Los pueblos de la Unión Europea, en 2022, sobrevivieron a uno de los veranos más calientes, sin servicios de energía eléctrica suficientes, con miles de muertos, como consecuencia, en buena medida, del sometimiento de sus élites político empresariales a los intereses imperiales de los EEUU.
En este contexto, Francia, partera de liberalismo, nacionalizó el cien por ciento de la Empresa Eléctrica de Francia (EDF), con el argumento de garantizar electricidad socialmente accesible y ambientalmente sostenible. Aunque, esta acción no fue más que un acto político para “nacionalizar la deuda privada de la empresa”, para luego quizás reprivatizar, una vez fortalecida dicha empresa.
El actual gobierno de México también hizo noticia internacional en su intento de nacionalizar todo el sector energético (privatizado en décadas pasadas), incluso intentando modificar contenidos de su Constitución Política. Aquí, por cálculos políticos, la oposición en el Parlamento frenó dicho intento gubernamental.
Países como Venezuela y Bolivia, en décadas recientes nacionalizaron su sector energético, en especial la electricidad, bajo el argumento popular de “soberanía energética”. Pero, no necesariamente se democratizó la administración y acceso al servicio de la energía eléctrica.
Nicaragua, en 2019, nacionalizó la distribución de la energía eléctrica que estaba bajo el dominio de la corporación española Unión Fenosa. Empresa que también “compró” buena parte de la distribución de la electricidad en Guatemala, en 1996, a precio regalado de 101 mil dólares, y que años después, el mismo negocio fue vendido a los norteamericanos en más de mil millones de dólares como parte de un paquete internacional.
Electricidad entre la renacionalización y la reprivatización
Este vaivén ideológico en el manejo energético, en especial del servicio de la energía eléctrica domiciliaria, ocasiona grandes daños y sufrimientos a usuarios, incluso cargados de conflictividad social interna e internacional.
Cuando se impone la ideología del libre mercado, la empresa privada que se adjudica “el negocio energético”, lo ve y lo gestiona como un lucrativo negocio cautivo. Incluso cometiendo una infinidad de abusos en las facturaciones contra usuarios, cobros por servicios no prestados, disminución de la calidad, etc. Ocurre en Guatemala, y en todas partes, en especial en países con déficit de institucionalidad pública.
Y no en pocos casos, la conflictividad social ocasionada por los actores energéticos, son perniciosamente utilizados por políticos inescrupulosos para sus fines electorales. Y así, el problema crece y se profundiza.
Si son los estados quienes asumen las funciones y servicios de la industria eléctrica, sin mayor participación de usuarios, muchas veces este bien se convierte en res nullius (cosa de nadie). Por tanto, las o los usuarios no pagamos a tiempo las facturas de electricidad o no nos cultivamos en la cultura energética. La despilfarramos, con grandes costos sociales y ecológicos. Y al final, los estados terminan rematando o regalando las empresas eléctricas públicas al sector privado.
Al final, ambas tendencias casi siempre llevan a la monopolización del servicio eléctrico. Necesitamos que además de la iniciativa privada y pública, se incorpore la iniciativa comunitaria en este sector.
Que las comunidades también generen y distribuyan electricidad
La alimentación, el agua, el oxígeno, biodiversidad, etc., son proveídos por familias y comunidades campesinas e indígenas, aunque no siempre de manera colectiva, pero son ellos y ellas, quienes bajo lógicas comunitarias proveen estos bienes y servicios a los países.
En países como Guatemala, la electricidad que se consume es producida, casi en 50%, en territorios indígena campesinos (hidroeléctricas).
En este entendido, como alternativa para superar el binarismo público-privado (que ocasiona serias penumbras en el sector eléctrico) deberíamos promover que las comunidades organizadas generen, trasladen y distribuyan la electricidad en sus territorios. De tal modo que, quizás incluso el déficit de cultura energética que padecemos, podría ser atenuada por los hábitos y controles de lógicas comunitarias.
Si funcionan, incluso sin la presencia estatal o empresarial, comunidades agrícolas o agropecuarias, ¿por qué no podrían funcionar comunidades energéticas? En cuanto a los conocimientos técnicos y disponibilidad financiera, los estados deberían promover y avalar préstamos internacionales, como ya lo hacen para las empresas privadas eléctricas bajo las políticas públicas de “Alianza Público Privado”.
Por donde se mire, en especial como consecuencia de los impactos del calentamiento global, crisis hídrica y agotamiento de yacimientos hidrocarburíferos, el acceso a la energía eléctrica seguirá cuesta arriba, dejando penumbra y sufrimiento para usuarios. La solución, más allá de educarnos en el ahorro energético, o renacionalizar el sector eléctrico, pasa por asumir este servicio con ética del cuidado y sentido comunitario.
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