Por Eder Peña
La ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos) ha funcionado como núcleo en distintas operaciones de «cambio de régimen» contra países. A partir de hechos recientes, y no tanto, su enclave El Doral ha sido catalogado como una especie de bar de Star Wars para los aspirantes a «libertadores» y guerreros a sueldo.
Es, de alguna manera, histórica su fama de refugio para políticos latinoamericanos acusados o implicados en delitos de corrupción, en ese sentido no ha habido mayor distinción respecto a su nacionalidad. Desde los fallecidos venezolanos Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi, pasando por distintos niveles jerárquicos que incluyen a exgobernadores, exministros y hasta expresidentes, como Ricardo Martinelli de Panamá, el más reciente que ha sido detenido y sobre quien cursa una solicitud de extradición.
También se fraguan noticias falsas y conspiraciones en eventos públicos de ultraderecha llamando a golpes e intervenciones, como el supuesto Foro Defensa de la Democracia en las Américas realizado en mayo pasado con la presencia de otros expresidentes que fueron de paso: Mauricio Macri (Argentina), Andrés Pastrana (Colombia), Luis Guillermo Solís (Costa Rica) y Lenín Moreno (Ecuador), quien acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de las protestas en Colombia, trabajando duro para quedar fijo como ponente exiliado.
La lista es larga, pero no se trata de la única actividad amparada en el territorio entre los Everglades y el Océano Atlántico. Desde la que es considerada una ciudad global por su importancia para el metabolismo especulativo del capital transnacional, se instrumentan aventuras antipolíticas porque fondos sobran, y si no sobran se saquean jugando Monopolio con desarrollos urbanísticos que sirvan para lavar dinero, venga de donde venga.
El alto cilindraje de la maquinaria financiera, comercial y mediática ha convertido a la metrópoli en «la capital del Hemisferio Occidental al sur del Río Grande y el Golfo de México», como diría el periodista e historiador T.D. Allman en su libro Miami. City of future. De allí que sus poderes fácticos determinan narrativas y exportan violencia, además de fondos, llegando a ser una pieza clave en la instrumentación de medidas coercitivas unilaterales contra otros Estados.
El impacto de tales aventuras es tal que se han convertido en políticas que han podido cambiar el curso de la historia en algunos países. Veamos algunos casos.
Robo y mentiras en Nicaragua
En julio de 2019 el columnista Nan McCurdy publicó en The Grayzone que tres miembros de la junta directiva de la llamada Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) acusaban a su exsecretario ejecutivo ahora «asilado» en Costa Rica, Álvaro Leiva, de robar hasta medio millón de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses proveniente de las organizaciones de poder blando de Estados Unidos.
Se trataba de fondos recibidos entre 2017 y 2019 desde la National Endowment for Democracy (NED), el National Democratic Institute (NDI) y Open Society, entes internacionales alineados a procesos de desestabilización de gobiernos de izquierda en Latinoamérica.
Esta ONG fue fundada en Miami en 1986 bajo el mandato de Ronald Reagan para blanquear los abusos de los Contras durante la guerra sucia que la CIA estaba llevando a cabo contra Nicaragua. A Leiva se le acusó además de inflar el número de muertos durante el intento de golpe de Estado de 2018 para pedir más recursos a los donantes norteamericanos.
También se denunció que la OEA, basada en datos defectuosos de la ANPDH para instigar condenas y «sanciones» contra el país centroamericano, guardaba silencio hasta entonces.
El nicaragüense Álvaro Leiva, de la ANPDH fundada en Miami, es acusado de robo y difusión de información falsa durante el intento de revolución de color en 2018 (Foto: Archivo)
Con el fin de desestabilizar tanto la política interna de Nicaragua como sus relaciones internacionales, desde Miami se instrumentó la acostumbrada narrativa de «Estado fallido» utilizando cifras infladas por la ANPDH, afirmando que en los cuatro meses que duró la escalada violenta enmascarada de protestas hubo más de 400 muertos. Esta cifra excedía a la real, publicada por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, en al menos 150 muertes y, además, culpaba falsamente al gobierno de cada deceso.
