La militarización como herramienta para el ordenamiento del saqueo y la desestabilización regional es común en ambos enclaves imperiales.
(Oliver Ehmig)
Tiempo hace desde que se escucha decir que Colombia es el Israel de Latinoamérica, esta afirmación la han hecho distintos analistas y personajes políticos, más cuando en la última década se ha profundizado su papel de base norteamericana que sirve de experimento y de foco para desestabilizar la zona.
En dicho país se han emplazado un número nunca precisado de bases militares que realmente han servido como tropas de contrainsurgencia, porque en lo referente al narcotráfico son más que evidentes, y hasta contundentes, sus fracasos. Nada más ver las noticias de esta semana respecto a la coordinación entre algunos oficiales de alto rango del Ejército y grupos narcoparamilitares, en particular protegían las acciones del Clan Barros, un clan guajiro aliado del Clan del Golfo dedicado al narcotráfico y al contrabando de gasolina en los departamentos de la Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y el sur de Bolívar.
Colombia es el primer proveedor de cocaína de Estados Unidos, cada año bate su propio récord como país productor del alcaloide y este dato está vinculado estrechamente con dos aspectos en los que su coincidencia con Israel es total: la guerra como mecanismo permanente de una élite para ejercer supremacía y la paramilitarización de ese mecanismo.
Sin embargo, en el tema narcotráfico, que hoy en día es vital para la economía capitalista, no se asemejan ambos enclaves imperiales. En esa «división del trabajo» no juegan el mismo rol porque Colombia pone la materia prima mientras Israel aporta las armas y estrategias genocidas para proteger la producción.
Enclaves del control imperial y arietes de la militarización
Ambos enclaves tienen la misión de imponer la guerra que lleva Estados Unidos en Latinoamérica y Asia Occidental respectivamente. En el caso del país vecino y su Plan Colombia el fracaso ha sido evidente debido a que no se lograron los objetivos reales de «prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos».
El único logro fue debilitar al movimiento guerrillero de las FARC ensayando todo tipo de estrategias hasta incubar un modelo de contrainsurgencia que pudiera aplicarse en otras latitudes como México o Afganistán, donde los resultados han sido tanto o más desastrosos.
La militarización de la sociedad colombiana ha impactado más a la insurgencia guerrillera y la oposición política al neoliberalismo que al narcotráfico, cuyas cifras aumentan de manera indetenible (Foto: AP Photo)
Mientras tanto, un Estado que surgió sobre la base de la expulsión violenta de la población palestina que habitaba desde muchos siglos atrás ese territorio, llamado «Israel», ensaya en un laboratorio a cielo abierto tanto la represión como las pruebas de armas más grandes del mundo en la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza. Allí tiene a una población cautiva de varios millones de palestinos mientras dice que son los movimientos de resistencia quienes ejercen dicho secuestro.
Sus orígenes son disímiles, pero los planes corporativos emanados desde Estados Unidos han hecho que las coincidencias sean más que evidentes, las élites de ambos países han procurado hacerlos ampliamente armados y financiados. Israel con un arsenal nuclear importante ha buscado aplastar cuanta expresión revolucionaria árabe le ha sido posible, también ha invadido a sus vecinos Egipto, Siria y Líbano anexándose territorios estratégicos como la Franja de Gaza, la península del Sinaí, los Altos del Golán, Cisjordania y Jerusalén.
Es tal la simbiosis de Colombia con Estados Unidos que el uribismo, en el gobierno desde hace casi 20 años, aceleró los planes de mantener el control de la región instalando bases militares estadounidenses. Los resultados quedan plasmados en el informe de un miembro de la Fundación Proclade, promovida por los misioneros claretianos, «Bases Militares Norteamericanas en Colombia», que destaca:
«Desde el inicio del Plan Colombia y luego el Plan Patriota las bases de Tres Esquinas y de Larandia, ubicadas en el Departamento de Caquetá, venían siendo utilizadas para la operación de aviones y de inteligencia técnica norteamericana. Desde allí se controlaron las fumigaciones con glifosato y se mantuvo el control sobre la población, dándose un incremento de la guerra y aumentando el número de desplazamientos. Como en el caso de las comunidades del Bajo Ariari en el Departamento del Meta, o las comunidades de Puerto Asís en el Putumayo, se evidencian las verdaderas intenciones: en estas regiones el control militar estuvo dirigido hacia la población civil, se presentaron asesinatos y desapariciones bajo la responsabilidad de las Fuerzas Militares».
