La relatora especial de la ONU ante las medidas coercitivas unilaterales, instó a Estados Unidos y la Unión Europea levantar las sanciones contra Venezuela.
El informe, emitido luego de dos semanas de visita al país sudamericano, Alena Douhan reconoció la ineficacia del bloqueo económico como método de presión política a Venezuela y el mundo.
Claves del informe preliminar de la Relatora Especial de la ONU sobre Venezuela
La visita de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviada a Venezuela para investigar de primera mano el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales y su consecuente violación de los derechos humanos, Alena Douhan, arrojó un informe preliminar publicado en el sitio web de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.
En su mayoría, los elementos del informe preliminar ya han sido descritos y denunciados previamente por las autoridades del Estado venezolano, organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias mediáticas (como esta tribuna); sin embargo, por primera vez se refieren las consecuencias destructivas para la población venezolana del bloqueo económico-financiero-comercial en una instancia multilateral con gran impacto en la opinión pública global, algo que se debe valorar en su justa medida.
Alena Douhan, oriunda de Bielorrusia, fue nombrada Relatora Especial sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2020.
Tiene una amplia experiencia en los ámbitos del derecho internacional y los derechos humanos, es profesora de derecho internacional en la Universidad Estatal de Belorrusia (Minsk), profesora invitada en el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (Bochum, Alemania) y directora del Centro de Investigación para la Paz (Minsk).
Recibió su doctorado en la Universidad Estatal de Bielorrusia en 2005 y obtuvo el Dr.hab. en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015 (Bielorrusia). Los intereses académicos y de investigación de Douhan se encuentran en los campos del derecho internacional, las sanciones y el derecho de los derechos humanos, el derecho de la seguridad internacional, el derecho de las organizaciones internacionales, la solución de controversias internacionales y el derecho ambiental internacional.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, siendo el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU. Procedimientos Especiales es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
Visto así, el trabajo de Alena Douhan en Venezuela tiene un carácter humanitario en sí mismo y devela una conciencia en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU diferente a la extendida por la ideología destructiva de Estados Unidos en dicha instancia. Se podría decir que la visita y la investigación de la Relatora Especial de la ONU es realmente independiente y no fueron coaccionadas por ningún Estado ni organización pública o privada.
Vista panorámica de la investigación
Contexto de la visita de Alena Douhan, relatora especial de la ONU
Desde el comienzo del texto presentado por Douhan se explicita que se tratan de «observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021». Es decir, que todo lo descrito aquí aún es susceptible de ser ampliado y no es más que una vista panorámica de la investigación.
La relatora especial de la ONU recuerda que la emisión de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela comenzó en el año 2005 «cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas». Luego Washington, en 2006, impuso un embargo de armas «por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas».
Para darle contexto, se debe recordar que en 2005 el presidente Hugo Chávez había declarado la culminación de toda operación conjunta e intercambio militar con el Pentágono, una medida que no fue del agrado de Washington y que daba al traste con los planes de penetración militar en la zona caribeña de Sudamérica, usando de cabeza de playa el llamado Plan Colombia.
El informe preliminar luego rememora el papel de la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela del año 2014 promulgada por el Congreso estadounidense, que fue la base preliminar para la designación del denominado Decreto Obama de 2015, que declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos». A esta orden ejecutiva se le sumaron seis más contra nuestro país, todas emitidas por la administración de Donald Trump.
Desde 2017 se han emitido medidas coercitivas unilaterales desde Washington que han minado por completo la economía venezolana y, por ende, la calidad de vida de la población. El informe preliminar es descriptivo en torno a todas las legislaciones promulgadas por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, asimismo todas las acciones de bloqueo (económico, financiero, comercial, político y diplomático), resoluciones del Grupo de Lima y el Tratado de Río y secuestro de fondos en entidades internacionales como los 1 mil 200 millones de dólares congelados por Novo Banco de Portugal y los cerca de 2 mil millones en oro depositados en el Banco de Inglaterra y que no son retornados a las arcas del Estado venezolano.
Situación económica y humanitaria en Venezuela
Luego de una sucinta descripción del funcionamiento de la economía venezolana, dependiente de los ingresos estatales del petróleo («economía monoorientada») y de las importaciones de «la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos», afirma que «el declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo» para luego citar otros factores de afección como la «mala gestión» y la «corrupción».
Pero no duda en confirmar que «las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas» de la economía venezolana que ya venían demostrándose, sobre todo desde 2013 con la muerte del Comandante Chávez y la asunción de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República Bolivariana.
