Aun cuando en su campaña electoral predominaba el lema «Más salarios, menos impuestos» el presidente colombiano Iván Duque atraviesa hoy la misma crisis a raíz de sus propuestas de reformas económicas que han puesto como excusa la pandemia global por covid-19.
Se trata de la tercera reforma tributaria en tres años, y la sexta en diez años, llamada «Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible» que pretende recaudar 23 billones de pesos (aproximadamente 6 mil 300 millones de dólares) entre 2022 y 2031.
Su ministro de Hacienda ha declarado que es necesaria por el déficit fiscal que atraviesa el país andino. Este indicador será por el orden del 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB), un incremento con respecto al 7,8% que se estima se generó en 2020. El gobierno argumenta que necesita subir los impuestos a la clase media y alta del país para financiar los subsidios a las empresas y a la población más vulnerable que resultó especialmente afectada por la pandemia.
Duque prometió «menos impuestos» pero no era con todos
El plan electoral presentado por el presidente uribista era subir los ingresos de los trabajadores que encontraran empleo mientras se reducía la carga tributaria de las empresas, aun cuando la gente pudo haber entendido otra cosa. Su equipo económico repetía lo que muchos técnicos de la doctrina neoliberal: si las compañías pagan menos impuestos, podrían generar más empleo y subir los sueldos.
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Las reformas tributarias y laborales se sumaban a los asesinatos de líderes sociales, los incumplimientos a los acuerdos de paz y la ausencia de diálogo franco, esto ocasionó protestas por parte de sindicatos obreros, docentes, estudiantes universitarios, campesinos, comunidades indígenas y diferentes grupos sociales entre noviembre de ese año y febrero de 2020. La represión desatada por la administración Duque dejó un saldo de al menos 17 muertos y más de 700 heridos entre policías y manifestantes.
Esto derivó en la destitución del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien declaró acerca de la necesidad de regular la protesta social y responsabilizó a grupos armados ilegales. Esta propuesta fue respaldada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, haciendo un llamado de urgencia a la regulación de la propuesta, acusando al gobierno venezolano de infiltrar manifestantes.
En diciembre de ese año se aprobó una reforma tributaria que incluyó exenciones a las empresas nacionales «para fomentar la generación de empleo y la competitividad», esto se dispuso mediante la reducción del impuesto de renta para las empresas de todo tipo, del 33% al 30%, que ha estado aplicando de manera progresiva, un punto por año, hasta llegar a 2022.
Además incluyó beneficios sociales para personas naturales que consistieron en la devolución del IVA a los ciudadanos de más bajos recursos, la implementación de tres días sin IVA repartidos a lo largo del año, la reducción de los aportes de salud para pensionados que reciban uno y dos salarios mínimos y un estímulo a las empresas que contraten empleados jóvenes.
La excusa de la pandemia ante la crisis permanente y estructural
El manejo de la pandemia global ocasionada por la enfermedad covid-19 ha sido parte de la crisis que hoy enfrenta al gobierno colombiano con distintos sectores. A las decisiones erráticas como la descoordinación entre el poder ejecutivo y las autoridades locales se sumaron los fracasos en decretos económicos como:
- Rebaja de los pagos de cotización a pensión para generar un alivio a las empresas y transferir más de 25 mil afiliados de los fondos privados a Colpensiones (declarado inexequible por la Corte Constitucional).
- Habilitación a los alcaldes a aumentar los subsidios en servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en un 80% para el estrato 1, 50% para el 2 y 40% para el 3 (dos ministros no firmaron la aprobación de la norma).
- Impuesto Solidario del 20% a los salarios de los funcionarios públicos (no a los privados) que ganaran más de 10 millones de pesos mensuales (declarado inexequible por la Corte Constitucional).
La colombiana es una economía que ha venido desmantelando al Estado mediante la entrega al sector privado de distintos y estratégicas áreas productivas como la minera energética, comunicaciones y servicios financieros. Los últimos gobiernos colombianos han ampliado reformas seriadas con exenciones y deducciones para el gran capital que ha acumulado ganancias de manera vertiginosa, más desde los gobiernos de Uribe Vélez.