Colombia, luego del llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado (alias Plan Colombia), que le ha prodigado a la población menos paz y menos Estado, ha ido en dirección opuesta al objetivo postulado por la administración Pastrana en 1998: promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas. Lo que sí ha logrado es fortalecer al ejército que contaba con 35 helicópteros en 1999 y llegó a tener más de 200 aeronaves en 2015, luego de la supuesta finalización del plan.
El número de efectivos militares se incrementó en 50 mil soldados y se incorporaron 80 mil nuevos miembros a la Policía Nacional, que depende del Ministerio de Defensa aun cuando su función es civil, supuestamente.
Afirma Eduardo Giordano que tras el acuerdo de paz, el Pentágono buscó que los militares colombianos sustituyeran a sus marines estableciendo nexos entre el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica. Es así cómo el Ejército colombiano ha sido entrenado en técnicas antiguerrilleras por el Comando Sur y, a su vez, estos han entrenado a fuerzas de otros países como a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del ejército paraguayo.
Este apoyo coincidió con la masacre de dos niñas argentinas de 12 y 11 años respectivamente en noviembre pasado, estaban alojadas en un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización guerrillera conformada en 2006 que se afianzó en algunos territorios rurales luego del golpe legislativo contra el expresidente Fernando Lugo en 2012. El presidente Abdo Benítez, al estilo de cualquier gobierno colombiano reciente, las reportó como bajas de las fuerzas guerrilleras en combate.
Gendarmes del saqueo
Múltiples investigaciones relatan los resultados de la militarización del enclave en que se ha convertido Colombia, cómo se ha enfocado en territorios rurales y su correlación con intereses extractivos, es decir, con el ordenamiento del mundo en función de la apetencia saqueadora del Norte Global.
La resistencia de las poblaciones rurales, expresada en luchas campesinas, indígenas y afrocolombianas, es combatida a sangre y fuego por el Estado colombiano que, cual gendarme de una gran mina, impone un régimen de terror que ordene la acumulación primaria de capital, tanto del monocultivo (que incluye la coca), como de la minería y la ganadería extensiva.
Colombia es un país donde, según Oxfam, el 1% de propietarios tienen en su poder el 81% de las tierras, mientras tanto, el 19% restante -que produce el 78% de los alimentos- se reparte entre el 99% de los pequeños propietarios; la militarización ha intensificado la concentración de la propiedad rural, el paramilitarismo y el desplazamiento forzado.
Tan solo en la región del Catatumbo del Departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela y con mayor extensión de cultivos de coca, hay destacados 9 mil 200 efectivos de las Fuerzas Militares (sin sumar a la policía) y habitan casi 300 mil personas. Esto significa un militar por cada 33 habitantes.
Ello no se traduce en seguridad para las comunidades, la Fundación Indepaz georreferenció el riesgo tanto para líderes o lideresas sociales como políticos de oposición, y halló que es mayor en los territorios con mayor concentración de militares y concluyó que los municipios más violentos para la sociedad organizada están en Catatumbo, Cauca y Arauca.
En paralelo, el gobierno de Iván Duque ha sostenido la guerra para mantener las políticas autoritarias y genocidas de su mentor Álvaro Uribe con la excusa de un enemigo interno, ha hecho de todo para sabotear la oportunidad de erradicar la guerra como código político en Colombia.
