Ante la opinión pública internacional, y en algunos organismos multilaterales, a través de los más variados métodos y técnicas de comunicación, los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y el cartel de Lima han impuesto un imaginario que ha hecho creer que en Venezuela se vive en un régimen no democrático y que, el Presidente Nicolás Maduro, es un dictador.
Falacias que, desde el año 2015, les han servido para imponernos criminales e inhumanas medidas coercitivas unilaterales, con el propósito de impedir los avances de la Revolución Bolivariana.
El informe que, en septiembre de 2018 presentó, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, mantiene su vigencia. En él se señala que dichas medidas, junto a la guerra económica a que ha sido sometida nuestra nación, son la principal causa de la situación existente en la Patria de Bolívar y Chávez.
El viernes 12 del presente mes y año, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, en el informe sobre su visita a nuestro país para evaluar el impacto de las mismas, llega a la conclusión de que las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas existentes en Venezuela.
Señala, asimismo, que las sanciones impuestas afectan -de manera general- el normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas de la nación. Siendo las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves las más afectadas con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. Por lo que pide, a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho y los derechos humanos.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), en informe presentado el 8 de febrero pasado, sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos en Venezuela, ante los representantes Gregory W. Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el representante Andy Levin, de EEUU, se afirma que las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela “han exacerbado su declive económico”.
La mentira tampoco les sirvió para derrocar al Presidente Nicolás Maduro.
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