Llega a alcarajo.org, el libro, Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010: Obediencia ciega en campos de batallas ficticios, escrito por Omar Eduardo Rojas y Fabián Benavidez Silva. El propósito es brindar a nuestros lectores, parte de la historia del horror de la guerra impuesta desde el gobierno de turno que vicio a las instituciones del Estado colombiano.
Es una obligación conocer la historia de Colombia y de sus políticos para entender sus actuaciones, decisiones políticas y vínculos para mantener una guerra, donde los únicos lastimados son los más vulnerables.
Capítulo 2
Lealtades impuestas, obediencia ciega: en las profundidades de campos de batalla ficticios
Es un error terrible el de aquellos países que han
tratado de olvidar su historia, su pasado, porque
cuando eso sucede, y la gente simplemente sigue
adelante con su vida, es cuando la venganza y el
odio aparecen.
Baltasar Garzón
Ante la ausencia de investigaciones de carácter global y transversal alrededor de los falsos positivos y de la no voluntad para que se conozca toda la verdad, se pretende determinar si las ejecuciones extrajudiciales del período 2002–2010 son producto de la actividad criminal de militares que obraron como “ruedas sueltas” o son producto de órdenes de mandos superiores, emitidas con anterioridad a la comisión de los hechos. Para ello se recurre al trabajo judicial realizado por autoridades colombianas y a la revisión de informes periodísticos producto de declaraciones de victimarios, víctimas y personas que rodearon los acontecimientos.
Historias de vida, autobiografías, conversaciones formales e informales, registros, documentos, informes, declaraciones, grabaciones, estudios y documentales de organizaciones de derechos humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales, entre otros, fueron revisados con el propósito de recuperar la memoria, visibilizar el problema y reconstruir un segmento del presente conflictivo colombiano.
El desconocimiento de datos reales alrededor de las ejecuciones extrajudiciales obstaculiza la recuperación de la memoria, incidiendo en la reconstrucción de hechos críticos, en un presente conflictivo, y frenando el desarrollo de estrategias efectivas que conlleven, tanto a la intervención como a la erradicación de la problemática. La ignorancia acerca del número total de eventos y de asesinados de los mal denominados falsos positivos, 32 años después de presentarse el primer caso,1 responde a aspectos tácticos militares y de poder, así como a aspectos ideológicos. Esto ha generado que la tasa corriente de impunidad de los asesinatos atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado sea del 98.5% (Centro de Investigación y Educación Popular, cinep, 2011, p. 7). La estrategia militar de categorizar los crímenes de los militares bajo el concepto de falso positivo, es darle apariencia de legalidad al mismo acto ilícito “vendiéndole” tanto a la justicia como a la población, la idea que las víctimas, al ser terroristas o criminales, fueron abatidas al momento de enfrentarse con armas de fuego a los militares, circunstancia que le permite al ente castrense presentar los asesinados como “muertos en combate”. Sobre este aspecto el cinep concluye:
En el falso positivo, la estrategia busca también poder saltarse las barreras legales de la guerra, pero ya no construyendo un actor que evite poner en cuestión la legitimidad del Estado, sino dándole apariencia de legalidad al mismo acto ilícito, haciendo creer que las víctimas murieron “en combate” (en acciones de legítima defensa) y que, por lo tanto, era legítimo y legal quitarles la vida (2011, p. 10).
El miedo, el silencio, las amenazas, la lealtad, la obediencia ciega, los códigos de silencio, el cumplimiento de órdenes, la presión, las recompensas y la complicidad de funcionarios judiciales con los miembros de la Fuerza Pública imputados, son obstáculos y trabas que imposibilitan al sistema judicial colombiano esclarecer los crímenes; negándole así a la sociedad colombiana la posibilidad de la construcción de mecanismos de superación del pasado y del presente conflictivo para la no repetición, la reconciliación y la paz.
La postura oficial, las denuncias de las víctimas y el trabajo de organizaciones de derechos humanos alrededor de las ejecuciones extrajudiciales fueron el preámbulo para desarrollar un estudio cualitativo alrededor de una perspectiva naturalista. Para ello, el colectivo de investigación penetró en la profundidad de las lógicas de sus actores interpretando el mundo interior de víctimas y victimarios, con el propósito de visibilizar el fenómeno y contribuyendo en la construcción de la memoria para que el Estado y la sociedad reconozcan, dignifiquen y repararen a las víctimas generadas por los falsos positivos. Se intentó recuperar, como lo define González Monteagudo (2012), la verdad de lo sucedido sembrando las bases de la reconciliación y, en algunos casos, del difícil perdón o del imposible olvido, así como llamar la atención para que se realicen transformaciones estructurales reales que imposibiliten, de una vez por todas, que esta clase de eventos continúen realizándose en el interior de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos sustenta:
En definitiva, verdad, justicia y reparación son el trípode sobre el que debe basarse una sociedad democrática para consolidarse como tal, no solo en los casos en los que se hayan sufrido los rigores de la represión o de la violación masiva de derechos humanos, sino como reconocimiento del carácter de victima universal que frente a este tipo de crímenes todos tenemos, y conseguir así las garantías reales de no repetición (Garzón, 2015, p. XXXI).
