La ausencia de la salud como derecho público de acceso universal, requiere un movimiento que exija una vacunación gratuita para quienes lo necesiten.
Por Juan Carlos Hurtado Fonseca @Aurelianolatino
La sorpresa que le dio el nuevo coronavirus al mundo y el desconocimiento que aún de este hay en la comunidad médica y científica han redundado en la fabricación atípica y acelerada de vacunas, que permitan inmunizar a la población del planeta.
De esta manera, se han presentado varios biológicos con diferentes porcentajes de efectividad y los gobiernos han iniciado contrataciones con una o más farmacéuticas, con el objetivo de proteger a su población.
No obstante, las mutaciones del SARS-CoV-2, las posibilidades de compra y las erróneas políticas sanitarias de cada país crean incertidumbre. Además, los países poderosos tienen la capacidad de adquirir y monopolizar las vacunas, sin embargo, con buena gestión gubernamental, naciones subdesarrolladas también han logrado iniciar fases de inmunización masiva.
Lamentablemente, el Gobierno colombiano ha dado palos de ciego no solo en cuanto al manejo de la crisis sanitaria, sino a la contratación con las farmacéuticas, lo que no ha permitido tener una fecha fija para la llegada de los biológicos.
Hasta el momento, se sabe que los únicas que llegarán, la primera semana de febrero, son las que dará la Organización Panamericana de la Salud, a través de su iniciativa Covax.
Ante las críticas al ministro de Salud, Fernando Ruiz, este respondió a través de un comunicado que Reino Unido y Estados Unidos, países con mayor número de vacunas aplicadas, y los países de Latinoamérica que no superan las 50 mil personas vacunadas, no han podido reducir su tasa de mortalidad, por lo cual en este momento no hay una relación entre la reducción de esta y el proceso de vacunación, que seguramente se tendrá cuando los números de personas vacunadas sean altos. (¿?)
Derecho público
Pero, más allá de los anteriores tópicos, hay un tema que ha preocupado a diferentes organizaciones como el Pacto por la Salud y la Vida, y es la gratuidad de la vacuna contra el covid-19.
En ese sentido, desde las entidades gubernamentales se ha manifestado que la vacuna será manejada exclusivamente por el Estado y suministrada de manera gratuita. Pese a esto, también es sabido que en el sistema de salud hay fuertes intereses económicos, y el pasado 21 de enero Minsalud señaló que los biológicos solo los podrá adquirir el Ministerio de Salud y Protección Social, aunque: “Para los privados se dejó abierta la posibilidad una vez se haya superado la fase inicial, y deberán cumplir con los mismos pasos del programa de vacunación de registro de la persona y todo el protocolo respectivo…”.
Acerca de la participación de estos en los planes de vacunación, la doctora Claudia Patricia Vaca González, directora del centro de pensamiento Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional, expresa que esta no debe ser en la comercialización de la vacuna, sino en la utilización de su infraestructura y personal, como una retribución por los beneficios económicos recibidos en la prestación de un servicio público como es la salud, bajo la coordinación de las secretarías de Salud, con criterios de equidad y cobertura.
Por su parte, Yesid Camacho, directivo nacional del sindicato de trabajadores de clínicas y hospitales, Anthoc, indica que el país tiene un retraso en el tema de la adquisición de las vacunas y que no hay transparencia en la contratación por las cláusulas de reserva: “Un tema que debería ser de salud pública, un derecho de la población se ha convertido en monopolio de los países ricos, sabemos que hay negocios de transnacionales que darán prioridad a quienes mejor y oportunamente les paguen”.
Inmunidad de rebaño
Adicionalmente, para Claudia Patricia Vaca lo que permite saber que un plan de vacunación es considerado un beneficio de salud pública para toda la ciudadanía, es la garantía de que se priorice una población con base en criterios epidemiológicos y de riesgo clínico, que permita controlar la morbimortalidad asociada con la pandemia.
“El plan de priorización es un acuerdo global basado en los estudios más detallados de factores de riesgo, es claro que deben ser las personas mayores de 65 años y los profesionales de la salud. Debe haber un enfoque en derechos humanos, y como se debe garantizar el derecho a la educación, los profesores deben ser incorporados en esa priorización. También la población de trabajo informal, que no tiene seguridad social, por ser la que ha llevado la carga de mortalidad”, explica Claudia Patricia.
Sobre la inmunidad de rebaño, la doctora Claudia Patricia aclara que esta es el punto de equilibrio en el cual se garantiza que el contagio no se extiende, “hay suficientes personas inmunizadas para controlar la epidemia, y esta puede ser por dos vías, por vacunación o por contagio natural”.
Sin embargo, no hay consenso o certeza en cuanto a quiénes vacunar y a quiénes no para obtener una cantidad suficiente de población que logre esta inmunidad. Antes se decía que a los niños los afectaba menos este coronavirus, pero actualmente hay cepas que los enferman gravemente, hasta el punto de que en Colombia hay varios en UCI.
“Hay más de 100 niños que se han reportado como positivos. Como las vacunas no tienen tantas certezas en cuanto a sus alcances no se saben las respuestas a las nuevas cepas que se presenten”, explicó Yesid Camacho.
Para este trabajador de la salud, tampoco hay certeza en cuanto a la inmunidad de rebaño porque conoce compañeros de trabajo, personal de salud, a quienes les ha vuelto a dar la enfermedad meses después de haberla sufrido, y -expresa- que no se sabe por cuánto tiempo es la inmunidad que produce la vacuna y puede suceder lo mismo que con la influenza.
Por el contrario, la doctora Claudia Patricia explica que se ha visto un porcentaje de reinfección muy bajo, menos del 1% y que quienes se han infectado desarrollan anticuerpos por largo tiempo, según estudios, por entre seis y ocho meses, “pero no sabemos es el tiempo de protección de las vacunas”.
Tareas por la salud
Con todo lo anterior, surgen más interrogantes, pues cuando se conoce que hay mutaciones del virus y nuevas cepas, “nueve vacunas que hay aprobadas en el mundo han demostrado una altísima generación de anticuerpos, pero el seguimiento sobre la duración de la inmunidad se está haciendo aún”, indica la doctora Vaca, y anota que los virólogos y sus estudios dan tranquilidad sobre la efectividad de estos biológicos en las variantes.
Para ella, si no se hace una vacunación equitativa y justa se estaría haciendo una presión inadecuada para que se generen variantes y se extienda el contagio en la población no vacunada, lo que pondrá en riesgo la población ya vacunada. “Vacunar de esta manera no es un asunto solamente moral y de justicia sino un asunto epidemiológico y virológico”.
Es por lo anterior que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha orientado la aplicación de los biológicos en quienes están en mayor riesgo de mortalidad y que de manera escalonada se haga cobertura sobre poblaciones que han presentado menores complicaciones.
Por todo lo anterior, queda claro que entre los objetivos del movimiento social está presionar por medidas gubernamentales que minimicen los daños de la pandemia, y por la garantía de una vacunación gratuita y adecuada, es decir, como derecho público para quienes sea necesario.
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