió a que no lavó nada, pero mostró la disposición de hacerlo cuando le propusieron manejar con ese propósito cocaína y dinero que nunca existieron y le eran atribuidos a las FARC.
Vicent Schifano demostró ser pobre de solemnidad y por ello le fue asignada una defensa de oficio que estuvo a cargo de los abogados Jeremy Schneider y Rachel Perillo.
A lo largo de su acusación el agente de la DEA Saunders fue claro en declarar, ante el juez Lehbrurger, que la información utilizada para el caso provino de informantes cifrados como CS-1, CS-2 y CC-2. Los dos primeros significan en inglés “confidencial source” o fuente confidencial, que suelen ser criminales que suministran información suelta que no proviene de la DEA. La tercera (CC) significa “conspirator corresponder”, figura que en el derecho penal colombiano se refiere a quien se concierta para delinquir.
Saunders especificó que no trabajó el caso con agentes de la DEA propiamente dichos. Se limitó a aportar información sin pruebas de informantes de segunda mano. Las informaciones de los informantes fueron pagadas por la agencia antidrogas y así lo expuso en un documento dirigido al juez Lehrburger:
La documentación disponible no indica quiénes son las fuentes CS-1, CS-2 y CC-2. No obstante, se cree que una de ellas fue Marlon Marín Marín, a quien el entonces fiscal Martínez Neira describe como miembro de las FARC, a pesar de que nunca hizo parte de esa organización. Sí perteneció a ella el pariente suyo y hoy ex comandante prófugo “Iván Márquez”.
En el expediente de Schifano se habla de un pedazo de billete de un dólar que le fue entregado cuando los entrampadores entraron en negociaciones con él. Cada una de las partes poseía un pedazo que era un santo y seña para avanzar en el negocio.
El Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira renunció a su cargo reiterando que los montajes contra la paz correspondían a la DEA y a la cooperación judicial con ese país, lo que es falso.
Los entrampamientos judiciales de Martínez Neira contra la paz con las FARC no han servido para realizar juicio alguno en Colombia debido a la falta de pruebas reales y montajes que poco a poco se han estado desmoronando.
Marlon Marín Marín sirvió también de agente provocador y entrampador de la Fiscalía de Martínez Neira con el que se quiso ligar a falsos hechos de corrupción y narcotráfico al entonces vicepresidente de la república, general Oscar Naranjo, al ministro Rafael Pardo Rueda, al senador Armando Benedetti y otros. A todos ellos, incluido el presidente del momento, Juan Manuel Santos, les fueron intervenidas ilícitamente las comunicaciones por la fiscalía de Martínez Neira.
Suman alrededor de 23 mil las grabaciones hechas. Corresponden a uno de los casos de espionaje telefónico ilícito más grande y ambicioso de la historia reciente de Colombia.
Publicado en la Nueva Prensa
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