El pasado 5 de abril, la Plenaria del Senado de la República desarrolló un debate de control político contra el Registrador General de la Nación, citado por el gobiernista Partido Conservador. Las intervenciones de los partidos de gobierno fueron tan insolentes como alarmantes[1]. Ese mismo día, en la mañana, en Comisión Primera de Senado, el Centro Democrático citó a un debate con el mismo objeto, que se llevará a cabo en días próximos.
Los Partidos que controlan todas las instituciones del Poder Público insisten en la acusación contraevidente de que han sido víctimas de un fraude: disponen a su antojo de Procuraduría, Defensoría, Fiscalía y Contraloría; tienen la Presidencia y el Congreso, que han mantenido cerrado hace más de 1 año con la modalidad de sesiones “mixtas”; han politizado al extremo y premiado a los sectores más descompuestos de las Fuerzas Armadas y de Policía e impusieron al Registrador más cuestionado de la historia, con el concurso de las presidencias de las Altas Cortes, que son las encargadas constitucionalmente de elegirlo. Hicieron toda clase de trampas meses, semanas, días antes, el día y días después de las elecciones que planearon, organizaron, administraron, dirigieron y custodiaron, para alterar su resultado y, pese a ello, acusan a la oposición de ser artífices y beneficiarios de un supuesto fraude electoral en su contra.
Después de haberlo impuesto de forma obscena, los sectores más recalcitrantes de la vieja política posan ahora de feroces contradictores del Registrador que proviene de sus propias entrañas. En efecto, Alexander Vega llegó a ocupar esa alta dignidad después de haber sido magistrado del Consejo Nacional Electoral, en representación del Partido de la U, puesto allí por los grandes caciques de esa agrupación, como los convictos Ñoño Elías, Musa Besaile y Otto Bula y de otros clanes políticos, como el de los Char. En este país, de escándalos inenarrables, es la primera vez que un Registrador Nacional proviene de una extracción tan explícitamente partidista.
Antes de ello, en 2010, un copartidario suyo, Andrés Guerra Hoyos, quien había logrado una curul para el Senado según el preconteo, pero que perdió después en el escrutinio, denunció que Vega, siendo magistrado del CNE, le dijo que, si le daba 1.200 millones, le arreglaba su ingreso al Congreso.
Pese a esa gravísima denuncia, fue elegido Registrador. Su selección se dio después de una situación anormal en la que el examen que realizan las Altas Cortes en el concurso fue cambiado para favorecerlo, en desmedro de otras candidaturas mucho más idóneas. De hecho, Vega ni siquiera cumplía con los requisitos de experiencia profesional y publicaciones académicas exigidas hasta entonces. Además de ello, los porcentajes de cada uno de los componentes también cambiaron. Finalmente, la entrevista, que debía ser pública, se hizo a puerta cerrada y en ella obtuvo la mayor calificación, como denunció con rigor Catherine Juvinao[2].
En su gestión, Vega sacó de la Registraduría a miles de funcionarios y entregó los cargos de Delegados Departamentales a cuotas burocráticas de los clanes tradicionales, evidentemente ajenos a cualquier interés de renovación política, como los Char, en Atlántico; Eduardo Pulgar, en Magdalena; Mario Castaño, en Caldas; los Gnecco, en Cesar[3], entre otros.
Estando ad portas de las elecciones, sin exhibir prueba alguna, aseguró que en Colombia hay 55 millones de habitantes y no 50, como sostiene el DANE, lo que incrementaría el censo electoral, en favor de los compradores de votos. Tan estrepitoso como el anuncio, ha sido el silencio absoluto sobre este tema al que no volvió a referirse. El manejo que dio a la inscripción de cédulas para las elecciones del 13 de marzo fue desastroso, al igual que la implementación del software, pese a los multimillonarios recursos invertidos para ello. Constató la Misión de Observación Electoral que “uno de los temas que protagonizó la jornada electoral fue la confusión de la ciudadanía sobre los puestos de votación. En el 85% de las mesas observadas por la MOE, hubo casos de personas que se acercaron al puesto de votación donde suponía estaba inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar; bien sea porque trasladaron sin previo aviso su puesto de votación (…) o cambiaron su puesto y no hicieron la debida verificación biométrica. Estas confusiones que impidieron el ejercicio del voto de varios ciudadanos y ciudadanas, tienen su origen en las fallas presentadas desde el mes de enero en el aplicativo para la inscripción de cédulas, particularmente en lo que se refiere a la validación biométrica. Asimismo, la caída de la página de la registraduría y la APP Infovotantes presentada en la mañana del día de las elecciones, impidieron la verificación del puesto de votación por parte de la ciudadanía”[4].
Vociferante, ante las evidencias y preocupaciones de la ciudadanía y la oposición política sobre las graves irregularidades que se denunciaban, en tono retador dijo que quien sintiera que no tenía garantías, no debería presentarse a las elecciones.
