El 26 de enero de 2019 fue masivo en muchos medios de comunicación el hecho de que el Banco de Inglaterra se negara a entregar el oro propiedad del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, luego de que Estados Unidos apoyara ante el mundo que reconocía a Juan Guaidó como «presidente interino» de nuestro país.
Todo indica que esta medida de bloqueo financiero contra Venezuela fue planificada de antemano, como lo muestra una información publicada por el periodista de Bloomberg Javier Blas.
Este había publicado una parte de su último libro, coescrito con Jack Farchy en redes sociales, en el que reseña una entrevista que tuvo con el entonces ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, Alan Duncan.
El exdiplomático relata una conversación telefónica que tuvo en 2019 con el exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, donde este último le consulta por la solicitud que el gobierno del presidente Nicolás Maduro había hecho de retirar los lingotes de oro venezolano depositados en el banco. Carney le dice que el banco está dudando en aceptar su solicitud y Duncan le responde que le escribirá «la carta más contundentes que pueda conseguir a través de los abogados del Ministerio de Exteriores, y que expondrá las crecientes dudas sobre la legitimidad de Maduro y explicará que muchos países ya no lo consideran presidente del país».
Como comentario adicional a la conspiración confesada al periodista de Bloomberg, Duncan alude a los antecedentes corporativos de Carney y él: «Un comerciante petrolero de Marc Rich (Glencore) sabe cómo hacer negocios con un banquero de Golmand Sachs».
Esta revelación reafirma la teoría de que la decisión de quitarle el oro a Venezuela había sido tomada por el Reino Unido mucho antes de que surgiera la excusa del falso gobierno del exdiputado venezolano. Desde 2018 se estaban saboteando las gestiones de las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) para retomar el control de los recursos del país.
«Quizás tengamos que apretar el tornillo económico sobre Venezuela», respondió el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson (actual primer ministro británico) a las acciones de Venezuela. Financial Times reportó que el Banco de Inglaterra rechazó varias veces la solicitud del BCV.
Una vez que el proyecto Guaidó salió al ruedo, en enero de 2019, el Ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido de aquel momento, Jeremy Hunt, cedió a las presiones del entonces jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. La información fue confirmada al año siguiente en el libro de Bolton.
Como sabemos, el Banco de Inglaterra se unió a la campaña de «cambio de régimen» congelando el oro venezolano, basándose en el desconocimiento del gobierno británico al gobierno legítimo de Venezuela, y el respaldo a la autoproclamación de Guaidó.
Desde entonces, la parte venezolana ha recorrido un trayecto judicial en tribunales del Reino Unido para recuperar los activos secuestrados:
- La primera acción del BCV fue demandar al Banco de Inglaterra por la retención de las 31 toneladas de oro. Pidió liberar esas reservas, valoradas en 1 mil millones de dólares, para comprar suministros de alimentos y de salud, en el contexto de la pandemia.
- En julio de 2020, la justicia británica falló en contra de la demanda. El juez Nigel Teare se basó en la premisa de que el diputado Juan Guaidó era el «auténtico presidente de Venezuela», reconocido así por el gobierno de Reino Unido y una decena de países subordinados a Estados Unidos.
- El equipo jurídico del BCV apela la decisión en el Tribunal de Apelación de Londres.
- En octubre de 2020, el Tribunal de Apelación anula la sentencia del juez Nigel Teare, argumentando que «las declaraciones del gobierno (británico) sobre Guaidó pueden no haber reflejado la realidad sobre el terreno» y pidiendo al «Ministerio de Relaciones Exteriores que aclare si acepta que Maduro ejerza el poder en el terreno como presidente», debido a que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene una representación diplomática reconocida por el gobierno británico, cosa que no ocurre con el equipo enviado por Guaidó para usurpar estas funciones.
- En noviembre de 2020, la jueza del tribunal comercial británico Sara Cockerill envió al equipo legal de Juan Guaidó una advertencia por el retraso del pago de 529 mil dólares al BCV por los costos del juicio de apelación que perdieron en octubre. La firma de abogados respondió que no podía pagar «debido a las sanciones financieras y económicas impuestas por el Tesoro de Estados Unidos». La jueza Cockerill les respondió que para la próxima audiencia debían presentar «una excusa mejor» o si no se enfrentarían a «problemas muy serios».
- Los abogados de Guaidó apelaron el fallo y en diciembre de 2020 el Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó que aceptó la petición.
En varias ocasiones, periodistas de Declassified UK, han expuesto la trama conspirativa que sostiene el gobierno británico en Venezuela, en concordancia con la estrategia estadounidense de cerco y asfixia.
Desde reclutar a medios y ONG venezolanas para imponer una narrativa en contra del gobierno de Venezuela hasta financiar operaciones de «cambio de régimen», pasando por la influencia que ejercen las corporaciones de energía en la interferencia del gobierno del Reino Unido en la controversia territorial del Esequibo, correspondiente exclusivamente al Estado venezolano y el Estado guyanés.
Se niegan a liberar recursos que podrían salvar vidas
Con el advenimiento de la pandemia, al gobierno de Venezuela se le ha hecho prioridad el uso de todos los canales diplomáticos internacionales para liberar los fondos secuestrados en el Banco de Inglaterra y así comprar vacunas, medicamentos e insumos médicos para atender a pacientes de covid-19 y de otras enfermedades que requieren acción urgente.
En esa línea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha unido al reclamo de la nación contra la institución financiera británica. En su informe preliminar sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, la relatora especial, Alena Douhan, solicitó, entre otras recomendaciones, que el Reino Unido y Portugal descongelara los activos del Banco Central de Venezuela.
Planteó que a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros organismos de la ONU se podía llegar a acuerdos para que el dinero liberado fuese destinado a la adquisición de medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela.
A pesar de la celeridad que amerita el caso, el Reino Unido no ha hecho ninguna insinuación de querer colaborar para evitar un desenlace trágico en la salud de la población venezolana, lo que desacredita cualquier «preocupación» que simule por Venezuela. En cambio, las propias fuentes oficiales británicas dejan ver las evidencias de su participación en el plan de «cambio de régimen» de marca estadounidense, con los subsiguientes efectos negativos en la vida económica, social y política de nuestro país.
Fuente: Misión Verdad.
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