A menos de cinco meses de entregar la presidencia de Colombia, Iván Duque logró reunirse por primera vez con Joe Biden el pasado 10 de marzo, en medio de la guerra en Ucrania y luego del acercamiento de la administración de Joe Biden al gobierno de Venezuela.
El empeño de Duque por conseguir esa entrevista es un desesperado intento de evitar dos inminentes fracasos del uribismo: la derrota electoral que se le avecina en las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo y la derrota histórica que significará salir del Palacio de Nariño dejando en pie a la Revolución Bolivariana, luego de veinte años de infructuosas conspiraciones.
La reunión duró apenas minutos, algunos medios hablan de veinte, otros hasta de cuarenta, pero, minutos más minutos menos, fue un muy breve encuentro del que la noticia más importante resultó ser que Biden informó a Duque su intención de nombrar a Colombia como «aliado principal fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)».
Colombia, aliado importante no OTAN
Aunque Colombia es socio global de la OTAN desde 2018, esta posición de subordinación dentro de la organización no le convierte en miembro, por lo que no se contradice con esta nueva designación de «aliado principal no OTAN«.
El presidente colombiano, visiblemente emocionado por esta nueva injerencia imperialista, mintió o demostró su ignorancia al decir en la citada entrevista que esta «distinción» solo la poseen «cuatro o cinco países en el mundo» cuando en realidad se trata ahora de dieciocho, entre los cuales ya se encontraban dos latinoamericanos: Argentina y Brasil.
El proyecto de ley que acompañaría ese nombramiento fue presentado apenas el miércoles 9 de marzo por los senadores demócratas Robert Menéndez y Tim Kaine, y aunque aún no ha sido aprobado por el senado estadounidense, es de prever que así sea. Una vez aprobado el nombramiento y su ley por parte del Congreso estadounidense, Colombia profundizaría aún más su interacción militar con los Estados Unidos.
Además del tono mismo del proyecto de ley, que evidencia la subordinación que el Congreso estadounidense espera del Estado colombiano, llama la atención de este documento la conformación de un Comité Consultivo para fortalecer conjuntamente con el gobierno de Colombia la seguridad del país.
Aunque sería de esperarse que el primer objetivo de este Comité fuera la lucha contra el narcotráfico, este se coloca en el segundo, luego de la lucha contrainsurgente. El tercer objetivo se refiere a la ciberseguridad, el cuarto a seguridad fronteriza y marítima, así como defensa aérea, mientras que el último objetivo usa el misterioso término «estabilización». Según lo planteado, este Comité partirá por evaluar los sistemas de armas y equipamiento tecnológico de Colombia.
Por supuesto, no podían faltar las menciones a Venezuela. Este documento incluye que dicho comité debe elaborar un informe clasificado donde especifique las relaciones de los grupos considerados terroristas con otros países, incluyendo el «régimen de Nicolás Maduro», y ordena que anualmente durante los próximos cinco años, la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, en coordinación con el Director de Inteligencia Nacional (INR, sus siglas en inglés), el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, sus siglas en inglés) y el Director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, sus siglas en inglés), deben elaborar conjuntamente un informe clasificado en el que se detallen actividades «maliciosas» de actores estatales en la Región Andina.
Éste debe incluir compra y donación de armas y equipamiento militar que reciban estos Estados, y específicamente ordena investigar, es decir, espiar, para obtener la información de «provisión de tecnologías, equipamientos y sistemas de armas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y sus implicaciones para la seguridad de los países en la Región Andina».
Con todo descaro define que para los requerimientos de estos informes de inteligencia, el Secretario de Estado estadounidense debe establecer una posición de vigilancia en la Región Andina.
El nuevo Plan Colombia
En los comentarios sobre la reunión, Biden partió por evocar con orgullo su participación en el Plan Colombia hace más de dos décadas, insistió en su versión de la situación en Ucrania, alabó la condena reiterada que Duque hizo a Rusia cuando «no todo el mundo en el hemisferio o en cualquier otro lugar lo ha hecho», anunció el nuevo status que aspira conceder a Colombia, habló del tema de la migración y los refugiados de Venezuela, ofreció más vacunas contra el covid 19 y cerró resaltando las relaciones entre ambos países en materia de seguridad, a la vez que reiteró su supuesto compromiso con la paz.