Por otra parte, el único desaparecido relacionado con los eventos ocurridos entre abril y julio de 2018 fue Bismarck Martínez, un militante sandinista que fue secuestrado el 29 de junio de 2018 y encontrado asesinado en mayo de 2019. La mediática mayamera ocultó los videos de las torturas a Martínez que fueron encontrados en los teléfonos móviles de sus torturadores tras su detención, pero amplificó las exageraciones de la ANPDH respecto al número de detenidos, heridos y desaparecidos.
Gedeón, incursión fallida a Venezuela
En el fragor de la campaña presidencial de 2020, el entonces candidato republicano y presidente de Estados Unidos Donald Trump dio un discurso a los venezolanos en Miami ataviados con sus gorras de «Make America Great Again», consigna de la primera campaña presidencial.
En ese evento de febrero, el magnate discurseó por más de una hora afirmando que «los días del socialismo y el comunismo están contados, no sólo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua», agregando que nunca se le permitiría al socialismo echar raíces en el corazón del capitalismo, en los Estados Unidos.
Tres meses después, el 3 de mayo, aun cuando el gobierno venezolano había advertido de la presencia de campos de entrenamiento de mercenarios en territorio colombiano, ocurre la fallida incursión de 47 venezolanos exiliados y dos antiguos miembros de las fuerzas especiales del ejército estadounidense que resultaron detenidos, también hubo ocho muertos.
El objetivo de la Operación Gedeón era capturar, detener o remover al presidente Nicolás Maduro, tumbar al gobierno e instalar al entonces diputado Juan Guaidó como presidente escogido por Estados Unidos. La base de la operación fue Colombia, específicamente La Guajira, pero la concreción del acuerdo que propició los hechos tuvo lugar en el campo de golf del Red Course en El Doral Resort.
El líder fue el exsoldado estadounidense Jordan Goudreau, fundador de la empresa contratista de seguridad privada Silvercorp USA, quien luego interpuso una demanda por 1,4 millones de dólares contra Juan José Rendón, asesor de un esquema delictivo, llamado «gobierno interino», encabezado por Guaidó, por incumplimiento de contrato.
J.J. Rendón fue un actor clave en el diseño y elaboración del contrato de mercenarios contra Venezuela desde Miami (Foto: Getty Images)
Goudreau expuso documentos en los que demostró que Guaidó conocía el intento de golpe que le hubiera puesto a él en el poder, y los medios en Miami, sobre todo los no beneficiados económicamente por el «interinato», sí mostraron grabaciones en las que alienta a los mercenarios, también un contrato firmado por un anticipo de 1,5 millones de dólares y por más de 200 millones que serían recaudados mediante favores políticos.
Declaró un partícipe de la preparación, Hernán Alemán: «Hablamos del plan, una operación táctica para capturar a los grandes actores políticos de Venezuela que serían entregados a Estados Unidos. Juan Guaidó asumiría el mandato como presidente interino, lo que conduciría a elecciones libres en Venezuela».
Por su parte, Goudreau financiaría la logística a través de donaciones de personas que obtendrían recompensas económicas en un eventual gobierno de «transición».
Rendón declaró a la prensa que «analizamos alrededor de 22 escenarios. Tal vez un tercio de ellos involucraba el uso de la fuerza», esto producto de múltiples reuniones que se sostuvieron en Miami de las que, con toda seguridad, algunos sectores del gobierno de Trump tenía conocimiento pero luego declaró desconocer.
Además, Goudreau, médico, francotirador, veterano de Afganistán e Irak y ganador de tres estrellas de bronce del ejército de Estados Unidos, aseguró haberse reunido con dos asesores gubernamentales y había sido contratado en febrero de 2019 para brindar seguridad en el concierto que patrocinó otro magnate, Richard Branson.
Se trataba de un evento musical que recibió toda la difusión y hasta concentraciones de apoyo desde Miami, pero que se realizó como herramienta de presión mediática en Cúcuta, del lado colombiano de la frontera con Venezuela, para que el gobierno venezolano permitiera la entrada de donaciones humanitarias que terminaron siendo incendiadas por los mismos manifestantes antichavistas como excusa, también fallida, para generar violencia dentro del territorio nacional.