También se citan los datos publicados por la Presidencia: «los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99%» y «el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones». Menciona que «las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas» y que la hiperinflación de los últimos cuatro años ha pulverizado los salarios de las intituciones públicas.
Inmediatamente hace una consideración: aunque en 2018 el Gobierno Bolivariano introdujo reformas económicas con la intención de superar los obstáculos mencionados, «el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales», teniendo en cuenta que ha sido el Estado, sobre todo desde el año 2000, el que ha financiado con ingentes cantidades de dinero en inversión social y desarrollo económico nacional.
Las cifras y relaciones en materia de infraestructura, migración y servicios básicos para la población son demoledoras. A continuación citamos solo unas cuantas relacionadas con «la indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas»:
- «(…) las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad»;
- «la mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad»;
- (…) numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado»;
- «debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%»;
- «los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo nacional, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave»;
- «el programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 millones de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos»;
- «Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la ausencia de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria»;
- «las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento»;
- «la educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total».
Ante todo esto la Relatora Especial de la ONU comenta que el Gobierno bolivariano mantiene instancias de cooperación con el «PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos».
Y denuncia que «los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020-2021», dando a entender que la situación económica y humanitaria en Venezuela ha sido torpedeada por el bloqueo de manera visible, aun cuando la propaganda occidental encubra sus acciones y efectos.
Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones
En el informe preliminar se afirma que el Decreto Obama es básicamente ilegal a los ojos del Derecho Internacional:
«(…) no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021″.
Con relación a las «sanciones» sobre los sectores estratégicos de la economía venezolana (petrolero, aurífero, minero, etc.), dice que:
«(…) constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales».
En definitiva, todo el entramado de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela viola los derechos fundamentales consagrados por las leyes internacionales. Citamos in extenso y resaltamos con negritas lo nodal:
«Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, la Relatora Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.
«La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.
«A la Relatora Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio.
(…)
«El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países».
Lo que refleja que los instrumentos de coerción y amenazas por parte de Washington y sus socios contra funcionarios venezolanos y quienes comercien con el Estado venezolano son claramente ilegales, exceden los acuerdos internacionales y violan los derechos humanos fundamentales de la población.
Impacto en el disfrute de los derechos humanos
Debido a todo el andamiaje estadounidense para inducir una crisis económica y social sobre Venezuela, las conclusiones de la Relatora Especial de la ONU son contundentes ya que «han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela».
Asimismo, Douhan observa que «las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos». Es por ello que la presunción humanitaria de Estados Unidos y la Unión Europea no han sido capaces de traducirse en la realidad, sino que más bien han servido de munición propagandística con el fin de demonizar las medidas tomadas por el Gobierno bolivariano para proteger a la población de los ataques económicos foráneos.
En el informe preliminar se cuelan las preocupaciones de la investigadora ya que la aplicación del bloqueo económico-financiero-comercial impiden «al gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el gobierno de los Estados Unidos, y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados)».
Además, el bloqueo, como se ha denunciado cientos de veces, «se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna».
También se reconocen los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el aumento de la migración, la pulverización del salario, la falta de combustible para el mercado interno venezolano, el desmejoramiento de los servicios básicos para la población «ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación», «afectan el acceso a la información y la libertad de expresión» y, a su vez, «al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria» y el derecho a la propiedad.
Incluso, la Relatora Especial de la ONU «observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible».
Una acotación distintiva del informe preliminar tiene que ver con que se «reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación», adhiriendo que a los funcionarios venezolanos se les «violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos», trayendo al recuerdo el caso contra Alex Saab en Cabo Verde y las gestiones estadounidenses para enjuiciarlo en suelo norteamericano, de manera totalmente ilegal, como lo demuestra la Relatora Especial de la ONU:
«(…) señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones».
Es una guerra de extermino política con matices en los diferentes planos de la vida la que ejerce Estados Unidos contra Venezuela. Estas son otras palabras con las que se describen las conclusiones del informe preliminar en este apartado:
«La Relatora Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo».
Finalmente, con respecto a las recomendaciones que Alena Douhan hace en relación al bloqueo, insta «a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela (BCV) para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos de cooperación y supervisión acordados».
En ese sentido, lo que se pide es el fin del bloqueo tal como existe sobre Venezuela. Se solicite el fin de la guerra contra un país que busca superar los escollos existenciales por los que atraviesa actualmente. Este documento es un examen de conciencia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, derechos que son violados por un hegemón en decadencia al que solo le interesa su supervivencia a costa de crímenes de lesa humanidad sobre una población que tiene el derecho, asimismo, a existir.
Publicado en Misión Verdad.
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