En la atmósfera navideña, y al día siguiente de la fiesta de los “santos inocentes”, los grupos alzados en armas aglutinados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Estado criollo de Guatemala, luego de 36 años de “guerra interna”, firmaron los Acuerdos de Paz firme y duradero. Entonces, era 29 de diciembre de 1996.
Los contenidos de dicho compromiso político fueron doce. De éstos quizás el décimo, el referido al reconocimiento de la URNG como sujeto político, sea el de mayor cumplimiento. Todo lo demás, incluido el “achicamiento” del Ejército, acceso a tierra para campesinos, lucha contra el racismo, más impuestos para el Estado, etc., en la actualidad, se encuentran en peor situación, tanto a nivel estadístico, como cotidiano, que de lo que ocurría en la década de los 90 del pasado siglo.
Sólo por mencionar algunos datos duros: Al momento de la Firma de los Acuerdos Paz, más del 50% de la población del país se encontraba en situación de pobreza. Para 2018, según el Ministerio de Desarrollo Social, más del 61% de guatemaltecos se encuentraban en situación de pobreza multidimensional. En la actualidad, Guatemala es campeona continental con niños en situación de desnutrición.
Es verdad que gracias a los Acuerdos de Paz el Ejército ya no “desfila públicamente” en las calles. Pero, con los Acuerdos de Paz la industria de la seguridad privada tuvo un crecimiento histórico en la vorágine de la violencia del país. Y esta industria de la seguridad privada la monopolizan militares retirados. La seguridad se convirtió en un lucrativo negocio privatizado.
Casi la totalidad de las ciudades principales del país consumen maíz proveniente de México, con serias sospechas de sobredosis del cancerígeno glifosato. En la actualidad, todas las tierras cultivables del país son acaparadas para monocultivos. Incluso las tierras entregadas por Fondo de Tierras, bajo las reglas del libre mercado, son alquiladas para monocultivos de palma africana. En los 90, por lo menos las ciudades consumían tortillas de maíz con inocuidad alimentaria porque los y las campesinas accedían a tierra para alquilar y cultivar.
En cuanto a la promesa de la ampliación de la recaudación de impuestos, las historias más blancas y nefastas de corrupción por evasión y sustracción de los pocos impuestos se escribieron en la última década. El país subsiste gracias a las remesas económicas que envían cerca de 3 millones de guatemaltecos expulsados después de la firma de los Acuerdos de Paz. Antes de la pandemia, las remesas representaban cerca del 17% del Producto Interno Bruto del país. En 2021, las remesas crecieron en más del 34% con relación al 2020.
La violencia estatal empresarial persiste en la actualidad. La diferencia es que ya no existen grupos político/militares armados para repeler dicha violencia. ¡Ningún gobierno en la era post Acuerdos de Paz gobernó sin recurrir al uso del mecanismo de “Estado de Sitio o Estado de Excepción”! La persecución, criminalización y asesinato selectivo de defensores/as de derechos humanos y de la Madre Tierra fue y es una constante en la bicentenaria República que firmó y prometió paz y pan para su empobrecida población.
La exitosa implementación del sistema económico político neoliberal es un correlato de la firma de los Acuerdos de Paz. Quienes impulsaron y firmaron dichos Acuerdos sabían que firmaban los estatutos para la implementación de la mesiánica propuesta neoliberal.
Quizás por ello, los contenidos de los 12 acuerdos no refieren, ni de lejos, a las ideas de cambios estructurales profundos y urgentes del país como son: la plurinacionalidad, la democracia participativa, el Buen Vivir, la redistribución de la tierra/democratización económica, derechos sociopolíticos de los pueblos y derechos de la Madre Tierra, entre otras.
Pero, como nada ocurre fuera de la Bondad, el neoliberalismo, como correlato de la implementación de los Acuerdos de Paz, activa y activó procesos de resistencias comunitarias fecundas y transformadoras, incluso fuera y más allá del marco teórico/ideológico de los Acuerdos de Paz.
A 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, comunidades campesinas, pueblos originarios, colectivos urbanos y sectores sociales excluidos, dentro y desde sus dinámicas de procesos de resistencias colectivas, plantean e impulsan la urgente necesidad de un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para realizar cambios estructurales en el país, crear el Estado Plurinacional, y avanzar hacia el Buen Vivir, más allá del marco de la modernidad incluso.
Estos actores colectivos, con sus propuestas, emergen fuera de las constelaciones de los sujetos políticos institucionales que surgieron con los Acuerdos de Paz (como son URNG, WINAQ). No porque se sintieran “traicionados” por los firmantes de los Acuerdos de Paz, sino porque simplemente sus históricas demandas postergadas no formaron parte de los contenidos de los Acuerdos de Paz.
La promesa política del “goteo” o “chorreo” del banquete neoliberal hacia los sectores empobrecidos nunca ocurrió, ni ocurrirá en Guatemala, ni en ningún lugar del mundo. En consecuencia, son urgentes los cambios estructurales plurinacionales impulsados y dinamizados por los pueblos y comunidades que soportan el peso de la exclusión y el saqueo neoliberal.
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