En 2017 autoridades estadounidenses dijeron develar una red que traficaba ilegalmente armas desde ese país hacia Venezuela al menos desde 2013, el mes anterior el gobierno boliviano decomisó 75 armas de grueso calibre que salieron desde Miami e ingresaron a Bolivia.
Trama magnicida en Haití
La ciudad-puerto que alberga el mayor volumen de cruceros del mundo y más bancos internacionales en todos los Estados Unidos también ha sido un factor clave en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido durante la madrugada del pasado 7 de julio.
El venezolano radicado en Miami, Antonio «Tony» Intriago, fue el reclutador de los mercenarios colombianos arrestados en Puerto Príncipe por el asesinato de Moïse y por graves lesiones a su esposa. Medios como La Nueva Prensa han revelado su nexo con el presidente de Colombia Iván Duque en el marco del concierto en Cúcuta, en cuya organización participaron ambos.
Intriago es propietario de varias empresas inscritas en el estado de Florida, entre ellas Venezuela Somos Todos, co-organizadora del concierto, y CTU Security (Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC), contratista de los mercenarios colombianos involucrados.
Testigos afirman que el empresario compartió con Duque y Guaidó durante el evento al que este último llegó de la mano de líderes del grupo armado organizado narcoparamilitar Los Rastrojos, hecho que fue poco difundido por la prensa cartelizada de Miami. También se difundió poco el Cucutazo, desfalco a los fondos que debían ser utilizados para labores humanitarias y por los cuales la USAID todavía pregunta.
Intriago y Duque coincidieron en Miami durante un acto de campaña en febrero de 2018 cuando este era candidato presidencial; el gobierno venezolano denunció que el empresario ofreció a CTU Security para el contrato de la derrotada Operación Gedeón.
Otro personaje que está vinculado al golpismo mayamero es el «activista» colombiano Alfred Santamaría, socio de Intriago en la directiva de la Fundación Latino Americanos Unidos, Inc., con sede allí mismo en Miami, quien ha publicado fotos con Duque en sus redes sociales que datan de marzo pasado. Fue candidato a alcalde de la ciudad, es defensor de Martinelli (jefe vigente de María Corina Machado) y algunos medios han mostrado fotos suyas con Guaidó, su exasesor J.J. Rendón y Álvaro Uribe Vélez.
Presidente colombiano Iván Duque y Alfred Santamaría, socio de Antonio Intriago en la directiva de la Fundación Latino Americanos Unidos, Inc., con sede en Miami (Foto: Archivo)
Uno de los dos haitiano-estadounidenses capturados fue identificado como James Solages, de 35 años, vive en Fort Lauderdale (Florida), donde es el director ejecutivo de EJS Maintenance & Repair y dirige una ONG. Trabajó como jefe de guardaespaldas de la Embajada de Canadá en Haití y, mientras estuvo en Florida, apoyó al expresidente Michel Martelly, del Partido de los Calvos Haitianos (PHTK) de Moïse.
También solía trabajar como guardia de seguridad tanto para Reginald Boulos como para Dimitri Vorbe, dos miembros de lo que el mismo presidente fallecido de Haití llamó «oligarquía haitiana».
La permanente gesta tóxica contra Cuba
Estados Unidos ha persistido con un férreo bloqueo a la isla y este ha sido instrumentado desde el sur de Florida junto a un inclemente ataque mediático y acciones terroristas de diversas intensidades. La Unión Soviética había ofrecido a Cuba formas de eludir el bloqueo, sin embargo tras la caída del bloque socialista las élites estadounidenses, atizadas por una oligarquía terrorista de origen cubano, atacaron la economía a través de la Ley de la Democracia Cubana (1992) y la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (1996). Nada que ver ambos nombres con sus efectos.
Desde 1992 en adelante, la gran mayoría de la Asamblea General de la ONU ha votado para que Estados Unidos termine con el embargo y hasta expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicaron una declaración llamando a retirar tales medidas que, además, han hecho más difícil el intento de Cuba por combatir la pandemia de covid-19.