Ha incumplido el acuerdo de paz, principalmente la reforma rural integral que permitía expropiar tierras de los grandes terratenientes para entregárselas a los campesinos, que pudieran recuperarlas, y volver a sus territorios. Ha invertido la lógica de la Enajenación del Derecho de Dominio, figura legal contemplada en la Constitución de 1992 para poder expropiar tierras a los grandes y dárselas a los campesinos, poniendo cada vez más tierras en manos de transnacionales mediante el desplazamiento interno.
Comunidades indígenas se han movilizado para que el gobierno uribista de Duque resuelva concretamente la violencia y el desplazamiento en sus territorios (Foto: La República)
Además, en agosto de 2020 firmó el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel que ha sido criticado por diversos sectores, entre ellos la organización BDS, porque viola el Derecho Internacional Humanitario. Cuatro de las 312 empresas israelíes que exportaron sus productos a Colombia entre agosto de 2014 y agosto de 2015 tienen sus sedes en territorios ocupados ilegalmente por Israel desde 1967, por lo que, más que coincidencia, se trata de una coexistencia basada en el despojo y la subordinación.
Las exportaciones colombianas serán menores que las de Israel, lo que generaría una competencia desigual. En materia de telecomunicaciones Colombia se abrirá a las empresas israelíes, mientras que Israel se cierra a la participación de las colombianas en su mercado.
Documentos oficiales del Ministerio de Comercio confirman el aumento de las importaciones de armas y equipo militar, el cual fue de 49,6% en el 2010, y con el tratado, aseguran que la importación crecerá con mayor facilidad, lo que puede afectar la ya complicada transición hacia el posconflicto del país.
Acuerdos de paz como impulso para más exterminio
Otra coincidencia (o coexistencia) es que, en ambos países, el diálogo es solo una manera de ganar tiempo para organizar el exterminio de quien se resista al saqueo y ocupación. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), fundada en 1969 como representación de una nación sin territorio, Palestina, buscó unificar a quienes viven en los territorios ocupados y en los campos de refugiados.
Desde su nacimiento reivindicó una Palestina democrática, laica y no racista, y su dirigente Yasser Arafat, luego de años de encabezar la resistencia contra el ente sionista, aceptó la Resolución 242 de la ONU que reconoce su existencia como Estado de Israel; luego también accedió a negociar los Acuerdos de Oslo.
En dichos acuerdos, firmados en 1993 entre Arafat, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el canciller ruso Andréi Kozyrev, se acordó crear un Estado palestino acotado a Cisjordania y la Franja de Gaza que apenas existe en una limitada administración de la actual Autoridad Nacional Palestina (ANP), en una Cisjordania ocupada por las tropas sionistas y sus colonias ilegales.
Mientras Arafat fue envenenado con polonio 210, la política de dos Estados no evitó el proceso de desplazamiento forzado del pueblo palestino sino que Israel ha tratado de ocupar todo el territorio de la Palestina histórica.
En Colombia, según datos presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano produjo 6 mil víctimas luego de un acuerdo de paz firmado en 1985 entre el entonces presidente conservador, Belisario Betancur, y las FARC para poner fin a casi tres décadas de conflicto armado. A la par que las negociaciones avanzaban estaban siendo asesinados o huían los miembros de la Unión Patriótica (UP), como se llamó a la formación política que conformaron ex guerrilleros, comunistas, sindicalistas, juntas de acción comunal e intelectuales de izquierda.
Asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y otros atropellos contribuyeron a la cifra, entre mayo de 1984 y diciembre de 2002 fueron asesinados al menos 4 mil 153 miembros plenos del partido. Esta cifra incluye a 2 candidatos a la presidencia, 14 parlamentarios, 15 alcaldes, 9 candidatos a alcalde, 3 miembros de la cámara de representantes y 3 senadores. No pasó ni un mes sin un asesinato o desaparición de un militante.
