En el marco de las próximas elecciones del 21 de noviembre en Venezuela, acudirán al país un conjunto de instancias de observación y acompañamiento electoral, entre ellas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE).
No obstante, este proceso tuvo un grave impasse, cuando el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell emitió unas graves declaraciones a principios de octubre, una vez que aceptaran la invitación de Venezuela a las megaelecciones regionales y municipales previstas.
En dicha oportunidad, Borrell declaró que el informe de la misión de observadores es lo que terminará legitimando o no el Gobierno de Nicolás Maduro, y también los comicios.
Cuestionado sobre el envío de una delegación al país caribeño, Borrell respondió “¿eso legitima al Gobierno de Venezuela o a Maduro? Pues no. Lo que le legitimará o deslegitimará es el informe de la misión”.
Las declaraciones de Borrell también tuvieron una grave postura parcializada. Afirmó que “si toda la oposición se presenta a las elecciones, incluso los partidos del señor (Juan) Guaidó, pues tenemos que acompañarles porque les da mayores garantías a ellos que estemos presentes auditando el sistema”, dijo, señalando de manera tácita que la presencia de la MOEUE tendría lugar en el país para velar por garantías de una facción política.
Adicionalmente, la declaración del funcionario europeo dejó a entrever que la MOEUE estará “auditanto el sistema”, cuestión que colida con las leyes venezolanas, pues son las instancias electorales y las organizaciones políticas las que están facultadas para hacerlo. La ley Orgánica de Procesos Electorales y su reglamento, establecen claras distancias entre los procesos de “auditoria” y los roles de “observación, veeduría y acompañamiento”, que corresponden a las misiones internacionales.
Las posiciones abiertamente adversas que han venido de la Unión Europea, en el marco de las elecciones previstas, genera nuevas preocupaciones sobre el rol de la MOEUE, aunque las declaraciones de Borrell ya se consideran hoy zanjadas.
La MOEUE ha previsto un convenio con el ente comicial venezolano, para efectuar un proceso de observación basado en reglas claras, de no injerencismo y estableciendo de manera clara la determinación soberana de Venezuela y sus instancias electorales para emanar resultados electorales legítimos. ¿Lo cumplirán?
Sin embargo, los registros de eventos en los que se han registrado injerencismo por parte de misiones de observación electoral, es amplio.
Ucrania, Bielorrusia, Nicaragua y Bolivia, han sido ejemplos con un denominador común: para el momento de la injerencia de las observaciones electorales, todos estos países estaban fuera de la órbita estadounidense y sus gobiernos eran blanco de presiones.
Ucrania 2004: La misión electoral de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) denunció un fraude generalizado en los comicios presidenciales, acusando a la autoridad electoral del país europeo de no crear un contexto propicio de transparencia y afirmando que hubo votación múltiple, evidentemente “invalidando” la elección.
En esta elección resultó reelecto Víctor Yanukóvich, quien derrotó al líder opositor Víctor Yúschenko.
El rol de injerencia en la elección ejecutado por la misión electoral de la OSCE, fue clave para el advenimiento de la llamada “Revolución Naranja”, una operación dentro de las categorías de “Revolución de color” que el gobierno estadounidense orquestó en países de Europa del Este, con Ucrania como laboratorio. Esta se tradujo en un prolongado ciclo de inestabilidad política, pues el interés de los estadounidenses en Ucrania era claro; apuntar las armas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde las fronteras con Rusia.
Las operaciones de desestabilización fueron de largo aliento y se concretaron mediante el Euromaidán, donde Yanúkovich fue depuesto en el año 2014.
El rol de la misión electoral de la OSCE jugó un papel crucial en el desarrollo de la crisis política prolongada en ese país.
Bielorrusia 2006: Durante las elecciones presidencial en Bielorrusia donde resultó vencedor Alexandr Lukashenko con un amplio margen de diferencia, la misión de observación electoral de la OSCE, nuevamente y en otra operación contra un país “pro-ruso”, denunció que los comicios no cumplían con los estándares de la instancia para ser calificados como transparentes.
La misión sostuvo este argumento en función de elementos laterales que iban más allá del evento electoral en sí, donde no tuvo mayores críticas. Sus conclusiones fueron tomadas a partir de apreciaciones subjetivas y generales sobre los temas de libertad de prensa, la campaña de la oposición y la actuación de los servicios de seguridad en la defensa del orden público.
De esta manera, el país fue objeto de revueltas y de un cuadro puntual de inestabilidad, que puso los focos de la llamada “comunidad internacional” en este país. Sin embargo, prevaleció la estabilidad política.
Nicaragua 2011: En estas elecciones presidenciales y parlamentarias, Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) resultó vencedor con el 60% de los votos. Sin embargo y pese al contundente resultado, las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, cometieron actos de injerencismo cuestionando seriamente los resultados y atizando frente a la comunidad internacional.
Ambas misiones se articularon narrativamente para señalar fallas logísticas y condiciones técnicas de las elecciones, calificándolas como “trabas al pluralismo político”, en un manejo tendencioso de los hallazgos reales en el terreno.
Sin embargo, más relevantes que los informes de estas instancias, fue el uso que tuvieron por parte de la oposición política nicaragüense y entes de injerencia y presión internacional, quienes atizaron señalamientos sobre una “dictadura” en el país centroamericano.
En el presente, Nicaragua es blanco de medidas coercitivas y unilaterales, medidas mal llamadas “sanciones” que presionan la economía del país, todo en nombre de una supuesta “dictadura”, calificada así mediante un falso expediente que criminalizó a las instituciones nicaraguenses. Todo con el favor de instancias como la OEA y la UE.
Bolivia 2019: El caso más alarmante del uso de las misiones de observación electoral como herramientas de golpe de Estado es sin lugar a dudas el caso registrado en el Estado Plurinacional de Bolivia en 2019, donde la OEA tuvo un lugar destacado en crear las condiciones para una operación de cambio de régimen de carácter violenta.
Durante la noche de la elección y sin haberse consolidado el conteo electoral, la OEA emitió un inexplicablemente anticipado informe preliminar, claramente amañado, con críticas a la transmisión de datos y mediante el uso de muestras distorsionadas y otras abiertamente fabricadas, que señalaban una “inusual” votación a Morales en algunas mesas.
El informe sirvió como insumo y factor de oportunidad para que se detonara un golpe de Estado en el país andino.
Aunque Evo Morales, candidato a la reelección presidencial, había ganado claramente la primera vuelta electoral, la OEA cuestionó que Morales se hiciera con una diferencia de 10 puntos sobre su más cercano rival, Carlos Mesa, lo que lo haría presidente reelecto sin ir a una segunda vuelta electoral.
El informe electoral de la OEA fue clave para una embestida y quiebre institucional, que se tradujo en una solicitud de renuncia al presidente por parte del alto mando militar. Es decir, lo que surgió como un cuestionamiento al saldo numérico que definía la elección en una 1era vuelta, gracias a la OEA evolucionó a un cuestionamiento total a toda la elección, en un proceso acompasado de golpe de Estado.
En Bolivia se instaló un gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez, gobierno que de hecho contó con el beneplácito de la OEA y su Secretario General, Luis Almagro.
Sin embargo, Bolivia recuperó su democracia por vía de los votos. En 2020, la elección de Luis Arce, exministro de Evo Morales, mediante abrumadora mayoría, terminó corroborando y revalidando la alta votación que Evo Morales había registrado en muchos centros electorales, los mismos que en 2019 habían sido cuestionados de manera tendenciosa por la OEA.
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