En la necesaria reforma a la Policía, uno de los cambios debe estar en los aspectos doctrinales del servicio policial (como esa idea de que enfrentan a un “enemigo interno”), sus procesos de capacitación y en cómo debe ser una acción operativa moderna y civilista. Más que un cambio de uniforme, lo que se necesita es un cambio de pensamiento.
¿Por qué un policía es capaz de disparar su pistola de alto poder en una calle sin la mínima certeza de a quién impactará esa bala, como se ha visto en el paro nacional y su estallido social? ¿Por qué policías de civil montan a alguien por la fuerza en un carro cualquiera y no en una patrulla identificada, como ha ocurrido en el Valle del Cauca? ¿Por qué aceptan que civiles disparen a su lado, como ha sido reiterado en Cali? ¿Por qué tantos en esa institución llaman “vándalos” a quienes protestan en las calles? ¿Por qué tantas veces patean, insultan y humillan a quien detienen, sea delincuente o no? ¿Por qué –como ha pasado siempre– sospechan de un joven por su ropa o su corte de cabello, y por ese motivo requisan y tratan como a un criminal?
La respuesta podría estar en la concepción que les han inculcado por décadas y que les reiteran de muy distintas formas, en especial cuando hay desórdenes o movilizaciones sociales como un paro nacional: que actúan no frente a ciudadanos descontentos, sino contra un “enemigo interno”.
Esa concepción es herencia de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, es decir, de un conjunto de principios ideológicos y operativos que empezaron a utilizar las fuerzas militares y de policía en América Latina a finales de la década de 1960 para enfrentar a quienes desafiaban la seguridad de entonces. Una ideología militarista que no cabe en un cuerpo de policía moderno.
¿Qué es el “enemigo interno” y de dónde nació?
“Con la Doctrina de la Seguridad Nacional se inauguró el nuevo militarismo en América Latina. En los años 60, los militares adoptaron una serie de principios que llevaron a considerar a la mayor parte de los problemas sociales como manifestaciones subversivas”, explica el profesor Francisco Leal Buitrago en su libro El oficio de la guerra – La seguridad nacional en Colombia, publicado en 1994.
La idea de “enemigo interno” surgió como parte de esa doctrina. “Se aplicó la rígida lógica militar de ‘amigo-enemigo’ y se concretó el concepto de ‘enemigo interno’. Se transformó el adversario político en enemigo. Sin lugar a dudas, fue el cambio militar contemporáneo más importante a nivel profesional: la sustitución del viejo profesionalismo de defensa externa, por el nuevo profesionalismo de la seguridad interna y el desarrollo nacional”, dice Leal Buitrago en su libro mencionado.
Desde ese momento, lo que estuviera por fuera del establecimiento político fue asumido como subversivo. El también profesor Eduardo Pizarro Leongómez lo argumenta de la siguiente forma: “La confrontación contra un ‘enemigo interno’ se confundía con los adversarios políticos del Frente Nacional o con aquellos adversarios sociales que se expresaban por fuera de los canales del bipartidismo o de sus organizaciones satélite, quienes eran percibidos en forma automática como agentes de subversión del orden” (en el texto La reforma militar en un contexto de democratización política, capítulo del libro En busca de la estabilidad perdida – Actores políticos y sociales en los años 90, publicado en 1995).
De la idea de “subversión” a la de “vandalismo”
Medio siglo después ese pensamiento parece que sigue vigente: manifestaciones sociales y políticas que han saltado a la calle en el reciente paro nacional y estallido social, que se expresan por medio de formas distintas a las de las protestas tradicionales que ha habido en Colombia –barricadas sostenidas por días o semanas, grafitis de gran tamaño o el derribamiento de estatuas o monumentos para resignificar lo que ha dicho la Historia oficial, por ejemplo– son percibidas como vandalismo, la nueva denominación que adquiere la antigua idea de “subversión”.
Podría pensarse que aquella lógica para enfrentar a la protesta social continúa vigente así no aparezca planteada de manera explícita en ningún manual de instrucción militar o policial que se utilice hoy.
Lo más posible es que esa idea se transmita en la relación cotidiana entre los miembros de alto y bajo rango de una institución como la Policía colombiana que ha estado en medio del conflicto armado por seis décadas, dirigida por oficiales que se formaron bajo modelos propios de esa doctrina y que, además, han vivido en carne propia el accionar de poderosos enemigos –ahí sí es válido el término– como la guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Políticas de seguridad, en manos de militares
Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional fue un pensamiento estrictamente militar, algunas de sus ideas pasaron fácil a la Policía por la adscripción de ese cuerpo de seguridad, en teoría civil, al Ministerio de Defensa Nacional. La designación de ministros de Defensa militares en Colombia se había vuelto casi que una institución desde el 13 de junio de 1953, cuando el teniente general Gustavo Rojas Pinilla dio el golpe militar y nombró para esa cartera, que por entonces se llamaba Ministerio de Guerra, a un general del Ejército.
Desde ese momento y hasta el 18 de agosto de 1991, ese cargo gubernamental fue ocupado por 17 generales, todos del Ejército, que fueron en su momento los oficiales de más alta jerarquía y antigüedad dentro de las Fuerzas Armadas.
En Colombia, como en buena parte de países latinoamericanos, el Ejército es la principal institución militar y sobre él gira y desde él se plantea la discusión relativa a los asuntos de seguridad y defensa, así como su relación con el poder civil. En esas cuatro décadas, el estamento militar gozó de una gran autonomía frente a los estamentos civiles para el manejo del control del orden–desórden público. Desde 1991 hasta hoy, el Ministerio ha estado en cabeza de 20 civiles, la gran mayoría de ellos con gran afinidad al pensamiento militar.