Solo en 2020, Estados Unidos aplicó 55 «sanciones» ilegales de las 243 que Trump implementó durante su gobierno, todas basadas en las leyes mencionadas y en el deseo de que un colapso social desaloje al Partido Comunista de Cuba del poder. En junio pasado el canciller Bruno Rodríguez denunció ante la Asamblea General de la ONU que solo el sector salud fue afectado en 200 millones de dólares entre abril y diciembre de 2020, 38 millones más de lo reportado en 2019.
Aun cuando Cuba ha manejado de manera exitosa la pandemia manteniendo tasas de contagios y fallecimientos relativamente bajas, la presencia de variantes más virulentas ha causado un repunte de casos que ha provocado que la infraestructura sanitaria se haya visto rebasada. De esta manera se ha requerido del envío de personal de salud de otras provincias y peticiones de ayuda solidaria y donaciones.
Las plataformas mediáticas al servicio de intereses coloniales, y financiadas por las mismas agencias injerencistas, han saturado las redes con noticias falsas y señalamientos al gobierno por rechazar su exigencia de abrir un corredor humanitario o la intervención de organizaciones sanitarias internacionales.
Desde hace al menos dos años se ha venido gestando, con apoyo desde Florida, el Movimiento San Isidro (MSI), anclado en la movida cultural cubana, que surgió a partir de algunas revueltas artísticas ocurridas en 2018. Debido a medidas polémicas propuestas por el gobierno hacia el medio cultural se conformaron los elementos ya conocidos en intentos de golpes blandos. Las mismas puestas en escenas, los mismos «activistas» (artivistas, en este caso) que «desaparecen» cuando son detenidos por violar la ley, simbolismos, canciones, noticias falsas, puestas en escena, más canciones, sobreexposición de manifestaciones focalizadas
Otro de los actores principales de la más reciente oleada de color es otra ONG: Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fundada por José Daniel Ferrer García y financiada en 2011 por la Fundación Nacional Cubano-Americana con sede en Miami.
Varios músicos residentes en dicha ciudad, donde habla, canta o escribe quien la dirigencia cubana mayamera diga, participaron en una operación mixta de marketing discográfico y propaganda política que se concretó en una canción llamada «Patria y Vida», en la que también participan miembros del MSI que viven en Cuba.
Un agente mediático llamado Alex Otaola es quien determina y señala la cualidad contrarrevolucionaria de un artista en Miami, de allí que tras cada señalamiento a un artista, este debe decidir si ceder o desaparecer de la escena mediática. Esto ocurre en la ciudad desde donde se determinan los gustos y modas artísticas del mercado cultural hispanohablante «en nombre de la libertad».
El columnista José Manzaneda relata cómo Otaola logró coaccionar a artistas como el dúo Gente de Zona, quienes saludaron al presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante un concierto en La Habana. Fueron vetados por el alcalde de Miami en un concierto de fin de año y perdieron la doble residencia en Miami y La Habana.
Otro artista coaccionado fue el compositor Descemer Bueno, quien elogió a la cooperación médica cubana y condenó el bloqueo a su país por parte de Estados Unidos. Por ese par de razones Otaola logró boicotear sus conciertos en Miami. Aunque Bueno se resistió y llevó al presentador a los tribunales, fue derrotado y terminó cediendo.
En octubre pasado Otaola le entregó a Trump una «lista roja» de cubanos a quienes impedir la entrada al país, en medio del proceso extorsivo algunos de ellos felicitaron su lucha por la «libertad de Cuba».
Otros artivistas del MSI que viven en Cuba, como Denis Solís González, han reconocido vínculos con terroristas radicados en Miami como Jorge Luis Fernández Figueras, acusado por la justicia cubana por pertenecer al grupo paramilitar Lobos Solitarios. Maykel Osorbo no ha seguido la línea de que la canción es un llamado a la paz y ha declarado que es «un himno de guerra», además de declarar: «Yo soy partidario ahora mismo de una invasión. ¿Van a invadir Cuba? Vengan para acá».
Mientras dentro y fuera de Estados Unidos los poderosos medios cartelizados acallan a las diversas organizaciones y entes que piden fin al bloqueo, los artistas al servicio de esos medios viajan a países como España a halagar su «libertad de expresión», eso sí, no se vale mencionar a raperos apresados en otras latitudes como el catalán Pablo Hasel.
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