Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso tendría más pruebas de los vínculos de José Félix Lafaurie con el paramilitarismo.
COLOMBIA | Tras las declaraciones realizadas por el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y ex testaferro del paramilitar Mancuso, Benito Osorio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP) donde informó los vínculos de Lafaurie y su esposa María Fernanda Cabal con el paramilitarismo, denunciantes, políticos y magistrados fueron amenazados de muerte por paramilitares Águilas Negras.
El testimonio de Benito Osorio en la JEP sobre los empresarios, políticos y ganaderos vinculados con el paramilitarismo está el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) José Felix Lafurie.
“En dicha reunión Lafaurie le dijo: en términos amigables a Manucso: Mono, yo vengo de parte del Gobierno nacional, de parte de Sabas Pretelt De la Vega (ministro de Interior de Álvaro Uribe Vélez, año 2005). Ellos consideran que el fiscal general de la Nación debería ser Mario Iguarán y no Jorge Pretelf”. La finalidad, era que Iguarán ocultara los trasfondos de los despojos y desplazamientos.
Al respecto, Salvatore Mancuso desde la cárcel de Estados Unidos informó que en su poder hay pruebas documentadas de que José Félix Lafourie, daba instrucciones a los jefes paramilitares para que se lograra la elección de Marío Iguarán como Fiscal General, quien sería el fiscal del paramilitarismo.
Así fue como Mario Germán Iguarán Arana, ocupó el cargo de fiscal general de la nación desde agosto de 2005 hasta agosto de 2009 en el gobierno de Uribe, elección en la que los paramilitares habrían aportado $5.000 mil millones.
Ante estas declaraciones el panfleto paramilitar no se hizo esperar para amenazar de muerte a Benito Osorio, Magistrados de la JEP, al senador Iván Cepeda, Salvatore Mancuso, conocido como “el mono Mancuso o Santander Lozada”, y el candidato a la presidencia Gustavo Petro, quienes solicitaron a la Fiscalía investigar los hechos y a los responsables de estas amenazas que se esconden en estos panfletos.
Panfleto paramilitar
CARTA DE SALVATORE MANCUSO
Contexto del caso y fondos paramilitares para los ganaderos en Córdoba
El pasado 12 de enero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que había concedido el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Benito Antonio Osorio Villadiego, el ex gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador del mismo departamento, al considerar que sus aportes a la verdad fueron “más allá” de la conocida por la justicia ordinaria.
Osorio fue condenado a 19 años de prisión por los delitos despojo de tierras y los nexos con paramilitares.
Según Benito Osorio Villadiego, la Fiscalía en su expediente en 2014, puso al servicio de los paramilitares el Fondo Ganadero de Córdoba, a través del cual se apropiaron de más de 20.000 hectáreas en ese departamento y el Urabá Antioqueño.
Desde 1994, los hermanos Castaño, génesis del paramilitarismo en Colombia, tomaron la decisión de incursionar violentamente en el Urabá antioqueño para que le sirviera como fortín de guerra a Carlos Castaño y también como corredor para las actividades de narcotráfico.
“En el año 1997, cuando el Fondo Ganadero de Córdoba estaba bajo la gerencia de Osorio (…), se inició la compra sistemática de tierras ubicadas en esta zona del país, en un número de 105 predios, cuyos propietarios y poseedores ya habían sido objeto de desplazamiento forzado y apropiación material por parte de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá)”, se lee en el acta de la Fiscalía en referencia a lo que sucedió en Tulapas, que cubre el Urabá antioqueño, el Urabá chocoano y Córdoba.
Allí entre 1994 y 1998, según documenta la Fiscalía, fueron asesinados, desaparecidos o amenazados los dueños de 128 predios, es decir que el ente acusador señaló que Osorio Villadiego, como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, jugó un papel fundamental al utilizar esta agremiación como un instrumento aparentemente legal en la compra de tierras para que los paramilitares se adueñaran de esas propiedades.
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