Ministros civiles con ideas de uniforme
La entrada y salida de civiles a dirigir el Ministerio de Defensa ha tocado poco a las estructuras del poder militar en Colombia; por el contrario, en las últimas dos décadas las ha fortalecido.
Entre otros motivos, eso se debe al carácter mismo que tiene el civil que esté a la cabeza del Ministerio de Defensa: sus funciones básicas son llevar la responsabilidad política de las tareas de seguridad y defensa, así como velar por el funcionamiento administrativo de las dependencias bajo su cargo: unidades operativas (Comando General, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional), la Universidad Nueva Granada, el Hospital Militar Central, las empresas industriales y comerciales del Estado y de economía mixta adscritas al Ministerio (Indumil, Satena, las cajas de retiro del personal y los fondos rotativos de cada fuerza, etc.) y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
La definición de la estructura de ascensos a los más altos oficiales de todas las fuerzas y de la propia Policía, los reglamentos, los códigos disciplinarios, los enfoques para el manejo del orden público y la seguridad, hasta el aparato interno de investigación y juzgamiento –la Justicia Penal Militar–, ha estado básicamente en cabeza de los altos mandos militares y policiales, aunque luego todo eso deba ser avalados por instancias civiles del Gobierno o del Congreso de la República.
Por ese motivo, en el debate actual sobre la reforma a la Policía, muchos sectores y analistas plantean que los cambios deben implicar también el traslado de esta institución al Ministerio del Interior, como paso inicial para empezar a cambiar muchas cosas que se le cuestionan.
Se piden cambios que están aplazados
La última gran reforma a la Policía ocurrió durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, a comienzos de la década de 1990. Ese proceso de reestructuración fue debido a los altos niveles de corrupción de la institución, conductas delictivas y quejas por violación a los derechos humanos. Rafael Pardo Rueda fue el ministro de Defensa que lideró ese proceso. Él fue precisamente el primer civil en llegar a ese ministerio, en aquella época que estuvo marcada por el cambio y la esperanza producto de la nueva Constitución de 1991.
En su libro De primera mano, Colombia 1986-1994: entre conflictos y esperanzas, Pardo explicó que “los principales causantes de la descomposición y el deterioro de la credibilidad ciudadana en la Policía (en ese momento), se debieron a cuatro factores: el crecimiento desproporcionado del pie de fuerza de agentes sin apoyo ni control; la multiplicación del programa CAI sin planeación y sin presupuesto; la reducción del cubrimiento territorial en el campo; y la corrosiva influencia del narcotráfico”.
Aquella reforma comprendió, entre otros, asuntos como los siguientes, muy similares a los que los sectores más progresistas del país piden hoy para la misma Policía:
- Énfasis en la naturaleza civil de la institución y en la subordinación a las autoridades nacionales, departamentales y municipales.
- Otorgamiento a gobernadores y alcaldes de atribuciones y obligaciones en la planeación de la seguridad, en relación con los comandantes.
- Otorgamiento a los comandantes de Policía de deberes y obligaciones para con las autoridades político-administrativas del respectivo departamento y municipio. El mando operativo lo seguían conservando.
- Creación del cargo de comisionado nacional para la Policía, funcionario civil con las antiguas funciones del inspector general de la Policía: recibir las quejas de la ciudadanía y vigilar que no se violara el régimen disciplinario y de operaciones de la institución.
- Creación del sistema nacional de participación ciudadana para que la ciudadanía pudiera emitir opiniones sobre las normas de procedimiento y comportamiento de la institución.
El comienzo de aquel proceso de transformación representó la destitución de un alto número de miembros de todos los niveles en todo el país (más de dos mil en los tres primeros meses de la reforma), como factor inicial de depuración. A pesar de los reiterados anuncios por parte del gobierno Gaviria de impulsar una reforma del Código Penal Militar, no se lograron cambios profundos como se pedían. Por ejemplo, no se limitó lo suficiente el fuero policial ni el principio de la “obediencia debida”, a fin de que actos violatorios de los derechos humanos y conductas punibles cometidas por miembros activos de las Fuerzas Armadas no fueran más considerados actos del servicio ni en razón del mismo.
Como se advierte, muchos de esos aspectos corresponden a reformas que aún están pendientes.
Un pensamiento cívico-militar-policial
Para finalizar, hay que decir que la concepción de “enemigo interno” no es una idea exclusiva de militares o policías, está enquistada también en la mentalidad de muchos civiles, empezando por autoridades a todo nivel, élites políticas y económicas, llegando hasta a ciudadanos del común que ven muchas realidades del país desde esa perspectiva de un problema “amigo-enemigo”.
El que no exista un rechazo generalizado y no se haya frenado a miembros de la Policía después de la cantidad de atropellos que se han visto y documentado en el paro nacional es prueba de que esa mentalidad está tatuada en la mente de muchos policías de alta y baja graduación, quienes la aplican ya sin pudor ante la presencia múltiple de las cámaras que tienen los ciudadanos en sus celulares.
Si se logra el anunciado proceso de transformación de la Policía, lo más complejo será pasar del ideal –que se expresará seguramente en palabras muy bellas–, al cambio real en la cabeza de comandantes, agentes y el propio poder civil.
La solución no está solo en cambiar nombres de dependencias dentro de la institución, crear cargos y oficinas, entregarles cartillas de derechos humanos o proponer aspectos decorativos como un nuevo color para el uniforme, tal y como lo ha propuesto hasta ahora el gobierno de Iván Duque. El tema es de mucho fondo, no se ha abordado por donde debería ser y no será nada fácil por todo lo que representa.
Publicado en Colombia Plural.
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