Entre tanto, las mayorías gobiernistas que hoy impulsan la tesis del fraude electoral en su contra, apoyaron al gobierno en su decisión de derogar la ley de garantías, de manera antitécnica e inconstitucional por demás, que impedía a alcaldías y gobernaciones celebrar convenios administrativos para ejecutar recursos públicos en los meses anteriores a las elecciones buscando evitar que quienes ejercen el poder pudieran incidir en las campañas electorales. Mediante la previsible compra de votos con recursos públicos, la decisión del gobierno y sus mayorías en el congreso incentivó el clientelismo en su favor, como se denunció que iba a ocurrir cuando el proyecto estaba en curso.
En ese contexto tienen lugar los comicios del 13 de marzo. Los días previos, la Misión de Observación Electoral y el Pacto Histórico manifestaron preocupación por el diseño de las Actas E14, de Escrutinio, que efectivamente terminaron afectando a esta agrupación en forma grave y desproporcionada. Horas después de las elecciones, el Pacto Histórico alertó que en 29.425 mesas no había votos en su favor. Al comparar con los Partidos Liberal y Conservador, que tuvieron una votación similar, las mesas sin votación apenas eran alrededor de 4mil. Ese error en el diseño llevó a que casi 500mil votos no hubieran sido contados al PH.
Una vez destapado el escándalo, ante las evidencias irrefutables y la magnífica presión social, a regañadientes, el Registrador, beneficiario y beneficiador del Establecimiento y los clanes políticos, se vio forzado a aceptar irregularidades en los resultados previos y reconoció que habría un cambio considerable del preconteo al escrutinio.
Los episodios premonitorios sucedidos desde entonces deben prender las alarmas de la probabilidad de un desenlace irremediable para la sociedad y la posibilidad de construir un proyecto democrático, con consecuencias inconmensurables: la negativa del establecimiento de reconocer un triunfo alternativo para la presidencia.
En efecto, seis días después de las elecciones, el 19 de marzo, el ex presidente Uribe publicó en su twitter, “no se puede aceptar este resultado”. Un día antes, el ex presidente Pastrana, en la misma línea, manifestó en su red social: “las cifras oficiales del registrador apestan a fraude a favor del Pacto Histórico”.
El 20 de marzo, el Registrador anunció que solicitaría al Consejo Nacional Electoral un Reconteo Total de votos, figura no prevista ni en la Constitución ni en las leyes, y que tiende un manto de duda sobre la legitimidad de las elecciones.
Al día siguiente, en la misma línea de Uribe, Pastrana y el Registrador, en un hecho sin precedentes en la historia nacional, el Presidente Duque tuiteó: “es recomendable considerar por parte del CNE avanzar con un reconteo general”. Gravísima declaración que incentiva el desconocimiento del resultado adverso al gobierno en las elecciones, además de una intromisión intolerable del ejecutivo en asuntos que bajo ninguna circunstancia son de su resorte.
El 22 de marzo, tras la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, con presencia de todos los Partidos, el Registrador, órganos de control y veedurías, tanto el gobierno como el Registrador retiraron su propuesta del reconteo total. Todos los Partidos, salvo el Centro Democrático, estuvieron también en contra de ese reconteo.
Tres días después, en un hecho que ha pasado desapercibido, Uribe publicó una foto en la que posa sonriente junto a 4 ex Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y un almirante: ¿qué mensaje quisieron enviar el ex presidente y los altos mandos en retiro?
El monumental triunfo del Pacto Histórico, el crecimiento exponencial de una bancada de izquierdas en el Congreso y la inminencia de un triunfo de Gustavo Petro en la Presidencia, han llevado a representantes connotados de la vieja política tradicional a ambientar el desconocimiento de un resultado electoral que les sea adverso.
Ante la probabilidad cierta de perder el poder están aterrorizados. Más allá de la ejecución de lo establecido en el Programa de Gobierno, que en últimas también podría favorecerles, su preocupación inconfesable es que una presidencia alternativa permitiría destapar a fondo el manejo delictivo que durante décadas la clase política tradicional ha hecho en el ejercicio de la administración pública y de la institucionalidad estatal en general, saqueada y ultrajada a más no poder. Y viabilizaría la posibilidad de administrar justicia en miles de casos, cientos de ellos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, de los que son responsables y que permanecen impunes.
Las gigantescas movilizaciones sociales de rechazo al gobierno y hartazgo de la vieja política, traducidos en triunfos electorales de las izquierdas y la valiosísima experiencia en la preservación de votos, son los factores claves que pueden forzar al establecimiento a reconocer su inminente derrota. Es hora de arreciar.
[1] Acá la sesión https://www.youtube.com/watch?v=TabatgHLDbI
[2] Consultar Podcast A Fondo, de María Jimena Duzán. Las preocupantes jugadas del registrador Alexánder Vega. Minutos 22 y siguientes.
[3] Consultar Podcast A Fondo, de María Jimena Duzán. Las preocupantes jugadas del registrador Alexánder Vega. Minutos 50:00 y siguientes.
[4] Misión de Observación Electoral. INFORME DE CIERRE MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL – MOE – ELECCIONES DE CONGRESO Y CONSULTAS INTERPARTIDISTAS 13 DE MARZO DE 2022 disponible en https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2022/03/14.03.22.-INFORME-DE-CIERRE-CONGRESO-2022.pdf
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