Hace mes y medio después de recorrer como parrillero en moto 250 km de trochas, una dura Paris-Dakar por el oriente de Colombia, mi maltratada humanidad fue acogida dos noches en la casa de Nicole, una bella e inteligente niña de 4 años, amada por su familia y feliz en su entorno, mama de un patico y ávida de conocimiento, pero con la escuela a más de 10 km, donde el maestro es pagado con convites campesinos porque nunca le llega el sueldo oficial. Esa casa campesina también acogía desde septiembre a Chéchere, antes de referirme a él, bien vale un preámbulo.
La casa de Nicole refleja la realidad social y geográfica de una tierra donde leves elevaciones separan las cuencas de los dos más importantes ríos del continente, donde la Orinoquia y la Amazonia compiten en cual pierde más rápido la selva frente al avance destructor del potrero que le brinda la economía ganadera a centenares de familias abandonadas en 190 años de gobiernos indolentes y engañadas por la falacia de un Acuerdo de Paz incumplido por los dos últimos gobiernos nacionales y por el gran capital, para quienes la población de la periferia no es ciudadanía, sino apenas súbditos coloniales y consumidores marginales, desechables en pleno siglo XXI.
La cocaína, siempre la prohibida cocaína aquí también es factor del problema. Hagamos historia reciente de su mercado. Las FARC hasta el 2017 tenía la capacidad armada y funcionaba como ente regulador de ¾ del cultivo nacional de coca, así, con el control de este 75% regulaba nacionalmente el precio de la Pasta Básica de Cocaína PBC, cuyo kilo oscilaba 10% por arriba o por abajo de $2´000.000 (666 USD al cambio del año) pagados en estricto contado. Esta cifra no enriquecía a las familias campesinas, pero les garantizaba una sobrevivencia digna, lo que facilitó que, en el oriente de Colombia, Jojoy y la guerrilla normaran el límite de la frontera agrícola penalizando la deforestación.
Con la falsa dejación y real entrega de armas de mediados de 2017, el ente regulador perdió su rol y a la producción de la cocaína le llego la libre competencia. En el primer año los acopiadores pagaban la PBC a la mitad de los $2 millones antes fijados por las FARC y algo peor -copiando a los supermercados- establecieron pagos diferidos a 30 y 45 días. Estos chichipatos estaban acabando con la producción, tanto que el siguiente eslabón de la cadena, los capitalistas mexicanos de la cocaína reaccionaron y a finales de 2018 impusieron una regulación muy distinta a la de la guerrilla, una que promueve concentrar las siembras en las zonas más productivas y de más fácil exportación de la merca, al tiempo que desestimulan viejas áreas de cultivo donde estos indicadores son inversos.
Así mientras en los Andes occidentales el precio del kilo de PBC va de $3,5 a $4 millones (875 a 1.000 USD al cambio actual) por ejemplo en los cañones del Micay o el Garrapatas. En las cuencas orientales del Guayabero o el Yarí, el precio oscila en torno a los mismos $2 millones, que hoy solo equivalen a 500 dólares[i]. En fin, una regulación neoliberal, donde se desecha a las familias rurales con menor productividad.
En todas estas zonas donde el precio de la PBC no alcanza para que las familias rurales sobrevivan dignamente, las actuales FARC -las que el gobierno titula Grupo Armado Organizado Residual GAOR o disidencias FARC- reaccionaron suspendiendo la prohibición de deforestar, y ahora permiten la tumba masiva de selva para abrir potreros, y su secuela un daño ambiental para la humanidad entera. De acuerdo con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible FCDS, solo en los municipios de Caguán y Chaira del Caquetá en 2019 la deforestación fue de 21.228 H para albergar 741.964 cabezas de ganado, mientras las cifras del 2020 suben a 25.669 H de potrero y 1´293.739 vacunos[ii]. Además, en 2021 la deforestación gano un aliado con el aumento de la arroba de queso de 50 a 200 mil pesos[iii].
Ante esta realidad el desgobierno de Duque se inventó la operación Artemisa, una prohibición selectiva que persigue a los predios pequeños mientras convive con grandes extensiones de terratenientes que ostentan sus km cuadrados de potrero con cercos pintados para que ejército y policía los identifique y no los toque. En septiembre 2021, Artemisa llegó al Diamante en el Caguán, los policiales no ejercieron como policía nacional sino como ejército de ocupación colonial, llegaron arrasando y quemándole todo a la población acusada de deforestar. Chéchere administraba el pequeño galpón que proveía de huevos la vereda, se salvó del incendio provocado con lo que llevaba puesto, y mientras la policía quemaba sus pocas pertenencias, la casa y las gallinas, a él lo detenían junto a un líder indígena y a otro campesino y los trasladaban en helicóptero al Guaviare.