El trabajo de investigación judicial frente a los falsos positivos ha arrojado un alto volumen de información producto de las declaraciones de victimarios, víctimas y personas que rodearon los acontecimientos, permitiendo desentrañar principios, preceptos e ideas conducentes a revelar valores y circunstancias que motivaron el desarrollo de los eventos. Sin la necesidad de esperar largos años para que la justicia condene a los victimarios y permita acceder a los expedientes, los medios de comunicación han jugado un papel relevante abordando la información en la medida que se va registrando. La historia oral de protagonistas e informantes, a pesar de la inevitable dimensión política que esto representa como propugna González Monteagudo, se consolida como alternativa de memoria para abordar la violencia y los conflictos sociales. Frente al recuerdo, el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, en el informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, sustenta que la memoria es una expresión de rebeldía para enfrentar la violencia y la impunidad, la que se ha convertido en un instrumento para asumir o confrontar el conflicto, o para ventilarlo en la escena pública (2013, p. 13).
Los casos conocidos de ejecuciones extrajudiciales, llevados a cabo por integrantes de las Fuerzas Armadas con una alta intensidad durante la primera década de los años dos mil,2 ante la presión del gobierno por resultados en la lucha contra la subversión, lentamente han llegado a la esfera pública gracias a las denuncias nacionales e internacionales presentadas por víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos. Aunque las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, frente al número de casos, han permitido la condena de un mínimo de militares3, en todos los grados, excepto generales4; las ejecuciones tan sólo se han contemplado como producto de “ruedas sueltas” o “manzanas podridas”. El manejo dado por el Estado a los asesinatos de no combatientes se ha limitado, de una parte, a desconocer la gravedad del fenómeno y opacarlo; y de otra, a presentar las víctimas como delincuentes o terroristas, factor que además de impedir una justicia reparadora ha direccionado y condicionado el debate público y académico.
Para víctimas y abogados las destituciones de generales y coroneles por los casos de ejecuciones extrajudiciales, simplemente han sido un mero gesto administrativo coyuntural sin que exista un real arrepentimiento y la voluntad expresa para la no repetición, máximo cuando el gobierno en procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha negado que las Fuerzas Armadas hayan participado en atrocidades por las cuales, en la justicia nacional, ya han sido condenados varios militares (Human Rights Watch, enero 2014). A ello se le suma que el Ministerio de Defensa sostenga que los “errores militares” u homicidios no intencionales de civiles en el contexto de combate son “ilegales pero legítimos” (Naciones Unidas, Asamblea general, 2013). Sin ningún tipo de tapujo el general del Ejército Oscar González Peña, ex comandante de unidades militares en Antioquia, departamento que registra el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, declaró “Las denuncias son directamente proporcionales al éxito de las unidades. Es la forma que tienen algunos simpatizantes de la subversión de parar las operaciones” (cceeu, 2012, p. 44). Para el Ejército existe una guerra jurídica contra la Fuerza Pública valiéndose de testimonios de personas afines a los grupos generadores de violencia, con el propósito de presentar un marco jurídico propicio para las organizaciones de derechos humanos y abogados que representan las víctimas quienes, a su vez, pretenden infiltrar los procesos judiciales y disciplinarios que se adelantan contra militares y policías en aras de proteger a la subversión y atacar a la Fuerza Pública:
A partir de esta premisa, que plantea, la infiltración de un proceso judicial, la legitimidad de cualquier testigo que declare contra las Fuerza Pública es puesta en tela de juicio. El concepto de “guerra jurídica” es utilizado para atacar particularmente las organizaciones de derechos humanos bajo la acusación que se trata del brazo jurídico de los grupos subversivos. La noción de “guerra jurídica” ha llevado también a la creación del concepto de “guerra judicial”, definida como la fabricación de “falsos cargos y sindicaciones contra miembros de las Fuerza Pública […] Se trata de atacar a los militares por la vía jurisdiccional con el fin de desmovilizarlos, lograr su destitución o por lo menos ‘inmovilizarlos’ por un buen tiempo (cceeu, 2012, p. 44).
