Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos repercutieron en la perdida de 17.000 millones de dólares por año. 10.000 millones de dólares tras reconocer como “presidente encargado a Juan Guaidó” en el 2019.
VENEZUELA | La vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó este martes que la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, visitará Caracas en el mes de febrero, con la finalidad de evaluar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.
«Es muy importante. Venezuela llevó a la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia por delitos de lesa humanidad, por la violación sistemática y masiva de los derechos humanos, producto del bloqueo criminal, profundizado a unas escalas muy crueles y salvajes por parte del gobierno saliente de EE.UU., que presidía Donald Trump», manifestó.
Delsy Rodriguez espera que la relatora pueda ver «la repercusión negativa» de las sanciones en la vida de la población: «Que vea cómo se ha afectado la alimentación, la salud, los servicios públicos y la actividad administrativa del Estado venezolano, producto de la asfixia económica en divisas».
«Lamentablemente, hemos tenido el fallecimiento de niños a los que debían trasplantarles médula y no se pudo, porque se robaron Citgo», recalcó Rodríguez, quien considera que en ese tipo de casos también se nota el impacto de las sanciones. Asimismo, la funcionaria recordó que desde EE.UU. se crearon mecanismos para impedir la defensa legal de Venezuela y facilitar el robo de sus activos.
Ante la visita de la relatora, Rodríguez detalló que el gobierno está «preparado y articulado» para presentar el expediente. «No hay forma de obviar la realidad, de falsearla. Acá está la realidad: un pueblo victorioso, pero afectado con las heridas sociales de esta guerra», agregó.
De acuerdo con el gobierno venezolano, la economía perdió un estimado de 17.000 millones de dólares por año, como resultado de la primera ronda de sanciones económicas de 2017, y 10.000 millones de dólares adicionales, producto de la última seguidilla de medidas emitidas por Washington tras reconocer la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» del país suramericano, en 2019.