Es ineficaz o inexistente el control sobre el flujo de capitales, la repatriación de utilidades y la evasión de grandes firmas y magnates colombianos con cuentas en paraísos fiscales y otros activos en el exterior. Se mantiene el latifundio improductivo y el lucro por la no actualización catastral, lo que causa que los terratenientes tributen por debajo de la ley. La deuda pública del Estado roza el 60% del PIB, mucho más que durante la gran crisis financiera de 1999.
De esta crisis estructural se quiere responsabilizar a la covid-19 y sus efectos regresivos en la economía global. Tan solo en la política laboral el desempeño histórico de Colombia ha mantenido un curso inmutable hacia la precariedad. Desde los años 90 el Congreso empezó a aprobar leyes para flexibilizar y desregular las relaciones laborales, y la seguridad social entró en declive.
Este proceso se corresponde con la promulgación de la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la Ley 789 de 2002 que generaron pérdida de identidad con el mundo del trabajo, alta rotación de personal, disminución del salario real, y de la calidad de vida de las capas medias, altamente calificadas.
En plena pandemia, a decir del excandidato presidencial Gustavo Petro, «se creó un fondo presupuestal para subsidiar la nómina laboral de las empresas que sumó tres y medio billones de pesos. Se trataba de entregarle al empresario un 40% del valor de su nómina laboral. Mientras en el país hay un millón ochocientos mil pequeños empresarios, solo ayudaron a cien mil con ese fondo. La mayor parte del dinero, más del 50%, se fue solo a mil empresas, las más grandes del país, las más ricas y las que menos empleo producen».
La gestión de la pandemia de Duque se enfocó en dejar a su suerte a pequeños empresarios y clases medias para reforzar a los sectores privilegiados. En su entorno de analistas se ha querido incluir, sin datos sólidos, el impacto de la llegada masiva de venezolanos al país como agravante de la situación, sin embargo varios estudios indican que, a largo plazo, la migración puede resultar beneficiosa, pues optimiza el «bono demográfico», al tratarse fundamentalmente de gente joven.
No obstante, para que esto se haga realidad hay que mejorar la forma de insertar esta población en el mercado laboral, pues este crecimiento demográfico ha ido quedando en la informalidad.
Avianca: Salvavidas a discreción y un cielo de dudas
Un ejemplo de cómo se instrumenta la pandemia para favorecer a los grandes capitales fue el salvavidas que lanzó ese gobierno a Avianca Holding, empresa que el 10 de mayo de 2020 presentó ante un tribunal de quiebras estadounidense una solicitud para acogerse al capítulo 11 del Código de Bancarrota de ese país.
Avianca Holding está conformado por más de 30 empresas latinoamericanas, entre ellas, la aerolínea Avianca, fundada en Colombia, pero que hace mucho dejó de ser una empresa nacional. Genera más de 21 mil empleos directos e indirectos en América Latina, de los cuales más de 14 mil están en Colombia, y trabaja con una red de más de 3 mil proveedores.
Después de la aprobación para el financiamiento de 370 millones de dólares por parte del recién creado Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda a cargo de Alberto Carrasquilla, Duque explicó que la decisión se tomó para preservar el servicio aéreo nacional ante la emergencia ocasionada por la pandemia de la covid-19, y que esa compañía tiene la operación más grande del país con una participación de 45.5% en el mercado de pasajeros transportados en 2019.
Los presidentes de aerolíneas más pequeñas, como Viva Air o Easy Fly, manifestaron estar de acuerdo con el préstamo del gobierno a Avianca pero consideraron necesario que ese auxilio se diera también al resto de actores del mercado aéreo en Colombia.
«Mientras se le tira (a Avianca) este salvavidas con recursos de los colombianos, el gobierno ha negado la renta básica de emergencia, ha negado la matrícula cero para todos los jóvenes estudiantes de las universidades públicas», expresó el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, durante una sesión virtual del Congreso.
