BERLÍN| Mediante un comunicado firmado por varias organizaciones y colombianos residentes en Berlín solicitan apoyo internacional para garantizar la vida en Colombia, tras la represión militar del gobierno de Iván Duque en los más de 20 días de protestas contra su gobierno.
Entre las solicitudes está, presionar al Gobierno colombiano para que judicialice a los responsables de los ataques a la Guardia Indígena, en cuanto esto constituye un crimen de lesa humanidad.
Así como, enviar una misión de observación de emergencia para garantizar el cese de la violencia cometida por parte de las fuerzas armadas en contra de la población colombiana.
Además, establecer un proceso de observación continuo para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte del Gobierno de Iván Duque.
Los y las colombianas continuan en las calles a nivel nacional e internacional en marco de las protestas que exigen establecer los derechos básicos.
COMUNICADO
Deutsch unten-Berlín, 18 de mayo de 2021
COMUNICADO DE LOS COLOMBIANOS RESIDENTES EN BERLÍN A LA OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FRENTEA LA CRISIS HUMANITARIA EN COLOMBIA
PEDIMOS LA ATENCIÓN Y APOYO INTERNACIONAL PARA GARANTIZAR LA VIDA EN COLOMBIA, UN DERECHO QUE HA SIDO VIOLADO REPETIDAMENTE, TODO HA QUEDADO EN VIDEOS COMO MATERIAL PROBATORIO.
Los colombianos y colombianas en Berlín hoy nos sumamos a una masiva jornada de protestas en nuestro país, y en otras partes del mundo, en solidaridad con nuestro pueblo que se moviliza en contra del gobierno autoritario de Iván Duque.
La ciudadanía colombiana se encuentra en paro nacional indefinido desde el día 28 de abril de 2021, convocado por diferentes sectores de la sociedad civil como los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, entre otros, para manifestarse en contra de una reforma tributaria regresiva que castiga desproporcionadamente a la clase trabajadora en medio de una pandemia global. Como consecuencia, la gente ha salido masivamente a las calles a protestar de forma pacífica, haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta social.
Sin embargo, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el partido de gobierno, Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez han decidido dar tratamiento de guerra a una situación que debería resolverse por la vía del diálogo social. El día 1 de mayo decidió activar la figura de Asistencia Militar para incrementar la represión sobre los manifestantes en contra de la reforma tributaria y de las personas en desacuerdo con sus políticas. Ayer, 17 de mayo ordenó nuevamente el despliegue de toda la capacidad militar para la represión de la protesta.
Además del descontento con la reforma tributaria, la población colombiana se ha manifestado en contra de la reforma a la salud, de la reforma pensional en proyecto, el asesinato de líderes sociales durante el gobierno vigente y la intensión declarada de impedir la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC. El descontento también se suma a la impunidad frente a los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos durante el mandato del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, los problemas irresueltos durante el Paro Nacional de 2019 y el abuso policial ocurrido el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, donde se constató la actuación irregular y criminal de la Policía Nacional. Aunque ya se anunció el retiro de la reforma tributaria, la población se mantiene en las calles contra los abusos autoritarios, la falta de voluntad real de negociación frente al resto de problemas sociales y la ruptura del Estado de Derecho. Entre el 28 de abril y el 12 de mayo, según la ONG Temblores se reportaron:
– 2110 casos de violencia policial
– 362 víctimas de violencia física por parte de la policía
– 39 víctimas de violencia homicida por parte de la policía y varios casos se encuentran en proceso de verificación de otros 7 homicidios,
– 1055 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes
– 442 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
– 30 víctimas de agresión en sus ojos
– 133 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía
– 16 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública
Además, la Guardia Indígena ha sido estigmatizada por el partido de gobierno, y ha sido víctima de ataques con armas de fuego por parte de particulares. Dichos ataques han sido registrados en video y circulan públicamente, evidenciando la presencia de la Policía Nacional durante los hechos. A pesar de eso, la justicia colombiana no ha operado, y a la fecha no hay ninguna orden de captura o judicialización al respecto. Este hecho constituye un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma, que la comunidad internacional debe rechazar inmediatamente.
Denunciamos internacionalmente que el candidato presidencial y Senador por el Polo Democrático Alternativo (partido de oposición), Alexander López Maya, ha recibido amenazas de muerte sobre su vida y la de su familia, obligándolo a dejar el país. El grado de precisión de las amenazas sugieren la colaboración de organismos de inteligencia del Estado Colombiano, como ha ocurrido en el pasado. Todo esto da cuenta de que, en Colombia, el partido de Gobierno no brinda garantías mínimas para el ejercicio de la oposición política y el desarrollo de la democracia.
Finalmente rechazamos y desmentimos de forma contundente la acusación de Álvaro Uribe Vélez, que criminaliza y estigmatiza a los colombianos en el exterior que participamos en la jornada pacífica de protestas alrededor del mundo. Esta gravísima acusación constituye una calumnia irresponsable que pone en riesgo nuestras vidas y las de nuestras familias en el marco de la situación actual.
La diáspora colombiana manifiesta su rechazo a la violación sistemática de los derechos humanos que se viene cometiendo por el Gobierno Nacional, y las provocaciones al uso de armas de fuego en contra de la población civil emitidas por Álvaro Uribe Vélez desde su cuenta de Twitter. En consecuencia, se ha roto el orden constitucional que deja a la población civil indefensa ante la concentración de poder, y que lesiona profundamente la democracia.
Por todo lo anterior, instamos a la comunidad internacional a:
– Presionar al Gobierno Colombiano para la judicialización de los responsables de los ataques a la Guardia Indígena, en cuanto esto constituye un crimen de lesa humanidad.
– Rechazar enfáticamente la sistemática violación de los protocolos internacionales de Derechos Humanos de los cuales el Estado colombiano es signatario.
– Presionar por el retiro de la asistencia militar de las calles de Colombia, cuya participación según la CIDH debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada para cumplir con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
– Enviar una misión de observación de emergencia para garantizar el cese de la violencia cometida por parte de las fuerzas armadas en contra de la población colombiana
– Exigir el respeto del derecho a la legítima protesta por parte del Gobierno Nacional y el partido de gobierno, Centro Democrático. Este derecho está consagrado en la Constitución Nacional de 1991 y es una libertad fundamental constitutiva del espíritu democrático que fundamenta el sistema jurídico internacional vigente.
– Establecer un proceso de observación continuo para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte del Gobierno de Iván Duque.
– Usar todos los mecanismos diplomáticos a su alcance para que se garantice el compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la presente jornada de protestas masivas, y en general los asesinatos a otros líderes sociales que la justicia colombiana no ha investigado. Especialmente, pedimos al parlamento europeo a revisar la cláusula de Derechos Humanos presente en el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, como medida de presión real y decisiva frente a la coyuntura actual.
Firma COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS RESIDENTES EN BERLÍN
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