A pesar de que posteriormente, en el documento de declaración conjunta se habló de «la crisis en Venezuela» y el apoyo al «restablecimiento de la democracia como paso necesario para poner fin a la crisis política, económica y humanitaria», ni en esa declaración ni el propio Biden nombró nunca en su declaración al presidente venezolano Nicolás Maduro, ni a Juan Guaidó. Tampoco se utilizaron palabras tradicionalmente usadas como «dictadura», «usurpación», etc., ni nada que indicara que el acercamiento de su administración al Gobierno Bolivariano, haya sido siquiera mencionado en el breve encuentro, a pesar de las presiones de las corporaciones mediáticas colombianas.
Luego, Duque concedió una entrevista en la que, entre otras cosas, anunció el lanzamiento del «Plan Bicentenario Estados Unidos-Colombia», al que definió como una actualización del Plan Colombia, cuyo fracaso se tradujo en miles de muertes, crímenes, graves violaciones de derechos humanos del pueblo colombiano y un crecimiento sostenido del narcotráfico.
Previamente, Duque sostuvo reuniones con congresistas de ultraderecha republicanos como Marco Rubio y demócratas como Robert Menéndez, en las que, es de esperar, haya tratado de contrarrestar la aparente decisión del gobierno de Biden de apoyar gobiernos «progresistas» en la región como el de Gabriel Boric y, eventualmente, el de Gustavo Petro (si ha de ganar). Pero finalmente su visita se centró en dos puntos: profundizar aún más el injerencismo estadounidense en Colombia e insistir en atacar a Venezuela, para lo que, obviamente, cuenta con el respaldo expreso de ambos senadores.
Más asesoría militar, más financiamiento para la guerra, más trasnacionales, más explotación vía nearshoring, y uno que otro proyecto para satisfacer reclamos sectoriales y justificar las operaciones de la USAID, fueron el saldo que solo augura más guerra para Colombia.
Duque, de nuevo entre el ridículo y la indignidad
Como para continuar demostrando que su sentido del ridículo no tiene límites, Duque dijo que «Colombia hoy es un país que tiene más capacidad de suministrar hidrocarburos de lo que tiene Venezuela», por loque, según él mismo comentó, le ofreció al presidente estadounidense la posibilidad de que Colombia satisfaga los actuales requerimientos de petróleo de los Estados Unidos para evitar que el país del Norte recurra a Venezuela.
Sin embargo, él mismo aclaró que Colombia produce actualmente tan solo 890 mil barriles diarios y espera que en unos años logre apenas sobrepasar el millón, mientras que la meta de Venezuela es la de recuperar su producción de 3 millones de barriles diarios paulatinamente, alcanzando este mismo año, la producción de 2 millones.
La ridícula oferta que ya ha renovado la existencia de memes, caricaturas y videos de burlas en las redes sobre el presidente colombiano explica también la desesperación por pacificar el Arauca y por qué en medio del conflicto suscitado en 2022, las empresas petroleras han ingresado maquinaria con acompañamiento militar a zonas donde las comunidades han rechazado la explotación petrolera.
Por último, no podemos dejar de mencionar el empecinado empeño de Duque en borrar la historia de Nuestra América y rescribirla a favor del imperialismo. Así se evidencia en la reciente celebración del Bicentenario de la Constitución de Cúcuta y ahora con la pretendida celebración del «Bicentenario de las relaciones Estados Unidos-Colombia».
El aniversario que el gobierno santanderista pretende celebrar obedece a que, en marzo de 1822, Estados Unidos de América, presidido entonces por James Monroe, reconoció al fin la independencia de la «Gran» Colombia -de la que Nueva Granada era parte-, un año antes de lanzar su conocida doctrina.
Lejos de la celebración, el escritor venezolano Rufino Blanco Fombona escribió al respecto:
Es necesario recordar con insistencia, sobre todo, que los Estados Unidos no nos reconocieron sino en 1822, cuando estábamos ejerciendo el Gobierno propio y la soberanía como naciones emancipadas -con varia fortuna militar- desde doce años atrás, esto es, desde 1810; que los Estados Unidos ni nos ayudaron en nuestra hora de prueba, ni nos reconocieron hasta que, según las palabras del presidente Monroe, estuvimos en «plena posesión de la independencia».
De la historia de esa relación entre Bolívar y Monroe se han escrito y se siguen escribiendo largas líneas que no se pueden borrar a fuerza de mentiras y tergiversaciones. La historia, la pasada, la presente y la futura, la que se construye cada día, insurge desde los pueblos, por encima de los falsos relatos de las oligarquías y a pesar de que el gobierno colombiano nos proponga ahora celebrar su indigna subordinación.
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