A los 14 meses de asumir la presidencia el liberal Virgilio Barco Vargas, en mayo de 1986, unos 400 miembros de la UP fueron asesinados. El periodista Dan Cohen cita una investigación del periodista colombiano Alberto Donadio que afirma que el «Baile Rojo» fue ideado por Barco Vargas, implementando un plan elaborado por el condecorado espía israelí Rafael «Rafi» Eitan.
El exterminio masivo de grupos opositores pacificados es una historia que se repite dentro de Colombia pero que también le es común a Israel (Foto: Archivo)
Desde la firma del acuerdo de paz de 2016 hasta la actualidad se han registrado 1 mil 219 asesinatos de líderes sociales con una alta concentración en las zonas más militarizadas. Además van 278 firmantes del acuerdo de paz asesinados y en la cárcel todavía permanecen 400 ex combatientes a quienes no se les ha aplicado la amnistía acordada.
Tampoco se están realizando los planes de desarrollo comprometido, que permitirían a los ex combatientes poder integrarse en la sociedad civil. La reincorporación ha dejado de perseguirlos, de meterlos en la cárcel y de matarlos, pero no les permite vivir para la integración.
Mercenarios: Armas letales de alquiler
Otra coincidencia (o coexistencia) es la exportación de «talento humano» para la guerra. En 2019 el diario israelí Haaretz reveló que funcionarios israelíes estaban entrenando a mercenarios extranjeros mayoritariamente colombianos y nepaleses en campamentos financiados por Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el desierto de Néguev, situado en el sur de los territorios ocupados. La misión era participar en la agresión iniciada en marzo de 2015 contra Yemen, en la que la coalición saudí había dejado, hasta diciembre pasado, unos 233 mil muertos según la ONU, la mayoría por «causas indirectas» como la desnutrición gracias al bloqueo naval apoyado por Estados Unidos.
Otro israelí llegó a Colombia a «capacitar» mano de obra para una supuesta seguridad, se trata de Yair Klein quien cumplió con entrenar a narcoparamilitares sobre cómo derrotar a las FARC. A partir de ex policías israelíes y unidades de operaciones especiales el oficial militar retirado fundó una empresa de mercenarios llamada Hod Hahanit (Punta de lanza) en 1984.
En su investigación Cohen relata cómo Hod Hahanit apoyó a las «notoriamente brutales» milicias cristianas falangistas que masacraron entre 800 y 3 mil 500 refugiados palestinos en los campamentos de Sabra y Chatila bajo la supervisión militar directa de Israel en septiembre de 1982.
Klein entrenó en Colombia a los hermanos Carlos y Fidel Castaño, los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) financiadas por terratenientes, narcotraficantes, ganaderos, políticos y militares colombianos, responsables de masacres en las que se utilizaron motosierras para asesinar y desmembrar a los campesinos, al punto de que la ONU estimó en 2016 que fueron responsables del 80% de las muertes en el conflicto.
Las AUC fueron promovidas por la oligarquía colombiana y su entrenamiento apuntalado por Yair Klein, oficial retirado israelí al que el ente sionista se niega a dar en extradición por el asesinato de Luis Carlos Galán (Foto: Pedro Ugarte / AFP).
Las AUC fueron promovidas por la oligarquía terrateniente colombiana y su entrenamiento apuntalado por Yair Klein, oficial retirado israelí al que el ente sionista se niega a dar en extradición por el asesinato de Luis Carlos Galán
En 2012 declaró a BBC que, para su trabajo con los paramilitares, había contado con el apoyo directo del Ejército y otras instituciones estatales colombianas, además de haber recibido financiamiento de alguien que luego llegaría a convertirse en presidente del país. «Fue uno de los hacendados de la zona, que pagó como todos los hacendados para que yo pudiera hacer en ese momento los entrenamientos», afirmó.
También entrenó a Jaime Eduardo Rueda Rocha, autor material del asesinato al candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, el gran favorito para ganar las elecciones. Importó el arma de fabricación israelí utilizada desde Miami y permanece en Israel, donde las autoridades se niegan a entregarlo a Colombia en extradición.
