585 asesinatos en el departamento del Cauca desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2021.
COLOMBIA | En marco del día internacional de los Derechos Humanos la Minga Indígena se moviliza hacia la ciudad de Cali para exigir al gobierno de Iván Duque y al Estado colombiano garantizar los derechos Constitucionales.
Esta organización denuncia que en el departamento del Cauca, desde el 01 enero al 30 de noviembre del 2021, registramos 585 asesinatos; de los cuales 20 corresponden a personas que ejercían liderazgo en las comunidades y/o organizaciones, 7 son firmantes del acuerdo de Paz, 2 fueron asesinados por la fuerza pública, 65 son mujeres y constituyen el delito de feminicidio; las masacres registradas entre 2018 al 2021 suman 46, éste año se han perpetrado 14; el reclutamiento forzado de niños y niñas asciende a más de 400 casos y los desplazamiento forzados son constantes por combates o amenazas.
Ante la sistemática violencia no solo de los grupos armados ilegales, sino de los legales y las políticas implementadas por el Gobierno de Iván Duque, la Minga, realizó 23 requerimientos.
a. Requerir a las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia, hacerlo de manera imparcial superando la impunidad, e instar a la Defensoría del Pueblo Regional y las Personerías Municipales a desarrollar una labor de MAYOR COMPROMISO Y CONFIABILIDAD con el Movimiento Social y de Derechos Humanos de la región.
b. Atender ágil y eficazmente las situaciones denunciadas o requeridas por las y los defensores de derechos humanos, víctimas y firmantes de paz, garantizando verdad, justicia y reparación
Requerir a la institucionalidad el impulso y desarrollo de planes reales de protección y contingencia en el marco del Decreto 660 de 2018 (como política pública), acordes a las condiciones específicas de cada una de las comunidades y organizaciones, así como a asumir mecanismos tales como las medidas cautelares y de reparación recomendadas por la CIDH, la OACNUDH y las diversas misiones nacionales e internacionales realizadas.
d. Requerir al Gobierno Nacional asumir una política de reparación y desarrollo que recoja las propuestas comunitarias de desarrollo alternativo y de soberanía alimentaria planteadas por el movimiento social, y dar cumplimiento a la decisión gubernamental de no desarrollar fumigaciones y demás acciones que afecten social y ambientalmente a los habitantes rurales o a sus territorios.
e. Requerir al Gobierno Nacional la desvinculación de la población civil, comunidades, organizaciones y sus líderes del conflicto armado interno y a comprometerse constructivamente con la solución política y negociada del conflicto armado que vive el país.
f. Exigir al Gobierno Colombiano el desmonte total del paramilitarismo como estrategia de guerra sucia en contra de líderes-as y organizaciones populares, así como también a las fuerzas policiales y militares de afrontar el accionar paramilitar incluso en zonas totalmente militarizadas.
g. Requerir al Gobierno Nacional la suspensión del otorgamiento de títulos mineros y concesiones en territorios indígenas, afros, campesinos y urbanos, considerando mecanismos reales y efectivos de participación, tales como el ordenamiento social del territorio, la consulta popular, la consulta previa, entre otras.
h. Requerir a las autoridades civiles y militares investigar y dar con los responsables de toda una serie de homicidios, amenazas y persecuciones en contra de líderes sociales en Colombia, sur occidente y el Cauca durante los últimos meses y exigir a los entes de investigación y judicialización resultados de las investigaciones de los homicidios de defensores-as de DDHH, ejecuciones extrajudiciales, amenazas individuales y colectivas ocurridos desde el último decenio.
i. Garantizar reparación integral de las víctimas, sus familias, organizaciones y comunidades debido al abuso de poder y autoridad de la fuerza pública. Además, desarrollo de las investigaciones a los funcionarios públicos culpables de dichos hechos o relacionados con ellos.
j. Depuración de los archivos de inteligencia (Fiscalía, Ejercito, Policía, entre otros) con motivo a la actividad social y comunitaria de líderes-as y defensores-as de DDHH y la salvaguarda de los mismos archivos por organismos garantes de los DDHH.
k. Reelaboración concertada con las organizaciones sociales y de DDHH del Protocolo de atención a la movilización y protesta social, de acuerdo a parámetros internacionales como garantía a los DDHH. Disolución del Esmad por ser considerada por el movimiento social como una fuerza criminal institucional que violenta los DDHH y el DIH.
l. Requerir a las instituciones encargadas a investigar e impartir justicia sobre sobre los autores y determinantes de los panfletos amenazantes que vienen circulando en áreas rurales y urbanas del Cauca contra comunidades, organizaciones sociales y dirigentes.
