Abimael Guzmán Reynoso, de 86 años de edad, fundador y dirigente principal de Sedero Luminoso (SL), falleció el 11 de septiembre reciente, en la Base Naval del Callao, Perú, mientras purgaba la pena de cadena perpetua.
El suceso activó nuevamente el morbo nacional e internacional sobre la “peligrosidad” de Guzmán, esta vez, centrado en su cadáver. El Estado y la sociedad peruana debatieron, por cerca de una semana, sobre el destino del putrefacto cadáver, mientras el país entero languidece por pandemias como el COVID19, el hambre, la corrupción…
En la razón jurídica básica de cualquier país con mediana civilidad, “la pena del reo fenece con su muerte, y los restos mortales de éste ya no son asunto de Estado”. Pero, en el bicentenario Perú, Abimael Guzmán, incluso con su cadáver puso en vilo al país y al Estado, obligándole a éste a sancionar/promulgar una Ley especial para “desaparecer” de la vista pública al amenazante cuerpo muerto.
La modificación que hizo el Congreso de la República a la Ley n. 26842, sobre Salud Pública, facultándole al Ministerio de Salud “cremar y esparcir las cenizas de Guzmán de manera secreta” rompe con varios principios universales del Derecho en general, y del Derecho Penal, en particular.
Carácter universal del Derecho. En principio toda Ley tiene carácter universal, es decir, ninguna Ley se sanciona contra una persona en particular. De hacerlo, involuciona el Derecho, convirtiéndose en un acto de venganza.
Carácter irretroactivo de la Ley. Toda Ley se aplica a hechos venideros, salvo que favorezca al reo. En este caso, el Estado peruano aprobó y sancionó una Ley punitiva para aplicar a un hecho ya ocurrido.
Debido proceso. Todas las acciones judiciales deben de realizarse en el marco legal previamente establecido y con el conocimiento de las partes implicadas. Modificar/adecuar una Ley para perseguir un caso particular vulnera a este principio universal del Derecho.
La violación premeditada de estos tres principios del Derecho: universalidad, debido proceso e irretroactividad, desvirtúan el Derecho y lo convierten en un velado acto de venganza. Es decir, Guzmán, con su cuerpo sepultó en el Perú nada menos que al Derecho Positivo con el cual se le juzgó en vida. ¿Cómo podrá explicar el Perú a sus habitantes y al mundo sobre este vergonzoso acto de venganza estatal en nombre de la democracia?
No soy seguidor, mucho menos simpatizante, del método violento de SL. Es más, allá en los noventa, las circunstancias me libraron en Comas, Lima, cuando una bomba de SL explotó a unos metros del bus ENATRU en el que viajaba.
Pero, ahora, me da vergüenza el deficitario nivel intelectual con el que se debatió y resolvió el destino de un cuerpo humano, al vaivén del cálculo político. Me recuerda a las escenas dantescas de venganzas griegas con los restos mortuorios de los enemigos. O las imágenes coloniales en las que se descuartizaban y desparramaban los restos de incas sublevados.
Ayer y hoy, siempre bajo el mismo argumento: escarmentar a los rebeldes y evitar que sus “luchas” pervivan en las futuras generaciones. Aunque, en los hechos los criminales y genocidas como Francisco Pizarro y otros se encuentran conservados y expuestos en urnas de plata bajo los altares principales de las catedrales del Perú.
Triste y vergonzoso, pero lamentablemente, esta vez también nos venció Abimael Guzmán Reynoso, quien con su última arma, su cuerpo inerte, nos humilló, y nos devela nuestra condición de primitivos como país.
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