Por Por Lautaro Rivara y Zoe Pepper-Cunningham, desde Quito
El domingo 11 de abril los y las ecuatorianas elegirán a su próximo presidente. Lo harán entre la crisis pandémica, la polarización del movimiento indígena y las amenazas de irregularidades electorales.
Elecciones a la vista, sin clima electoral
Faltan menos de 24 horas para que dé inicio la segunda vuelta electoral en Ecuador. Ante una inusitada ausencia de clima electoral, la agenda del país parece estar más marcada por la crisis económica, las propuestas de privatización del presidente Lenín Moreno y el completo desgobierno en la gestión de la pandemia, por ejemplo en lo relacionado con el postergado plan de vacunación.
El pasado 2 de Abril el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decretó siete días de toque de queda y estado de excepción. En medio de las restricciones a la movilidad y la libertad de reunión impuestas, los candidatos que disputan la presidencia, el joven economista Andrés Arauz, tributario del correísmo, y el banquero Guillermo Lasso, de orientación neoliberal, cerraron sus respectivas y atípicas campañas el pasado jueves.
Cada uno lo hizo en la ciudad cabecera que le supo ser esquiva en el primer turno. Arauz congregó a varios miles de personas en el Centro Cultural Cumandá en la capital Quito, en donde en febrero Lasso lo aventajó por tres puntos porcentuales, y en donde el candidato socialdemócrata Xavier Hervas obtuvo una importante cosecha de 400 mil votos.
Lasso, por su parte, organizó un mitin en el malecón Simón Bolívar en Guayaquil, su ciudad natal, y capital de la provincia de Guayas. Aquí el triunfo de Arauz fue arrasador en febrero, aventajando a su rival con casi 16 puntos porcentuales. Escenario similar al de las otras provincias costeras -Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena- volcadas masivamente por el binomio de Unión por la Esperanza (UNES).
Pero si la costa benefició holgadamente al correísmo, la Sierra y la Amazonía, aunque menos densamente pobladas, se pronunciaron por el candidato indígena Yaku Pérez del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. La provincia de Pichincha, sede de la capital, fue la única que favoreció a Guillermo Lasso. El mapa electoral de febrero demuestra y acentúa los contrastes de un país de intensos regionalismos.
Pese a que Arauz parte con 13 puntos de ventaja respecto a su rival, los más de 3 millones de votos obtenidos por Pérez y Hervas serán los que terminarán de inclinar el fiel de la balanza, considerando que poco más de 10 millones fueron los ciudadanos que sufragaron en febrero. Particularmente decisivos serán los votos de la provincia de Azuay -antiguo bastión del correísmo-, los de la periferia de Quito, el voto de la Sierra y la Amazonía -favorable a Pérez- y el voto juvenil, urbano, femenino y el de los profesionales “liberales” que simpatizaron por Hervas.
Las encuestas, el voto indígena y el movimiento social
A la fecha la mayoría de las encuestadoras otorgan al binomio Arauz-Rabascal entre unos 4 o 5 puntos de ventaja. Es también el caso del proyecto de investigación independiente Cálculo Electoral, que apunta que, en las preferencias de los votantes, Arauz estaría arriba por unos 4.8 puntos porcentuales. Considerando otras variables, la consultora pronostica un 68 por ciento de probabilidades de que Arauz se alce con el triunfo, contra un 32 por ciento de su rival. El número de indecisos, si bien más pequeño que hace algunas semanas, aún oscila entre el 25 y el 30 por ciento según la mayoría de los sondeos, tendencia aún más significativa entre los jóvenes.
Según las estadísticas oficiales, los indígenas y el conjunto de “pueblos y nacionalidades” constituyen el 7 por ciento de la población plurinacional ecuatoriana. ¿Por qué entonces el voto de los indígenas parece ser tan decisivo? Además de lo reñido del escenario electoral, es importante apuntar que este sector de la sociedad goza de un gran prestigio nacional, tras su protagonismo de primera línea en el estallido social de octubre del año 2019. La revuelta se produjo frente al «paquetazo» de políticas neoliberales “recomendadas” por el Fondo Monetario Internacional e impuestas por el famoso “Decreto ejecutivo 833” del gobierno de Lenín Moreno.
