La mayoría de las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando no son pertinentes ni auguran una perspectiva más próxima a la realidad de lo que se intenta mostrar con el símil. En política, incluso, resulta necio, salvo para exponer contrastes.
En recientes días, con el encarcelamiento del rapero catalán Pablo Hasél en España, se intentó propagar una comparación entre este y Karen Palacios, una clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Venezuela procesada y puesta presa en 2017 en el marco del fallido golpe de color que intentaba derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
Dicho despropósito no tiene relevancia salvo por el impulso de la propaganda antichavista que emerge diariamente con el propósito de poner al frente de la agenda mediática la narrativa de que el Estado venezolano es un violador de los derechos humanos.
Si observamos de cerca los dos casos en comparación, naturalmente nos podemos dar cuenta del bulo que supone ponerla en la palestra. Comencemos con el caso de Karen Palacios.
La ley y el odio en Venezuela
La clarinetista venezolana publicó unos tuits el 1° de mayo de 2017 en el que expresaba su odio contra el Presidente de la República y el chavismo en general, en un momento caliente debido a la violencia insurreccional claramente planificada por los principales factores de la oposición en el terreno (Voluntad Popular, Primero Justicia, Vente Venezuela, etc.).
En aquel contexto, la detención y enjuiciamiento de Karen Palacios fue procesada como una promoción del odio, que venía en boga durante las semanas anteriores mientras subía el número de muertos y heridos en las calles de Venezuela por la revolución de color antichavista en marcha.
Las muestras de odio se fueron entronizando hasta destacarse dos tendencias: la aparición de grupos de exterminio y la persecución o escraches a figuras identificadas con el chavismo en lugares públicos, como centros comerciales y sitios de esparcimiento.
Debemos recordar que la impunidad brillaba por su presencia en ese contexto, siendo impulsada por la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy prófuga de la justicia junto con su esposo por participar en una trama de corrupción en PDVSA.
Las exenciones a los crímenes de odio en su momento hicieron que pocas semanas luego de la detención de Karen Palacios se produjera la quema y el apuñalamiento de Orlando Figuera en Altamira, joven opositor que murió por sus heridas días después y que fue ajusticiado en plena manifestación opositora al ser confundido con un «chavista». Esto sucedió durante la última semana de mayo.
En ese contexto de impunidad, se concretaron más de 30 delitos de este tipo registrados en los más de 100 días de insurrección armada que hirió la estabilidad de Venezuela, según la Defensoría del Pueblo.
Lo que sucedió en Venezuela respecto a una fuerte corriente de odio se correspondía con lo que sucedió en Ruanda y en la balcanizada Yugoslavia por las similitudes con la aparición de una ideología extremista, destinada a promover la creencia de que una comunidad de personas carece, de acuerdo a la Oficina del Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio de la ONU, de «valor humano por sus creencias religiosas, políticas o su nacionalidad».
La incitación al linchamiento y asesinato de chavistas y agentes del Estado fue ampliada por las operaciones informativas, psicológicas y de propaganda que se extendieron vía redes sociales y medios nacionales e internacionales, legitimando de esta manera un imaginario preciso y específico de odio y negación del otro tanto en el mundo virtual como en el físico.
El proceso a Karen Palacios se corresponde claramente con lo que estaba sucediendo en esos momentos en Venezuela (un intento de golpe de Estado con condimentos de odio e insurrección armada), y, además, la clarinetista fue excarcelada a las pocas semanas con régimen de presentación. Nunca estuvo presa por «pensar distinto», como mucho vocero maniqueo y maximalista declara, sino por instigación al odio y promoción de un genocidio. Algo muy distinto a lo que ocurre con el caso Pablo Hasél.
Denuncias antimonárquicas
Pablo Hasél, seudónimo de Pablo Rivadulla Duró, no participó en un intento de derrocamiento del gobierno español ni tampoco de la monarquía de los Borbones, tampoco llamó a linchar ni asesinar a nadie.
El rapero catalán, con el desenfado y la cadencia propios del género y la cultura hip-hop, publicó canciones y tuits con los que denunciaba la corrupción y la vida opulenta (con dinero público) de la monarquía española.
Escuchemos su propia defensa.
Lo más interesante del alegato de Hasél es que él mismo declara haber cantado lo que tantos medios ya han publicado: comisiones y partidas presupuestarias corruptas, blanqueo de capitales y delitos fiscales, dilapidación del dinero público en vacaciones en África mientras se producía una crisis económica sin precedentes en España, entre otros escándalos reales.
En cuanto a lo publicado en Twitter, en el que la justicia española dice que el rapero promociona el terrorismo, Hasél acusa a las fuerzas policiales españolas de torturas y asesinatos de la siguiente manera.
Otros tuits que fueron borrados y usados en su contra por la fiscalía española:
Los límites de la libertad de expresión en España, de esta manera, se muestran en toda su claridad: se puede decir lo que sea a menos que denuncie a un Estado creado y desarrollado para defender los intereses de las élites. «La libertad de expresión termina cuando empiezas a molestar», dice el mismo cantante. El caso de Pablo Hasél provocó que incluso el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, cuestionara la «plena normalidad democrática» del país europeo.
De hecho, el encarcelamiento de Hasél es tan antipopular que desde el 16 de febrero se han producido manifestaciones a favor de su liberación en Barcelona y otras ciudades españolas, cuyos choques con la policía han provocado más de medio centenar de heridos, otros tantos detenidos, comercios destrozados, etc.
Mientras a un rapero catalán se le encarcelaba por haber denunciado el régimen de los Borbones y la política securitaria del Estado español, en las calles de Madrid se paseaban sin ningún tipo de problemas un grupo de neonazis que profieren proclamas antisemitas en un homenaje a la División Azul de la Falange fascista. «La concentración, en la que abundaba la simbología nazi, fue convocada por Juventud Patriota de Madrid, contaba con autorización para su celebración y se convoca todos los años», reseña El Diario.
Como dato adicional, en estos momentos se encuentran 14 artistas condenados a prisión en España, incluido Hasél. En Venezuela, si hay alguno como la clarinetista Palacios, no lo están por su posición política, sino por delitos tipificados en los códigos penales del país.
Con lo anterior, nuevamente se muestran los límites de la libertad de expresión en España. Y, en contraste y no por comparación, también en Venezuela. La diferencia es clara, y estriba en lo siguiente: a una persona se le condenó y luego liberó por instigar odio y genocidio contra un grupo político, mientras que a otro se le procesó por denuncias específicas que se ya han publicado en medios y redes sociales.
El que tenga ojos que vea.
Publicado en Misión Verdad.
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