El más claro ejemplo de hacia dónde se dirigen todas estas coincidencias lo constituye el anuncio de John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quien confirmó que el Pentágono entrenó al menos a siete de los 23 ex militares colombianos que participaron en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, el pasado 7 de julio.
Aunque el burócrata belicista se negó a proporcionar los nombres de los implicados afirmó que, siendo efectivos militares activos, participaron en «cursos de capacitación» que, según él, no buscaba alentar hechos como los sucedidos en Haití.
En el magnicidio participó directamente una red paramilitar amparada y alentada por el Estado colombiano como son las llamadas «empresas de seguridad». Las autoridades colombianas admitieron que cuatro de ellas estuvieron involucradas.
Cinco estadounidenses de procedencia haitiana, los encargados de la vigilancia del mandatario y un médico haitiano residente en Florida participaron en la operación en la que los mercenarios fueron reclutados por Anthony Intriago, un antichavista venezolano representante de CTU Security LLC, y Alfred Santamaría, un colombiano cercano a Uribe y Duque.
Intriago llevó a cabo junto al mandatario colombiano el concierto Live Aid Venezuela en Cúcuta en febrero de 2019 que buscaba preparar el terreno para una invasión «humanitaria» a territorio venezolano y llamada la Batalla de los Puentes. Recientemente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció tener información que vincula a CTU con el magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018 contra el presidente Nicolás Maduro.
La militarización enfocada en la represión y el exterminio le es funcional a un concepto que ha privatizado la guerra, el «talento humano» militar colombiano está entrenado para esos objetivos y es mano de obra barata, o arma de alquiler. Las fuerzas militares poseen hasta 220 mil efectivos y miles se retiran por falta de oportunidades de ascenso, mala conducta o tras cumplir 20 años de servicio.
Respecto a Venezuela, además de los 153 paramilitares capturados en 2004 cuando, con el demostrado apoyo del gobierno de Uribe, desde Colombia se fraguó un plan para asesinar al entonces presidente Hugo Chávez.
Recientemente mercenarios israelíes participaron en la Operación Gedeón contra el gobierno venezolano, la operación con participación plena la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) era articulada por el mayor venezolano Juvenal Sequea Torres, tanto para la entrada a territorio venezolano de mercenarios como parar el secuestro y traslado fuera del país del presidente y del diputado Diosdado Cabello.
Dice la sentencia N.º 89 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que «En el grupo de mercenarios participarían dos pelotones de comandos israelíes, quienes se encuentran en el mar Caribe a bordo de la IV Flota de Estados Unidos bajo la dirección del almirante Craig Faller (…) justificando la Operación de acuerdo a las acusaciones infundadas en contra del Estado Venezolano como Narco Estado».
Ni repúblicas ni democracias
La transformación de Colombia en un enclave imperialista busca la desconfiguración de la estabilidad e integración regional. Ya se comienza a ver su impacto en el magnicidio ejecutado en Haití, en el que se ha buscado profundizar la crisis de un país al borde del colapso total.
A lo interno de Colombia la población rural es explotada, oprimida y desplazada con métodos que se asemejan al apartheid aplicado por Israel contra los palestinos. Además de expulsada, la población es despojada de sus derechos básicos convirtiéndola en gente de segunda o de tercera clase dentro de su propio país.
La noción de Estado que sostiene a ambos países se basa en ser maquinarias de guerra al servicio de entramados político-económicos que ejercen hegemonía en detrimento de sectores empobrecidos. Esto lo llevan a cabo utilizando el desplazamiento territorial como herramienta fundamental.
La coexistencia de Colombia e Israel, hoy en día, solo la justifica la guerra y el saqueo de recursos. No se trata de identidad nacional, mucho menos de valores republicanos o democráticos: se trata de la acumulación por desposesión en su pura esencia.
Publicada en Misión Verdad.
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