28% de los asesinatos de líderes de sustitución voluntaria de coca son por paramilitares, y falta determinar los autores del 46 % de estos asesinatos.
COLOMBIA| El informe presentado por el programa Somos Defensores, la Corporación Viso Mutop y la Asociación Minga, sobre las agresiones a la población de sustitución voluntaria de coca demuestra que el Gobierno incumple el Acuerdo de Paz por ejercer la erradicación forzada.
Más de 75 líderes de la población beneficiaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) establecido en el cuarto punto del Acuerdo de Paz, fueron estigmatizados, perseguidos y asesinados.
Los homicidios ocurrieron en 12 departamentos, y en cinco de ellos, se concentró el 82% de los casos: Antioquia con 24 asesinatos; Cauca con 18: Norte de Santander con 8; Putumayo con 7 y Nariño con 5.
El 2018 fue el año donde se registró más líderes de sustitución de coca asesinados, con 27 homicidios; seguido en el año 2020 en los seis primeros meses se confirmó 20 asesinatos. En el 2019 hubo 16 casos; 2017 con 11 y 2016 se presentó un caso.
De acuerdo al informe, los autores del 28% de estos asesinatos son los grupos paramilitares (AGC); el 13 % serían las disidencias de las Farc-ep (grupo que no participo en el Acuerdo de Paz), el 9 % se presume que haya sido el ELN; y el 3 % la Fuerza Pública, aclarando que falta establecer los responsables del 46 % de estos asesinatos.
La sistemática persecución y asesinato a estos líderes de sustitución voluntaria de la hoja de coca busca detener los esfuerzos y avances en las rutas de trabajo de quienes lideran en los territorios el programa PNIS. Y entre los responsables directos está la Fuerza Pública que ejerce operativos de erradicación forzada.
Uno de los casos emblemáticos es el del líder Deobaldo Cruz víctima de la Fuerza Pública quien perdió su ojo izquierdo al recibir el impacto de un perdigón en el año 2019.
El estudio del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria registró 95 incidentes entre los campesinos y la Fuerza Pública, dejando 12 campesinos o indígenas asesinados a manos de la Policía antinarcóticos y militares entre el 2016 y la mitad del año 2020.
Entre los campesinos asesinatos por el Estado colombiano está Alejandro Carvajal, quien murió tras recibir un disparo de un soldado del Ejército del Batallón de Operaciones Terrestres número 9 de la Fuerza Vulcano. Alejandro impulsaba un proyecto de sustitución de coca por caña en Sardinata.
Digno Emérito Buendía, líder campesino del Catatumbo quien participaba en una protesta contra la erradicación forzada asesinado de un disparo presuntamente de un integrante del Batallón Hermógenes Maza en la zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.
Además de esos casos de Norte de Santander, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y el de Marco Rivadeneira, presentó el informe de la masacre de El Tandil, en Tumaco (Nariño), ocurrida en octubre de 2017, en la que siete campesinos fueron asesinados por disparos presuntamente de policías antinarcóticos que ejecutaban un operativo de erradicación forzada.
Otro caso emblemático presentado en el informe, es la denuncia realizada por las comunidades del Guayabero ante el despliegue militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que dejó según los campesinos, quemas de vivienda, robo de ganado destrucción a la propiedad privada y agresiones físicas con arma de fuego.
Los hechos antes mencionados, denuncian estas organizaciones que permanecen en la impunidad, pues nadie ha sido condenado o sancionado, pese a que en la Procuraduría hay abierta una investigación disciplinaria y el proceso está en la justicia penal militar.
Por la falta de efectividad en la investigación, las víctimas han solicitado llevar los casos a la justicia ordinaria.
En la implementación del PNIS están inscritas 99.000 familias en 56 municipios del país, y solo el 74.199 de las familias en junio de 2020 habían recibido el pago por asistencia alimentaria. Mientras que la asistencia técnica solo llegó a 61.183 familias.
Concluyó el informe que tenían solo 1 % de avance en todo el país, y que, varias familias terminaron de recibir el apoyo económico sin contar con la asistencia técnica y la realización de los proyectos estipulados en el Acuerdo para garantizar otro tipo de economías campesinas”. Ello ha llevado, dice el documento, a que una parte de las familias haya tenido que recurrir a la resiembra y, por lo tanto, sean expulsadas del programa. Situación que se agrava, pues hasta la fecha no existe la Ley de Tratamiento.
Asesinatos documentados de líderes de sustitución voluntaria de coca.
El 30 de marzo de 2018 fue asesinada María Magdalena Cruz Rojas, que impulsaba la sustitución en la vereda Brisas de Iteviare, inspección Rincón del Indio, en Mapiripán (Meta). Hombres armados llegaron hasta su finca y en frente de su esposo y su hijo la ultimaron a disparos.
El 7 de abril de 2019 fue abaleada Lucero Jaramillo Álvarez, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Valdivia en Curillo (Caquetá) que participaba activamente del proceso de sustitución de cultivos en su vereda. Las autoridades dijeron en su momento que el crimen habría sido cometido por el frente Primero de las disidencias de las Farc.
Hacia las 4 de la tarde del 26 de junio de 2019, el campesino Manuel Gregorio González Segura salió de su parcela en el corregimiento El Palmar, del municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, para abastecer de víveres a su familia. De él no volvieron a saber nada hasta el día siguiente, cuando pobladores de la zona lo encontraron muerto con las manos atadas y signos de tortura.
El 6 de julio, el campesino Manuel Osuna Tapias fue encontrado degollado en su vivienda en el corregimiento Versalles, del vecino municipio de San José de Uré. Ambos labriegos eran miembros activos de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor) e impulsaban la sustitución voluntaria de los cultivos de coca en esa región.
El 7 de enero 2020, la lideresa Gloria Isabel Ocampo, asesinada en su casa en la vereda La Estrella de Puerto Guzmán (Putumayo).
Para el 9 de junio, Leidy Viviana Trompeta, de 24 años, una guardia indígena del Cabildo Nasa Kuesh Kiwe de Bellavista, en Orito, que hacía parte del PNIS, fue ahorcada.
Marco Rivadeneira, fue asesinado el 19 de marzo de 2020 en el corredor Puerto Vega-Teteyé, de Puerto Asís, cuando asistía a una reunión con campesinos de veredas de la zona para socializarles los avances de la mesa de concertación que habían logrado con el Gobierno Nacional.
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