Incluso aún más decisiva que esta masa electoral expectable, es la población urbana, de clase media y progresista que decidirá su voto en función de la orientación de las principales federaciones indígenas del país. Indicio de esta realidad es el histórico 19 por ciento que alcanzó en febrero Pérez al frente de Pachakutik, el instrumento electoral de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Resultado que, tras las resonadas denuncias de fraude que acabaron siendo desestimadas por la autoridad electoral, dejó a Pérez fuera del balotage por apenas unos 30 mil votos.
Pero el movimiento indígena es más complejo y diverso de lo que una primera mirada pudiera indicar, más aún en un escenario político tan polarizado. Algunas federaciones nacionales como la FEI y la FENOCIN manifestaron hace tiempo su respaldo político por UNES. Y en un acto que generó gran revuelo, el mismísimo presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, hizo público su apoyo a Arauz junto con varios líderes de las organizaciones indígenas amazónicas. Sin embargo, la dirección nacional de la CONAIE se ratificó en su opción por el “voto nulo ideológico”, y podría llegar a apartar a Vargas de la presidencia en su próxima asamblea. Pero Vargas no fue el único “inorgánico”. La candidata a vicepresidenta de Pérez, Virna Cedeño, se pronunció en un video en redes sociales en favor de Guillermo Lasso, posición sostenida sotto voce por otros líderes de la confederación.
Mientras tanto, Vargas y otros dirigentes de peso como Leónidas Iza se refirieron a la captura de Pachakutik por parte de sectores de la “derecha indígena”, así como a la imposición inconsulta de Pérez como candidato del conjunto del movimiento. Según el economista y profesor Pablo Dávalos, hace tiempo que Pachakutik habría “soltado amarras” de las bases y estructuras de la CONAIE. Organización que, ante la decisión consumada, habría aceptado la candidatura de Pérez -mucho menos protagónico que Iza o el propio Vargas durante el estallido de octubre- para evitar la ruptura de la confederación.
El Consejo Nacional Electoral: ¿del lawfare al fraude?
Tras meses de persecución judicial, tras la proscripción del líder de la Revolución Ciudadana Rafael Correa -incluso como candidato a vicepresidente-, y tras el veto a la inscripción de dos instrumentos electorales diferentes, finalmente el correísmo logró formalizar su inscripción a los comicios el día 2 de Octubre, a través de la personería cedida por el partido Centro Democrático.
El gran artífice de esta política de lawfare fue el Consejo Nacional Electoral (CNE), duramente criticado por su desempeño en la primera vuelta, cuando un precipitado informe preliminar sin tendencias electorales definidas sembró un manto de sospechas sobre quién competiría con Arauz en el balotage.
Los cinco principales consejeros del CNE fueron promovidos, respectivamente, por Pachakutik -la presidenta Diana Atamaint-, por el Movimiento Creo -el vicepresidente Enrique Pita-, por el Partido Social Cristiano -José Cabrera-, por el oficialista Alianza País -Esthela Acero-, y por FUNDAMEDIOS -Luis Verdesoto-, una organización representativa de las principales corporaciones mediáticas del país. Es decir que todos y cada uno de los consejeros responden a partidos, sectores o intereses opuestos al correísmo.
Para sumar suspicacias, el día 8 de Abril el periodista argentino Marco Teruggi se hizo eco de una fuente del CNE que denunció la trama de un fraude electoral previsto, presuntamente, para el día domingo. El informante, anónimo, sindicó como responsables políticos al propio Lasso y a su aliado Jaime Nebot del PSC. El plan se orquestaría a través del control de las mesas de votación y de los centros de digitalización, y se basaría en la utilización fraudulenta de 600 mil papeletas electorales no declaradas, impresas “por error” en la primera vuelta. Según la misma fuente, la combinación de diversos métodos irregulares podrían modificar el resultado final entre 1.300.000 y 1.500.000 votos.
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