m. El Sistema Interamericano de DDHH, el Sistema de Naciones Unidas, la MAPP-OEA y demás instituciones e instrumentos internacionales de DDHH deberán realizar el monitoreo a las tendencias del conflicto y sus actores en la región, a los disímiles factores de riesgo, a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario identificadas y denunciadas, de modo tal que el Estado Colombiano avance en la adopción de los pactos, requerimientos y recomendaciones que garanticen el buen ejercicio de los DDHH y la vida.
n. Requerimos de la Comunidad internacional el acompañamiento, asesoría y seguimiento a los diferentes mecanismos de diálogo y concertación acordados entre el movimiento social y el Estado Colombiano en pos de solución de las disímiles problemáticas tales como: MESAS de desarrollo alternativo, agrominera, campesina, indígena, afro, interétnica, garantías, diálogos civiles, etc.
o. Siempre las actividades de defensa y protección de los DDHH se han identificado como una labor de alto riesgo. La existencia de los defensores y defensoras de DDHH y su trabajo es fundamental para la construcción de una sociedad democrática y en paz, de ahí que el Estado debe cumplir su responsabilidad de garantizar esta función y adoptar medidas que respondan no solo a la protección, sino también al seguimiento y la prevención de situaciones que atenten contra su vida de integridad. Es decir, que el Estado avance en la construcción de una real política de garantías integrales para la defensa de los DDHH en Colombia.
p. Cumplimiento de buena fe, integral y con participación social y comunitaria de los Acuerdos Final de paz. Continuidad de los diálogos de paz, como un derecho de todos en especial de las comunidades y territorios más afectados directamente.
q. Reconocimiento y fortalecimiento de la agenda humanitaria del Cauca, en especial de los diálogos humanitarios, los centros humanitarios, los acompañamientos humanitarios y las acciones de control y resistencia territorial humanitaria.
r. Respeto y garantías para el ejercicio del derecho a la paz. La construcción de la paz es requiere garantías de participación y transformación de los problemas estructurales que ocasionan millones de víctimas, organizaciones sociales y comunidades afectadas. Así como el derecho a saber la verdad de quienes, cómo y porqué ocurrieron los hechos. Además, se imparta justicia sobre los responsables, se garantice no habrá repetición de los mismos y se les restituyan sus derechos.
s. Como la paz y superación del conflicto, será posible solo si el conjunto de la sociedad participa de su construcción y el Estado brindan soluciones de fondo a los factores históricos y estructurales que ocasionaron el conflicto interno que vive Colombia. Es cierto que el fin del conflicto armado es solo un paso a la paz, en la medida que se dé seguro y firme, pero con la participación real de la sociedad civil, exigimos al Estado y Gobierno Colombiano las garantías de pedagogía social, medios de comunicación y redes y reconocimientos necesarios.
t. Las fumigaciones aéreas y demás acciones contempladas dentro de la política antidrogas con la que se ha comprometido el país, ha traído consigo mayores niveles de pobreza y violencia en los territorios, por cuanto no buscan superar las causas sociales, económicas y culturales originarias de este fenómeno. Insistimos que el Gobierno Nacional y la Embajada de EEUU deberán asumir una política de reparación y desarrollo que recoja las propuestas comunitarias de desarrollo alternativo, de soberanía alimentaria y cuidado de los territorios, planteadas por el movimiento social.
u. Que la Comunidad Internacional recoja el clamor de las comunidades campesinas de ser tenidas en cuenta constitucionalmente y lograr el campesino, ser catalogado como sujeto de derechos, ya que, entre otras cosas, en el espacio rural el campesinado es porcentualmente mayoritario y tiene una condición específica en la sociedad colombiana. Además, la recuperación y fortalecimiento de la economía familiar, comunitaria ya sea étnica o campesina
v. El conflicto armado que se libra en los territorios rurales y urbanos del país y la región, a través de diversas estrategias ha afectado los planes de vida que las comunidades han construido, así como las vidas civiles. Los actores armados estatales y no estatales deberán asumir la aplicabilidad del DIH y la desvinculación de las comunidades, organizaciones y sus líderes del conflicto armado interno y a comprometerse constructivamente con la solución política y negociada del conflicto armado que vive el país.
w. La solidaridad permite aunar los esfuerzos y enriquecer la lucha social. Los pueblos, organizaciones sociales y de DDHH del orden regional e internacional deberán fortalecer las acciones de hermandad con las víctimas y comunidades afectadas, al igual que la incidencia política ante el Gobierno Colombiano, los organismos multilaterales y el cuerpo diplomático para garantizar la plena vigencia de los DDHH y el DIH en Colombia.
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