Además de que la empresa ha estado al borde de la quiebra en más de una ocasión y ya le debe varios miles de millones de dólares a acreedores a los que no les ha podido pagar, causa curiosidad que se privilegie a una empresa extranjera en detrimento de otras públicas o de capitales 100% colombianos que producen más empleos.
Más cuando su hermana y exviceministra de comunicaciones del gobierno de Álvaro Uribe, María Paula Duque, era la vicepresidenta senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia al Cliente de la compañía, un alto cargo ejecutivo.
Al destinar una parte importante del FOME a este sector el gobierno disminuye lo destinado a ayudas sociales y millones de ciudadanos no han podido quedarse en sus casas, lo que a su vez ha impedido la mitigación de contagios y profundiza la inestabilidad económica.
¿Inmolando a Duque? Uribe y el Centro Democrático jugando a su favor
En medio de la segunda ola de la pandemia a finales de marzo pasado y comienzos de abril, desde el equipo de gobierno se filtraron papeles de trabajo con propuestas preliminares que buscarían aumentar la base gravable del IVA, es decir, que sin subir las tasas, a un mayor número de productos se les aplicaría el impuesto. Esto traería mayores devoluciones del impuesto a los hogares más vulnerables como compensación por dichas subidas.
De tal manera que los productos que no pagan impuesto a las ventas o que tienen una tarifa de 5%, pasarían a tener el recargo del 19%. Otra medida era incrementar el volumen de colombianos que pagan impuesto de renta, pasando de imponer el tributo a quienes ganan 4,9 millones de pesos al mes, a quienes ganaran entre 3,5 y 4 millones, aumentando en un millón a los contribuyentes.
En el hervor de rumores y debates por los medios de comunicación, varios miembros del partido oficialista Centro Democrático criticaron las propuestas en boga, incluso Uribe, quien anunció su visión de buscar una «reforma tributaria social y moderada y consensuada con mayorías». También manifestó que las propuestas de aumentar impuestos son impopulares y deben ser reemplazadas por recortes en los gastos, para ello se debe reducir el Congreso y reformar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Para el expresidente y exsenador no deja de ser oportuno que el organismo que se encarga de enjuiciar e investigar a todos los integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fuerzas públicas y terceros, sea eliminada o desnaturalizada debido a la gran cantidad de juicios abiertos y denuncias por crímenes de lesa humanidad que existen en contra de sus gestiones de gobierno.
El resto del partido de gobierno le acompaña debido a que ningún congresista quisiera ser asociado con un incremento a los impuestos de todos los colombianos a un año de las elecciones generales, que serían en 2022, eso incluye a los miembros de la bancada de gobierno.
Aun cuando durante sus ocho años de gobierno y los sucesivos de Santos y Duque, ampliamente vinculados con su ideario político, se ha favorecido a los grandes capitales, Uribe habló de que no se debe gravar la canasta familiar sino «que paguen los más pudientes».
La necesidad del gobierno es tal que pretende, con la última propuesta de reforma, recaudar casi 30 billones de pesos, lo que equivale a tres reformas tributarias del tamaño de la última que hizo en 2019.
Además la clase media quedó muy afectada con aquella reforma al limitar descuentos y subir tarifas de renta a las personas naturales. Esta tendencia continuaba en el proyecto que presentaba el gobierno pues habría limitado aún más las deducciones, lo que eleva la base gravable, e implicaría un aumento en los impuestos. Esto sumado a la eventual propuesta de impuestos a las pensiones, que habría afectado aún más el consumo en medio de una demanda débil y, por supuesto, afectaría el crecimiento económico.
Entra la reforma y se encienden las protestas
El pasado 28 de abril fue convocado un paro general de 24 horas por parte de los sindicatos, quienes evaluarían alargarlo por dos o tres días, como reclamaron otros sectores. La propuesta final de la «Ley de Solidaridad Sostenible» entró al Congreso proponiendo aumento del IVA al 19% para los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario mientras reducía el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben pagar impuestos, lo que ampliaría el padrón de contribuyentes.