Abiertamente “el Ministro de Defensa y altos mandos militares han realizado acciones tendientes a desacreditar las investigaciones sobre falsos positivos. En septiembre del 2015, luego de que los medios informaran que fiscales habían solicitado que se iniciaran investigaciones sobre nueve generales y ex generales del Ejército por su presunta responsabilidad por casos de falsos positivos, el ministro de defensa indicó que se le estaba asignando un “exceso de atención” al testimonio en el cual los fiscales basaron sus solicitudes” (Human Rights Watch, 2015). Anteriormente, el 14 de noviembre de 2014, el ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón, ante el Congreso de la República, aseguraba enérgicamente que no había un sólo general investigado por los falsos positivos y en defensa de ellos concluía: “Toda investigación se volvió un hecho de culpabilidad, entonces afirman que bajo el comando de […] se hizo tal cosa. No hay derecho. Tengo dolor de patria. Tengo dolor de patria. No es justo, no es justo que digan eso de oficiales intachables”, no obstante, cinco meses después, el Fiscal Luis Eduardo Montealegre confirmaba por primera vez que sí había investigaciones contra varios altos generales en actividad y en retiro (Noticias Capital, 2015).
El Estado colombiano, en lugar de promover acciones concretas para eliminar de raíz actuaciones donde los militares ven como enemigos de la democracia a defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, activistas, simpatizantes de la izquierda y líderes sociales, y también a pobladores provenientes de estratos socioeconómicos bajos,5 como los asesinados durante los falsos positivos, viene promoviendo reformas que favorecen la impunidad. Durante los años 2013 y 2014 el ministro de Defensa “presentó tres proyectos legislativos al Congreso que posibilitarían que casos de falsos positivos sean sustraídos de la actuación de los fiscales de la justicia ordinaria y remitidos al sistema de justicia penal militar, que tradicionalmente no ha conseguido que los responsables rindan cuentas por sus crímenes” (Human Rights Watch, 2015). Además de esto, existen evidencias sobre la asesoría de jueces militares a soldados comprometidos en los falsos positivos para que evadieran la acción de la justicia.6 La forma como el Estado ha abordado las 5.700 ejecuciones extrajudiciales —según cifra de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos— faculta a integrantes de las Fuerzas Armadas para que continúen desarrollando estrategias militares violando la constitución nacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De ahí se desprende que, después del evento de los jóvenes de Soacha, todavía el país conoce casos de falsos positivos. Cuatro años después de conocerse la estrategia de los falsos positivos, registrados dentro del presente conflicto, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de febrero del 2012 llama la atención al gobierno colombiano en el sentido de advertir que las ejecuciones extrajudiciales no se han erradicado totalmente, puntualizando casos en donde el ejército presenta “bajas en combate”, siendo éstas calificadas posteriormente como “errores militares” (Semana, febrero de 2012). No es en vano que en un informe de noviembre de 2012, la Corte Penal Internacional afirmara que había “bases razonables” para creer que estos crímenes correspondían a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y “maquillada” o “tolerada” por los niveles superiores del Estado (El País, 26 de marzo de 2014).
Tanto la problemática como el tratamiento únicamente ha generado que el Estado y la clase política centren el debate alrededor de:
• Discursos para que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales sean tomadas como falsas denuncias.
• Promoción de proyectos legislativos para limitar el juzgamiento de asesinatos de civiles perpetradas por militares.
• Ampliación del fuero militar.
• Incremento de las funciones de policía judicial para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas.
• Traslado de la jurisdicción ordinaria a la penal militar de las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales,7 y viceversa. Realización de acciones ministeriales y de altos mandos militares, tendientes a desacreditar las investigaciones judiciales.
• Puntualización de casos reconociéndolos simplemente como errores militares.
• Exigencia de mayores recursos para el aparato militar y policial.
• Implementación de un sistema de incentivos para que los integrantes de las Fuerzas Armadas no transgredan los derechos humanos.
• Asignación de roles policiales a los militares y de funciones militares a los integrantes del ente policial.
• Reforma al Código Penal Militar.
• Implementación de un sistema de seguridad ciudadana cada vez más militarista.
• Gritos y llamado de apoyo para que la sociedad rodee y acompañe, ciegamente, el actuar de las Fuerzas Armadas.
• Intentos de reestructuración de las instituciones militares en sus organigramas.
A lo anterior se suma que, aprovechando la coyuntura del proceso de paz con las Fuerzas Armada Revolucionas, farc-ep, los opositores del actual gobierno representados mayoritariamente por el partido político Centro Democrático vienen presionando para que los militares comprometidos en los falsos positivos no sean juzgados en los mismos tribunales donde se juzgaran a los alzados en armas.
Esta posición, de acuerdo a las víctimas y sus abogados, simplemente responde al hecho de que no se quiere que el país conozca toda la verdad frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el presente conflictivo colombiano.8
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