El atentado dejó una persona fallecida y cinco heridas.
COLOMBIA | La presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joe Sierra, Sonia Milena Tuta, se pronunció tras el atentado a la sede de la organización de los trabajadores del campo y defensa de Derechos Humanos, Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán.
Para Tuta, la explosión del carro bomba en la sede de los defensores de derechos humanos del medio oriente colombiano, que dejó una persona fallecida y cinco heridas, es producto de la materialización de las amenazas que vía whatsapp habían recibido por las disidencias de las Farc-ep, específicamente el frente 28.
“Nosotros como movimiento y defensores de derechos humanos habíamos alertado del riesgo que se corría después de una amenaza vía whatsapp enviada por un integrante de las disidencias de las Farc, ep, frente 28 en el que amenazaba de muerte a líderes sociales, presidentes comunales, Aso juntas y proyectos empezó a materializarse esa amenaza”.
Enlace de entrevista a Tuta. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1027508641136222
Según, Tuta, las acciones violentas iniciaron desde el 9 de enero de 2022, cuando colocaron un explosivo en la empresa Ecaaas, después asesinaron a Miguel Armando Carrillo en Arauquita, y José Abelino, de Arauca Capital, miembro de la organización que representa.
El atentado contra la sede ocurrió hacia las 9:30 de la noche del 19 de enero “cuando se instala una camioneta frente a las instalaciones de la ICA donde dos tipos salen corriendo y disparando hacía la sede del movimiento político y de masas; a los dos o tres minutos estalló el vehículo. El señor que prestaba el servicio de vigilancia murió tras el atentado”, enfatizó.
Por su parte, Jonathan Bock director de la Fundación para la Libertad de Prensa Flip, mediante un mensaje en la red social twitter, evidenció la destrucción del edificio donde funcionaban varios medios de comunicación, entre ellos, Trochando Sin Fronteras.
CONTEXTO.
A principio de enero de 2022, el frente décimo comandado por Arturo Paz, quien está al servicio de las Fuerzas Militares de Colombia, fuerzas militares de Estados Unidos, los paramilitares del Clan del Golfo, busca eliminar el tejido social histórico del departamento de Arauca para implementar las rutas del narcotráfico, desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro y exterminar la organización del estado de Apure.