Tres millones de trabajadores deberían hacer una declaración de renta de la que actualmente están exentos debido a sus ingresos y la mitad de ellos tendría que pagar impuestos, quienes ganaran 663 dólares estarían obligados a declarar impuestos sobre la renta en 2022, pero al año siguiente el padrón tributario crecería porque la norma se aplicaría a todos los que recibieran 470 dólares.
La reforma establecía además un impuesto a la riqueza que permitiría que quienes tengan un patrimonio de 1,3 millones de dólares pagaran el 1,0% de impuestos de manera extraordinaria en 2022 y 2023 y que quienes percibieran cuatro millones de dólares o más, pagaran el 2,0%. También preveía que quienes ganaran alrededor de 2 mil 700 dólares mensuales cubrieran un impuesto extra por única vez, además del impuesto a la renta que ya cubren.
Críticos del gobierno como la exsenadora Piedad Córdoba le acusaron de golpear el consumo, afectar a la producción y mantener intocables a grandes empresas con el IVA a los servicios públicos para estratos 4,5 y 6 sin tener en cuenta el creciente desempleo y la quiebra en las clases medias. Además criticó un IVA al servicio de Internet desde estrato 3 justo cuando la virtualización del trabajo y la educación lo han convertido en un rubro esencial de todos los hogares, también el IVA a los servicios funerarios en plena pandemia y con cifras de 400 muertos al día.
Las críticas continuaron contra el IVA a la gasolina con el consecuente traslado de costos hacia el transporte público y de mercancías; la autorización a alcaldías para instalar peajes urbanos dentro de las ciudades y el pago de peaje a motos y más medidas «donde la ciudadanía entra a pagar lo que no se ha gastado y no se va a gastar».
Entre marchas pacíficas, disturbios, cierres de carreteras y enfrentamientos con la Policía, las protestas han durado hasta cuatro días y fueron masivas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Se reportaron múltiples casos e informes de abusos policiales y hubo reportes de víctimas cuyas cifras varían.
El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que los cuatro días de protestas en la ciudad de Cali se saldaron con 10 muertos, mientras que el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que se estaban investigando cuatro homicidios. Grupos locales de derechos humanos, por su parte, incluso señalan que las víctimas mortales durante las protestas ascienden a 14.
Uribe, por su parte, pidió el uso de fuerza letal contra los manifestantes mediante su cuenta twitter, esto generó una masiva protesta en la plataforma virtual exigiendo que se bloqueara la cuenta del ex mandatario en esa red.
La empresa borró su tweet aludiendo que el exmandatario violó la política de «glorificación de la violencia» mientras él se justificó declarando su intención de «evitar el vandalismo en las principales ciudades del país, los cuales generan terrorismo y miedo entre los ciudadanos».
Duque afirmó que se tomarían las medidas necesarias de «asistencia militar» para «garantizar el abastecimiento, la movilidad, el derecho al trabajo y la seguridad en el territorio nacional», señalando que el Ejército y la Policía están listos para seguir actuando. «No vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes o el mensaje de odio tengan cabida», apuntó.
Pero todo tiene su final. El domingo 2 de mayo Duque anunció que retirará la reforma para formular un nuevo texto se buscaría «construir una nueva iniciativa a partir de los consensos, que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren». La presión obtuvo un rédito momentáneo, con bajas sensibles como es usual en el conflicto social y armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo.
Queda en el aire un humo que no se disipa: las preguntas sobre un país en el que la violencia no desaparece y cuyo gasto militar es el más alto de la región, que exporta su guerra interna y hasta la utiliza para agudizar el cambio de régimen en Venezuela.
De nuevo fue derrotada la intención de poner a pagar el desbalance de las finanzas públicas a quienes no lo causaron y a quienes nunca se beneficiaron de las políticas que generaron esta crónica de una grave crisis económica anunciada. La historia sigue.
Misión Verdad
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