La comunidad reacciono reteniendo a un técnico del ministerio del Ambiente. La noticia que trascendió fue el “secuestro” del funcionario, ningún medio masivo reseñó los abusos policiales previos al suceso, menos la incoherencia de Artemisa. Chéchere y sus dos compañeros fueron canjeados por el funcionario a quien las familias campesinas califican de “policía infiltrado”. Mi compañero de techo por dos noches es un viejo campesino quindiano con medio siglo en el Caquetá, una colección infinita de historias en un pequeño y desvencijado cuerpo que originó su apodo. Las elecciones 2022 nos llevaron a hablar de política, y ahí contra toda previsión me encontré con un muro, por dos razones:
En primer lugar, para Chéchere el gobierno es un inamovible, es siempre lo mismo, es su enemigo histórico no importa quien lo ejerza. Su desconfianza en la institucionalidad es una costra muy gruesa y difícil de quitar, mientras que el incumplimiento del Acuerdo de Paz solo vino a agregarle otra capa a esta costra. Dentro de una racionalidad forjada por medio siglo de resistencia rural, la posibilidad de que cualquiera que llegue al gobierno termine siendo otro represor es para el casi que una certeza.
En segundo lugar, para él, todo freno a la deforestación va contra las familias rurales y siempre será represiva. Chéchere lleva 50 años alejándose del pavimento, su vida es un eterno desplazamiento, donde para sobrevivir la solución siempre está selva adentro, pero no para preservarla sino para abrirla y meter ganado. Cuando le conté que Petro, en San José del Guaviare el 15 de noviembre de 2021, propuso un programa para retornar a la altillanura, al piedemonte o -en su caso- a su Quindío natal, Chéchere en su razón seguramente creyó que le hablaba locuras, porque para el los grandes terratenientes y el gobierno son la misma cosa, el mismo enemigo que siempre lo ha desplazado.
El pensamiento de Chéchere no es aislado, su racionalidad coincide con la de un gran número de población de la Orinoquia y la Amazonia, entonces la pregunta clave es ¿Cómo revertimos estas dos razones? Dado que un punto central del programa del futuro gobierno progresista es la preservación ambiental, y en especial lo que nos corresponde de la cuenca amazónica, es imprescindible que, a partir de agosto del 2022, la nueva institucionalidad recupere la confianza de Chéchere y la de toda su vecindad.
La tarea de volver fértil la altillanura, invirtiendo en cal para corregir la acidez de la tierra es perfectamente viable con el concurso del Estado. Para esto hay dos caminos: 1. La inversión pública para mejorar la fertilidad, que paguen con tierra los dueños de los latifundios. 2. El aumento y cobro efectivo de los impuestos a la propiedad rural, para que los terratenientes se vean obligados a volver productivos sus predios, o a venderlos al Estado. Estos caminos llevan a la generación de empleo y a la creación de un gran fondo de tierras, adonde se pueda devolver a la población -que hoy tumba selva- dentro de la frontera agrícola y así reducir o eliminar la presión sobre las selvas. Al tiempo parte de la población rural tendrá que convertirse en policía ambiental comunitaria para garantizar el cierre de la frontera agrícola.
Esto no es otra cosa que un Pacto por la Amazonía, un pacto del Estado con toda la población de la cuenca, que para funcionar tiene que surgir de la participación, el respeto y la confianza de esta población, de la familia de Nicole, de Chéchere y de toda su vecindad. Algo que nunca podrá ser impuesto por vía represiva. Y no podemos tener dudas, la salvación de la Amazonia, en Colombia pasa por un cambio político que debemos garantizar con el voto masivo por la propuesta progresista en las elecciones de este año que empieza.
PD/ Chéchere, tu voto es imprescindible para cambiar este país, para que las inversiones públicas en el campo colombiano beneficien a las familias campesinas y no a los latifundistas, para que Nicole pueda desarrollar todo su potencial en una escuela dotada y con un maestro que reciba un salario digno regularmente. Por favor -ciudadano César- no olvides registrar tu cédula. El Acto Legislativo 02 de 2021 que creó las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, también te acercó uno de los sitios de votación, donde hasta el próximo 13 de enero puedes registrar la cédula, por favor hazlo, repito tu voto apreciado Chéchere se necesita, luego en marzo y en mayo por favor vota por el candidato de la circunscripción de víctimas, y por el Pacto Histórico para Cámara, Senado y Presidente.
[i] Datos recogidos en terreno.
[ii] https://fcds.org.co/publicaciones/el-por-que-y-el-como-de-la-deforestacion-en-la-amazonia-colombiana/
[iii] Datos recogidos en terreno.
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